María Hilda Salazar Guia
Expediente 1036/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 6 actuaciones registradas, la última del 26 de diciembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1036/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 26/12/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- María Hilda Salazar Guia
- María Hilda Salazar Guia y Otros.
- Antonio de Jesús Espinoza Diaz
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Morelia, Michoacán, veintiséis de diciembre de dos mil veintidós. VISTA CON ESTADO DE AUTOS; CAUSA EJECUTORIA Visto el estado que guardan los presentes autos, en específico la certificación secretarial que antecede, de los cuales se obtiene que a la fecha ha fenecido el plazo de diez días que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa, que es a quien perjudica el sentido de la resolución, haya interpuesto recurso de revisión contra la sentencia de seis de diciembre de dos mil veintidós, en la que se sobreseyó en el presente asunto, promovido por María Hilda Salazar Guía, Ma. Carmen Ávalos Ávalos y Antonio de Jesús Espinoza Díaz; por tanto, se acuerda lo siguiente. Con apoyo en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de materia, por disposición expresa de su numeral 2°, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales procedentes. SE ORDENA ARCHIVO Por otra parte, visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se desprende que no existe actuación pendiente por desahogar; en consecuencia, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Gobierno respectivo, con apoyo en el artículo 214 de Ley de Amparo, se ordena remitir al archivo el juicio de amparo en que se actúa, por tratarse de un asunto concluido. CUMPLIMIENTO A LOS LINEAMIENTOS DEL ACUERDO En consideración a lo anterior, y a que de la certificación secretarial que antecede no se desprende que en el presente juicio obren glosados documentos originales ni en resguardo en la caja de seguridad de este juzgado, aunado a que no se considera de relevancia documental, con fundamento en los artículos 12 y 21, incisos a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se estima que el presente amparo es SUSCEPTIBLE DE DESTRUIRSE, en razón de que el mismo se SOBRESEYÓ, por lo que una vez transcurridos tres años del periodo de conservación que prevé el artículo 21 del Acuerdo General, dentro de los treinta días siguientes, destrúyase el juicio. Sin que haya lugar a realizar pronunciamiento respecto al cuaderno incidental, toda vez que éste no se formó. SE DEJAN DOCUMENTOS ORIGINALES A DISPOSICIÓN DE LA PARTE QUEJOSA Por otra parte, como de la certificación de cuenta se desprende que dentro del presente juicio obran glosados documentos originales, con sus respectivos anexos tanto en copias simples como certificadas, específicamente, a fojas diez a ciento veintinueve, consistente en el escrito de solicitud de veinticuatro de agosto de dos mil veintidós, y los documentos anexos a éste, que la parte quejosa exhibió en su escrito inicial de demanda; con fundamento en el artículo 18, antepenúltimo párrafo del acuerdo antes mencionado, requiérasele para que dentro del término de noventa días hábiles, comparezca ante este órgano jurisdiccional a recoger dichos documentos, bajo apercibimiento que de no hacerlo, se procederá a su destrucción. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Luis Felipe Sánchez Luna, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Morelia, encargado del despacho por ministerio de Ley, con motivo del segundo periodo vacacional concedido al titular de este órgano jurisdiccional del veintitrés de diciembre de dos mil veintidós al seis de enero del año dos mil veintitrés, en términos del oficio CCJ/ST/5550/2022, signado por la Secretaria Técnica de Comisión Permanente del Consejo de la Judicatura Federal; quien actúa con Gustavo Allfadir Balanzá Kidnie, Secretario que autoriza. Doy fe.
- Principal
Acta relativa a la audiencia constitucional ordenada en proveído de cuatro de noviembre de dos mil veintidós, dictado en el expediente del juicio de amparo X-1036/2022, y celebrada de conformidad con el artículo 124 de la Ley de Amparo, en la ciudad de Morelia, Michoacán, a las nueve horas con treinta minutos del seis de diciembre de dos mil veintidós, con la participación de quienes en la propia acta se describen. Conste. Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, asistido de Gustavo Allfadir Balanzá Kidnie, Secretario que autoriza y da fe, declara abierta la audiencia: Secretario dé cuenta por favor. EL SECRETARIO: Se da cuenta con el juicio de amparo X-1036/2022 promovido por María Hilda Salazar Guia, Ma. Carmen Ávalos Ávalos y Antonio de Jesús Espinoza Díaz, contra actos del Presidente Municipal del Ayuntamiento de Morelia, Michoacán, se hace saber que la presente diligencia es para llevar a cabo la audiencia constitucional ordenada en los autos del expediente de amparo en el que se da cuenta. Así también, que dentro del presente juicio de amparo no existe tercero interesado. Asimismo, se da cuenta con la circunstancia de que las partes no se encuentran presentes. EL JUEZ: Téngase por hecha la relación de hechos que antecede; Secretario, dé cuenta con el informe justificado rendido en autos. EL SECRETARIO: Se da cuenta con el informe justificado rendido por: ? Director de Asuntos Jurídicos Civiles y Penales del Ayuntamiento Constitucional de Morelia, Michoacán. EL JUEZ: Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, téngase por rendido el informe de referencia. Enseguida, se declara abierto el período de admisión y desahogo de pruebas; Secretario, dé cuenta con los elementos de convicción que allegaron las partes. EL SECRETARIO: Se hace constar que la parte quejosa y la autoridad señalada como responsable adjuntaron diversas documentales. EL JUEZ: Al no existir más pruebas que desahogar, se pasa al período de alegatos. EL SECRETARIO Se hace constar que las partes o formularon alegatos. EL JUEZ: Al no existir alegatos, se da por concluida la presente audiencia a fin de proceder a engrosar la correspondiente resolución. Se levanta la sesión. V I S T O S los presentes autos para resolver el juicio de amparo X-1036/2022, promovido por María Hilda Salazar Guia, Ma. Carmen Ávalos Ávalos y Antonio de Jesús Espinoza Díaz, por propio derecho, contra una omisión del Presidente Municipal del Ayuntamiento de Morelia, Michoacán; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito depositado el veintiuno de septiembre de dos mil veintidós en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito con residencia en esta ciudad, y recibido en este órgano jurisdiccional, por razón de turno, ese día, María Hilda Salazar Guia, Ma. Carmen Ávalos Ávalos y Antonio de Jesús Espinoza Díaz, por propio derecho, promovieron demanda de amparo indirecto contra una omisión del Presidente Municipal del Ayuntamiento de Morelia, Michoacán. SEGUNDO. Derechos fundamentales que estimó violados. La parte quejosa precisó como derechos fundamentales vulnerados en su perjuicio los reconocidos en los artículos 1°, 8° y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Trámite de la demanda de amparo. Previa prevención, el cinco de octubre de dos mil veintidós, se admitió la demanda, la que se registró con el número de expediente X-1036/2022; se dio la intervención que compete al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; y, se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que tuvo lugar en los términos del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, es competente por territorio, materia y grado para conocer y resolver el presente juicio de garantías, conforme a lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción IV, 35, 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, así como el diverso artículo 48, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y Punto Cuarto, fracción XI, párrafo primero, del Acuerdo General número 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. Ello porque la parte quejosa reclama una omisión atribuida a una autoridad administrativa asentada en esta ciudad, y con efectos dentro del territorio en donde tiene jurisdicción mixta este órgano federal. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. En términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, procede fijar los actos que se reclaman en la presente instancia constitucional. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido algunos lineamientos que el juzgador de amparo debe observar, a saber: a) Analizar en su integridad la demanda y anexos con un criterio amplio, no restrictivo, para determinar la verdadera intención del promovente, sin cambiar su alcance, así como contenido; y, b) Prescindir de los calificativos vinculados con la inconstitucionalidad que se hagan al enunciar los actos reclamados en el escrito inicial. Lo anterior conforme a la jurisprudencia P./J 40/2000 y tesis VI/2004, ambas del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación1 , de rubros: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD" y "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." De la lectura íntegra de la demanda y de las 1 La primera consultable en la página 32, Tomo XI, abril de 2000, Novena Época, materia común del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, y la segunda en la Tesis: P. VI/2004, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIX, abril de 2004, página 255. constancias que integran el sumario, se advierte que la parte quejosa María Hilda Salazar Guia, Ma. Carmen Ávalos Ávalos y Antonio de Jesús Espinoza Díaz, reclaman de la autoridad responsable: ? La falta de respuesta a su petición presentada el veinticuatro de agosto de dos mil veintidós, ante el Ayuntamiento de Morelia, Michoacán, en la que solicitaron la liberación de la calle Ricardo Gómez, antes Camino Real, ubicado en la colonia El Durazno, de la tenencia de Santa María de Guido, en esta ciudad, al encontrarse obstruida por diversas personas. Ello atendiendo a lo establecido en la resolución administrativa de cuatro de julio de dos mil once, recaída en el expediente número 07/2010, dictada por el Secretario de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente del Municipio de Morelia, Michoacán. TERCERO. Existencia del acto reclamado. Es cierta la omisión reclamada a la autoridad responsable, aún y cuando lo negó al rendir su informe justificado, sin embargo, de dicho informe se observa que realizó diversas manifestaciones respecto a la petición formulada a la parte quejosa, y las gestiones realizadas por la Síndica del Ayuntamiento de Morelia, Michoacán, y Coordinadora del Comité Técnico de Trabajo Institucional para Atender de Manera Coordinada la Recuperación y Liberación de la Vía Pública y demás Espacios de Uso Común destinados a un Servicio Público, para darle contestación a su solicitud, lo que es suficiente para acreditar la existencia del acto reclamado. CUARTO. Análisis de las causales de Improcedencia. Previo al estudio de fondo del asunto, se impone analizar las causales de improcedencia y/o sobreseimiento, sea que las hagan valer las partes o que de oficio las advierta este órgano de control constitucional, por ser una cuestión oficiosa de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. En el caso, este Juzgado de Distrito advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista por la fracción XXI del numeral 61 de la Ley de Amparo, por lo que ve a la conducta omisiva que se atribuye a la responsable. En efecto, tal numeral establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; [.]". Sobre el tema, el Máximo Tribunal del País ha sostenido que los efectos de un acto reclamado cesan cuando la responsable lo deroga o revoca y esto da lugar a una situación idéntica a la existente antes de su nacimiento. También, cuando la autoridad sin revocarlo o dejarlo insubsistente constituye una situación jurídica que destruye definitivamente la que dio motivo al amparo y restituye al quejoso en el goce del derecho violado. En esa óptica, la cesación del acto reclamado significa que la autoridad deja de afectar al quejoso, lo cual debe entenderse como su detención definitiva, la desaparición total de sus efectos, que puede verse acompañada de la insubsistencia de aquél. Por tanto, la razón justificante de la improcedencia de mérito de ninguna manera es su simple paralización, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de una actuación que no surtió sus consecuencias, ni las surtirá y, en modo alguno, dejó huella en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. De esa forma, tal motivo de improcedencia está orientado por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio, a saber, lograr la reparación constitucional referida en el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho vulnerado, para restablecer las cosas al estado existente antes de la violación cuando el acto reclamado sea de carácter positivo y, de ser negativo, obligar a la responsable a respetar la prerrogativa correspondiente. Así, dicho motivo de inviabilidad se actualiza cuando ante la existencia o insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo que las cosas han vuelto al estado guardado antes de la violación impugnada, como si se hubiera otorgado el amparo y el acto no invadiera la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deja huella alguna. Sustenta lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 59/99 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación2 , del rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la 2 Visible en la página 38 del tomo IX-Junio de 1999, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a la Novena Época. convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En ese contexto, lo hasta aquí expuesto, permite establecer que la actualización de la causa de improcedencia en mención requiere la coincidencia de dos presupuestos, a saber: a) Que se demuestre que el acto reclamado ha quedado insubsistente; y, b) Que con motivo de la insubsistencia del acto reclamado, las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia a la parte quejosa y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad. Ahora, en el caso concreto, la parte quejosa señaló como acto reclamado la falta de respuesta a su petición presentada el veinticuatro de agosto de dos mil veintidós, ante el Ayuntamiento de Morelia, Michoacán, en la que solicitaron la liberación de la calle Ricardo Gómez, antes Camino Real, ubicado en la colonia El Durazno, de la tenencia de Santa María de Guido, en esta ciudad, que refirieron estaba obstruida por diversas personas. Así, no obstante que dicha autoridad al momento de la presentación de la demanda de amparo había sido omisa en dar respuesta a la solicitud de mérito, y notificarla a la parte quejosa, también se advierte que al rendir su informe justificado, anexó el acuerdo de diecisiete de octubre de dos mil veintidós3 , signado por la Síndica del Ayuntamiento de Morelia, Michoacán, y Coordinadora del Comité Técnico de Trabajo Institucional para Atender de Manera Coordinada la Recuperación y Liberación de la Vía Pública y demás Espacios de Uso Común destinados a un Servicio Público, en el cual, en atención a su solicitud, le indicó lo siguiente: "(.) Así las cosas, que si bien es cierto que de la lectura íntegra y minuciosa de las documentales públicas trascritas, se deduce que se reconoció física y legalmente la vialidad o calle denominada Ricardo Gómez o Privada 21 de noviembre del 2007, también lo es que no se estableció cuáles eran las medidas y colindancias de la referida vialidad, como consecuencia de ello, no se determinó la superficie que abarcan o comprende el ancho de la barda que obstruye la misma. Ante tal omisión, y con la finalidad de que se subsane la misma y darle certeza jurídica a las actuaciones que lleve a cabo el Comité de conformidad con el procedimiento establecido en el artículo octavo del acuerdo en comento, por ese motivo, previamente a la ejecución de los trabajos para la liberación de la vialidad de mérito, el Comité en sesión celebrada el pasado 14 de octubre de 2022, aprobó se realizara una inspección en la multireferida calle a efecto de consignar la superficie en cuanto a lo ancho de la misma, así como sus colindancias, para tener la certidumbre física y material de la extensión de la barda a derribar, y evitar cualquier daño y perjuicio que se pudiera cometer al derrumbar alguna construcción que forme parte de un área propiedad privada, que conlleve que con posterioridad sea demandado o condenado el Comité al pago por daños y perjuicios; inspección que se realizará el día y hora hábil que tenga a bien autorizar dicho Consejo. .es decir, previamente a ordenar la ejecución forzosa, les requerirá a las personas que se crean con derecho a la construcción motivo de la demolición, para que cumplan voluntariamente , en el término que refiere la resolución, ya que de lo contrario, el Comité estaría incurriendo en una omisión administrativa que traería como 3 Foja 151. consecuencia legal posiblemente la nulidad de las actuaciones llevadas a cabo. No se omite señalar que si bien, ya se notificó la multireferida resolución que prueba de ello, que se promovió en su contra los medios de defensa legal precitado, también lo es que no se le requirió de la entrega voluntaria ni se ordenó su ejecución forzosa, debido a que en el acuerdo de 19 de julio de 2012, dictado dentro del recurso de revisión 021/2011, se había concedido a los recurrentes la suspensión del acto impugnado para que las cosas se mantuvieran en el estado que se encontraban antes de la emisión del mismo, por ende, al haber causado ejecutoria a la fecha los medios de impugnación planteados, la suspensión concedida dejó de surtir sus efectos para los cuales fue concedida, circunstancia por la cual el ahora Comité tiene el derecho expedito para requerir el cumplimiento para le entrega voluntaria de la mencionada resolución. (.)." También se observa que le notificó dicha contestación a la parte quejosa, como se advierte de la cédula de notificación personal de veinticinco de octubre de dos mil veintidós, recibida por María Hilda Salazar Guía, en el domicilio ubicado en calle Abasolo, número 700, interior 1, colonia Centro, de esta ciudad4 . En ese sentido, es evidente que la promovente del amparo tuvo conocimiento oportuno de la respuesta que recayó a su petición. Por ende, aunque devino un nuevo acto durante la tramitación del proceso, que guarda estrecha relación con los reclamados en la demanda de inicial, de los cuales tuvo conocimiento de manera oportuna, además de que se le dio vista con el informe justificado que contenía la respuesta a su solicitud, lo que aconteció mediante proveído de veintiocho de octubre de dos mil veintidós dictado en el presente juicio de amparo, y no amplió su demanda de amparo, ni realizó manifestaciones al respecto, por tanto, es evidente que el acto reclamado -omisivo- quedó 4 Foja 149. insubsistente con motivo de la respuesta de la autoridad responsable, aunque haya sido por conducto de la Síndica de dicho Ayuntamiento y Coordinadora del Comité Técnico de Trabajo Institucional para Atender de Manera Coordinada la Recuperación y Liberación de la Vía Pública y demás Espacios de Uso Común destinados a un Servicio Público, así como su notificación personal a la parte quejosa. En ese contexto, las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo. Sin que sea dable analizar la constitucionalidad de la respuesta emitida por la citada Síndica y Coordinadora, en auxilio de la autoridad responsable contenida en el acuerdo de diecisiete de octubre de dos mil veintidós, porque contra éste no se inconformó la parte quejosa. Sirve de sustento a lo anterior la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del contenido siguiente: "Registro digital: 168189 Instancia: Segunda Sala Novena Época Materias(s): Común Tesis: 2a./J. 205/2008 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXIX, Enero de 2009, página 605 Tipo: Jurisprudencia CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO POR VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 8o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. OPERA CUANDO LA AUTORIDAD RESPONSABLE AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO EXHIBE LA CONTESTACIÓN A LA PETICIÓN FORMULADA, QUEDANDO EXPEDITOS LOS DERECHOS DEL QUEJOSO PARA AMPLIAR SU DEMANDA INICIAL, PROMOVER OTRO JUICIO DE AMPARO O EL MEDIO ORDINARIO DE DEFENSA QUE PROCEDA. De la interpretación de los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se concluye que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado, se actualiza cuando ante la insubsistencia del mismo, todos sus efectos desaparecen o se destruyen de forma inmediata, total e incondicionalmente, de manera que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Ahora bien, el hecho de que la autoridad responsable al rendir su informe justificado exhiba la respuesta expresa a la petición de la parte quejosa, producida durante la tramitación del juicio de amparo, significa, por una parte, que los efectos de la falta de contestación desaparecieron, de manera que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación al artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y por otra, que respecto del contenido de dicha contestación, el quejoso puede ampliar su demanda inicial, promover otro juicio de amparo o el medio ordinario de defensa que proceda, toda vez que se trata de un nuevo acto." En ese contexto, se actualiza la causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo; por tanto, procede sobreseer en el juicio de amparo respecto al acto reclamado consistente en la omisión de contestar el escrito formulado el veinticuatro de agosto de dos mil veintidós ante la autoridad responsable, en términos del artículo 63, fracción V, de la ley citada. Se destaca que con motivo del sobreseimiento decretado, no procede el estudio de los conceptos de violación, sirve de apoyo la Jurisprudencia siguiente: "Registro digital: 239006 Instancia: Segunda Sala Séptima Época Materias(s): Común Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Volumen 24, Tercera Parte, página 49 Tipo: Jurisprudencia SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." Por lo expuesto y fundado, se R E S U E L V E: ÚNICO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por María Hilda Salazar Guia, Ma. Carmen Ávalos Ávalos y Antonio de Jesús Espinoza Díaz, contra el acto precisado en el considerando segundo y por los motivos y fundamentos expuestos en el considerando cuarto de este fallo. Notifíquese. Así, lo resolvió y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con Gustavo Allfadir Balanzá Kidnie, secretario que autoriza y da fe.- Doy fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, cuatro de noviembre de dos mil veintidós. DIFERIMIENTO DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que se encuentra transcurriendo el término de ocho días que establece el artículo 117 de la Ley de Amparo para que las partes se impongan del contenido del informe justificado acordado en proveído de veintiocho de octubre de dos mil veintidós, en tal virtud, para dar margen a lo anterior, se difiere la celebración de la audiencia constitucional señalada para hoy, la que tendrá verificativo a las nueve horas con treinta minutos del seis de diciembre de dos mil veintidós. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado, quien actúa con Gustavo Allfadir Balanzá Kidnie, Secretario que autoriza. Doy Feoms
- Principal
Morelia, Michoacán, veintiocho de octubre de dos mil veintidós. REMITE INFORME JUSTIFICADO. Con vista a las partes agréguese a los presentes autos el oficio de cuenta, con el que la autoridad que lo suscribe rinde informe justificado en el presente juicio de amparo, en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo. PRUEBA DOCUMENTAL. Con fundamento en el artículo 119 de la ley de la materia, se tiene por desahogada en atención a su propia y especial naturaleza; la documental que la autoridad responsable envía como sustento de su informe justificado, sin perjuicio de hacer relación de ésta en la audiencia constitucional. SE SEÑALA DOMICILIO Y DELEGADOS. Se tiene a la autoridad en cita señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que señala en su oficio de cuenta; y designando como delegados de su parte, en términos del artículo 9° de la Ley de Amparo, a las personas que refiere en el mismo. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado, actuando con Gustavo Allfadir Balanzá Kidnie, Secretario que autoriza.- Doy fe.oms
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