Maria Isabel Cecilia Ramirez Garcia

Expediente 909/2018 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 2 actuaciones registradas, la última del 2 de octubre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
909/2018
Año
2018
Actuaciones
2
Última actuación
02/10/2018

Partes del expediente

  • Maria Isabel Cecilia Ramirez Garcia

Actuaciones

  1. Principal

    Agréguese a los autos el oficio 44420/2018 remitido vía SISE por la Secretaria del Juzgado Octavo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, por medio del cual informa que se declaró competente para conocer del presente asunto, el cual radicó con el número de juicio de amparo 861/2018 de su índice, de lo cual este juzgado toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar. En consecuencia, háganse las anotaciones en el libro de gobierno de este Juzgado y ARCHÍVESE EL PRESENTE ASUNTO COMO TOTALMENTE CONCLUIDO. Ahora bien, en cumplimiento a lo que establece el Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de fecha veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, hágase saber a las partes que en su oportunidad SE PROCEDERÁ A LA DESTRUCCIÓN del expediente en que se actúa, en términos de lo dispuesto en el punto vigésimo, fracción I, del citado acuerdo. De igual forma, en mérito a lo ordenado en el segundo párrafo del punto décimo primero del acuerdo invocado se ordena realizar la anotación correspondiente en la carátula del presente expediente.

  2. Principal

    SE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO REALIZADO EN DILIGENCIA DE NOTIFICACIÓN, POR LO QUE SE PROCEDE A REALIZAR LA NOTIFICACIÓN POR MEDIO DE LISTA, EN LOS TERMINOS SIGUIENTES: RADICACIÓN Vista la demanda de amparo promovida por MARIA ISABEL CECILIA RAMIREZ GARCIA, contra los actos del PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MEXICO, EN SU CARACTER DE FISCAL DE DELEGACION COYOACAN, CIUDAD DE MÉXICO. Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno correspondiente bajo el número 909/2018. INCOMPETENCIA. De la lectura de la demanda se advierte que este órgano jurisdiccional carece de competencia legal para conocer de la demanda promovida por MARIA ISABEL CECILIA RAMIREZ GARCIA, en términos del artículo 37 de la Ley de Amparo, precepto que establece: Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. En efecto, de la lectura integral del artículo transcrito, se conoce que para que un Juez de Distrito deba conocer un juicio, deberán de actualizarse cualquiera de las hipótesis que contempla dicho artículo, las cuales son: a) Aquel que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado; b) Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda; y, c) Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. En el caso, se estima se actualiza la hipótesis señalada en el inciso a), pues el acto reclamado debe tener ejecución en la Ciudad de México. Se afirma lo anterior, en razón de que la quejosa señaló como autoridad responsable al PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MEXICO, EN SU CARACTER DE FISCAL DE DELEGACION COYOACAN, CUIDAD DE MÉXICO, atribuyéndole el acto reclamado consistente en la ilegal orden de despojo girada en contra de la aquí quejosa, respecto del departamento ubicado en Calle Corina ciento diecisiete departamento E-2, de la colonia Carmen de la Delegación de Coyoacán, Ciudad de México, realizado dentro de la carpeta de investigación CI_FEDAUR/A/UI_3C/D/01388/08/2018. De lo cual se tiene que dicha orden de desposesión se ejecuta en el lugar en que se encuentra el inmueble, en virtud de que al encontrarse dicho inmueble fijo en un sitio, ineludiblemente es en éste en donde se ejecuta el acto reclamado, sin importar que las autoridades ejecutoras tengan su residencia en distinto Estado de la República. Razón por la cual resulta inconcuso que el acto controvertido tiene ejecución material en un territorio distinto al en que este Juzgado de Distrito ejerce jurisdicción, pues como se dijo la ejecución material de la orden de desposesión que reclama tiene lugar en la Ciudad de México, por ahí encontrarse ubicado el bien inmueble que por esta vía defiende. Por ende, corresponde conocer del presente juicio a un Juzgado Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México; sin que de la lectura de la demanda se advierta indicio de que la misma pueda tener ejecución en el territorio en que el suscrito ejerce su jurisdicción. Sirve de apoyo a lo expuesto tesis III.2o.P.194 P del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, Tomo XXIII, Abril de 2006, Fuente Seminario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto: "ORDEN DE DESPOSEIMIENTO DE INMUEBLE. RESULTA COMPETENTE PARA CONOCER DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS PROMOVIDA EN SU CONTRA, EL JUEZ DE DISTRITO QUE TIENE JURISDICCIÓN EN LA ENTIDAD FEDERATIVA EN QUE SE ENCUENTRA EL BIEN, AUNQUE LAS AUTORIDADES EJECUTORAS RESIDAN EN SITIO DISTINTO. La ejecución de una orden de desposeimiento de inmueble es instantánea, toda vez que se consuma en el momento en que la autoridad materialmente limita su posesión a favor del tenedor; luego, si ésta se verifica en el lugar en que se encuentra el inmueble, se surte la competencia legal en favor del Juez de Distrito que tiene jurisdicción en la entidad federativa en que se ubica dicho bien, de conformidad con el primer supuesto a que alude el artículo 36 de la Ley de Amparo, en virtud de que al encontrarse la finca fija en un sitio, ineludiblemente es en éste en donde se ejecuta, sin importar que las autoridades ejecutoras tengan su residencia en distinto Estado de la República, toda vez que su traslado hacia el bien, aunque representa un papel destacado para llevar a cabo el desposeimiento, no implica que con esa actuación comience a ejecutarse, pues sólo constituye un hecho que sucede en una fase previa a los actos propiamente de ejecución, la que se materializa de manera instantánea precisamente cuando se realiza el desposeimiento que se impugna, aparte de que el numeral invocado, para fijar la competencia del juicio constitucional, atiende al lugar de ejecución del acto y no al que pertenezcan las responsables encargadas de llevarlo a cabo." En mérito de lo anterior, se declina competencia en favor del Juzgado de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, en turno, para conocer de la presente demanda de amparo; para lo cual se remite el expediente de amparo en que se actúa, así como las copias de la demanda que dio origen al mismo, solicitando se sirva acusar el recibo de estilo correspondiente, y que en conformidad con el artículo 48, segundo párrafo, de la Ley de Amparo informe si acepta o no el conocimiento del presente asunto. Fórmese, con las constancias necesarias, el expedientillo de amparo respectivo. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y, en su oportunidad, archívese este asunto como totalmente concluido. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Téngase a la parte quejosa señalando domicilio para oír y recibir notificaciones personales, y autorizando a las personas que menciona en la misma, con las restricciones que prevé el artículo 12 de la Ley de Amparo, por no contar con registro en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. PRECISIÓN DE AUTORIDADES RESPONSABLES Luego, con fundamento en el artículo 108, fracción III de la Ley de Amparo, que establece como obligaciones del quejoso, entre otras, la de señalar con precisión las autoridades responsables -tema sobre el que no opera la suplencia de la queja, como se advierte del artículo 79 de la Ley de la Materia-, se apercibe a la parte quejosa que si las autoridades responsables no existen con la denominación que indica en su demanda, sin mayor trámite se tendrán por inexistentes en este juicio, suspendiéndose toda comunicación con las mismas y, en su oportunidad se resolverá conforme a tal situación, salvo prueba en contrario o bien, corrija el señalamiento en la denominación de las autoridades responsables, a instancia de la parte quejosa, tomando en consideración que le corresponde a la misma estar al pendiente de la tramitación de su asunto. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS En aras de una impartición de justicia pronta, completa e imparcial, como lo ordena el artículo 17 constitucional; para los casos en los que en el presente juicio de amparo se deban realizar notificaciones personales, incluyendo el emplazamiento a las partes y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, en términos de los artículos 21, párrafo tercero y 26, fracción I, ambos de la ley de la materia, previa razón que se asiente por el actuario, se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarios para efectuarlas, haciendo de su conocimiento que en caso de no poder llevar a cabo cualquiera de las notificaciones encomendadas al día siguiente del auto en que se ordene la misma, éste deberá asentar todas y cada una de las razones que justifiquen la dilación en su diligenciación. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN Finalmente en conformidad con los preceptos 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 11, fracción VI, 16 y 68, éste último en relación con los diversos 110, 113 y 118, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace del conocimiento de las partes que este órgano al emitir la sentencia respectiva y con el objeto de respetar el derecho humano de acceso a la información elaborará la versión pública, protegiendo aquella considerada legalmente como confidencial o reservada.

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