Maria Irma Flores Macias
Expediente 537/2018 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 6 actuaciones registradas, la última del 10 de agosto de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 537/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 10/08/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Maria Irma Flores Macias
- MARIA IRMA FLORES MACIAS y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Agréguese a los presentes autos el oficio de cuenta suscrito por la Secretaria de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, por el cual remite el expediente de amparo número 537/2018 del índice de este juzgado, del cual se advierte que ha causado estado el auto de nueve de julio de dos mil dieciocho mediante el cual se desechó por improcedente el recurso de revisión interpuesto por la parte quejosa ********************. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y acúsese recibo a la superioridad del presente juicio de amparo. Glósese a los presentes autos el expedientillo que se formó con motivo del recurso planteado, únicamente por lo que hace a las constancias que obran en original; lo anterior a fin de hacer práctico el manejo del juicio de amparo en que se actúa.
- Principal
Agréguese a los autos el escrito signado por ccccatento a su contenido, con fundamento en los artículos 81, fracción I, inciso e), 86, 88 y 89 de la Ley de Amparo, téngaseles interponiendo el recurso de revisión en contra del auto de once de junio de dos mil dieciocho, dictada en el presente juicio de amparo. Con una copia simple del escrito de agravios fórmese cuaderno de antecedentes en sustitución del expediente original, y remítase el original y copia del escrito que contiene el recurso y los presentes autos, al Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito en Turno, para la substanciación del recurso interpuesto.
- Principal
Vista la certificación secretarial que antecede, de la que se advierte que el auto de once de junio de dos mil dieciocho por el que DESECHÓ la demanda de amparo no fue recurrido mediante el recurso de queja procedente en términos del artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo; por tanto, con fundamento en el precepto 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, CAUSA ESTADO dicho auto. Anótese lo procedente en el libro de gobierno y archívese este asunto como totalmente concluido. En razón de lo anterior, en cumplimiento a lo que establece el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación de que el presente expediente en que se actúa, es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, toda vez que encuadra en la hipótesis de la fracción I del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo en el que se desechó la demanda de amparo, en el que no existen documentos originales exhibidos por las partes, conforme a lo que dispone la fracción XVIII, del capítulo primero, del referido acuerdo general conjunto; por lo cual, una vez transcurridos TRES AÑOS a partir de esta fecha, deberán transferirse el juicio principal, al Centro de Documentación y Análisis, previa la anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo. Por otro lado, se ordena hacer la anotación correspondiente en la carátula del expediente, de conformidad con lo establecido en el capítulo tercero, punto décimo primero, párrafo segundo, del multicitado acuerdo general conjunto número 1/2009.
- Principal
Por lo anteriormente expuesto, es claro que en la especie se actualiza la causal de improcedencia, prevista en la fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo, pues los quejosos MARIA IRMA FLORES MACÍAS y JOSÉ ALFREDO FLORES MACÍAS consintieron tácitamente el acto reclamado ya que no obstante que tuvieron conocimiento de los autos de formal prisión de veintidós de febrero y veinticuatro de marzo, ambos de dos mil dieciséis, emitidos en su contra, respectivamente, pretenden promover juicio de amparo mediante demanda que fue presentada hasta el cinco de junio del presente año, según la data asentada por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, lo que de suyo revela que entre ambas fechas media un período mayor a quince días hábiles. Así las cosas, atento al cómputo antes realizado, se estima procedente DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO que se provee al ser notoria e indudable la causal de improcedencia que se observa; lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 17, 18, 22 y 61, fracción XIV, todos de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia P./J. 12/2015 (10a.) del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 38, Libro 18, mayo de 2015, Tomo I, Materia(s): Común, de la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto son: "AMPARO INDIRECTO. EL PLAZO PARA PROMOVER EL JUICIO RELATIVO CONTRA AUTOS RESTRICTIVOS DE LA LIBERTAD PERSONAL DICTADOS EN EL PROCESO PENAL A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013, ES EL GENÉRICO DE 15 DÍAS PREVISTO EN EL ARTÍCULO 17 DE LA LEY DE LA MATERIA. El plazo para promover el juicio de amparo indirecto contra autos restrictivos de la libertad personal dictados dentro del proceso penal que se pronuncien a partir de esa fecha, es el genérico de 15 días previsto en el artículo 17 de la Ley de Amparo, lo que es acorde con el principio de progresividad en materia de protección de los derechos humanos, ya que esa medida legislativa permite a quienes la ley considera como víctimas saber con certeza que transcurrido dicho periodo esa decisión se encuentra firme para poder promover, cuando legalmente les está permitido, las medidas provisionales que garanticen una eventual reparación del daño, en términos del derecho fundamental contenido en la fracción VI del apartado C del artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual dispone que uno de los derechos de los sujetos pasivos del delito consiste en la posibilidad de solicitar las medidas cautelares y providencias necesarias para la protección y restitución de sus derechos. Además, tomando en cuenta que el nuevo sistema penal acusatorio, conforme al primer párrafo del artículo 20 constitucional, se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación, resulta necesario garantizar la secuencia continua de las fases que lo componen para proteger los derechos de las víctimas, así como la seguridad jurídica necesaria para que esos juicios no se prolonguen excesivamente en su perjuicio, y menos aún en el de los propios procesados. Finalmente, la figura de la suplencia de la deficiencia de los conceptos de violación o agravios permite que las personas afectadas con ese tipo de decisiones presenten su demanda en el plazo de 15 días sin necesidad de mayor asesoría, porque los órganos de amparo deben examinar oficiosamente la legalidad del acto reclamado, lo que implica que sea cual fuere su estrategia defensiva, corresponde al juzgador examinar con acuciosidad su legalidad, aun cuando no hayan alegado la violación que encuentre el órgano de amparo. De ahí que el plazo de 15 días es suficiente para entablar su defensa, porque basta con que opten por solicitar la protección de la Justicia Federal para que los Jueces de Distrito, aun ante la ausencia de conceptos de violación, analicen si hubo o no violación de sus derechos fundamentales, en términos del artículo 79, fracción III, y penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo. Lo anterior, además, porque debe tenerse en cuenta que no hay obligación alguna de mantener invariables los periodos procesales que con anterioridad se hubiesen instituido en las leyes que se abrogan, pues salvo los plazos previstos a nivel constitucional, cualesquiera otros establecidos para el ejercicio de un derecho se ubican dentro del campo de libertad de configuración normativa que corresponde al legislador ordinario, máxime que respecto de los plazos para presentar la demanda de amparo, los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal no establecen lapso alguno específico para promover el juicio contra actos restrictivos de la libertad dictados dentro del proceso penal." LIBRO DE GOBIERNO. Finalmente, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y, en su oportunidad, archívese este asunto como totalmente concluido. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
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