María Isabel Ávila Cortés

Expediente 1351/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos. 7 actuaciones registradas, la última del 5 de octubre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
1351/2019
Año
2019
Actuaciones
7
Última actuación
05/10/2020

Partes del expediente

  • María Isabel Ávila Cortés

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a cinco de octubre de dos mil veinte. Vista la certificación de cuenta y el estado actual que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido el término de tres días concedido a las partes por auto de siete de agosto de dos mil veinte, para que manifestaran lo que a su interés convinieran sobre el cumplimiento que la autoridad responsable ha dado a la ejecutoria de amparo, sin que a la fecha ninguna de las partes ejerciera ese derecho; en consecuencia, este órgano de control constitucional procede al análisis de dicho cumplimiento con base en los elementos que obran en el juicio; ello, atendiendo a que como ya lo determinó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el cumplimiento de las sentencias dictadas en los juicios de amparo, constituye una cuestión de orden público. Así, se tiene que se celebró la audiencia constitucional y se dictó sentencia en el presente juicio de amparo, en la que se determinó conceder el amparo al quejoso para el único efecto de que las autoridades responsables realizaran lo siguiente: ". 1. Se desincorpore de la esfera jurídica y no se aplique en el presente y en lo futuro los artículos en comento. 2. Le sea devuelta a la parte quejosa la cantidad que cubrió por concepto de impuesto adicional contemplado en los artículos 119, 120, 121, 122, 123, 124 y 125, de la Ley General de Hacienda Municipal del Estado de Morelos, ligado al cobro del impuesto por adquisición de bienes inmuebles, equivalente al veinticinco por ciento, cantidad que, por cierto, ya se encuentra englobada en el recibo oficial de pago con folio 415443, emitido por la Tesorería Municipal del Ayuntamiento de Emiliano Zapata, Morelos, debidamente actualizada.". Dicha sentencia constitucional causó ejecutoria, y se procedió a requerir a las autoridades responsables el cumplimiento a la concesión del amparo. En ese sentido, a fin de acatar lo ordenado, la autoridad responsable Tesorero Municipal del ayuntamiento de Emiliano Zapata, Morelos, a través del oficio recibido por esté juzgado el cinco de agosto de dos mil veinte, remitió la diligencia de trece de marzo de dos mil veinte, así como la entrega del cheque 151, donde acredita la entrega y recibo de la parte quejosa de la cantidad de cuarenta y dos mil seiscientos veintiocho pesos con cincuenta centavos ($42,628.50), por concepto del cobro del Impuesto Sobre Adquisición de Inmueble, declarado inconstitucional; constancias con las cuales se ordenó dar vista y correr traslado a la parte quejosa para que manifestara lo que a su derecho conviniera. Por lo anterior, este órgano de control constitucional considera que la citada autoridad responsable, en el ámbito de su competencia y con las constancias mencionadas en los párrafos que anteceden, demostró haber dado cumplimiento a la sentencia ejecutoriada dictada en el presente juicio de amparo, restituyendo al promovente de la acción constitucional en el pleno goce de sus derechos violados, al tenor de lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. En efecto, se concluye que la autoridad responsable dio seguimiento a los lineamientos vertidos en la ejecutoria de amparo, pues acreditó mediante diligencia de trece de marzo de dos mil veinte, así como, con la entrega recepción del cheque 151, donde se acredita que la parte quejosa recibe la cantidad de cuarenta y dos mil seiscientos veintiocho pesos con cincuenta centavos ($42,628.50), que fue el monto que se le cobro por concepto del Impuesto Sobre Adquisición de Inmueble, declarado inconstitucional. Por lo tanto, este Juzgado Federal considera que ha sido cumplida la ejecutoria de amparo por parte de la autoridad responsable, pues se acató en sus términos la resolución en la que se concedió la protección de la Justicia Federal. Una vez determinado lo anterior, se procede a determinar si existe exceso o defecto en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, entendiéndose por lo primero, que la autoridad responsable no se ajusta al tenor exacto de la ejecutoria, extralimitándose en su actuar respecto de los efectos para los que fue concedida la protección constitucional y por lo segundo, cuando se deja de acatar en su integridad la totalidad de los aspectos ordenados en la ejecutoria, esto es, omite realizar o abstenerse de hacer algo conforme a lo ordenado por el juzgador de amparo. Se reitera que el amparo y protección de la Justicia Federal se concedió para que la autoridad responsable reintegre a la quejosa la cantidad que pagó por concepto de cobro de impuesto adicional que se aplicó bajo una tasa del 25% derivado del impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles, la cual se encuentra englobada en el recibo oficial de pago con folio 415443, emitido por la Tesorería Municipal del Ayuntamiento de Emiliano Zapata, Morelos; que fue el monto que se le cobró. En ese sentido este juzgado federal estima que la autoridad responsable no incurrió en exceso o defecto en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, pues de las constancias remitidas por la autoridad responsable, a las que se concede valor probatorio en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por disposición expresa del dispositivo 2°, se advierte y acreditó la responsable haber hecho la devolución a la parte quejosa de la cantidad de cuarenta y dos mil seiscientos veintiocho pesos con cincuenta centavos ($42,628.50), que fue el monto que se le cobro por concepto del Impuesto Sobre Adquisición de Inmueble, declarado inconstitucional. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 214 de la Ley de Amparo, en su oportunidad, archívese el presente juicio de amparo, previas anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, carátulas, así como la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, y del Expediente electrónico, esto último con fundamento en el artículo 35 del Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. En acatamiento a lo ordenado en dicho Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales publicado en el diario oficial de la federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; en términos de lo establecido en el Capítulo Tercero, Cuarto, Quinto, Sexto, Séptimo, Octavo, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni generado por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia, ni versa sobre materia agraria; ni relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito; ni se trata a conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Por otra parte, por encuadrar dentro de las hipótesis contempladas en el artículo 18, fracción I, inciso b) del Acuerdo General en cita, el expediente en que se actúa es susceptible de depurarse, toda vez que se concedió la Protección de la Justicia de la Unión, lo que significa que en este caso deberá conservarse únicamente la demanda de amparo, la sentencia definitiva, y determinaciones emitidas por la Superioridad y/o las que determina el Titular de los autos, esto último en términos de lo dispuesto en el numeral 18 párrafo tercero del citado Acuerdo General. Asimismo, en términos del precepto 18, segundo párrafo del Acuerdo General en comento, hágase saber a las partes que cuentan con el término de noventa días, contados a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación de este proveído, para que se presenten debidamente identificados en día y horas hábiles, en las oficinas que ocupa este órgano de control constitucional, con el objeto de que se le haga entrega de los documentos originales exhibidos en la presente contienda constitucional; en la inteligencia que de no hacerlo dentro de dicho lapso, los mismos seguirán la suerte de éste. Cabe destacar que en el presente juicio no se formó incidente de suspensión por no haberse solicitado. Notifíquese personalmente. Así lo acuerda y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, asistido de Jacobo Jaimes Brito, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    ... Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 1, Fracción I, 61, 63, 119, 124, 217 y demás relativos a la Ley de Amparo; se R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión ampara y protege a María Isabel Ávila Cortés, respecto de los artículos 119 a 125 de la Ley General de Hacienda Municipal del Estado de Morelos, y su acto concreto de aplicación, por los motivos y efectos expuestos en la última parte considerativa de este fallo. NOTIFÍQUESE.

  3. Principal

    Cuernavaca, Morelos, siete de noviembre de dos mil diecinueve. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se advierte que, en el acuerdo de cinco de noviembre del año en curso, se tuvo por recibido el informe justificado rendido por la autoridad responsable; luego entonces, se desprende que no han transcurrido los ocho días previos a la celebración de la audiencia constitucional, tal y como lo refiere el artículo 117, de la ley de la materia, para que las partes estén en posibilidad de imponerse de dicho informe; motivo por el cual, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, fijándose en su lugar las DIEZ HORAS CON OCHO MINUTOS DEL VEINTIOCHO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE, para que tenga verificativo la misma. Notifíquese.

  4. Principal

    Cuernavaca, Morelos, cinco de noviembre de dos mil diecinueve. Agréguese a los autos para que surta sus efectos legales a que haya lugar, el informe justificado rendido por la autoridad responsable; con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, con dicho informe dese vista a las partes para que se impongan de su contenido y manifiesten lo que a sus intereses convenga. Se tienen por designados como delegados de la autoridad responsable, en términos del numeral 9 de la ley antes invocada, a las personas que propone y con fundamento en el ordinal 28 de la ley de la materia, se tiene por señalado el domicilio que indica. Con fundamento en el numeral 119 de la Ley de Amparo, se tienen por anunciadas las documentales que se ofrecen, de las cuales se hará relación en la audiencia constitucional. Finalmente, se autoriza el uso de medios electrónicos para la toma y copiado de acuerdos que integran el expediente en que se actúa, y se le hace saber a la responsable que el uso indebido o la divulgación de la información obtenida será bajo su más estricta responsabilidad. Notifíquese.

Quedan 3 actuaciones en este expediente

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