María Ines Carrera Castillo

Expediente 615/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos. 2 actuaciones registradas, la última del 25 de mayo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
615/2022
Año
2022
Actuaciones
2
Última actuación
25/05/2022

Partes del expediente

  • María Ines Carrera Castillo

Actuaciones

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, veinticinco de mayo de dos mil veintidós Vista la certificación de cuenta y el estado actual que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido el término de tres días concedido a las partes por auto de dos de mayo de dos mil veintidós, para que manifestaran lo que a su interés convinieran sobre el cumplimiento que la autoridad responsable ha dado a la ejecutoria de amparo, sin que a la fecha ninguna de las partes ejerciera ese derecho; en consecuencia, este órgano de control constitucional procede al análisis de dicho cumplimiento con base en los elementos que obran en el juicio; ello, atendiendo a que como ya lo determinó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el cumplimiento de las sentencias dictadas en los juicios de amparo, constituye una cuestión de orden público. Así, se tiene que se celebró la audiencia constitucional y se dictó sentencia en el presente juicio de amparo, en la que se determinó conceder el amparo al quejoso para el efecto de que la autoridad responsable realizara lo siguiente: ". Respecto de las pruebas de la parte actora consistente en la confesional a cargo de CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS, testimonial a cargo de María del Carmen Piñon Zamora, Carelia Calleros Areyano y Alejandro Manrique Sosa, y la inspección a cargo de la demandada CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS; así como de la ofertada por la demandada consistente en la inspección ocular, deberá informar el resultado de dicha diligencia y en caso de que no se haya llevado a cabo deberá señalar nueva fecha para el desahogo de las referidas probanzas, observando los plazos previstos en la Ley Federal del Trabajo, en el entendido de que deberá notificar a las partes intervinientes de las nuevas fechas que señale, para efecto de evitar diferimientos innecesarios. Respecto a las pruebas de informe de autoridad a cargo del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, ofrecidas por la actora y la demandada, deberá realizar las gestiones necesarias, y en su caso, hacer efectivos los apercibimientos para lograr su debido desahogo, o en su caso, provea sobre la imposibilidad que tuvo para ello. Finalmente, respecto de las pruebas Confesional e Interrogatorio a cargo de Cindy Yoshua Castillo Renteria y de inspección ocular ofrecidas por la demandada, deberá desahogarla en la fecha señalada para ello; lo anterior, toda vez que la data en que se programó su desahogo se encuentra próxima, y en caso de que llegado el día no se encuentre debidamente preparada la diligencia, deberá señalar nueva fecha para su desahogo, dentro de los plazos contemplados en la Ley Federal del Trabajo. .". Dicha sentencia constitucional causó ejecutoria, y se requirió a la autoridad responsable el cumplimiento a la concesión del amparo. En ese sentido, se concluye que la autoridad responsable dio seguimiento a los lineamientos vertidos en la ejecutoria de amparo, al acreditar que la prueba confesional ofertada por la actora a cargo de Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos, el veinte de abril de dos mil veintiuno, se tuvo por desahogada. La testimonial a cargo de María del Carmen Piñón Zamora, Carelia Calleros Areyano y Alejandro Manrique Sosa, el dieciocho de octubre de dos mil veintiuno, se tuvo por desahogada. La inspección a cargo de la demandada Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos, el catorce de junio de dos mil veintiuno, fue desahogada. La Inspección Ocular a cargo ofertada por la demanda, el ocho de julio de dos mil veintiuno se decretó la deserción de dicha probanza por falta de elementos para su debido desahogo. El informe de autoridad a cargo del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, ofrecidas por la actora y la demandada, el ocho de febrero de dos mil veintidós se tuvo por rendido y desahogado. La prueba Confesional e Interrogatorio a cargo de Cindy Yoshua Castillo Renteria, el treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno se tuvo por desahogada. Finalmente, por auto de veinte de abril de dos mil veintidós, la Junta responsable, certificó y determinó que no quedaban pruebas pendientes por desahogar concediendo un término de dos días para formular alegatos, todo ello, desahogado en el juicio laboral 276/19; constancias con las cuales se ordenó dar vista a las partes para que manifestaran lo que a su derecho conviniera. Con base en lo anterior, este órgano de control constitucional considera que la citada autoridad responsable, en el ámbito de su competencia y con las constancias mencionadas en los párrafos que anteceden, demostró haber dado cumplimiento a la sentencia ejecutoriada dictada en el presente juicio de amparo, restituyendo al promovente de la acción constitucional en el pleno goce de sus derechos violados, al tenor de lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. En efecto, se concluye que la autoridad responsable dio seguimiento a los lineamientos vertidos en la ejecutoria de amparo, al acreditar haber realizado las gestiones necesarias y procedió al desahogo y/o decretar su deserción de las pruebas faltantes por desahogar, tal como quedó señalado en párrafos que anteceden y fue indicado en la ejecutoria de amparo. Por ello este Juzgado Federal considera que ha sido cumplida la ejecutoria de amparo por parte de la autoridad responsable, pues se acató en sus términos la resolución en la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal. Una vez determinado lo anterior, se procede a determinar si existe exceso o defecto en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, entendiéndose por lo primero, que la autoridad responsable no se ajusta al tenor exacto de la ejecutoria, extralimitándose en su actuar respecto de los efectos para los que fue concedida la protección constitucional y por lo segundo, cuando se deja de acatar en su integridad la totalidad de los aspectos ordenados en la ejecutoria, esto es, omite realizar o abstenerse de hacer algo conforme a lo ordenado por el juzgador de amparo. Se reitera que el amparo y protección de la Justicia Federal se concedió para que la autoridad responsable realizara las gestiones a efecto de desahogar las pruebas faltantes por desahogar las cuales fueron ofrecidas por las partes o declarar su imposibilidad para su desahogo. En ese sentido este juzgado federal estima que la autoridad responsable no incurrió en exceso o defecto en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, toda vez que de las constancias remitidas por la autoridad responsable, a las que se concede valor probatorio en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por disposición expresa del dispositivo 2°, acreditó que por lo que hace a la prueba confesional ofertada por la actora a cargo de Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos, el veinte de abril de dos mil veintiuno, se tuvo por desahogada. La testimonial a cargo de María del Carmen Piñón Zamora, Carelia Calleros Areyano y Alejandro Manrique Sosa, el dieciocho de octubre de dos mil veintiuno, se tuvo por desahogada. La inspección a cargo de la demandada Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos, el catorce de junio de dos mil veintiuno, fue desahogada. La Inspección Ocular a cargo ofertada por la demanda, el ocho de julio de dos mil veintiuno se decretó la deserción de dicha probanza por falta de elementos para su debido desahogo. El informe de autoridad a cargo del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, ofrecidas por la actora y la demandada, el ocho de febrero de dos mil veintidós se tuvo por rendido y desahogado. La prueba Confesional e Interrogatorio a cargo de Cindy Yoshua Castillo Renteria, el treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno se tuvo por desahogada. Finalmente, por auto de veinte de abril de dos mil veintidós, la Junta responsable, certificó y determinó que no quedaban pruebas pendientes por desahogar concediendo un término de dos días para formular alegatos, todo ello, desahogado en el juicio laboral 276/19; tal como se advierte de las constancias que remitió la responsable en cumplimiento a la ejecutoria de amparo. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 214 de la Ley de Amparo, en su oportunidad, archívese el presente juicio de amparo, previas anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, carátulas, así como la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, y del Expediente electrónico, esto último con fundamento en el artículo 35 del Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. En acatamiento a lo ordenado en dicho Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales publicado en el diario oficial de la federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; en términos de lo establecido en el Capítulo Tercero, Cuarto, Quinto, Sexto, Séptimo, Octavo, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni generado por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia, ni versa sobre materia agraria; ni relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito; ni se trata a conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Por otra parte, por encuadrar dentro de las hipótesis contempladas en el artículo 18, fracción I, inciso b) del Acuerdo General en cita, el expediente en que se actúa es susceptible de depurarse, toda vez que se concedió la Protección de la Justicia de la Unión, lo que significa que en este caso deberá conservarse únicamente la demanda de amparo, la sentencia definitiva, y determinaciones emitidas por la Superioridad y/o las que determina el Titular de los autos, esto último en términos de lo dispuesto en el numeral 18 párrafo tercero del citado Acuerdo General. Asimismo, en términos del precepto 18, segundo párrafo del Acuerdo General en comento, hágase saber a las partes que cuentan con el término de noventa días, contados a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación de este proveído, para que se presenten debidamente identificados en día y horas hábiles, en las oficinas que ocupa este órgano de control constitucional, con el objeto de que se le haga entrega de los documentos originales exhibidos en la presente contienda constitucional; en la inteligencia que de no hacerlo dentro de dicho lapso, los mismos seguirán la suerte de éste. Cabe destacar que en el presente juicio no se formó incidente de suspensión por no haberse solicitado. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, ante Jacobo Jaimes Brito, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    Cuernavaca, Morelos, diecisiete de mayo de dos mil veintidós. Vista la razón secretarial, de conformidad con los artículos 62, 219 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo en apoyo a su artículo 2°, se ordena agregar a los autos el oficio signado por Humberto Díaz Vargas, Presidente del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, mediante el cual remite copia certificada de la constancia de notificación realizada a la parte actora y demandada del acuerdo de cuatro de diciembre de dos mil veinte, dictado en los autos del juicio 01/1464/19, de su índice administrativo. Téngase por hecha la comunicación anterior, para los efectos legales a que haya lugar, y en atención a su contenido, de conformidad con el artículo 196 de la Ley de Amparo vigente aplicable, córrase traslado a la parte quejosa con el oficio de cuenta y anexos, y dese vista a las partes por el plazo de tres días, contado a partir del siguiente al que queden legalmente notificadas de este proveído, para que expresen lo que a sus intereses convenga, en la inteligencia que de no hacer manifestación alguna en el lapso indicado, tomando en consideración las documentales remitidas por la autoridad responsable, este Juzgado Federal, se pronunciará sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, ante Jacobo Jaimes Brito, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

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