María Irma Teresita Hernández Roque
Expediente 419/2019 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 37 actuaciones registradas, la última del 10 de mayo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 419/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 37
- Última actuación
- 10/05/2021
Partes del expediente
- María Irma Teresita Hernández Roque
- Delegado Estatal de Prospera Programa de Inclusión Social En Puebla
Actuaciones
Las 4 más recientes de 37.
- Principal
San Andrés Cholula, Estado de Puebla, diez de mayo de dos mil veintiuno. Colegiado resuelve recurso de inconformidad. Visto el oficio de la Secretaria de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, a través del cual remite el expediente original del juicio de amparo, dos tomos anexos y testimonio de la ejecutoria de treinta de abril de dos mil veintiuno, dictada en el recurso de inconformidad 21/2020, misma que en su punto resolutivo establece: "RESUELVE ÚNICO. Es infundado el recurso de inconformidad interpuesto por la quejosa MARÍA IRMA TERESITA HERNÁNDEZ ROQUE en contra de la resolución de veintiuno de octubre de dos mil veinte dictada por el Juez Séptimo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla en el juicio de amparo 419/2019, de su índice." Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), glósense las actuaciones originales del cuaderno de antecedentes, acúsese de recibo del expediente original del presente juicio de amparo, con dos anexos y del testimonio de la resolución del tribunal de alzada. Causa estado cumplimiento. En esas condiciones, se considera que el auto del veintiuno de octubre de dos mil veinte, que declaró cumplida la ejecutoria de amparo dictada en el presente juicio constitucional; por tanto, con apoyo en dicho precepto legal, SE DECLARA QUE HA CAUSADO ESTADO el mencionado proveído para todos los efectos legales consiguientes. Archivo. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) y archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido Con fundamento en lo dispuesto por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se acuerda lo siguiente. Depúrese el expediente principal, una vez transcurridos tres años de su archivo, ya que el juicio concluyó con una sentencia en la que se determinó por una parte sobreseer en el juicio de amparo y por la otra conceder la protección federal, es decir, encuadra en la hipótesis prevista en la fracción I, inciso b) del artículo 18 del Acuerdo General de referencia, que establece: "Artículo 18. Expedientes depurables. Son susceptibles de depuración los expedientes siguientes: (.) I. En los Juzgados de Distrito: (.) b) Los expedientes relativos a juicios de amparo en los que se haya negado o concedido la protección constitucional...". Asimismo, a consideración de este Juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental y no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General de referencia Una vez que transcurra el plazo que refiere el artículo dieciocho, primer tercero del Acuerdo General en cita, transfiérase al Centro de Documentación y Análisis. Háganse las anotaciones respectivas en la carátula del expediente para una mejor identificación del mismo. Devolución de documentos. Dado que no existen en autos documentos originales exhibidos por la parte quejosa no es necesario requerirla para que los recoja, como lo exige el artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Notifíquese.
- Principal
San Andrés Cholula, Estado de Puebla, diez de diciembre de dos mil veinte. Admisión de recurso de inconformidad. Visto el oficio de cuenta del Actuario Judicial adscrito al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, mediante el cual informa el contenido del acuerdo de tres de diciembre de dos mil veinte, dictado en el recurso de inconformidad número 21/2020, del que se advierte que se admitió a trámite el referido medio de impugnación interpuesto por la parte quejosa; atento a su contenido, agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio de cuenta, y tómese nota para los efectos legales conducentes. Cúmplase.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, dieciocho de noviembre de dos mil veinte. Recurso de inconformidad. Agréguese a los autos el escrito de la quejosa María Irma Teresita Hernández Roque, en atención a su contenido, se tiene por presentado el recurso de inconformidad en contra del proveído del veintiuno de octubre de dos mil veinte, en el que se tuvo por cumplida la ejecutoria de amparo. En tales condiciones, con fundamento en los artículos 201,202 y 203 de la Ley de Amparo, se tiene por interpuesta la inconformidad en contra de dicha determinación, por lo que a efecto de dar mayor celeridad y eficacia en la impartición de justicia, distribúyanse entre las partes copia simple del escrito que se provee, para su conocimiento y efectos legales procedentes, y una vez notificadas las mismas de este proveído, remítase el presente expediente al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, en turno, así como el original y copia simple del ocurso de inconformidad, y dos tomos de prueba, para la substanciación del mismo. Finalmente, con copia simple del escrito de cuenta y demás constancias relativas fórmese cuaderno de antecedentes en sustitución del expediente principal para constancia. Notifíquese; y por oficio al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y a las autoridades responsables.
- Principal
En veintiuno de octubre de dos mil veinte, la Secretaria da cuenta al Juez con el escrito registrado con el número de promoción 12152. Conste. San Andrés Cholula, Estado de Puebla, veintiuno de octubre de dos mil veinte. Parte quejosa desahoga vista. Agréguese a los autos el escrito de la quejosa María Irma Teresita Hernández Roque, mediante el cual desahoga la vista otorgada en proveído del trece de octubre del dos mil veinte, y realiza diversas manifestaciones respecto al cumplimiento dado por la autoridad responsable. Se declara cumplida la sentencia. En ese sentido, este órgano de control constitucional procede al análisis oficioso de dicho cumplimiento con base en los elementos que obran en el juicio; ello, atendiendo a los lineamientos establecidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el sentido de que el cumplimiento de las sentencias dictadas en los juicios de amparo, constituye una cuestión de orden público. Así, se tiene que mediante sentencia del catorce de marzo de dos mil diecinueve, por una parte se sobreseyó y por otra se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa. Mediante proveído del nueve de abril de dos mil diecinueve, se tuvo a la autoridad responsable Titular de la Oficina de Representación de la Coordinación Nacional Prospera Programa de Inclusión Social en el Estado de Puebla interponiendo recurso de revisión en contra de la citada sentencia, mismo que correspondió conocer al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, el cual en resolución del veinte de junio de ese año, confirmó la sentencia sujeta a revisión para los efectos precisados en la misma: "[1] La Delegada Estatal de Prospera Programa de Inclusión Social en el Estado, deje insubsistente el procedimiento administrativo que concluyó con la resolución del siete de junio del dos mil diecisiete, por la que se determinó la baja de la quejosa del padrón activo de familias beneficiarias. [2] La protección constitucional debe comprender también que la responsable otorgue a la quejosa los apoyos que hubiera dejado de percibir desde el siete de junio del dos mil diecisiete a la fecha en que se tenga por cumplimentada la presente sentencia, pues sólo de este modo se restituye en su integridad a las peticionaria de amparo en el derecho fundamental transgredido. [3] En el entendido que lo concluido en este fallo, no impide a la autoridad responsable iniciar otro procedimiento tendente a verificar si la quejosa actualmente cumple o no los criterios de elegibilidad del programa social Prospera, Programa de Inclusión Social, o el que actualmente lo hubiera sustituido en atención a las nuevas políticas sociales, siempre que en respeto a la garantía de previa audiencia contenida en el segundo párrafo del artículo 14 de la Constitución Federal, le notifique a la quejosa el inicio del procedimiento en su contra, le dé la oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque su defensa, y le permita alegar lo que a su derecho convenga. [4] En la inteligencia que para dar plena operatividad a ese derecho, las autoridades competentes deberán adoptar las medidas necesarias para garantizar que la parte quejosa comprenda las consecuencias del inicio del procedimiento administrativo de baja y la forma en que podrá defenderse, para lo cual deberán verificar que cuente, desde un inicio, con asistencia jurídica y, en todo momento, brindarle la posibilidad de defenderse con facilidad y sin tener que comprometer los pocos recursos que tiene a su alcance para satisfacer sus necesidades básicas. [5] Finalmente, dada la conclusión anterior, la Subdirectora de Atención Operativa de Prospera Programa de Inclusión Social en el Estado, deberá dejar sin efectos el oficio DEPP/1868/18, al haberse concluido que debe quedar insubsistente el procedimiento administrativo de origen." En mérito de lo anterior, mediante proveído del veintisiete de junio de dos mil diecinueve, se requirió a la autoridad responsable para que informara sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo y remitiera las constancias relativas para acreditarlo. Por oficio CNBBBJ/RE/PUE/110/2019, el Titular de la Oficina de Representación de la Coordinación Nacional Prospera Programa de Inclusión Social en el Estado de Puebla, hoy Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez, informó las gestiones tendentes al cumplimiento de la sentencia definitiva dictada en el presente juicio, y al efecto remitió copia certificada de diversas constancias, de las que se advierte que la autoridad responsable realizó lo siguiente: a) Dejó sin efectos la resolución de siete de junio de dos mil diecinueve, dictada en el expediente administrativo AOCE21-D03C-010-17-00927, a través del cual se había decretado la baja de la quejosa María Irma Teresita Hernández Roque del Programa PROSPERA. b) Dejó sin efectos el oficio DEPP/1868/18 del catorce de junio de dos mil dieciocho dictado por la Subdirectora de Atención Operativa de PROSPERA. c) Reactivó a la quejosa en el padrón de beneficiarios de PROSPERA. d) Determinó que la cantidad a pagar a la quejosa por concepto de apoyos dejados de percibir desde el siete de junio de dos mil diecisiete equivale a $5,700.00 (cinco mil setecientos pesos 00/100 moneda nacional). e) Solicitó al Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros (BANSEFI) la emisión de una nueva tarjeta bancaria para la quejosa con los recursos a devolver, para su entrega a la beneficiaria. f) Determinó que la quejosa dejó de reunir los requisitos para ser beneficiaria, toda vez que su familia no contaba con integrantes de 0 a 15 años de edad, ni con becarios inscritos al inicio del ciclo escolar 2018-2019, en educación básica, en educación inicial y/o educación media superior, conforme a lo establecido en el numeral 3.4 de las Reglas de Operación de PROSPERA, Programa de Inclusión Social para el ejercicio fiscal 2019. No obstante, toda vez que la autoridad responsable no acreditó haber respetado el derecho de audiencia previa a la privación del beneficio social, toda vez que no existía constancia de que se hubiese instrumentado un procedimiento para tal efecto y menos que se hubiere cumplido con las formalidades esenciales que le permitieran una adecuada defensa; esto es, la notificación del inicio del procedimiento, la oportunidad de ofrecer y desahogar pruebas; la posibilidad de formular alegatos; y el dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas; en proveído del dieciséis de julio de dos mil diecinueve, se le requirió acreditar lo anterior. Para tal efecto, por acuerdo del veinte de agosto de dos mil diecinueve, se recibieron diversas constancias por parte de la autoridad responsable, con las cuales acreditó lo siguiente: El veintinueve de julio de esta anualidad, se practicó una encuesta a la quejosa a efecto de actualizar la información socioeconómica y demográfica y verificar si cumple o no con los criterios de elegibilidad del programa S072 PROSPERA, Programa de Inclusión Social y del Programa Becas para el Bienestar Benito Juárez, la cual realizó en el domicilio de la quejosa, bajo los criterios que señalan las Reglas de Operación vigentes para el ejercicio fiscal 2019. En oficio CNBBBJ/DGIGAE/0178/2019 de doce de agosto de dos mil diecinueve, se determinó que con base en la encuesta practicada se concluyó que la quejosa no cumple con los criterios de elegibilidad. El resultado negativo de la encuesta se notificó a la quejosa mediante oficio CNBBBJ/RE/PUE/150/2019. Que la Recertificación es un proceso para la actualización continua de beneficiarios, que sirve para identificar a las familias que ya no cumplan con los criterios de exigibilidad; y que es un procedimiento diferente al de la Baja. Que quedaron a salvo los derechos para iniciar el procedimiento de baja previsto en el numeral 3.6.4.3 Baja del Padrón Activo. Asimismo, mediante oficio CNBBBJ/RE/PUE/286/2019, el Titular de la Oficina de Representación de la Coordinación Nacional Prospera Programa de Inclusión Social en el Estado de Puebla, hoy Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez, informó lo siguiente: El ocho de octubre de dos mil diecinueve, notificó personalmente a la parte quejosa el oficio REP/21/DA/0000741/2019, de cuatro de ese mes y año, con el que dio inicio al procedimiento administrativo de garantía de audiencia, en el que se le otorgó la oportunidad de ofrecer y desahogar pruebas; la posibilidad de formular alegatos; y el dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas. Luego, por auto del dieciséis de agosto del año próximo anterior, se admitió el incidente de liquidación de sentencia, al existir una diferencia clara entre la cantidad propuesta por la autoridad -$5,700.00 (cinco mil setecientos peso 00/100 moneda nacional)-, y la pretendida por la parte quejosa -$37,050.00 (treinta y siete mil cincuenta pesos 00/100 moneda nacional)-. No obstante, el Titular de la Oficina de Representación de la Coordinación Nacional Prospera Programa de Inclusión Social en el Estado de Puebla, hoy Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez, acreditó haber realizado el depósito correspondiente a la cuenta de la quejosa María Irma Teresita Hernández Roque la cantidad propuesta equivalente a $5,700.00 (cinco mil setecientos peso 00/100 moneda nacional), por concepto de devolución de los apoyos dejados de percibir desde el siete de junio de dos mil diecisiete con motivo del Programa de Inclusión Social PROSPERA. Posteriormente, el treinta de octubre de dos mil diecinueve, se resolvió el incidente de liquidación de sentencia, en la cual se determinó lo siguiente: "PRIMERO. Resulta procedente el incidente de liquidación planteado por María Irma Teresita Hernández Roque. SEGUNDO. Se regula la planilla de liquidación de sentencia, para el cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada en favor de la quejosa María Irma Teresita Hernández Roque, por la cantidad precisada en el considerando último de esta resolución incidental." En ese sentido, mediante proveído del trece de noviembre de dos mil diecinueve, se tuvo a la autoridad responsable interponiendo recurso de queja en contra de la citada interlocutoria, mismo que correspondió conocer al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, el cual en resolución del trece de agosto de dos mil veinte, declaró infundado dicho medio de impugnación. Por tanto, se requirió al Titular de la Oficina de Representación de la Coordinación Nacional Prospera Programa de Inclusión Social en el Estado de Puebla, hoy Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez, para que diera cumplimiento la ejecutoria dictada en el juicio de amparo del que emanó el incidente de liquidación de sentencia dictado el treinta de octubre de dos mil diecinueve, esto es, para que pagara a la impetrante el remanente por la cantidad de $1,900.00 pesos, -pues como quedó evidenciado en dicha interlocutoria, la responsable acreditó haber depositado la cantidad de cinco mil setecientos pesos a la quejosa-. Así las cosas, por oficio CNBBBJ/RE/PUE/601/2020, la responsable informó el pago de dicho remanente -$1,900.00 pesos-, tal como se muestra enseguida: A partir de lo anterior, se aprecia que la responsable dio cumplimiento al fallo protector, puesto que atendió en su totalidad los efectos de la sentencia concesoria de amparo. Contestación de las manifestaciones del quejoso. Por otra parte, de autos se advierte que en auto del diecisiete de octubre de dos mil diecinueve, se reservó proveer respecto de las manifestaciones de la parte quejosa, en torno al cumplimiento de la responsable a la ejecutoria de amparo, en el sentido siguiente: Que efectivamente la responsable dio cumplimiento notificando de forma personal el inicio de procedimiento administrativo Con respecto al total cumplimiento total de la sentencia, aún no estaba cumplida ya que quedaba pendiente por resolver el monto real que adeudaba la autoridad responsable dentro del incidente de liquidación de sentencia. Asimismo en su escrito de cuenta, la quejosa aduce que la suma de las cantidades de $5,700.00 y $1,900.00, no corresponden legalmente a lo que rezan las Reglas de Operación para el ejercicio 2016 y 2017, por tanto, exhibe una nueva cuantificación actualizada de montos mensuales, hasta el mes de octubre del año en curso. Al respecto, hágase saber a la justiciable lo siguiente: Por lo que respecta al año 2019 y 2020, debe recordarse que los efectos de la concesión del amparo fueron para lo siguiente: "[2] La protección constitucional debe comprender también que la responsable otorgue a la quejosa los apoyos que hubiera dejado de percibir desde el siete de junio del dos mil diecisiete a la fecha en que se tenga por cumplimentada la presente sentencia, pues sólo de este modo se restituye en su integridad a las peticionaria de amparo en el derecho fundamental transgredido. [3] En el entendido que lo concluido en este fallo, no impide a la autoridad responsable iniciar otro procedimiento tendente a verificar si la quejosa actualmente cumple o no los criterios de elegibilidad del programa social Prospera, Programa de Inclusión Social, o el que actualmente lo hubiera sustituido en atención a las nuevas políticas sociales, siempre que en respeto a la garantía de previa audiencia contenida en el segundo párrafo del artículo 14 de la Constitución Federal, le notifique a la quejosa el inicio del procedimiento en su contra, le dé la oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque su defensa, y le permita alegar lo que a su derecho convenga." En ese sentido, si bien es cierto se concedió el amparo para que la autoridad responsable otorgara a la quejosa los apoyos que hubiera dejado de percibir desde el siete de junio del dos mil diecisiete a la fecha en que se tuviera por cumplimentada la sentencia, también lo es que se dio libertad de jurisdicción a la autoridad para iniciar otro procedimiento tendente a verificar si la quejosa actualmente cumplía o no los criterios de elegibilidad del programa social Prospera, Programa de Inclusión Social, o el que actualmente lo hubiera sustituido en atención a las nuevas políticas sociales, siempre que se garantizará el respeto a la garantía de previa audiencia contenida en el segundo párrafo del artículo 14 de la Constitución Federal. En ese orden de ideas, de autos se advierte que la autoridad responsable llevó a cabo el proceso de recertificación en el que concluyó que la quejosa no cumple con los criterios de elegibilidad para continuar activa en el programa para el año dos mil diecinueve, mismo que le fue notificado de forma personal el catorce de agosto del año pasado (foja 427). Asimismo, mediante oficio REP/21/DA/0000741/2019 de cuatro de octubre de dos mil diecinueve, la autoridad responsable inició el procedimiento de baja del padrón activo a la quejosa, el cual le fue notificado de manera personal el ocho siguiente (fojas 575 a 579). En consecuencia, al existir un procedimiento de baja en contra de la quejosa por considerar que no cumple con los criterios de elegibilidad para continuar activa en el programa prospera para el ejercicio fiscal 2019; y por ende para el ejercicio fiscal 2020, no se podría ordenar que se le entreguen los beneficios correspondientes a esos ejercicios fiscales, pues precisamente ese tópico se definirá una vez que se desahogue el procedimiento que se radicó para tal efecto, en donde la quejosa podrá alegar lo que a su interés convenga respecto a esa determinación, aunado a que dicho procedimiento podría ser favorable a sus intereses, por ello los ejercicios fiscales 2019 y 2020, no fueron materia en la incidencia del treinta de octubre de dos mil diecinueve. Tocante a que la autoridad no desglosó las cantidades que a su parecer le corresponden, resulta necesario precisar que mediante oficio de siete de agosto de dos mil diecinueve, la autoridad responsable desglosó éstas, siendo un total de cinco mil setecientos pesos, como se advierte enseguida. Además, dichas cuestiones ya fueron materia del incidente de liquidación, pues en dicha incidencia se otorgó a las partes la oportunidad de ofrecer las pruebas que estimaren pertinentes y realizar las manifestaciones que a su interés legal conviniera. Máxime que, el perito de la autoridad responsable y el perito oficial, especialistas en contabilidad; rindieron sus respectivos dictámenes periciales. En consecuencia, contrario a lo que manifiesta la quejosa, se estima que se colmaron los alcances del fallo protector; por tanto, se declara que el fallo protector ha quedado cumplido en su totalidad, sin excesos ni defectos, en términos del tercer párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo. Finalmente, hágase del conocimiento a las partes este proveído para los efectos establecidos en los artículos 201 y 202 de la Ley de Amparo, y previas las anotaciones en el libro de gobierno, quedan a salvo sus derechos para que los hagan valer en la vía y forma que consideren convenientes. Notifíquese, y personalmente a la parte quejosa.
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