Maria Irene Moctezuma Flores

Expediente 574/2023 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 3 actuaciones registradas, la última del 15 de mayo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
574/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
15/05/2023

Partes del expediente

  • Maria Irene Moctezuma Flores

Actuaciones

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Estado de Puebla, quince de mayo de dos mil veintitrés. Tribunal colegiado informa la radicación del incidente de inejecución de sentencia. Agréguese a los autos el oficio que remite el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, mediante el cual hace del conocimiento el contenido del proveído de ocho de mayo de dos mil veintitrés, dictado en los autos del incidente de inejecución de sentencia ********************, del que destaca que se radicó a trámite el incidente en comento. Notifíquese.

  2. Principal

    San Andrés Cholula, Estado de Puebla, veinticinco de abril de dos mil veintitrés. Autoridades remiten constancias. Visto los oficios del Presidente por Ministerio de Ley de la Junta Especial número Treinta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado Puebla y su Actuario adscrito; atento a sus contenidos, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se tiene por rendido el informe justificado de las autoridades oficiantes. Pruebas. Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, téngasele como pruebas las documentales que se anexa el Presidente de la Junta responsable en su oficio de cuenta. Sobreseimiento fuera de audiencia constitucional. Ante todo, debe tenerse presente que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 62 de la ley de la materia, las causas de improcedencia del juicio de amparo deben analizarse preferentemente al fondo del asunto, ya sea que las aleguen las partes o que se adviertan de oficio, por tratarse de una cuestión de orden de público. En la especie, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. Del precepto legal transcrito se advierte que el juicio de amparo es improcedente, cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado, es decir, cuando éste haya sido derogado, revocado o nulificado y sus efectos sean destruidos de manera absoluta, completa e incondicional, de tal suerte que haya quedado restablecida, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio y por virtud de ello el correspondiente acto no agravie al quejoso; es decir, se dejan de afectar los derechos fundamentales del gobernado, como si nunca hubiere existido el acto de autoridad o se hubiere concedido el amparo caso en el que el juicio de amparo carecería de litis sobre la cual hacer un pronunciamiento de fondo. Bajo esa óptica jurídica, se precisa que en relación con el acto reclamado consistente en la dilación procesal de notificar a la parte demanda el laudo de diez de noviembre de dos mil veintidós emitido dentro del juicio laboral 934/2016 del índice de la Junta Especial número treinta y tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado Puebla, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. Lo anterior, debido a que el Presidente de la Junta Especial Número treinta y tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Puebla, remitió las constancias relativas a la notificación de las partes respectos del laudo de fecha diez de noviembre de dos mil veintidós emitido en el juicio laboral 934/2016 de su índice, de la que se advierte que se llevó a cabo la notificación. En efecto, de las constancias recibidas se advierte que se llevó a cabo la notificación a las partes del laudo emitido en fecha diez de noviembre de dos mil veintidós, los pasados cinco y once de enero de dos mil veintitrés. No pasa inadvertido que las constancias de notificación se realizaron previas a la promoción del juicio de amparo; sin embargo, esa circunstancia no impide actualizar la causa de improcedencia objeto de estudio, ya que la parte quejosa manifestó en su demanda de derechos que desconocía que ya se hubiere practicado la notificación a la parte demandada, lo cual conocerá a través del presente proveído. En consecuencia, dado que ha cesado la omisión reclamada, los efectos de los actos reclamados desaparecieron o se destruyeron de forma inmediata, total e incondicional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiese invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí huella alguna de dicha afectación. Por tanto, se concluye que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo y, por ende, procede sobreseer en el presente juicio de amparo fuera de audiencia constitucional, de conformidad con lo dispuesto por el ordinal 63, fracción V, de la norma citada. En esas circunstancias, al haberse sobreseído el juicio de amparo, se deja sin efectos la audiencia constitucional que se tenía programada. Finalmente, dese de alta el presente sobreseimiento en el módulo de sentencias contenido en el SISE, así como en el libro de registro electrónico que se lleva a cabo en este Juzgado Federal y, en su oportunidad, archívese el presente asunto como totalmente concluido. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa con copia del oficio de cuenta.

  3. Principal

    San Andrés Cholula, Estado de Puebla, veintisiete de marzo de dos mil veintitrés. Se levantan reservas. Visto el estado procesal que guardan los autos, se advierte que mediante proveído de veintidós de febrero de dos mil veintitrés, se ordenó la búsqueda oficiosa del domicilio de la parte tercera interesada Beatriz Hernández Vázquez, por lo que a la fecha ya se cuenta con la información requerida para efecto de ordenar su emplazamiento. En consecuencia, se levantan todas las reservas con relación a la información proporcionada respecto de la búsqueda oficiosa, y se ordena el emplazamiento en los domicilios proporcionados, sin perjuicio de que posteriormente se tenga conocimiento de un domicilio distinto y se ordene su emplazamiento en caso de no haber sido encontrada en los domicilios precisados más adelante. Emplazamiento por conducto de actuario. Atento a lo anterior, con fundamento en los artículos 26, fracción I, inciso b), y 27 de la Ley de Amparo, se ordena emplazar de manera personal a Beatriz Hernández Vázquez por conducto de cualquiera de las personas actuarias adscritas a este Juzgado en los domicilios siguientes: c.... Por lo que se faculta a la persona actuaria a fin de que realice lo siguiente: A. Emplace a la parte tercera interesada; B. Le corra traslado con copia de la demanda de amparo, auto admisorio y del presente proveído; C. Le haga saber la fecha y hora de la audiencia constitucional. D. La requiera para que en el plazo de tres días, previsto en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado en forma supletoria a la Ley de Amparo, señale domicilio procesal en la residencia de este Juzgado de Distrito o en la zona conurbada; y, E. La aperciba que, de no hacerlo, las subsecuentes notificaciones, aun las de carácter personal, se le harán por medio de lista, con fundamento en el artículo 26, fracción III, de la Ley de Amparo. Diferimiento de audiencia constitucional. En tal sentido, para dar margen a lo anterior, con fundamento en los artículos 117 y 124 de la Ley de Amparo, procede diferir la audiencia constitucional. Se señalan para su celebración las once horas con cincuenta minutos del diecinueve de abril de dos mil veintitrés. Sirve de fundamento, la tesis aislada: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, SEÑALAMIENTO DE. Si bien es cierto que conforme al artículo 147 de la Ley de Amparo, debe señalarse en el auto en que se admite la demanda, día y hora para la celebración de la audiencia, a más tardar dentro del término de treinta días, también lo es que esta disposición legal debe entenderse en términos hábiles, armonizándolo con las dificultades que en la práctica se presente, toda vez que siendo muchos los negocios que se ventilan en los tribunales federales, humanamente sería imposible observar la ley a este respecto. Consecuentemente, no es ilegal la resolución de un Juez de Distrito que cita para la celebración de la audiencia una fecha posterior a los treinta días que marca la ley, si tal señalamiento obedece a necesidades imperiosas y no a mala fe o dolo de parte del juzgador." Notifíquese; y de manera personal a la parte tercera interesada.

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