Maria Ines Rodriguez Vazquez

Expediente 741/2022 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 2 actuaciones registradas, la última del 2 de agosto de 2022.

Datos del expediente

Expediente
741/2022
Año
2022
Actuaciones
2
Última actuación
02/08/2022

Partes del expediente

  • Maria Ines Rodriguez Vazquez

Actuaciones

  1. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, dos de agosto de dos mil veintidós. Téngase recibido y agréguese a los autos el oficio de cuenta remitido vía electrónica por la Secretaria del Juzgado Decimoprimero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, por medio del cual devuelve debidamente diligenciado el exhorto 71/2022-V, orden 90/2022-V, que este órgano constitucional le giró a fin de notificar personalmente a la aquí quejosa. Sin que haya lugar a acusar recibo, toda vez que el mismo se genera automáticamente en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Ahora bien, de la comunicación oficial de cuenta, se desprende que el cuatro de julio del año en curso se notificó a la parte quejosa el proveído de siete de junio anterior, en el que se desechó de plano la demanda de amparo. En ese sentido y en atención a la certificación que antecede, se advierte que transcurrió el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido el proveído por el que se desechó la demanda de amparo; en consecuencia, con fundamento en la fracción II, del numeral 356 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado; háganse las anotaciones correspondientes en el libro respectivo. Ahora bien, visto el estado que guardan los autos y toda vez que no hay promociones pendientes por acordar, ni actuaciones qué practicar en el expediente en que se actúa, archívese como asunto concluido, previa anotación que se haga en el libro correspondiente. Acorde a lo establecido en el artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, debido a que se desechó la demanda constitucional, lo cual causó estado en esta fecha, este expediente es susceptible de destrucción, lo que deberá hacerse constar en la carátula del expediente, como lo estipula el artículo 35, párrafo segundo del Acuerdo General en cita; destrucción que deberá llevarse a cabo una vez cumplido el plazo de tres años contado a partir del dictado del presente proveído y realizarse dentro de los treinta días siguientes de que haya transcurrido el término referido, debiendo remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y??????????? Documentación. Sin que en el caso obre algún documento original presentado por las partes que por sus características deba ser devuelto. En la inteligencia de que en el caso, no se trata de un asunto que por su valor jurídico, histórico o de relevancia documental deba conservarse; lo que se precisa para los efectos a que se contrae el artículo 3º fracción II del citado Acuerdo General. Notifíquese.

  2. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, siete de junio de dos mil veintidós. Vista la demanda promovida por María Inés Rodríguez Vázquez, contra actos del Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos y otras autoridades, con seis copias que se acompañan; fórmese el expediente y regístrese con el consecutivo 741/2022-V. Del análisis integral de la demanda se advierte que la misma es notoriamente improcedente, lo que conduce a desecharla de plano, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo. Conforme al numeral 62, de la propia ley de la materia se advierte la diversa obligación del Juez de Distrito que conozca del juicio de amparo, debe examinar de modo preferente la procedencia del juicio de amparo, por ser un cuestión de orden público. Acorde con lo anterior, este juzgador federal emprenderá el estudio de la causal de improcedencia que de manera oficiosa advierte, prevista en el artículo 61, fracción XII, en relación con el dispositivo 5°, fracción I, de la Ley Reglamentaria de los preceptos 103 y 107 de la Constitución Federal. En este orden de ideas, de acuerdo con el sistema consagrado en el artículo 107 constitucional y en el invocado artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, el ejercicio de la acción de amparo se reserva únicamente a la parte a quien perjudique el acto jurisdiccional o la norma general que se reclame, entendiéndose como perjuicio la afectación por la actuación de una autoridad o por la ley de un derecho legítimamente tutelado, el que desconocido o violado, otorga al afectado la facultad para acudir ante el órgano jurisdiccional competente a efecto de que ese derecho protegido por la ley le sea reconocido o que no le sea violado, configurando el interés jurídico que la Ley de Amparo establece para la procedencia del juicio constitucional. Así, se tiene que para acudir al juicio de amparo es necesario que exista un acto autoritario que, según la apreciación subjetiva del gobernado, sea violatorio de sus derechos fundamentales. Cabe señalar que no basta que exista el acto de autoridad para que prospere el juicio constitucional, sino que es necesario que el accionante de amparo acredite que dicho acto afecta su esfera de derechos subjetivos otorgados por la ley. Luego, en el presente asunto no se actualizan las hipótesis aducidas para tener por acreditado el interés legítimo, esto porque, en primer lugar, es claro que la situación jurídica de la parte demandante no es distinta a la del resto de los gobernados, pues aun cuando demostrara ejercer alguna profesión relacionada con la salud o prestar sus servicios en el sector público, los actos que se reclaman (la contratación de médico extranjeros y sus consecuencias) no incidirían en su esfera jurídica, esto es, de ninguna forma podrían crear, modificar o extinguir los derechos de la parte que aquí se dice agraviada, en la medida en que la contratación de que se trata no limitaría sus derechos fundamentales, dado que existen diferentes sectores públicos o áreas de la salud en que se puede ejercer la mencionada actividad profesional. Inclusive debe destacarse que la contratación que se pretende impugnar y sus consecuencias jurídicas, son actos en los que el Gobierno de México participa en su carácter de empleador, esto es, no provienen de una autoridad para efectos del juicio de amparo, sobre los cuales igualmente es improcedente el juicio constitucional de conformidad con el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 5º, fracción II, aplicado en sentido contrario, ambos de la ley de la materia. En esa tesitura, al actualizarse la invocada causa de improcedencia, se desecha de plano la demanda constitucional, con fundamento en el numeral 113 de la Ley de Amparo. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa el que indica en el proemio de la demanda y como autorizados en términos amplios del artículo 12, del ordenamiento legal en cita, a Valente Arizabalo Priego y Edmundo Aput Vite quienes cuentan con sus cédulas profesionales registradas en el sistema computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; y en términos restringidos del aludido numeral a Ruperto Martínez Gómez y Alejandro Romel Martínez, al no contar con el requisito anterior; y en los mismos términos a Miguel Ángel Martagon y Diana Gutiérrez García, por así solicitarlo. Notifíquese; hágase vía exhorto a la quejosa.

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