María Guadalupe Zárate Nava
Expediente 773/2021 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 27 actuaciones registradas, la última del 24 de noviembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 773/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 27
- Última actuación
- 24/11/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- María Guadalupe Zárate Nava
Actuaciones
Las 4 más recientes de 27.
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, veinticuatro de noviembre de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el escrito signado por la quejosa María Guadalupe Zarate Nava; en atención a su contenido, con fundamento en el artículo 8° constitucional, así como en lo dispuesto por el Acuerdo General Conjunto 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico, en su artículo 12, inciso I), se autorizan las notificaciones de las determinaciones que deriven del presente asunto, por conducto del usuario proporcionado "lic.mayra.figueroa". Finalmente, en cuanto a lo manifestado respecto al cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo por parte de la responsable, dígase que se esté a lo acordado en proveído de veintitrés del presente mes y año. Notifíquese.
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, veintitrés de noviembre de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los autos, tomando en consideración que se dio vista a las partes quejosa y tercero interesada con el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo; con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, este juzgado procede a analizar si se encuentra cumplida. El cuatro de febrero de dos mil veintidós, se negó el amparo y protección de la Justicia Federal. Contra el aludido fallo se interpuso recurso de revisión, del cual le tocó conocer al Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito, registrándolo con el expediente 160/2022, y por ejecutoria de veintidós de septiembre de dos mil veintidós, la superioridad determinó revocar el fallo impugnado y conceder la tutela federal precisando textualmente lo siguiente: "PRIMERO. Se revoca la sentencia de cuatro de febrero de dos mil veintidós, dictada por la Juez Octavo de Distrito en el juicio de amparo número 773/2021-IV. SEGUNDO. La Justicia de la Unión ampara y protege a María Guadalupe Zárate Nava, contra la autoridad y por el acto que especificados quedaron en el resultando primero de esta ejecutoria y para los efectos indicados en la parte final de esta ejecutoria." Siendo los efectos, los siguientes: "1° Deje sin efecto la sentencia interlocutoria de veinticuatro de junio de dos mil veintiuno. 2° Emita otra. 3° En ésta, analice el fondo de los agravios que le fueron formulados en el recurso de queja y si eventualmente los llegara a considerar fundados, reasuma jurisdicción y resuelva el incidente de fondo, con la única limitante de que deberá hacerlo atendiendo a las manifestaciones producidas por las partes y las pruebas aportadas para ello. 4° Con plenitud de jurisdicción y, de haberse acreditado la existencia del dado o cubo de concreto construido en el terreno materia del contrato de arrendamiento, resuelva si el gasto que pudo a haber erogado la parte actora para su demolición fue o no en ejecución de sentencia." En acatamiento a la ejecutoria de amparo, la Magistrada Presidenta del Supremo Tribunal de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado, remitió copia certificada de la determinación de veinte de octubre del año en curso, dictada en los autos del expediente 42-21, de la que se desprende que el Pleno responsable dejó insubsistente la resolución de veinticuatro de junio de dos mil veintidós, dictada en el toca 36/2021, relativo al recurso de queja interpuesto en contra de la interlocutoria dictada por el Juez Tercero Civil de esta capital, el dos de marzo de dos mil veintiuno, que resolvió el incidente de liquidación de gastos en ejecución en el expediente número 1399/2015, relativo al juicio extraordinario civil promovido por la quejosa en contra de la aquí tercero interesada. Así al dictar la nueva resolución, se desprende que se analizaron los agravios que le fueron formulados en el recurso de queja, los cuales declaró fundados en razón de que se consideró que era inexacto que la demandada entregara voluntariamente el inmueble arrendado, por lo que el a quo partió de una premisa incorrecta. Aunado a ello, se determinó que también aquél plasmó incorrectamente que resolvía un incidente de liquidación de intereses, cuando lo correcto era establecer que se estaba resolviendo un incidente de liquidación de gastos de ejecución. De igual forma, se estimó que asistía razón a la quejosa, en el sentido de que no era un motivo para desestimar el incidente propuesto, la circunstancia de que la demandada no fuera condenada a demoler el dado de concreto, ya que en términos de lo dispuesto en el numeral 1005 del Código Procesal Civil, los gastos de ejecución son futuros e inciertos. Por lo cual, dejó sin efectos la interlocutoria señalada, y reasumiendo jurisdicción, resolvió el incidente de fondo, atendiendo a las manifestaciones producidas por las partes y, las pruebas que se aportaron para ello, como eran las actuaciones que obraban en el expediente; la factura aportada por la actora; así como fotografías anexadas a la incidencia, para concluir que se encuentra acreditada la acción que en vía incidental promovió la ejecutante, ante la existencia del dado o cubo de concreto construido en el terreno materia del contrato de arrendamiento, siendo así que el gasto que erogó la parte actora para su demolición fue en ejecución de sentencia. Y del mismo modo, se tiene que dio respuesta a las manifestaciones de la parte de la demandada, en los términos ahí expuestos. En ese orden de ideas, de lo anterior se tiene que la autoridad responsable dejó sin efectos la resolución reclamada y, emitió otra en la que analizó los agravios expresados por la recurrente, determinando que aquéllos eran fundados, por lo cual, reasumió jurisdicción y, resolvió el incidente de fondo, atendiendo a las manifestaciones producidas por las partes y las pruebas aportadas para ello; para concluir la existencia del cubo o dado de concreto, el cual no se estimó como una mejora, por lo que la demandada debió sacarlo del inmueble, y ante la demolición del mismo a costa de la actora, se consideró que ese gasto formaba parte de la ejecución de la sentencia, condenando a la parte demandada al pago solicitado. Por tanto, es indiscutible que con ello se dio cumplimiento a la sentencia de amparo. En consecuencia, con fundamento en el artículo 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se declara cumplida la ejecutoria de que se trata, sin que se haya incurrido en exceso o defecto al dar cumplimiento a la misma. Por otra parte, visto el estado que guardan los autos y toda vez que no hay promociones pendientes por acordar, ni actuaciones que practicar en el expediente en que se actúa, archívese como asunto concluido, previa anotación que se haga en el libro correspondiente. Acorde a lo establecido en el artículo 18 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, debido a que en el presente asunto se concedió la protección constitucional solicitada, este expediente es susceptible de depuración. Por consiguiente, dicho expediente deberá permanecer en este juzgado por un lapso de tres años, contado a partir del presente auto en el que se ordena su archivo y transcurrido aquél, dentro del término de noventa días deberá procederse a su depuración, para su posterior transferencia; sin que en el caso obre algún documento original presentado por las partes que por sus características deba ser devuelto. Hágase constar la valoración del expediente referido en la carátula respectiva, como lo prevé el artículo 35, párrafo segundo del Acuerdo General en cita. En la inteligencia de que en el caso, no se trata de un asunto que por su valor jurídico, histórico o de relevancia documental deba conservarse; lo que se precisa para los efectos a que se contrae el artículo 3º fracción II del citado Acuerdo General. Por último, se hace del conocimiento de la autoridad responsable, que la constancia de notificación relativa al oficio que deriva de esta determinación, hace las veces de acuse de recibo, por lo que es innecesario informar de dicha circunstancia a través de una diversa comunicación oficial. Notifíquese; hágase personalmente a la parte quejosa y tercero interesada.
- Principal
EN ESTA FECHA SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA DETERMINACIÓN QUE EN LO CONDUCENTE DICE: San Luis Potosí, San Luis Potosí, veintitrés de noviembre de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los autos, tomando en consideración que se dio vista a las partes quejosa y tercero interesada con el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo; con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, este juzgado procede a analizar si se encuentra cumplida. El cuatro de febrero de dos mil veintidós, se negó el amparo y protección de la Justicia Federal. Contra el aludido fallo se interpuso recurso de revisión, del cual le tocó conocer al Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito, registrándolo con el expediente 160/2022, y por ejecutoria de veintidós de septiembre de dos mil veintidós, la superioridad determinó revocar el fallo impugnado y conceder la tutela federal precisando textualmente lo siguiente: "PRIMERO. Se revoca la sentencia de cuatro de febrero de dos mil veintidós, dictada por la Juez Octavo de Distrito en el juicio de amparo número 773/2021-IV. SEGUNDO. La Justicia de la Unión ampara y protege a María Guadalupe Zárate Nava, contra la autoridad y por el acto que especificados quedaron en el resultando primero de esta ejecutoria y para los efectos indicados en la parte final de esta ejecutoria." Siendo los efectos, los siguientes: "1° Deje sin efecto la sentencia interlocutoria de veinticuatro de junio de dos mil veintiuno. 2° Emita otra. 3° En ésta, analice el fondo de los agravios que le fueron formulados en el recurso de queja y si eventualmente los llegara a considerar fundados, reasuma jurisdicción y resuelva el incidente de fondo, con la única limitante de que deberá hacerlo atendiendo a las manifestaciones producidas por las partes y las pruebas aportadas para ello. 4° Con plenitud de jurisdicción y, de haberse acreditado la existencia del dado o cubo de concreto construido en el terreno materia del contrato de arrendamiento, resuelva si el gasto que pudo a haber erogado la parte actora para su demolición fue o no en ejecución de sentencia." En acatamiento a la ejecutoria de amparo, la Magistrada Presidenta del Supremo Tribunal de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado, remitió copia certificada de la determinación de veinte de octubre del año en curso, dictada en los autos del expediente 42-21, de la que se desprende que el Pleno responsable dejó insubsistente la resolución de veinticuatro de junio de dos mil veintidós, dictada en el toca 36/2021, relativo al recurso de queja interpuesto en contra de la interlocutoria dictada por el Juez Tercero Civil de esta capital, el dos de marzo de dos mil veintiuno, que resolvió el incidente de liquidación de gastos en ejecución en el expediente número 1399/2015, relativo al juicio extraordinario civil promovido por la quejosa en contra de la aquí tercero interesada. Así al dictar la nueva resolución, se desprende que se analizaron los agravios que le fueron formulados en el recurso de queja, los cuales declaró fundados en razón de que se consideró que era inexacto que la demandada entregara voluntariamente el inmueble arrendado, por lo que el a quo partió de una premisa incorrecta. Aunado a ello, se determinó que también aquél plasmó incorrectamente que resolvía un incidente de liquidación de intereses, cuando lo correcto era establecer que se estaba resolviendo un incidente de liquidación de gastos de ejecución. De igual forma, se estimó que asistía razón a la quejosa, en el sentido de que no era un motivo para desestimar el incidente propuesto, la circunstancia de que la demandada no fuera condenada a demoler el dado de concreto, ya que en términos de lo dispuesto en el numeral 1005 del Código Procesal Civil, los gastos de ejecución son futuros e inciertos. Por lo cual, dejó sin efectos la interlocutoria señalada, y reasumiendo jurisdicción, resolvió el incidente de fondo, atendiendo a las manifestaciones producidas por las partes y, las pruebas que se aportaron para ello, como eran las actuaciones que obraban en el expediente; la factura aportada por la actora; así como fotografías anexadas a la incidencia, para concluir que se encuentra acreditada la acción que en vía incidental promovió la ejecutante, ante la existencia del dado o cubo de concreto construido en el terreno materia del contrato de arrendamiento, siendo así que el gasto que erogó la parte actora para su demolición fue en ejecución de sentencia. Y del mismo modo, se tiene que dio respuesta a las manifestaciones de la parte de la demandada, en los términos ahí expuestos. En ese orden de ideas, de lo anterior se tiene que la autoridad responsable dejó sin efectos la resolución reclamada y, emitió otra en la que analizó los agravios expresados por la recurrente, determinando que aquéllos eran fundados, por lo cual, reasumió jurisdicción y, resolvió el incidente de fondo, atendiendo a las manifestaciones producidas por las partes y las pruebas aportadas para ello; para concluir la existencia del cubo o dado de concreto, el cual no se estimó como una mejora, por lo que la demandada debió sacarlo del inmueble, y ante la demolición del mismo a costa de la actora, se consideró que ese gasto formaba parte de la ejecución de la sentencia, condenando a la parte demandada al pago solicitado. Por tanto, es indiscutible que con ello se dio cumplimiento a la sentencia de amparo. En consecuencia, con fundamento en el artículo 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se declara cumplida la ejecutoria de que se trata, sin que se haya incurrido en exceso o defecto al dar cumplimiento a la misma. Por otra parte, visto el estado que guardan los autos y toda vez que no hay promociones pendientes por acordar, ni actuaciones que practicar en el expediente en que se actúa, archívese como asunto concluido, previa anotación que se haga en el libro correspondiente. Acorde a lo establecido en el artículo 18 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, debido a que en el presente asunto se concedió la protección constitucional solicitada, este expediente es susceptible de depuración. Por consiguiente, dicho expediente deberá permanecer en este juzgado por un lapso de tres años, contado a partir del presente auto en el que se ordena su archivo y transcurrido aquél, dentro del término de noventa días deberá procederse a su depuración, para su posterior transferencia; sin que en el caso obre algún documento original presentado por las partes que por sus características deba ser devuelto. Hágase constar la valoración del expediente referido en la carátula respectiva, como lo prevé el artículo 35, párrafo segundo del Acuerdo General en cita. En la inteligencia de que en el caso, no se trata de un asunto que por su valor jurídico, histórico o de relevancia documental deba conservarse; lo que se precisa para los efectos a que se contrae el artículo 3º fracción II del citado Acuerdo General. Por último, se hace del conocimiento de la autoridad responsable, que la constancia de notificación relativa al oficio que deriva de esta determinación, hace las veces de acuse de recibo, por lo que es innecesario informar de dicha circunstancia a través de una diversa comunicación oficial. Notifíquese; hágase personalmente a la parte quejosa y tercero interesada.
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, nueve de noviembre de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el ocurso de cuenta signado electrónicamente por Mayra Alicia Figueroa Gallegos, autorizada en términos amplios de la parte quejosa; mediante el cual realiza manifestaciones en relación con el cumplimiento dado a la ejecutoria dictada en este asunto por parte de la responsable; mismas que serán tomadas en consideración al momento de realizar la calificación respectiva. En relación con su solicitud de notificaciones por la vía que refiere, dígase que no ha lugar a acordar de conformidad con lo solicitado, dado que dicha facultad corresponde exclusivamente al quejoso o en su caso al tercero interesado, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 12 de la Ley de amparo. Notifíquese.
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