María Inés Rita González Calvario
Expediente 1090/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 11 actuaciones registradas, la última del 7 de marzo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1090/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 11
- Última actuación
- 07/03/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala · Tlaxcala
Partes del expediente
- María Inés Rita González Calvario
Actuaciones
Las 4 más recientes de 11.
- Principal
Apizaco, Tlaxcala, a siete de marzo de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta y el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que transcurrió el plazo de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa interpusiera el recurso de revisión que prevé el artículo 81, fracción I, inciso e), de dicho ordenamiento, contra la sentencia con engrose de diecisiete de febrero de dos mil veintitrés, en la que en su primer resolutivo sobreseyó y en el segundo negó la protección constitucional en el presente juicio de amparo; en tal virtud, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2º, se declara que dicha sentencia ha CAUSADO EJECUTORIA. Sin que sea el caso realizar el cómputo a las demás partes para la interposición del citado recurso, en atención a que lo resuelto no les irroga perjuicio alguno. En esas condiciones, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como totalmente concluido y se ordena su archivo judicial en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Conforme a lo anterior y toda vez que en el presente asunto se sobreseyó y se negó la protección constitucional a la parte quejosa, con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General en cita, el presente expediente es DEPURABLE; por lo que transcurrido el plazo de tres años, posterior a la emisión de este proveído, deberá procederse a su depuración, para lo cual sólo deberá conservarse la demanda de amparo, la sentencia que puso fin al juicio y el presente acuerdo. De igual forma, con apoyo en el artículo 15 del Acuerdo de referencia, se especifica que el presente expediente carece de relevancia documental, por no reunir las características a que se refiere el numeral invocado. En mérito de lo anterior, se ordena el desglose de las constancias que adjuntaron las autoridades responsables a sus respectivos informes justificados, consistentes en copia certificada de los expedientes 268/2022-POL y 248/2022-D de los de la estadística del Juzgado Primero de lo Laboral del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala y del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala, respectivamente, las cuales obran a fojas 30 a la 47, de la 57 a la 84; y, 92 a la 120, sin que sea necesario requerir por el acuse de recibo, toda vez que el mismo correrá agregado en autos, una vez realizada la devolución correspondiente. No se omite señalar que tal como se precisó en la certificación, existen documentos catalogados como no originales que exhibió la parte quejosa en su escrito de demanda, respecto de los cuales se autoriza su devolución en caso de que así lo solicite. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Realícese la certificación en la fecha de la remisión física del cuaderno y el estampado de los sellos pertinentes en las carátulas de los expedientes. Notifíquese. Así lo acordó y firma la Juez Karina Juárez Benavides, Titular del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, con sede en Apizaco, ante la Secretaria de Juzgado Artemisa Venus Fernández Ángel, que autoriza y da fe.
- Principal
Apizaco, Tlaxcala, a veintisiete de febrero de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio de cuenta, mediante el cual, la autoridad responsable Juez Primero de lo Laboral del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala, acusa recibo de la sentencia emitida por este Juzgado de Distrito, el dieciséis de febrero de dos mil veintitrés, lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese.
- Principal
Se tiene a la vista, para resolver, los autos del juicio de amparo indirecto número 1090/2022, promovido por ********************como apoderada legal de ********************contra actos del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala y Juez Primero de lo Laboral del Poder Judicial de Tlaxcala; y, R E S U L T A N D OS: PRIMERO. Recepción de demanda. Por escrito recibido el diecinueve de septiembre de dos mil veintidós, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito del Estado de Tlaxcala, con residencia en Apizaco, ********************como apoderada legal de ********************demandó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra las autoridades y por los actos siguientes: AUTORIDADES RESPONSABLES: 1. Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala; y, 2. Juez Primero de lo Laboral del Poder Judicial de Tlaxcala. ACTOS RECLAMADOS: Del Juez Primero de lo Laboral del Poder Judicial de Tlaxcala. El acuerdo de radicación de trece de junio de dos mil veintidós, dictado en el expediente 268/2022-P.O.L., por medio del cual declina su competencia respecto del juicio laboral a favor del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala. Del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala: El acuerdo de radicación de diez de agosto de dos mil veintidós, en el expediente ********************por medio del cual acepta la competencia declinada a su favor. SEGUNDO. Radicación, admisión y trámite del juicio de amparo. Mediante proveído de veinte de septiembre de dos mil veintidós, se admitió a trámite el juicio planteado y se requirió el informe justificado a las autoridades responsables y se dio la intervención que legalmente corresponde al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este órgano jurisdiccional, quien no formuló pedimento. Finalmente, y previo diferimiento, se señaló día y hora para celebrar la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O : PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo indirecto, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, 35, 37 y 107, fracción VII de la Ley de Amparo; relacionados con el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, así como su adición contenida en el diverso acuerdo 3/2021 difundido en el Diario Oficial de la Federación el veintidós de abril de dos mil veintiuno, en virtud de que el acto reclamado por grado es del conocimiento de un juez de distrito; por materia es de naturaleza laboral; y, porque las autoridades a quien se les reprochan tienen su residencia dentro de la jurisdicción territorial de este órgano jurisdiccional. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. En términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, el análisis de la demanda de amparo permite advertir que la parte quejosa reclama: Del Juez Primero de lo Laboral del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala. El auto de trece de junio de dos mil veintidós, dictado en el expediente laboral 268/2022-P.O.L., por medio del cual declinó la competencia respecto del juicio laboral promovido por la ahora quejosa ********************en contra del Sistema de Desarrollo Integral para la Familia de San Pablo del Monte y el Ayuntamiento de San Pablo del Monte, a favor del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala. Del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala: El acuerdo de diez de agosto de dos mil veintidós, dictado en el expediente ********************por medio del cual se admitió a trámite el conflicto de trabajo promovido por ********************en contra del Sistema de Desarrollo Integral para la Familia de San Pablo del Monte y el Ayuntamiento de San Pablo del Monte, toda vez que se aceptó la competencia declinada a favor del citado tribunal y previno a la promovente, a fin de que precisara las circunstancias de modo, tiempo y lugar de la relación de trabajo. TERCERO. Existencia de los actos reclamados. El Juez Primero de lo Laboral del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala y el Presidente y Representante Legal del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala, al rendir sus respectivos informes justificados admitieron la existencia de los actos reclamados, certeza que se corrobora con las constancias que obran en el presente juicio constitucional, consistente en las copias certificadas de los expedientes 268/2022-P.O.L. y ********************respectivamente (fojas 30 a 47 y 57 a 84), a las que se les otorga plena eficacia probatoria de conformidad con lo dispuesto por los numerales 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Cobra aplicación a lo anterior la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: [...] Registro digital: 917812 Instancia: Pleno Octava Época Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice 2000 Tomo VI, Común, Jurisprudencia SCJN Materia(s): Común Tesis: 278 Página: 231 INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto [.]. CUARTO. Estudio de causales de improcedencia. Previo al estudio de la constitucionalidad de los actos reclamados, es pertinente examinar las causas de improcedencia o de sobreseimiento que se hagan valer por las partes y las que se adviertan de oficio por este Juzgador Federal, dado que la improcedencia del amparo es una cuestión de orden público y, una institución por virtud de la cual el órgano de amparo se encuentra impedido para establecer si el acto reclamado por la parte quejosa es constitucional o no. Es decir, la improcedencia va a motivar que el juzgador federal no dirima la controversia constitucional ante él planteada, por exigirlo así alguna de las causas que conforman a la misma institución, ya que ésta se encuentra constituida por una serie de hipótesis normativas debidamente descritas por la Ley de Amparo, así como por la Constitución y por la jurisprudencia emitida por nuestro más alto tribunal, la que se analiza de acuerdo con el texto del artículo 62 de la ley en cita. En el caso, de las constancias que se allegaron al presente juicio de amparo, se advierte que, en relación al acto reclamado al Juez Primero de Laboral del Poder Judicial de Tlaxcala, consistente en el auto de trece de junio de dos mil veintidós, dictado en el expediente laboral 268/2022-D, por medio del cual declinó la competencia respecto del juicio laboral promovido por la ahora quejosa ********************en contra del Sistema de Desarrollo Integral para la Familia de San Pablo del Monte y el Ayuntamiento de San Pablo del Monte, a favor del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, con relación al artículo 107, fracción V, de dicho ordenamiento legal, en virtud de que dicho auto no constituye un acto de imposible reparación, con el cual se transgreda materialmente en perjuicio de la quejosa algún derecho sustantivo tutelado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Los preceptos citados establecen lo siguiente: [.] Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley [.]. De la disposición legal transcrita, se sigue que el juicio de amparo indirecto es improcedente, cuando tal circunstancia resulte de alguna disposición constitucional o legal. Asimismo, el aludido artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo establece: [.] Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [.]. Así, de conformidad con la disposición constitucional transcrita, cuando se impugnan actos dentro de un juicio, es procedente el amparo indirecto, siempre y cuando dichos actos sean de imposible reparación. Esta cuestión también se establece expresamente en la ley de la materia, concretamente en su artículo 107, fracción V, el cual señala que el amparo indirecto es procedente contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Así, de acuerdo con el principio estatuido en el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con relación al ordinal 107, fracción V, de la Ley de Amparo, el juicio constitucional en la vía indirecta procede contra actos procesales de imposible reparación, entendiéndose por tales, aquellos cuyas consecuencias son susceptibles de afectar directa y materialmente alguno de los derechos fundamentales del hombre o del gobernado, tutelados por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Por el contrario, no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación se extinguen en la realidad, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica, porque tal violación es susceptible de ser reparada en amparo directo. En cuanto a este tópico, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 377/2013, determinó en igual sentido, que por actos de imposible reparación deben entenderse aquellos que producen una afectación material a derechos sustantivos, ya sea que estos se encuentren reconocidos en la Constitución General de la República o en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte y precisó que sus consecuencias impiden en forma actual el ejercicio del derecho involucrado, por lo que con su dictado no solo se producen lesiones jurídicas de naturaleza formal o adjetiva. Asimismo, para delimitar esa irreparabilidad, estableció dos condiciones: I) Se trate de actos que afecten materialmente derechos, lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto de autoridad impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente; y, II) Esos derechos revistan la calidad de sustantivos, expresión que resulta antagónica a los de naturaleza formal o adjetiva, en los que la afectación no es actual, sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento. Dicho criterio dio origen a la Jurisprudencia 37/2014 (10a.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro siguiente: [.] PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013) [.]. De igual forma, sustenta lo anterior, por su idea jurídica, la Jurisprudencia IV.2o.C. J/2 (10a.), del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito, de rubro siguiente: [.] ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. NO LO SON LAS VIOLACIONES PROCESALES, AUN CUANDO PUEDAN CALIFICARSE COMO DE GRADO PREDOMINANTE O SUPERIOR, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO (LEY DE AMPARO, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DE 2 DE ABRIL DE 2013) [.]. Bajo esa óptica, para que los actos sean calificados como irreparables deben producir una afectación material a derechos sustantivos; es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan el ejercicio de un derecho (como pudiera ser, la vida, la libertad, las propiedades o posesiones, entre otros), y no únicamente que produzcan una lesión de naturaleza formal o adjetiva cuya actualización dependa de que lleguen o no a trascender al resultado del fallo. De este modo, la procedencia del amparo indirecto se actualiza excepcionalmente contra algún acto dictado dentro del juicio o procedimiento ordinario -como el de apelación-, cuando su ejecución afecte materialmente derechos sustantivos, de manera directa e inmediata, de modo tal que dicha afectación no podría repararse aun mediante la obtención de una resolución favorable en dicho juicio de origen y, en sentido contrario, no procede cuando únicamente afecte derechos adjetivos, instrumentales o procesales. En el caso, en específico la quejosa ********************reclama al Juez Primero de Laboral del Poder Judicial de Tlaxcala, el auto de trece de junio de dos mil veintidós, dictado en el expediente laboral 268/2022-D, por medio del cual declinó la competencia a favor del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala; sin embargo, dicho auto, no tiene efectos de imposible reparación, porque no se decidió una cuestión que trajera consigo un acto de ejecución irreparable que trascienda a la defensa de la parte quejosa y que, con ello, se le cause un gravamen que afecte sus derechos sustantivos (la vida, la libertad, las propiedades o posesiones, etcétera). Toda vez que la resolución reclamada no tiene el carácter de definitiva, y tampoco es de imposible reparación y por lo tanto no afecta irreparablemente la esfera jurídica del quejoso y por ello, está supeditada a que la autoridad a la que se turne el asunto se pronuncie al respecto, es decir, se avoque al conocimiento del juicio laboral o, en su caso, rechace la competencia declinada. Entonces, el proveído reclamado no tiene efectos de imposible reparación, en virtud de que, las consecuencias de la ejecución de dicha resolución reclamada, a la luz de las formalidades esenciales del juicio, son procesales, porque no inciden por sí en un derecho sustantivo, sino dentro del procedimiento en el juicio de origen. Por tanto, el auto de trece de junio de dos mil veintidós, que reclama la quejosa, no es atacable en esta instancia constitucional, habida cuenta de que será la resolución dictada por el Tribunal que dicte la autoridad a la que se turne el asunto la que, en todo caso, materializaría la afectación en la esfera jurídica del accionante. En ese orden de ideas, resulta aplicable en lo conducente la Jurisprudencia P./J. 17/2015 (10a.) con el rubro y texto siguientes: [.] Registro digital: 2009721 Instancia: Pleno Décima Época Materias(s): Común Tesis: P./J. 17/2015 (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 21, Agosto de 2015, Tomo I, página 5 Tipo: Jurisprudencia AMPARO INDIRECTO. PROCEDE EN CONTRA DE LOS ACTOS DE AUTORIDAD QUE DETERMINEN DECLINAR O INHIBIR LA COMPETENCIA O EL CONOCIMIENTO DE UN ASUNTO, SIEMPRE QUE SEAN DEFINITIVOS (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN VIII, DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Aunque en la porción normativa indicada el legislador introdujo expresamente la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto, aquélla no puede interpretarse literalmente y aseverar que, por ese solo hecho, el juicio de amparo procede indefectiblemente cuando se reclamen actos de tal naturaleza, soslayando para ello los principios constitucionales y legales que lo rigen, entre los que destacan los relativos a que el acto produzca una afectación real y actual a la esfera jurídica del interesado y a que éste cumpla con el principio de definitividad, pues bajo esa interpretación podrían desencadenarse consecuencias contrarias a la naturaleza del juicio de amparo y contravenirse la regularidad constitucional que se busca preservar con dicho medio extraordinario de defensa. En ese sentido, de la interpretación conforme del artículo 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la cual exige optar por aquella de la que derive un resultado más acorde al Texto Supremo, a fin de garantizar la supremacía constitucional y, simultáneamente, permitir una adecuada y constante aplicación del orden jurídico, se concluye que los actos de autoridad susceptibles de impugnarse en el juicio de amparo indirecto, con fundamento en dicho precepto legal, deben entenderse referidos a aquellos en los que el órgano a favor del cual se declina la competencia la acepta (en el caso de la competencia por declinatoria), o bien, cuando acepta inhibirse en el conocimiento de un asunto (en el caso de la competencia por inhibitoria), porque es en este momento y no antes, cuando se produce la afectación personal y directa a la esfera de derechos de la parte interesada en términos del artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y cuando se han producido todas las consecuencias del acto reclamado. De esta manera, la decisión del órgano de declararse incompetente o la solicitud de una autoridad a otra para que se inhiba en el conocimiento de un asunto no pueden considerarse determinaciones que justifiquen la procedencia del juicio de amparo indirecto con fundamento en el artículo 107, fracción VIII, aludido, sino en el caso de que aquéllas se tornen definitivas [.]. Por lo expuesto, respecto al acto reclamado al Juez Primero de Laboral del Poder Judicial de Tlaxcala, consistente en el auto de trece de junio de dos mil veintidós, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XXIII en relación con el numeral 107 fracción V, de la Ley de Amparo, y con apoyo en el artículo 63, fracción V, de la ley la materia, resulta procedente decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo. Por tanto, como en el caso esta autoridad no advierte la actualización de alguna otra causal de improcedencia, por lo cual resulta procedente analizar el acto reclamado, consistente en el acuerdo de radicación dictado el diez de agosto de dos mil veintidós, por el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala, en el expediente ********************a la luz de los conceptos de violación formulados en la demanda de amparo. QUINTO. Antecedentes del acto reclamado. Los antecedentes del acto reclamado, los cuales son los siguientes: 1. Por escrito presentado el trece de junio de dos mil veintidós ********************por derecho propio, promovió juicio ordinario laboral, ante el Juez Primero de lo Laboral del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala, en contra del Sistema de Desarrollo Integral para la Familia de San Pablo del Monte, Tlaxcala y Ayuntamiento de San Pablo del Monte, Tlaxcala, a través de quien legalmente los represente, reclamando entre otras prestaciones, el pago de indemnización constitucional, por el despido injustificado efectuado por los demandados, así como el pago de salarios caídos, vacaciones, el pago de aguinaldo, prima de antigüedad, pago de horas extras o jornada extraordinaria, el pago de días de descanso, salarios devengados y días festivos (fojas 1 a 41). 2. Por auto de trece de junio de dos mil veintidós, el Juez Primero de lo Laboral del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala, en el expediente laboral 268/2022-P.O.L., declinó la competencia para conocer de la demanda de juicio ordinario laboral promovida por la ahora quejosa ********************en contra del Sistema de Desarrollo Integral para la Familia de San Pablo del Monte y el Ayuntamiento de San Pablo del Monte, a favor del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala, por considerar que como la demanda fue promovida en contra de un Ayuntamiento, resultaba competente para conocer del citado juicio el aludido Tribunal, lo anterior, en términos de lo dispuesto por los artículos 1 y 95 de la Ley Laboral de Servidores Públicos del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, por lo que ordenó la remisión de dicho expediente al citado Tribunal de Conciliación (fojas 12 a 14); proveído que fue notificado electrónicamente a la referida quejosa el quince de julio de dos mil veintidós (foja 15). 3. Por auto de diez de agosto de dos mil veintidós, el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala, tuvo por recibidas las constancias que remitió el Juez Primero de lo Laboral del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala, previo análisis de la demanda ordinaria laboral presentada por ********************en contra del Sistema de Desarrollo Integral para la Familia de San Pablo del Monte y el Ayuntamiento de San Pablo del Monte, aceptó la competencia declinada a su favor, radicó el expediente con el número ********************admitió a trámite el conflicto de trabajo en contra del Sistema de Desarrollo Integral para la Familia de San Pablo del Monte y el Ayuntamiento de San Pablo del Monte, y previno a la promovente, a fin de que precisara las circunstancias de modo, tiempo y lugar de la relación de trabajo (fojas 75 a 79). SEXTO. Estudio del asunto. Respecto al acto reclamado, consistente en el acuerdo de radicación dictado el diez de agosto de dos mil veintidós, por el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala, en el expediente ********************por medio del cual acepta la competencia declinada a su favor, son infundados en parte e inoperantes en otro, los conceptos de violación hechos valer por la quejosa, sin que se advierta queja deficiente por suplir, atento a lo cual, lo procedente es negar el amparo y protección de la Justicia de la Unión. Por principio, debe destacarse que la quejosa ********************por conducto de su apoderada legal ********************de en forma sustancial, y en atención a la causa de pedir, sostiene que el acuerdo de diez de agosto de dos mil veintidós, dictado por el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala, en el expediente ********************en el que aceptó la competencia declinada a favor del citado tribunal, admitió a trámite el conflicto de trabajo promovido por ********************en contra del Sistema de Desarrollo Integral para la Familia de San Pablo del Monte y el Ayuntamiento de San Pablo del Monte, y se le previno a fin de que precisara las circunstancias de modo, tiempo y lugar de la relación de trabajo, transgrede la garantía acceso a la impartición de justicia prevista en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda vez que considera que los conflictos laborales que surjan entre trabajadores de los Organismos Públicos Descentralizados, deberán de ser conocidas por las Juntas Locales de Conciliación y Arbitraje, sin embargo al haber desaparecido las referidas Juntas locales, dicha competencia le corresponde a los Juzgados Laborales. Afirma lo anterior, pues considera que la responsable se contradice en el auto impugnado al señalar que en términos del artículo 1 de y 95 de la Ley Laboral de Servidores Públicos del Estado de Tlaxcala, excluye la competencia para conocer a dicho Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala, a los conflictos de los servidores públicos con los organismos públicos descentralizados. Por lo que afirma que quien debe de conocer del conflicto, lo es el Juzgado Laboral, sin embargo, el Tribunal responsable admitió a trámite el juicio laboral, con lo cual le causa violaciones a sus derechos humanos y garantías de la quejosa, dado que existen criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el sentido de que los conflictos laborales suscitados con los Organismos Públicos Descentralizados, son competencia de las Juntas Locales de Conciliación y Arbitraje, dado que se trata de órganos de la administración pública paraestatal, con vida jurídica propia, que aunque forman parte del gobierno, es distinta a la de los poderes ejecutivos, federales, estatales y municipales. Y finalmente señala que le causa agravios la citada determinación, ya que al admitir la competencia la Junta responsable, la deja en estado de indefensión, dado que la Ley Laboral de los Servidores Públicos del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, le restringen sus derechos laborales. Como indicó anteriormente, no asiste la razón la quejosa, conforme a las siguientes consideraciones. En efecto, lo anterior es así teniendo en consideración que el auto que el quejoso tilda de inconstitucional, lo es el de diez de agosto de dos mil veintidós, en el que la responsable tuvo por recibidas las constancias que remitió el Juez Primero de lo Laboral del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala, previo análisis de la demanda ordinaria laboral presentada por ********************aceptó la competencia declinada a su favor, radicó el expediente con el número ********************admitió a trámite el conflicto de trabajo en contra del Sistema de Desarrollo Integral para la Familia de San Pablo del Monte y el Ayuntamiento de San Pablo del Monte, y previno a la promovente, a fin de que precisara las circunstancias de modo, tiempo y lugar de la relación de trabajo, esto es, la fecha de inicio de la relación laboral, salario percibido, funciones desempeñadas, puesto que ostentaba, circunstancias de despido, para lo cual debería de ofrecer las pruebas que estimase pertinentes (fojas 75 a 79), con base en las siguientes consideraciones: Que se surtía la competencia al citado Tribunal de Conciliación, con fundamento en los artículos 1 y 95 de la Ley Laboral de Servidores Públicos del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, en atención a que dicho órgano colegiado resultaba competente para conocer de los conflictos que se suscitan entre los titulares de los poderes públicos; municipios y ayuntamientos con sus trabajadores, de los cuales se excluían a: 1. Las empresas paraestatales; 2. Fideicomisos públicos; 3. Organismos públicos descentralizados; y, 4. Empresas de participación estatal o municipal. Por lo que la responsable, adujo que teniendo en cuenta que los demandados en el conflicto laboral eran: El Sistema de Desarrollo Integral para la Familia de San Pablo del Monte, Tlaxcala; y, El Ayuntamiento de San Pablo del Monte, Tlaxcala. Sin embargo, la responsable sostuvo que no obstante que el Sistema de Desarrollo Integral para la Familia de San Pablo del Monte, en términos de lo dispuesto por los artículos 26 y 31 de la Ley de Asistencia Social para el Estado de Tlaxcala, dicha institución era un órgano descentralizado que por su naturaleza jurídica, escaparía de la esfera competencial de dicha autoridad, en términos del artículo 1 de la Ley Laboral de Servidores Públicos del Estado de Tlaxcala y sus Municipios; por lo que al haberse llamado a Juicio al Ayuntamiento de San Pablo del Monte, Tlaxcala, el que forma parte de la administración Pública Municipal, el referido Tribunal de Conciliación era competente para conocer de dicho conflicto laboral. Por lo que, la responsable consideró, que cuando una persona reclama las mismas prestaciones tanto a un organismo descentralizado como a una dependencia de gobierno, la competencia debe de recaer en el Tribunal de Conciliación y Arbitraje, derivado de la función especializada que se realiza al dirimir conflictos entre el estado y sus servidores públicos; ya que, no es posible dividir la continencia de la causa, ni fragmentar la unidad del proceso del trabajo; es decir, no era jurídicamente viable que dicha autoridad de trabajo únicamente conociera respecto de las prestaciones reclamadas al Ayuntamiento de San Pablo del Monte, Tlaxcala y desatendiera lo concerniente al Sistema de Desarrollo Integral para la Familia de San Pablo del Monte, Tlaxcala, ya que la competencia solo puede surtirse a favor de un organismo jurisdiccional; y para apoyar tal argumento, citó la tesis con registro digital 169731, intitulada: [.] COMPETENCIA PARA CONOCER DE UNA DEMANDA EN LA QUE SE RECLAMAN PRESTACIONES, TANTO LABORALES A UNA DEPENDENCIA DE GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, COMO DE SEGURIDAD SOCIAL AL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES PARA LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DE LOS PODERES DE DICHA ENTIDAD FEDERATIVA. CORRESPONDE AL TRIBUNAL DE ARBITRAJE ESTATAL [.]. Motivo por el cual, la responsable se avocó al conocimiento de la demanda planteada y admitió a trámite el conflicto de trabajo promovido en contra de: El Sistema de Desarrollo Integral para la Familia de San Pablo del Monte, Tlaxcala; y, El Ayuntamiento de San Pablo del Monte, Tlaxcala. Por lo que ordenó radicarlo con el número de expediente ********************precisando que al citado expediente, le eran aplicables las últimas reformas a las disposiciones legales a la Ley Laboral de los Servidores Públicos del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, publicadas en el Periódico Oficial del Estado de Tlaxcala el once de enero de dos mil diecisiete. Asimismo, la responsable señaló que a fin de cumplimentar las garantías de debido proceso, respetando los derechos inalienables que revisten a todo trabajador, consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, era procedente requerir a la actora ********************a fin de que precisara las circunstancias de modo, tiempo y lugar de la relación laboral, salario percibido, funciones desempeñadas, puesto que ostentaba, circunstancias de despido; del mismo modo, debería de ofrecer los medios de prueba que estimase conveniente, apegándose a lo establecido a la citada Ley Laboral de los Servidores Público del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, para lo cual le concedió el término de tres días, posteriores a la legal notificación del citado proveído, con el apercibimiento que de no cumplir con lo anterior, comenzaría a correr el término de la caducidad en su perjuicio, establecido en el artículo 115 de la invocada ley de la materia. Proveído que fue notificado a la promovente del juicio ********************por conducto de su apoderada ********************el veintiséis de agosto de dos mil veintidós (foja 23). Precisado lo anterior, resulta pertinente transcribir los artículos 1 y 95 de la Ley Laboral de Servidores Públicos del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, que son del tenor literal siguiente: [.] ARTÍCULO 1. Esta ley es de observancia general en el Estado de Tlaxcala y sus municipios y rige las relaciones de trabajo que se establecen, por una parte, entre los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial; y los municipios o ayuntamientos; y por la otra parte, los servidores públicos que a dichos poderes públicos, municipios o ayuntamientos, presten un servicio, personal subordinado, físico o intelectual o de ambos géneros, en virtud de un nombramiento expedido a su favor o por aparecer en la nómina de pago [.]. [.] ARTÍCULO 95. El Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Tlaxcala, será competente para: I. Conceder de los conflictos individuales que se susciten entre los titulares de los poderes públicos, municipios o ayuntamientos, y sus trabajadores; II. Conocer de los conflictos colectivos que surjan entre las instituciones citadas en la fracción anterior y los funcionarios públicos a su servicio; III. Conceder o negar el registro de los sindicatos o en su caso, dictar la cancelación del mismo; IV. Conocer de los conflictos sindicales o intersindicales, y V. Efectuar el registro de las condiciones generales de trabajo que se pacten entre los titulares de los poderes públicos, municipios o ayuntamientos y los sindicatos: del reglamento de seguridad e higiene del reglamento de capacitación y adiestramiento y de los estatutos de los sindicatos [.]. Ahora bien, de la interpretación de los citados preceptos, se advierte que efectivamente el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala, es competente para conocer de las relaciones de trabajo que se establecen, por una parte, entre los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial; y los municipios o ayuntamientos; y por la otra parte, los servidores públicos que a dichos poderes públicos, municipios o ayuntamientos, presten un servicio, personal subordinado, físico o intelectual o de ambos géneros, en virtud de un nombramiento expedido a su favor o por aparecer en la nómina de pago; asimismo, que es competente para conceder de los conflictos individuales que se susciten entre los titulares de los poderes públicos, municipios o ayuntamientos, y sus trabajadores. De lo anterior, se advierte que contrariamente a lo señalado por el quejoso, el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala, responsable, no transgrede la garantía prevista en el artículo 17 de la Constitución, relativa al acceso a la impartición de justicia, en atención a que en el proveído impugnado, le explica pormenorizadamente que de conformidad con lo establecido en los artículos 1 y 95 de la Ley Laboral de Servidores Públicos del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, resulta competente para conocer de los conflictos laborales que surgen entre los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial; y los municipios o ayuntamientos; y por la otra parte, los servidores públicos que a dichos poderes públicos, municipios o ayuntamientos, presten un servicio, personal subordinado, físico o intelectual. Por lo que teniendo en consideración que uno de los demandados en el juicio de origen lo es el Ayuntamiento de San Pablo del Monte, Tlaxcala, por tal motivo resulta competente para conocer de la demanda que en la vía ordinaria laboral interpuso el ahora quejoso contra el citado municipio, a fin de lograr el pago de las prestaciones reclamadas con motivo del despido injustificado que sufrió. Por otra parte, resulta pertinente señalar que los artículos 26 y 31 de la Ley de Asistencia Social para el Estado de Tlaxcala, textualmente dicen: [.] ARTÍCULO 26. En cada uno de los municipios del Estado, se creará un organismo público descentralizado denominado Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia, responsable de las acciones de asistencia social; sus órganos y facultades se establecerán en el ordenamiento de su creación, con las atribuciones en materia de asistencia social que los gobiernos federal y estatal no se reserven para sí o las que aun siendo de éstos, les correspondan por virtud de los convenios de coordinación que se celebren con base en esta Ley o que se puedan desarrollar concurrentemente. La o el cónyuge de la persona titular de la Presidencia Municipal o quien ésta designe, en el ámbito de su competencia presidirá al organismo municipal, y su cargo será honorífico [.]. [.] ARTÍCULO 31. Se crea el Organismo Público Descentralizado denominado Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, quien estará a cargo de la coordinación, planeación, programación, presupuestación y, en su caso, ejecución de los programas y acciones de asistencia social del Gobierno del Estado, así como los que realicen los sectores público, social y privado, en materia de asistencia social, conforme a lo que establece esta ley [.]. De los anteriores preceptos se advierte que como correctamente lo señaló la autoridad responsable, el Sistema de Desarrollo Integral para la Familia de San Pablo del Monte, es un órgano descentralizado que por su naturaleza jurídica, en términos lo señalado por el invocado artículo 1 de la Ley Laboral de Servidores Públicos del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, el Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Tlaxcala, no podría conocer de dichos asuntos; sin embargo, señaló que cuando se reclamen las mismas prestaciones tanto a un organismo descentralizado como a una dependencia de gobierno, la competencia debe de recaer en el Tribunal de Conciliación y Arbitraje, derivado de la función especializada que se realiza al dirimir conflictos entre el estado y sus servidores públicos; ya que, no es posible dividir la continencia de la causa, ni fragmentar la unidad del proceso del trabajo; es decir, no era jurídicamente viable que dicha autoridad de trabajo únicamente conociera respecto de las prestaciones reclamadas al Ayuntamiento de San Pablo del Monte, Tlaxcala y desatendiera lo concerniente al Sistema de Desarrollo Integral para la Familia de San Pablo del Monte, Tlaxcala, ya que la competencia sólo puede surtirse a favor de un organismo jurisdiccional. Por lo cual resulta infundado el concepto de violación que hace valer el quejoso, en el que aduce que la responsable se contradice al señalar que no es competente para conocer de la competencia planteada, dado que señaló que legalmente no podía dividir la continencia de la causa, lo cual se considera acertado. En efecto, lo anterior es así, dado que la responsable aceptó la competencia para conocer de la demanda planteada respecto de las prestaciones reclamadas al Sistema de Desarrollo Integral para la Familia de San Pablo del Monte, para no dividir la continencia de la causa al reclamarse también el pago de prestaciones al Ayuntamiento de San Pablo del Monte, Tlaxcala; sin embargo la ahora quejosa, les reclama a ambos: el pago de la indemnización constitucional, por el despido injustificado efectuado por los demandados, así como el pago de salarios caídos, a partir de que fue despedida; el pago de vacaciones, el pago de aguinaldo, prima de antigüedad, pago de horas extras o jornada extraordinaria, el pago de días de descanso, salarios devengados y días festivos, por todo el tiempo que duró la relación de trabajo con los demandados (fojas 62 y 63). Asimismo, la quejosa en su demanda laboral adujo que el cuatro de abril de dos mil diez, aproximadamente a las diez de la mañana, se presentó en el domicilio oficial del Ayuntamiento de San Pablo del Monte, Tlaxcala, en donde participó en una convocatoria para poder ser Juez del Registro Civil, para lo cual fue seleccionada; por lo que se desempeñó como Juez del Registro Civil del citado Ayuntamiento de San Pablo del Monte; y, que posteriormente el diecisiete de febrero de dos mil veintidós, fue reubicada en el Sistema de Desarrollo Integral para la Familia de San Pablo del Monte, en el que prestó sus servicios personales subordinados en el área administrativa, respetándole el salario que percibía en el citado ayuntamiento; y que el nueve de abril de dos mil veintidós, aproximadamente a las nueve horas en que se disponía a entrar a su fuente de empleo en el Sistema de desarrollo Integral para la Familia de San Pablo del Monte, fue informada que estaba despedida y que ya no requerían sus servicios (fojas 63 y 64). Por tal motivo, es evidente que le asiste razón al Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala, responsable, al afirmar que resulta competente para conocer de la demanda que en la vía ordinaria laboral interpuso la ahora quejosa en contra del citado municipio y sistema de desarrollo infantil, a fin de lograr el pago de las prestaciones reclamadas con motivo del despido injustificado que sufrió, toda vez que para fijar la competencia del órgano al que corresponda resolver en su totalidad el juicio, debe tomarse en cuenta la naturaleza de la acción ejercitada, que en el caso es el pago de la indemnización constitucional, de salarios caídos, vacaciones, aguinaldo, prima de antigüedad, horas extras o jornada extraordinaria, días de descanso, salarios devengados y días festivos, por lo que teniendo en consideración que la ahora quejosa reclama tales prestaciones tanto al Ayuntamiento de San Pablo del Monte, Tlaxcala, como al Sistema de Desarrollo Integral para la Familia de San Pablo del Monte, toda vez que aduce que fue contratada por el primero y cambiada de adscripción a la segunda dependencia, respetándole el salario que percibía en el ayuntamiento demandado, por lo cual se reitera, que asiste razón a al Tribunal responsable al aceptar la competencia declinada, ya que existe imposibilidad de dividir la continencia de la causa, toda vez que de la demanda laboral de fecha diez de junio de dos mil veintidós, se advierte que en el juicio de origen, -la aquí quejosa-, ejercita como acción principal la indemnización derivada de un despido atribuido a las dos dependencias, no obstante que refiere en su demanda, que fue en el Sistema de Desarrollo Integral para la Familia en donde no le permitieron la entrada y fue informada, por una persona que ya no podía ingresar a su fuente de trabajo, sin que especificara de quién se trataba o a qué dependencia pertenecía la persona que la despidió; sin embargo, reclama el despido injustificado tanto al Ayuntamiento de San Pablo del Monte, como al Sistema de Desarrollo Infantil, de San Pablo del Monte, motivo por el cual, es el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala, es quien habrá de resolver el juicio en su totalidad, dado que para ello, previno a la ahora quejosa en el auto admisorio, que precisara las circunstancias de modo, tiempo y lugar de la relación de trabajo, así como las circunstancias de despido, para lo cual debería de ofrecer las pruebas que estimase pertinentes; por tal motivo resultan infundados los conceptos de violación que hace valer la ahora quejosa. Por su aplicación se cita la Jurisprudencia 2a./J. 55/2013 (10a.), visible a foja 807, del Libro XXI, Junio de 2013, Tomo 1, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, con registro digital 2003825, cuyo rubro y texto son del tenor literal siguiente: [.] COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO LABORAL CUANDO SON DEMANDADOS TANTO UN AYUNTAMIENTO COMO UN ORGANISMO DESCENTRALIZADO DEL ESTADO DE JALISCO. DEBE FIJARSE ATENDIENDO A LA ACCIÓN PRINCIPAL Y A LOS HECHOS FUNDATORIOS. Si el actor demanda tanto a un Ayuntamiento como a un organismo público descentralizado cuyos conflictos de trabajo corresponden, respectivamente, al Tribunal de Arbitraje y Escalafón y a la Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje, ambos del Estado de Jalisco, para fijar la competencia del órgano al que corresponda resolver en su totalidad el juicio, debe tomarse en cuenta la naturaleza de la acción ejercitada, lo cual regularmente puede determinarse mediante el análisis de las prestaciones reclamadas y de los hechos narrados, pero prescindiendo por completo del estudio de la relación jurídica sustancial que vincule al actor y al demandado, pues ese análisis constituye una cuestión relativa al fondo del asunto, y ante la imposibilidad de dividir la continencia de la causa, si el actor intenta, como acción principal, la reinstalación o indemnización derivada de un despido atribuido sólo a uno de los entes demandados, ésta es la acción preeminente para determinar la competencia, correspondiendo al órgano cuya jurisdicción concierna al ente público al que se atribuya el despido, quien habrá de resolver el juicio en su totalidad [.]. Por otra parte, resulta infundado el concepto de violación de la quejosa, en que aduce que existen diversos criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que establecen que los conflictos laborales suscitados con los Organismos Públicos Descentralizados, son competencia de las Juntas Locales de Conciliación y Arbitraje, toda vez que la responsable, para sustentar su competencia adujo que no era posible dividir la continencia de la causa, ni fragmentar la unidad del proceso del trabajo; es decir, no era jurídicamente viable que conociera únicamente respecto de las prestaciones reclamadas al Ayuntamiento de San Pablo del Monte, Tlaxcala y desatendiera lo concerniente al Sistema de Desarrollo Integral para la Familia de San Pablo del Monte, Tlaxcala, ya que la competencia sólo puede surtirse a favor de sólo un organismo jurisdiccional. Y finalmente, resulta inoperante el argumento del quejoso, en el sentido de que la Ley Laboral de Servidores Públicos del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, le restringen sus derechos laborales, por lo cual el auto de diez de agosto de dos mil veintidós, en que la responsable acepta la competencia declinada, lo deja en estado de indefensión, puesto que tales afirmaciones no tienen sustento alguno, lo cual no puede considerarse un verdadero razonamiento y por ende debe calificarse como inoperante, sin que sea procedente darle entrada su estudio so pretexto de la causa de pedir, ya que esta se conforma con la expresión de un hecho concreto y un razonamiento, por este cualquiera que sea el método argumentativo, la exposición en la que se realice la comparación del hecho frente al fundamento correspondiente, con el que se expliquen los motivos por los cuales considera que se acreditan sus agravios, pues de lo contrario, de analizar alguna aseveración que no satisfaga esas exigencias, se estaría resolviendo a partir de argumentos no esbozados. Resulta aplicable en lo conducente, la Jurisprudencia (V Región), 2o. J/1 (10a.), consultable en la página 1683, del Libro 22, Septiembre de 2015, Tomo III, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, intitulada: [.] CONCEPTOS O AGRAVIOS INOPERANTES. QUÉ DEBE ENTENDERSE POR "RAZONAMIENTO" COMO COMPONENTE DE LA CAUSA DE PEDIR PARA QUE PROCEDA SU ESTUDIO [.]. Consecuentemente, ante lo infundado e inoperantes los conceptos de violación hechos valer por la parte quejosa y al no haber motivo legal para suplir la queja, lo que procede es negar el amparo y protección constitucional solicitada, como se señaló con antelación. SÉPTIMO. Publicación de sentencia. De conformidad con los Acuerdos Generales 29/2007 y 84/2008 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, captúrese el día de su publicación la presente sentencia, genérese la versión pública, a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E) y agréguese al expediente el acuse de recibo. OCTAVO. Expedición de copias. Por otra parte, con apoyo en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al precepto 2° de la Ley de Amparo, sin necesidad de acuerdo posterior, expídase copia certificada de esta sentencia a la parte que acredite estar legitimada para su recepción, previa identificación y razón que por su recibo otorgue en autos, para debida constancia. Además, se le informa que de resultarle de suma importancia las copias en mención, puede obtenerlas del expediente electrónico, si cuenta con usuario, y tiene ya, acceso al mismo; pues las actuaciones cargadas en dicho expediente al incluir la evidencia criptográfica, se consideran copias certificadas electrónicamente. Finalmente, al hacerse pública la presente sentencia, deberá tomarse en cuenta que las partes, no manifestaron oposición para la publicación de sus datos personales, de conformidad con el artículo 8º de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de dicha ley; y el Acuerdo General 84/2008 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 1º, 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los numerales 73 y 74 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: PRIMERO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo promovido por ********************por conducto de su apoderada legal ********************respecto del acto reclamado al Juez Primero de lo Laboral del Poder Judicial de Tlaxcala, por los razonamientos expuestos en el cuarto considerando de esta resolución. SEGUNDO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a ********************por conducto de su apoderada legal ********************respecto del acto reclamado al Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala, por las razones vertidas en el considerando sexto de este fallo. TERCERO. Captúrese la presente sentencia, genérese la versión pública y agréguese el acuse de recibo. CUARTO. Entréguese copia autorizada de esta sentencia a la parte que lo solicite, previo pago y razón que por su recibo se deje en autos. QUINTO. Conforme a lo expuesto en el último considerando de este fallo, al hacerse pública la presente resolución deberá tomarse en cuenta que las partes no manifestaron oposición expresa para la publicación de sus datos personales. Notifíquese.
- Principal
Apizaco, Tlaxcala, a catorce de noviembre de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los autos, se advierte que aún no ha comenzado a transcurrir la vista de ocho días concedida a las partes mediante proveído de diez de noviembre pasado, con motivo de las constancias remitidas por la autoridad responsable Presidente de la Junta Especial Número Cuarenta y Seis de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala. Para dar margen a lo anterior, y no transgredir las reglas esenciales que rigen en el juicio de amparo, además de no dejar en estado de indefensión a las partes, se difiere la audiencia constitucional señalada para esta fecha y se fijan las DIEZ HORAS CON DIECINUEVE MINUTOS DEL VEINTINUEVE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS, para su verificativo. Notifíquese.
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