María Imelda Flavia Arroyo González

Expediente 158/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 8 actuaciones registradas, la última del 15 de mayo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
158/2023
Año
2023
Actuaciones
8
Última actuación
15/05/2023

Partes del expediente

  • María Imelda Flavia Arroyo González

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, a quince de mayo de dos mil veintitrés. Del estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que transcurrió la vista de tres días concedida a las partes mediante proveído de doce de abril de dos mil veintitrés; y, tomando en consideración que el cumplimiento de las ejecutorias de amparo es de orden público, además que de conformidad con el artículo 214 de la Ley de Amparo, no podrá archivarse ningún juicio concedido sin que se haya cumplido, este Juzgado Federal procede al análisis respectivo. En ese sentido se tiene que: Mediante resolución de nueve de marzo de dos mil veintitrés, este juzgado determinó conceder la protección constitucional a María Imelda Flavia Arroyo González; determinación que al no ser recurrida causó ejecutoria el treinta y uno de marzo de dos mil veintitrés, y en la misma data se requirió a la autoridad responsable diera cumplimiento a la sentencia de mérito, misma que había sido concedida para el efecto de que: - La Junta Especial número cuarenta y seis de la Federal de Conciliación emita laudo en el expediente laboral ******************** y ordene la notificación correspondiente. Se procede a calificar el cumplimiento dado por la autoridad responsable: Impuesta esta Juzgadora federal de las constancias que remitió la autoridad responsable en vía de cumplimiento a la ejecutoria de amparo se advierte que: Por cuanto respecta al efecto de la concesión del amparo se tiene que: La Junta Especial número cuarenta y seis de la Federal de Conciliación y Arbitraje dictó laudo el treinta de marzo de dos mil veintitrés dentro del expediente laboral ******************** de su índice y, notificó a la parte quejosa el cuatro de abril del presente año . Una vez expuesto lo anterior, se concluye que, la responsable dio cumplimiento exacto a la ejecutoria de amparo, en razón de que: Efecto: Emitió laudo el treinta de marzo de dos mil veintitrés dentro del expediente laboral ******************** y notificó a la parte quejosa el cuatro de abril del presente año. Ahora, de lo antes expuesto, se considera que la responsable dió cabal cumplimiento a la ejecutoria de amparo, y por ello, lo que procede es declarar que la sentencia amparadora ha sido cumplida, toda vez que los efectos del amparo quedaron satisfechos de acuerdo a lo resuelto en la sentencia de amparo y se restituyó a la parte quejosa en el goce de la garantía violada en términos del artículo 77, fracción II de Ley de Amparo. Por tanto, toda vez que la sentencia de amparo se declaró cumplida, con fundamento en lo dispuesto por el 196, párrafo cuarto, en relación con el diverso 214, ambos de la Ley de Amparo, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.); gírese oficio a la responsable que tuvo el encargo de cumplir la ejecutoria de amparo, para su conocimiento y efectos legales procedentes y archívese este juicio como concluido. Ahora, con fundamento en el artículo 18, inciso b), del Acuerdo General en cita, y toda vez que se concedió en el presente juicio de amparo el presente expediente es susceptible de depuración. Así, una vez que transcurra el plazo de tres años indicado en el Acuerdo de referencia, sin necesidad de ulterior proveído, y siguiendo las directrices ahí detalladas, este órgano jurisdiccional, dentro de los noventa días siguientes, realizará la depuración correspondiente y concluida la misma solicítese la transferencia al depósito documental dependiente de la Dirección General de Archivo y Documentación. En virtud de que en el presente acuerdo se ordena el archivo del presente juicio, se autoriza al Secretario de Juzgado encargado de la integración física de expedientes para que realice el archivo material del mismo y verifique las anotaciones que de tal archivo se realicen en el libro de gobierno correspondiente, para los efectos legales procedentes. De igual forma, con apoyo en el artículo 15 del Acuerdo de referencia, se especifica que el presente expediente carece de relevancia documental, por no reunir las características a que se refiere el numeral invocado. No se omite señalar que tal como se precisó en certificación de esta fecha, no obran documentos aportados por la parte quejosa. Realícese la certificación en la fecha de la remisión física del cuaderno y el estampado de los sellos pertinentes en las carátulas de los expedientes. Notifíquese electrónicamente a la parte quejosa; vía electrónica al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; y, por oficio a la autoridad responsable y tercero interesado.

  2. Principal

    Agréguese a los autos el oficio signado por el Presidente de la Junta Especial número Cuarenta y Seis de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Tlaxcala, mediante el cual, en cumplimiento al requerimiento de diez de abril de dos mil veintitrés, remite copia certificada de las constancias de notificación a las partes respecto del laudo de treinta de marzo de dos mil veintitrés dictado en el expediente laboral 1184/2021. Ahora, toda vez que en proveído de diez de abril de dos mil veintitrés, se recibió el diverso oficio MA.143/2023 de tres de abril último, por el que la referida autoridad envió copia certificada del laudo emitido el treinta de marzo de dos mil veintitrés dentro del expediente laboral en cita. Por tanto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, con los indicados oficios MA. 143/2023 y MA.154/2023, dese vista a la partes quejosa y tercera interesada, por el término de tres días, contado a partir de la legal notificación del presente proveído, para que manifieste lo que a su interés convenga respecto del cumplimiento dado por la indicada autoridad responsable; bajo apercibimiento que de no hacerlo así dentro del lapso otorgado, este Juzgado procederá al análisis del cumplimiento del fallo protector. Notifíquese, vía electrónica a la parte quejosa y por oficio al tercero interesado

  3. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, a diez de abril de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio signado por la Junta Especial número cuarenta y seis de la Federal de Conciliación y Arbitraje, mediante el cual en cumplimiento a lo ordenado en proveído de treinta y uno de marzo de dos mil veintitrés anexa copia certificada del laudo de treinta de marzo de dos mil veintitrés dictado en el expediente laboral ********************sin embargo, de las constancias que remitió la autoridad responsable se advierte que se encuentra transcurriendo el término para realizar la notificación a las partes, por tanto, de conformidad con el artículo 750 de la Ley Federal del Trabajo. En tales condiciones, de acuerdo con lo dispuesto por los artículos 62 y 64 de la Ley de Amparo, requiérase a la indicada Junta responsable para que dentro del plazo de veinticuatro horas siguientes a aquella en que haya notificado a la parte quejosa del laudo de mérito, remita a este órgano jurisdiccional copia certificada de la aludida constancia de notificación, bajo el apercibimiento que de no hacerlo en el término que se le otorgó, se le impondrá una multa de treinta veces la unidad de medida y actualización, de conformidad con el artículo 251 de la ley de la materia. Notifíquese.

  4. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, a treinta y uno de marzo de dos mil veintitrés. Vistas las copias certificadas con que se da cuenta, se advierte que en los juicios de amparo 276/2021; 639/2021; 653/2021; 677/2021; 248/2022 y sus acumulados 249/2022, 250/2022, 251/2022, 252/2022, 253/2023; 1508/2022 y su acumulado 1509/2022; y 353/2022, los directos quejosos Carlos Alberto Angelino Barrón, Juan Manuel Espinosa González, Luis Gabriel Jop Corzo, Enrique Mejía Bello, Erick Adrián Rosas Gamiño, Iván Jesús Salazar Ramírez o Jesús Iván Salazar Ramírez, José Othón Ramiro Hernández Lima, David Schmit Peconka, Jaime León Flores, Alejandro Alberto Flores García, Alejandro Díaz Madrid, Armando Hernández Pérez, Edwin Daniel Guerra Córdova, José Antonio Contreras Chávez, Enrique Alvarado Saucillo, Eduardo Ampudia Fraustro, Eduardo Flores Castro, Renan Hidalgo Echazarreta, y Hugo Melchor Nieto manifestaron que fueron víctimas de tortura y de malos tratos. En ese sentido, a fin de proveer lo conducente, fórmese un cuaderno administrativo bajo los mismos números de expedientes de amparo. En principio, se tiene presente que la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, en sus artículos 1 y 8 establece lo siguiente: "Artículo 1. Los Estados partes se obligan a prevenir y a sancionar la tortura en los términos de la presente Convención." "Artículo 8. Los Estados partes garantizarán a toda persona que denuncie haber sido sometida a tortura en el ámbito de su jurisdicción el derecho a que el caso sea examinado imparcialmente. Asimismo, cuando exista denuncia o razón fundada para creer que se ha cometido un acto de tortura en el ámbito de su jurisdicción, los Estados partes garantizarán que sus respectivas autoridades procederán de oficio y de inmediato a realizar una investigación sobre el caso y a iniciar, cuando corresponda, el respectivo proceso penal. Una vez agotado el ordenamiento jurídico interno del respectivo Estado y los recursos que éste prevé, el caso podrá ser sometido a instancias internacionales cuya competencia haya sido aceptada por ese Estado." La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sostenido -en el Caso Vélez Loor contra Panamá y en el Caso Cabrera García y Montiel Flores contra México- que existen dos supuestos que accionan el deber estatal de investigar actos de tortura y malos tratos: Cuando se presente denuncia. Cuando exista razón fundada para creer que se ha cometido un acto de tortura en el ámbito de la jurisdicción del Estado. El referido tribunal interamericano ha precisado que por razón fundada debe entenderse la existencia de indicios sobre la ocurrencia de la tortura o los malos tratos. Incluso, se ha señalado que aun cuando los actos de tortura o malos tratos no hayan sido denunciados ante las autoridades competentes por la propia víctima, si existen indicios de su ocurrencia, el Estado deberá iniciar de oficio y de inmediato una investigación. En el sistema jurídico mexicano, de forma particular, los artículos 222 del Código Nacional del Procedimientos Penales y 35 de la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, disponen lo siguiente: "Artículo 222. Deber de denunciar Toda persona a quien le conste que se ha cometido un hecho probablemente constitutivo de un delito está obligada a denunciarlo ante el Ministerio Público y en caso de urgencia ante cualquier agente de la Policía. Quien en ejercicio de funciones públicas tenga conocimiento de la probable existencia de un hecho que la ley señale como delito, está obligado a denunciarlo inmediatamente al Ministerio Público, proporcionándole todos los datos que tuviere, poniendo a su disposición a los imputados, si hubieren sido detenidos en flagrancia. Quien tenga el deber jurídico de denunciar y no lo haga, será acreedor a las sanciones correspondientes." "Artículo 33. El delito de tortura se investigará y perseguirá de oficio, por denuncia, noticia o vista de la autoridad judicial. La vista judicial tendrá por efecto que la autoridad competente inicie la investigación del delito de tortura en términos de lo dispuesto en la presente Ley y en el Código Nacional de Procedimientos Penales. En el caso de que la autoridad que tenga conocimiento de los hechos constitutivos del delito de tortura no tenga competencia para iniciar la investigación, ésta deberá remitir el asunto de manera inmediata y por cualquier medio, a las Fiscalías Especializadas competentes. Todo Servidor Público que tenga conocimiento de la comisión del delito de tortura tiene la obligación de denunciarlo de manera inmediata ante las autoridades competentes." Las normas transcritas revelan que a toda persona a quien le conste que se ha cometido un hecho probablemente constitutivo de un delito está obligada a denunciarlo ante el Ministerio Público. En ejercicio de funciones públicas, quien tenga conocimiento de la probable existencia de un hecho que la ley señale como delito, está obligado a denunciarlo inmediatamente al Ministerio Público, proporcionándole todos los datos que tuviere, bajo el apercibimiento de ser acreedor a las sanciones correspondientes. En particular, el delito de tortura se investigará y perseguirá de oficio, por denuncia, noticia o vista de la autoridad judicial. La vista judicial tendrá por efecto que la autoridad competente inicie la investigación del delito de tortura. Por lo que, en el supuesto de que la autoridad que tenga conocimiento de los hechos constitutivos del delito de tortura no tenga competencia para iniciar la investigación, ésta deberá remitir el asunto de manera inmediata y por cualquier medio, a las Fiscalías Especializadas competentes. Asentado lo anterior, en el caso se tiene que de las copias certificadas de cuenta, relativas a los juicios de amparo 276/2021; 639/2021; 653/2021; 677/2021; 248/2022 y sus acumulados 249/2022, 250/2022, 251/2022, 252/2022, 253/2023; 1508/2022 y su acumulado 1509/2022; y 353/2022, se desprende que los directos quejosos Carlos Alberto Angelino Barrón, Juan Manuel Espinosa González, Luis Gabriel Jop Corzo, Enrique Mejía Bello, Erick Adrián Rosas Gamiño, Iván Jesús Salazar Ramírez o Jesús Iván Salazar Ramírez, José Othón Ramiro Hernández Lima, David Schmit Peconka, Jaime León Flores, Alejandro Alberto Flores García, Alejandro Díaz Madrid, Armando Hernández Pérez, Edwin Daniel Guerra Córdova, José Antonio Contreras Chávez, Enrique Alvarado Saucillo, Eduardo Ampudia Fraustro, Eduardo Flores Castro, Renan Hidalgo Echazarreta, y Hugo Melchor Nieto manifestaron que fueron sujetos de tortura y de malos tratos. Por tanto, con apoyo en los artículos 222 del Código Nacional del Procedimientos Penales, 35 de la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes y 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, mediante atento oficio que al efecto se gire, dese vista al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y córrasele traslado con copias certificadas de las documentales descritas en la cuenta, a fin de que éste otorgue intervención a la autoridad competente para iniciar la investigación del delito de tortura alegado por los quejosos. De igual forma, atento a que el artículo 54 de la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, prevé que debe darse seguimiento a la vista otorgada al representante social adscrito; requiérase al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito para que dentro del término de tres días, contado a partir del siguiente día al en que surta efectos la notificación de este acuerdo, informe las actuaciones realizadas en relación con la vista por actos de tortura y malos tratos que le fue otorgada; para lo cual, además, deberá exhibir copia certificada de las constancias que acrediten su dicho. Apercibido que de no cumplir con lo solicitado o de no manifestar el impedimento que le asista, se le impondrá una multa por el equivalente a cincuenta veces el valor diario de la unidad de medida y actualización, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 237, fracción I, en relación con el artículo 259 de la Ley de Amparo y artículo 5 de la Ley para determinar el valor de la Unidad de Medida y Actualización, en relación con el cálculo y determinación de valor actualizado de la Unidad de Medida y Actualización determinado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, esto a la fecha de la emisión del presente auto. Notifíquese.

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