María Inés Gutiérrez Arce
Expediente 729/2020 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 11 actuaciones registradas, la última del 22 de noviembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 729/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 11
- Última actuación
- 22/11/2021
Partes del expediente
- María Inés Gutiérrez Arce
Actuaciones
Las 4 más recientes de 11.
- Principal
Tijuana, Baja California, veintidós de noviembre de dos mil veintiuno. Vista la certificación secretarial que antecede, se advierte que ha transcurrido el plazo a que se refiere el arti´culo 202 de la Ley de Amparo, tienen las partes para recurrir auto de veintiuno de octubre de dos mil veintiuno, mediante el cual se tuvo por cumplida la ejecutoria de amparo dictada en el presente asunto, sin que lo hubieren hecho; en consecuencia, háganse las anotaciones en el libro respectivo, y archívese este expediente como asunto totalmente concluido. En términos del artículo décimo octavo, inciso b), del Acuerdo General de diecinueve de febrero de dos mil veinte, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración y destrucción, digitalización, transparencia y resguardo de los expedientes judiciales generales por los órganos jurisdiccionales, se indica que el presente expediente es depurable y carece de relevancia documental, motivo por el cual debe conservarse en el archivo reciente de este órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberán seguirse los lineamientos establecidos en el citado artículo décimo octavo del propio acuerdo. En tal virtud, hágase saber a las partes que una vez transcurridos tres años de archivado el asunto, se desintegrarán materialmente la totalidad de las constancias que obran en este expediente, por lo que, en su caso, deberán comparecer a este juzgado dentro del plazo de noventa días a recoger los documentos originales que hayan aportado al procedimiento, con el apercibimiento de que de no hacerlo, dichos documentos podrán ser destruidos. Se ordena marcar en la carátula de este expediente, la leyenda "depurable", que determina su destino, en términos de lo dispuesto en el artículo décimo cuarto del Acuerdo General mencionado. Notifíquese.
- Principal
Tijuana, Baja California, veintiuno de octubre de dos mil veintiuno. Vista la certificación secretarial que antecede, se advierte que a la fecha transcurrió el plazo de tres días concedido a las partes en auto de trece de octubre de dos mil veintiuno, a fin de que manifestaran lo que a su derecho conviniera sobre el cumplimiento al fallo protector, sin que hayan hecho uso de ese derecho; por lo tanto, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, procede analizar si efectivamente las autoridades responsables del Instituto de Seguridad de Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipio del Estado de Baja California (ISSSTECALI), cumplieron con la sentencia de amparo dictada en el presente juicio. Ahora bien, conforme a lo establecido por el artículo 77 de la Ley de Amparo, la sentencia que conceda la protección constitucional tendrá por objeto restituir al agraviado en el pleno goce de la garantía violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; asimismo, cuando dicho acto sea de carácter negativo, el efecto del amparo será obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la misma exija. En ese sentido, por sentencia de dieciocho de marzo de dos mil veintiuno, este órgano jurisdiccional, resolvió: "[.] Primero. La justicia de la Unión ampara y protege a María Inés Gutiérrez Arce, contra el acto reclamado a las autoridades responsables, por los motivos expuestos en el considerando quinto y para los efectos precisados en el considerando sexto de esta sentencia. Segundo. Publíquese la presente sentencia en términos del último considerando de esta sentencia.[.]" En esa tesitura, la sentencia en comento concedió el amparo y la protección de la Justicia Federal a la parte quejosa para los siguientes efectos: "1. Llevar a cabo las gestiones necesarias para integrar el expediente de la quejosa María Inés Gutiérrez Arce. 2. Dar respuesta por escrito de manera completa, integral y congruente a la solicitud elevada por la parte quejosa de otorgamiento de pensión por jubilación presentada el once de mayo de dos mil veinte, misma que deberá ser en breve término, esto es, en un plazo no mayor a quince días, de conformidad con la Ley y el Reglamento para el Otorgamiento de Pensiones de los Aseguraros, que rige al citado Instituto. 3. Notificar personalmente a la quejosa la contestación en el domicilio que se le proporcionó en dicho formato, porque únicamente así, se restituirá a la inconforme en el goce del derecho vulnerado con la omisión que nos ocupa." Mediante proveído de seis de abril de dos mil veintiuno, se tuvo a las autoridades responsables interponiendo recurso de revisión en contra de la sentencia de mérito, misma que fue confirmada por el Segundo Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito, con residencia en Mexicali, Baja California, en el amparo en revisión administrativo 257/2021; por lo que en auto de siete de septiembre de dos mil veintiuno, se requirió a las autoridades responsables a fin de que cumplieran con el fallo protector dictado en el presente asunto. En cumplimiento a dicho fallo, mediante oficio recibido en este órgano jurisdiccional en trece de octubre de dos mil veintiuno, la delegada de las autoridades responsables del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California (ISSSTECALI), comunicó el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo; lo que acreditó con lo siguiente: Copia certificada de la Primera Sesión Ordinaria de Junta Directiva de veintinueve de abril de dos mil veintiuno, en la que la junta directiva del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California (ISSSTECALI) determinó entre otras cuestiones conceder el beneficio de pensión por jubilación a la quejosa María Inés Gutiérrez Arce, e instruyó al Subdirector General de Prestaciones Económicas y Sociales del Instituto a fin de que realizará las gestiones necesarias para que el citado beneficio sea otorgado a la aquí quejosa. Copia certificada del acuse de recibo del oficio 729/2020 de veintiocho de mayo de dos mil veintiuno, a través del cual las autoridades responsables notificaron a la parte quejosa por conducto de su autorizada, lo determinado en Primera Sesión Ordinaria de Junta Directiva de veintinueve de abril de dos mil veintiuno. Constancias a las que se les otorga valor probatorio pleno de conformidad a los artículos 129, 197 y 202 de Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, al haber cumplido los lineamientos de la ejecutoria de amparo, debe concluirse que en el caso, se declara que la ejecutoria de amparo ha quedado cumplida. En ese sentido; comuníquese a las partes lo anterior, y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de expedientes "SISE". Finalmente, con fundamento en el artículo 202 de la Ley de Amparo, dese vista a la parte quejosa por el plazo de quince días, contado a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, para que manifieste lo que a su interés convenga, en el entendido que de no realizar manifestación alguna, se tendrá por precluido el derecho y se acordará lo que en derecho corresponda. Notifíquese personalmente.
- Principal
Tijuana, Baja California, trece de octubre de dos mil veintiuno. Agréguense al presente expediente el oficio y anexos que remite la delegada de las autoridades responsables del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California (ISSSTECALI), mediante lo cual informa el cumplimiento dado al fallo protector dictado en este asunto. En consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, con el contenido del oficio y constancias que remite, córrase traslado y dese vista a las partes, por el término de tres días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, para que manifiesten lo que a su derecho convenga y una vez transcurrido dicho término, con o sin manifestación de las partes, procédase a resolver sobre el cumplimiento dado al fallo protector. Notifíquese personalmente.
- Principal
Tijuana, Baja California, siete de septiembre de dos mil veintiuno. Agréguense a los autos para que obren como corresponda el oficio remitido por la Secretaria del Segundo Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito, con residencia en Mexicali, y anexos que acompaña, consistentes en el expediente original del juicio de amparo ******************** y testimonio de la ejecutoria pronunciada en amparo en revisión administrativo ******************** de su índice, en la que dicho Tribunal resolvió lo siguiente: "PRIMERO. Se confirma la sentencia recurrida. SEGUNDO. Para los efectos indicados en el fallo sometido a revisión, la Justicia de la Unión ampara y protege a ********************, en contra de las autoridades responsables y por el acto reclamado precisado en dicha ejecutoria." En ese contexto, comuníquese lo anterior a las partes, acúsese el recibo correspondiente y háganse las anotaciones en el libro de Juzgado respectivo. Ahora bien, en estricto acatamiento a lo determinado por el Tribunal de alzada, requiérase a las autoridades responsables del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California (ISSSTECALI), para que, dentro del término de cinco días hábiles, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, informen el cumplimiento dado al fallo protector en el presente juicio, es decir deberán realizar lo siguiente: 1. Lleve a cabo las gestiones necesarias para integrar el expediente de la quejosa ********************. 2. Dé respuesta por escrito de manera completa, integral y congruente a la solicitud elevada por la parte quejosa de otorgamiento de pensión por jubilación presentada el once de mayo de dos mil veinte, misma que deberá ser en breve término, esto es, en un plazo no mayor a quince días, de conformidad con la Ley y el Reglamento para el Otorgamiento de Pensiones de los Asegurados, que rige al citado Instituto. 3. Notifique personalmente a la quejosa la contestación en el domicilio que se le proporcionó en dicho formato, porque únicamente así, se restituirá a la inconforme en el goce del derecho vulnerado con la omisión que nos ocupa. Debiendo remitir copia certificada de las constancias que lo acrediten, o bien informen la imposibilidad jurídica que tengan para ello; apercibidas que de no hacerlo así sin causa justificada, se les impondrá una multa de cien Unidades de Medida y Actualización, con fundamento en los artículos 237, fracción I, y 258 ambos de la Ley de Amparo; y, conforme al artículo 192 de la propia ley, se remitirán los autos al Tribunal Colegiado de Circuito, para la tramitación del incidente de inejecución de sentencia, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación, así como la jurisprudencia 54/2014, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 19, Libro 12, Tomo I, Noviembre de 2014, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Materia Común, que dice: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, el procedimiento de ejecución del fallo protector inicia una vez que la sentencia ha causado ejecutoria, y el órgano jurisdiccional ha ordenado su notificación a las partes, lo cual debe ser de manera inmediata. El plazo de tres días que de manera general prevé la ley para que se cumplan la sentencias de amparo tiene tres excepciones: 1) se puede ampliar por el juzgador de amparo en el propio auto de requerimiento a la autoridad responsable, de manera razonable y determinada, tomando en cuenta la complejidad o dificultad del cumplimiento de la ejecutoria; 2) si la sentencia no se ha cumplido en el plazo referido, se puede ampliar por una sola vez, si la autoridad demuestra que la ejecutoria se encuentra en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso; y, 3) se puede reducir el plazo de tres días cuando se trate de casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso. En el mismo auto en que se ordena la notificación, se requerirá a la autoridad responsable para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa, la cual de conformidad con lo previsto en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo será de cien a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; además, en el propio acuerdo, si la responsable o diversa autoridad vinculada cuenta con superior jerárquico, se deberá requerir a éste para que ordene a aquélla cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden para que se cumpliera con la sentencia de amparo, se le impondrá a su titular una multa, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable o vinculada. Si ha transcurrido el término concedido para el cumplimiento, el Juez de amparo deberá multar a las autoridades en los términos indicados en la Ley de Amparo, y esperar un plazo razonable para que la autoridad cumpla con la sentencia de amparo antes de iniciar el procedimiento de ejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito. Una vez que el juzgador haya determinado el incumplimiento, deberá enviar los autos al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente a fin de que continúe con el procedimiento previsto en la Ley de Amparo. Recibidos los autos en el Tribunal Colegiado de Circuito, su Presidente notificará a las partes la radicación del incidente de inejecución de sentencia; se revisará el trámite del Juez y, finalmente, se dictará la resolución que corresponda. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera incorrecta, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá devolver los autos al Juez para que reponga el procedimiento de ejecución. Ello puede obedecer a diversas circunstancias, como la relativa a que no hubiere sido debidamente notificada la autoridad responsable o su superior jerárquico. Cuando la ejecutoria de amparo no sea clara, el Tribunal Colegiado de Circuito podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, la apertura de un incidente para que el órgano de amparo que conoció del juicio precise, defina o concrete la forma o términos de su cumplimiento. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera correcta y reitera que existe incumplimiento, el órgano colegiado remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo de los titulares de las autoridades responsables o vinculadas y, en su caso, de sus superiores jerárquicos, lo que se les notificará. Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando la autoridad responsable o vinculada remita informe al órgano judicial que conoció de la primera instancia de amparo, relativo a que ya se cumplió la ejecutoria, éste deberá dar vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado para que manifiesten lo que a su derecho convenga. En esta etapa se podrá alegar exceso o defecto en el cumplimiento. Una vez que hubiere transcurrido el plazo, con desahogo de la vista o sin ella, el referido órgano jurisdiccional de amparo deberá dictar resolución en la que declare si la sentencia se encuentra o no cumplida, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla. Lo anterior sin perjuicio de que, en su caso, en el momento procesal oportuno, se valore la justificación del cumplimiento extemporáneo de la sentencia de amparo". Asimismo, se hace del conocimiento de la autoridad responsable requerida que el cumplimiento extemporáneo injustificado no la exime de responsabilidad, en términos del artículo 195 de la Ley de Amparo, así como de la jurisprudencia 56/2014, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 13, Libro 12, Tomo I, Noviembre de 2014, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Materia Común, que dice: "CUMPLIMIENTO EXTEMPORÁNEO DE LA SENTENCIA DE AMPARO. La Ley de Amparo es clara al determinar en su artículo 195, que si el cumplimiento extemporáneo es injustificado, ello no exime de responsabilidad a las autoridades, lo que constituye uno de los cambios fundamentales entre el sistema de ejecución anterior y el previsto en la nueva ley. En el nuevo régimen de cumplimiento de las sentencias de amparo se prevé, de manera expresa, la asignación de sanciones por el cumplimiento extemporáneo si éste es injustificado. Ante ello, en un primer escenario, podría acontecer que la autoridad sea omisa respecto del cumplimiento de la sentencia de amparo, lo que conduciría, de manera automática, a la imposición de la sanción pecuniaria, y en caso de que aun impuesta la multa no se acredite el cumplimiento, ello dará lugar a continuar con el procedimiento de ejecución que, eventualmente, podría conducir -en su caso- a la separación del cargo y posterior consignación ante el Juez penal, ya que en ese supuesto la autoridad jurisdiccional de amparo no tendrá elementos que valorar, al ser omisos la autoridad y, en su caso, su superior jerárquico, faltando así al deber de diligencia que tienen sobre el acatamiento del fallo constitucional. En este primer escenario, resulta de especial relevancia que el juzgador de amparo requiera el cumplimiento del fallo protector con la precisión necesaria en cuanto a las autoridades competentes para acatarlo y a los actos que les corresponde realizar, ya que si el debido acatamiento de la sentencia concesoria está sujeto a que diversas autoridades emitan en el ámbito de sus respectivas competencias, diferentes actos cuya emisión jurídicamente constituye una condición indispensable para el dictado de los posteriores, será necesario que en el requerimiento respectivo se vincule a cada una de las autoridades competentes a emitir los actos que legalmente les correspondan; incluso, los apercibimientos respectivos deberán tomar en cuenta esas particularidades. En tal virtud, cuando el cumplimiento del fallo protector implique la emisión de actos de diferentes autoridades que dan lugar al desarrollo de un procedimiento en el cual la falta de emisión de alguno de ellos impide la de los siguientes, antes de imponer una multa de las previstas en el párrafo segundo del artículo 192 de la Ley de Amparo, deberá identificarse a la autoridad contumaz, es decir a la responsable del incumplimiento, dado que las diversas autoridades que no ejerzan poder de mando sobre ésta, al encontrarse impedidas legalmente para emitir el acto que les corresponde, tendrán una causa justificada para no haber cumplido el fallo protector. Por lo cual, si el juzgador de amparo tiene la duda fundada sobre cuáles son las autoridades que gozan de las atribuciones para realizar los actos necesarios para el cumplimiento del fallo protector, atendiendo a lo previsto en el artículo 197 de la Ley de Amparo, en el primer acuerdo que dicte en el procedimiento de ejecución de la sentencia, además de requerir a la autoridad o a las autoridades responsables el cumplimiento de la sentencia concesoria, les solicitará que en el plazo de tres días hábiles, se pronuncien fundada y motivadamente sobre cuáles son las autoridades que cuentan con las atribuciones para acatar dicho fallo. Lo anterior, con la finalidad de que con base en lo manifestado por las referidas autoridades y en el análisis del marco jurídico aplicable determine si es el caso de vincular al cumplimiento de la sentencia a diversas autoridades; pronunciamiento que deberá contener las consideraciones y los fundamentos legales que sirvan de base para vincular a las autoridades respectivas, atendiendo a lo previsto en el artículo 74, fracción IV, de la Ley de Amparo, el cual contiene un principio aplicable a toda resolución emitida dentro de un juicio de amparo. En este punto, resulta relevante considerar que la autoridad responsable puede acreditar el cumplimiento de manera posterior a que se impuso la multa y que se continuó con el procedimiento de inejecución y se enviaron los autos al Tribunal Colegiado de Circuito o, en su caso, a esta Suprema Corte de Justicia de la Nación. En estos casos, se deberá analizar si existen elementos para continuar con la tramitación del incidente de inejecución de sentencia que podría culminar con la separación del cargo y, eventualmente, con la consignación ante el Juez penal. Es importante considerar que la intención que subyace a este procedimiento de ejecución no es, de manera preponderante, la asignación de responsabilidades y sanciones a las autoridades que incumplen con la sentencia de amparo, sino el cumplimiento total y, en la medida de lo posible, expedito de las sentencias de amparo." Notifíquese.
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