María Guadalupe Mora Martínez

Expediente 52/2019 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 14 actuaciones registradas, la última del 21 de octubre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
52/2019
Año
2019
Actuaciones
14
Última actuación
21/10/2022

Partes del expediente

  • María Guadalupe Mora Martínez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 14.

  1. Principal

    Tijuana, Baja California, veintiuno de octubre de dos mil veintidós. Vista la certificación secretarial de cuenta, se advierte que transcurrió el término de quince días que establece al artículo 202 de la Ley de Amparo, a fin de que las partes interpusieran recurso de inconformidad en contra del auto de cinco de agosto de dos mil veintidós, mediante el cual se tuvo por cumplida la sentencia dictada en el juicio, sin que se hubiere intentado dicho medio de impugnación. En consecuencia, se advierte que el presente juicio de amparo en el que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, se encuentra totalmente concluido, por lo tanto, conforme a los artículos 196 y 214 de la Ley de la materia, archívese el presente expediente. En otro orden, en cumplimiento a lo ordenado en el artículo décimo quinto, del Acuerdo General de diecinueve de febrero de dos mil veinte, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración y destrucción, digitalización, transparencia y resguardo de los expedientes judiciales generales por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el presente asunto, atendiendo a sus particularidades, carece de relevancia documental, por no ubicarse en alguno de los supuestos a que se refiere el artículo de referencia. Asimismo, se establece que el expediente principal, por haberse concedido el amparo y protección de la Justicia Federal, es susceptible de depuración, en virtud de que encuadra en la hipótesis establecida en el artículo décimo octavo, fracción I, inciso b), citado acuerdo general. Se ordena marcar en la carátula de este expediente, la leyenda "depurable", que determina su destino, en términos de lo dispuesto en el artículo trigésimo quinto del Acuerdo General mencionado. Con fundamento en el artículo octavo, fracción I, del Acuerdo General mencionado, el presente juicio de amparo, se considera expediente de trámite; por tanto, una vez que trascurran tres años, contados a partir de esta fecha, transfiérase el expediente original, al depósito documental del Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como lo establece el numeral 9, del citado Acuerdo General; lo anterior, a partir del veintidós de octubre de dos mil veinticinco. Finalmente, al advertirse que obran documentos originales en el cuaderno en que se provee, y en cumplimiento al antepenúltimo párrafo del punto décimo octavo del citado acuerdo, se requiere a la parte quejosa, para que dentro del término de noventa días, legalmente computado, comparezca ante este tribunal a realizar las gestiones necesarias para la devolución de dichos documentos, apercibiéndole que de no hacerlo así, tales probanzas serán destruidas. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.

  2. Principal

    Tijuana, Baja California, cinco de agosto de dos mil veintidós. Vista la certificación secretarial de cuenta, así como el estado que guardan los presentes autos, se advierte que feneció el plazo otorgado a la partes en proveído de siete de septiembre de dos mil veintiuno, para que manifestara lo que a su derecho conviniera sobre el cumplimiento dado al fallo protector por parte de las autoridades responsables; en consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, procede acordar lo conducente con base en los elementos que obran en el expediente. A fin de efectuar el pronunciamiento respectivo, en principio es pertinente señalar que el diecisiete de diciembre de dos mil diecinueve, se dictó sentencia en el presente juicio de amparo, en la que se concedió el amparo y la protección de la Justicia Federal a Esperanza Leticia Rojas Mora, para el efecto siguiente: "[.]" para el efecto de que las autoridades responsables del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del estado de Baja California, dentro de sus respectivas competencias den respuesta por escrito de manera congruente, con libertad de jurisdicción y en el ámbito de sus facultades, a la solicitud de pensión formulada por la quejosa el once de septiembre de dos mil dieciocho; así como para que la determinación que emita al respecto sea notificada de inmediato.[.]" Inconforme con lo anterior, en proveído de veintisiete de enero de dos mil veinte, se tuvo la delegada de la autoridad responsable del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, interponiendo recurso revisión en contra de la sentencia dictada en autos, el cual por razón de turno, correspondió conocer al Primer Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito, con sede en Mexicali, Baja California, autoridad que mediante resolución de ocho de julio de dos mil veintiuno, pronunciada dentro del amparo en revisión administrativo 226/2020-I, resolvió en lo que interesa: "PRIMERO.- En la materia del recurso, se confirma la sentencia recurrida. SEGUNDO.- La Justicia de la Unión ampara y protege a María Guadalupe Mora Martínez, en los términos del considerando quinto de la sentencia recurrida. (.)" Motivo por el cual en proveído de diez de agosto de dos mil veintiuno, se requirió a las autoridades responsables el cumplimiento del fallo protector. Seguidamente, mediante oficio recibido en este órgano jurisdiccional en seis de septiembre de dos mil veintiuno, la delegada de las autoridades responsables, remitió las constancias respectivas en relación con el cumplimiento dado a la sentencia concesoria del amparo, entre las cuales adjuntó el oficio de dieciocho de agosto de dos mil veintiuno, suscrito por la Jefa del Departamento de Gestión de Pensiones y Jubilaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, con residencia en Mexicali, dirigido a la aquí quejosa, en el que se determinó, entre otras cosas, lo siguiente: "[.] que después de haber realizado una búsqueda minuciosa y exhaustiva en este Departamento de Gestión de Pensiones y Jubilaciones, en los registros existentes se encontró solicitud de Pensión de Retiro por Edad y Tiempo de Servicio presentada por MARÍA GUADALUPE MORA MARTÍNEZ, en fecha 11 de septiembre de 2018y con motivo de la misma, se inició el trámite correspondiente a la pensión de retiro por redad y tiempo de servicio solicitada por Usted, se formó el respectivo expediente, el cual se conformó con la documentación que anexó a la solicitud antes señalada, del mismo se observa que al momento de la emisión de la presente respuesta, no cuenta con el comunicado por parte de la Patronal, en el que indique la propuesta para que usted se incorpore a la nómina de pensionados de este instituto, es decir, no se encontraron trámites de pensión de retiro por edad y tiempo de servicio promovidos por su patrón tal y como se establece en el apartado de "Políticas de Operación", punto 9, del Procedimiento Específico para la Gestión de Pensiones y Jubilaciones [.] . esto es, no cumple con los requisitos formales de la tramitología respectiva y por tanto no puede ser debidamente integrado el expediente en los términos relatados [.] por consiguiente la solicitud de otorgamiento de pensión presentada por Usted, no puede ser legal y debidamente integrada puesto que NO CUMPLE con los lineamientos establecidos. [.] Constancias a las que se les otorga valor probatorio pleno de conformidad a los artículos 129, 197 202 y 210-A de Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo. Con lo anterior, es claro que las autoridades responsables dieron cumplimiento al fallo protector, ya que en acatamiento al mismo, acreditaron que mediante oficio de dieciocho de agosto de dos mil veintiuno, firmado por la Jefa del Departamento de Gestión de Pensiones y Jubilaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, con residencia en Mexicali, se dio respuesta al escrito presentado por la parte quejosa el once de septiembre de dos mil dieciocho, en relación con la solicitud de pensión por jubilación en los términos ahí planteados, notificación que le fue realizada por conducto del actuario de la adscripción a solicitud de la autoridad responsable (al darle vista con el cumplimiento al fallo protector informado por la autoridad responsable). Por tanto, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo, se declara cumplida la sentencia de amparo; sin perjuicio de que las partes intenten el medio de impugnación previsto en el artículo 201 de la ley de la materia; comuníquese a las partes lo anterior, y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de expedientes "SISE". Lo anterior se concatena con lo resuelto por el Primer Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito, con residencia en Mexicali, Baja California, dentro del recurso de queja administrativo 48/2022-I, en la que se declaró fundado dicho recurso interpuesto por la delegada de las autoridades responsables Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, en lo que aquí interesa, determinó lo siguiente: "[...] Como se aprecia, las autoridades responsables se pronunciaron en relación con la petición de la parte quejosa, tal como se indicó en la sentencia de amparo, pues los efectos fueron precisamente que se diera contestación al escrito relacionado con la pensión. Por tanto, si en la sentencia constitucional de origen, misma que se confirmó por este Tribunal Colegiado, no se indicó a las autoridades responsables que la respuesta correspondiente debía emitirse en determinado sentido, sino que emitiera respuesta completa, integral y congruente con la solicitud elevada por la quejosa. De acuerdo con ello, es fundado lo que alegan las autoridades recurrentes, pues del fallo constitucional en comento no se aprecia que para calificar su cumplimiento se deba tomar en cuenta alguna particularidad en la respuesta brindada a la parte quejosa. [.]" Documento consultable en el sistema integral de seguimiento de expedientes (SISE), del Consejo de la Judicatura Federal y se invoca como hecho notorio, en términos del numeral 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en consonancia con la jurisprudencia P./J. 16/2018 (10a.), de registro digital 2017123, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro siguiente: "HECHOS NOTORIOS. TIENEN ESE CARÁCTER LAS VERSIONES ELECTRÓNICAS DE LAS SENTENCIAS ALMACENADAS Y CAPTURADAS EN EL SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES (SISE)." De ahí que -como se anticipó-, se tenga por cumplida la sentencia dictada en el presente asunto. Sirve de apoyo a lo anterior, de conformidad con el artículo Sexto Transitorio de la Ley de Amparo, la jurisprudencia cuyo rubro y datos de identificación se citan a continuación: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO. El artículo 105 de la Ley de Amparo impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento cuando no fueren obedecidas a pesar de los requerimientos formulados al efecto, y de su párrafo tercero se deduce la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el indicado juzgador la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, deberá declararlo en el proveído correspondiente de manera lisa y llana, y abstenerse de calificarlo con expresiones tales como "debido", "exacto", "cabal", u otras semejantes, ya que ello implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente si no se conforma con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial con la calificación oficiosa y, además, podría llevar al propio juzgador a emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución." (Novena Época, Registro: 165807, Instancia: Segunda Sala, Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXX, Diciembre de 2009, Materia(s): Común, Tesis: 2a./J. 201/2009, Página: 301). Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    Tijuana, Baja California, nueve de septiembre de dos mil veintiuno. Vista la constancia actuarial de cuenta, se advierte la imposibilidad que tuvo la fedataria adscrita para notificar al quejoso el auto de siete de septiembre de del año en curso, por las razones que en la misma expone. En consecuencia, con fundamento en los artículos 26, fracción III, y 29 de la Ley de Amparo, notifíquesele al quejoso, el presente proveído, el auto de doce de abril del año en curso y las subsecuentes actuaciones, por medio de lista que se fije en los estrados de este juzgado, hasta en tanto señale domicilio para tales efectos. Notifíquese y por lista a la parte quejosa.

  4. Principal

    con fundamento en los artículos 26, fracción III, y 29 de la Ley de Amparo, se notifica por medio de lista a la parte quejosa el auto de nueve de septiembre del año en curso, que enseguida se cita: Tijuana, Baja California, nueve de septiembre de dos mil veintiuno. Vista la constancia actuarial de cuenta, se advierte la imposibilidad que tuvo la fedataria adscrita para notificar al quejoso el auto de siete de septiembre de del año en curso, por las razones que en la misma expone. En consecuencia, con fundamento en los artículos 26, fracción III, y 29 de la Ley de Amparo, notifíquesele al quejoso, el presente proveído, el auto de doce de abril del año en curso y las subsecuentes actuaciones, por medio de lista que se fije en los estrados de este juzgado, hasta en tanto señale domicilio para tales efectos.

Quedan 10 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana · 3,498 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano