María Inés González Fueyo

Expediente 51/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 8 de febrero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
51/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
08/02/2023

Partes del expediente

  • María Inés González Fueyo

Actuaciones

  1. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, ocho de febrero de dos mil veintitrés. I. FENECE TÉRMINO PARA SEÑALAR DOMICILIO. De la certificación que antecede se desprende que concluyó el término de tres días concedido a la parte quejosa en proveído de veinte de enero último, para señalar medio electrónico y/o domicilio para oír y recibir notificaciones domicilio dentro de la residencia de este órgano jurisdiccional, sin que lo hubiera hecho en tales condiciones, se hace efectivo el apercibimiento realizado en ese acuerdo y con fundamento en los artículos 26 y 27, fracción II de la Ley de Amparo y 297, fracción II, del supletorio del Código Federal de Procedimientos Civiles, se tiene como su domicilio para ser notificada, las listas consultables en la página del consejo de la Judicatura Federal y fijada en los estrados del edificio en el que se localiza este juzgado. II. CAUSA ESTADO DESECHAMIENTO. Vista la certificación que antecede, en la cual se hace constar que al día de hoy no se interpuso queja contra el auto por el cual se desechó la demanda; consecuentemente, con fundamento en los artículos 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que ha causado estado. Háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como asunto concluido. Por otra parte, en acatamiento al Acuerdo General sin número del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, aprobado en sesión ordinaria de diecinueve de febrero de dos mil veinte, el presente expediente carece de relevancia histórica y documental, por lo que es destruible en el plazo de tres años, ya que se desechó la demanda de amparo, de conformidad con el artículo 21, inciso d) de esa normatividad. Notifíquese.

  2. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, treinta y uno de enero de dos mil veintitrés. Agréguese el oficio signado por la secretaria del Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, mediante el cual devuelve diligenciado el exhorto 21/2023, derivado del juicio de amparo en que se actúa, por el cual se le solicitó notificar a la quejosa María Inés ..., el contenido del proveído de veinte de enero de la presente anualidad, por el cual se desechó la demanda. Háganse las anotaciones en el libro de comunicaciones oficiales respectivo, sin que sea necesario remitir el acuse de recibo en la vía tradicional dado que la constancia que se obtiene del Sistema Integral de Seguimiento a expedientes (SISE) al devolver la comunicación oficial, hace las veces del acuse respectivo; aunado a que no lo solicita el homólogo remitente. Notifíquese.

  3. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, veinte de enero de dos mil veintitrés. RADICACIÓN Se tiene recibido el oficio signado por la Secretaria del Juzgado Sexto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con los anexos que acompaña consistentes en el original del juicio de amparo directo 43/2023 de su índice, que contiene la demanda de amparo promovida por ******************** por propio derecho, así como tres copias de traslado de demanda, a través del cual dicho tribunal mediante auto de doce de enero de dos mil veintitrés, se declaró incompetente para conocer de dicho asunto, por los motivos que ahí expone. Al respecto, este juzgado de distrito asume competencia de la demanda en cuestión, acúsese recibo vía interconexión. ANOTACIONES Con fundamento en el artículo 112 de la Ley de Amparo, se registra la demanda de amparo promovida por ********************, por propio derecho, fórmese expediente físico y electrónico con el número 51/2023-V que le correspondió en el libro de gobierno que se lleva en este órgano jurisdiccional. ACTO RECLAMADO De la lectura integral de la demanda se advierte que la quejosa reclama: La sentencia interlocutoria uno de diciembre de dos mil veintidós, emitida en la etapa de ejecución de sentencia (participación de bienes), del procedimiento de divorcio incausado 730/214, radicado ante el Juzgado Décimo Primero Familiar del Distrito Judicial de Tlalnepantla, Estado de México, por la cual resolvió infundado el recurso de revocación interpuesto por ********************, contra auto de nueve de noviembre de dos mil veintidós. DESECHAMIENTO Este juzgador estima que en este caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del numeral 61, en relación con el número 107, fracción IV, aplicado en sentido contrario, de la Ley de Amparo, relativa a que el juicio de amparo sólo procede contra la última resolución dictada en el procedimiento de origen, cuando se trata de actos de ejecución de sentencia, cuyo texto es el siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior." Al respecto, es pertinente destacar que el procedimiento de ejecución constituye el conjunto de actos dirigidos a lograr la satisfacción coactiva de la sentencia de condena, ante la falta de cumplimiento voluntario de la parte vencida, dicho procedimiento se encuentra encaminado a asegurar la eficacia práctica del derecho reconocido en sentencia. Por tanto, es de señalar que la razón que inspiró la creación de las reglas de procedencia previstas en el artículo 107 de la Ley de Amparo, dentro de las cuales queda comprendida la que se invoca en el caso en concreto, fue impedir que el juicio de amparo fuera utilizado como instrumento para retardar o entorpecer la ejecución de una sentencia definitiva. Por constituir la sentencia el resultado de un mecanismo a través del cual el Estado dirime conflictos suscitados entre particulares y, de esa forma, lograr restablecer la estabilidad quebrantada como consecuencia de éstos, la sociedad está interesada en que su ejecución se realice con celeridad, en el menor tiempo posible. Con ese motivo, el legislador limitó la procedencia del juicio de amparo indirecto, en contra de actos dictados en ejecución de sentencia, a la resolución definitiva que pusiera fin a ese procedimiento, pudiéndose reclamar en la demanda las demás violaciones procesales cometidas durante el mismo que hubieran dejado sin defensa a la parte quejosa. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia por contradicción P./J. 32/2001, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la novena época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, a página treinta y uno, tomo XIII, de abril de dos mil uno, la cual indica: "AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN "ÚLTIMA RESOLUCIÓN", A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA. La referida disposición exige para la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, que se reclame la última resolución dictada en dicho procedimiento. Ahora bien, este requisito tiene como finalidad, de conformidad con lo previsto en la exposición de motivos de la ley citada, evitar que se abuse del juicio de garantías, lo que se obtiene si la procedencia de éste contra violaciones sufridas en la ejecución de una sentencia, se limita a la impugnación de la "última resolución" que se dicte en esa fase ejecutiva, resolución que debe ser entendida como aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 113 de la legislación invocada, al que se acude en forma analógica, ante la inexistencia de otro ordenamiento que proporcione una interpretación diferente." En el caso, se desprende que la parte quejosa reclama la sentencia interlocutoria de uno de diciembre de este año, dictada dentro del expediente 730/2014, relativo al procedimiento especial de divorcio incausado, del índice del Juzgado Décimo Primero Familiar del Distrito Judicial de Tlalnepantla, con residencia en Huixquilucan, Estado de México, por la que se declaró infundado el recurso de revocación hecho valer contra el auto de nueve de noviembre de dos ml veintidós. Ahora, de los antecedentes narrados en la demanda, se aprecia que el sumario natural se encuentra en la etapa de ejecución de sentencia, toda vez que ya se dictó sentencia definitiva en el juicio, misma que fue recurrida por la aquí quejosa y la Primera Sala Regional Familiar de Tlalnepantla resolvió el medio de defensa hecho valer contra la resolución definitiva dictada por el juez responsable y en que se determinó esencialmente, que la aquí quejosa tiene derecho a la repartición equitativa del cincuenta por ciento de dos bienes inmuebles. Asimismo, cabe mencionar que de los antecedentes del acto reclamado descritos por la impetrante y de la documental que allegó (resolución de uno de diciembre de dos mil veintidós), se desprende que las partes no llegaron a un acuerdo sobre la designación de un perito para que valuara los bienes raíces a repartir, por tanto en audiencia llevada a cabo el diecinueve de enero de dos mil veintidós, de la cual emana el agravio de la quejosa, el Juez Décimo Primero Familiar de este Distrito Judicial de Tlalnepantla, Estado de México, determinó: ".no hay acuerdo con relación a la designación de un perito partidor, de conformidad con el numeral descrito, la designación del partidor se llevará a cabo por este Tribunal de acuerdo a la circular número 98/2021 de fecha 16 dieciséis de diciembre de 2021 dos mil veintiuno, que contiene el acuerdo del pleno del consejo de la judicatura de fecha 13 trece de diciembre de 2021 dos mil veintiuno, por el que se aprueba la lista oficial de peritos externos del Poder Judicial del Estado de México. En este sentido, se designa como Perito Partidor al experto (.) instruyendo a la notificadora adscrita para que a través de correo electrónico institucional, le haga saber su nombramiento para que acepte y proteste el cargo conferido por escrito dentro del plazo de cinco días indique el costo de sus honorarios y señale día y hora para la práctica de la valoración correspondiente con relación al inmueble ubicado en la casa marcada con el número cuarenta y seis 46 de la Calle Fuente de Marcela, en Lomas de Tecamachalco, Sección Bosques, en Huixquilucan, Estado de México, código postal 59780, así como el mobiliario, menaje de la casa y enseres que se encuentren en el domicilio. Ahora bien, respecto de la partición del bien Inmueble ubicado en el ********************, con fundamento en lo que disponen los numerales 1.141, 1.143 y 1.147 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México se ordena girar exhorto al Juez competente en la Ciudad de México a efecto de que designe Perito auxiliar de la administración de Justicia del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, en materia de partición, que lleve a cabo el dictamen encomendado, quien deberá, aceptar y protestar el cargo conferido y remitirlo a la brevedad a este Tribunal, facultando al Juez exhortado para que acuerde promociones que conlleven a cumplimentar lo antes ordenado.." Posteriormente, en el auto recurrido nueve de noviembre de dos mil veintidós, la responsable acordó un escrito de la aquí parte quejosa (página 6 de la demanda) por el cual solicitó que el Juez responsable sea quien designe al perito que deba efectuar el dictamen de partición del bien Inmueble ubicado en el ********************, y que tal designación no sea efectuada por su homólogo a quien giró exhorto; petición que se respondió en el sentido que debía estarse a lo acordado en audiencia de diecinueve de enero de dos mil veintidós, que se encuentra firme por no haber sido impugnada. Ahora, según se advierte de las documentales aportadas por la propia quejosa, en la resolución aquí reclamada (uno de diciembre de dos mil veintidós), la responsable hizo la precisión de que en la audiencia llevada a cabo el diecinueve de febrero de dos mil veintidós, se asentó físicamente como fecha "dieciocho de enero de dos mil veintidós", por lo que es ésta la que efectivamente se pretendió revocar. En ese contexto, se concluye que la parte quejosa deberá esperar al dictado del acto conclusivo de la etapa de ejecución, a fin de combatir las violaciones que considere hayan sido cometidas durante la misma. En la inteligencia que en el caso no se advierte que se actualice un supuesto de excepción que haga procedente el juicio de amparo contra actos dictados después de concluido el juicio y, específicamente, en el periodo de ejecución de sentencia, mismos que consisten en: 1. Aquellos actos que gocen de autonomía en el periodo de ejecución de sentencia; y, 2. Los actos de imposible reparación, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural. Al respecto se invoca la jurisprudencia I.11o.C. J/7 K (11a.), del Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Undécima Época, Libro 9, Enero de 2022, Tomo IV, página 2764, de registro digital 2024100, que dice: "ACTOS DICTADOS DESPUÉS DE CONCLUIDO EL JUICIO (ETAPA DE EJECUCIÓN DE SENTENCIA). REGLAS PARA LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO EN SU CONTRA. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido jurisprudencialmente la procedencia del juicio constitucional contra actos dictados después de concluido el juicio y, específicamente, en el periodo de ejecución de sentencia en dos hipótesis: 1. Contra los actos que gocen de autonomía en el periodo de ejecución de sentencia; y, 2. Contra los actos de imposible reparación, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural. Respecto a la primera hipótesis, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado el criterio de que los actos dictados después de concluido el juicio, en contra de los cuales sí es procedente el amparo indirecto, son aquellos que tienen autonomía propia y que no tienen como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural; esto es, debe entenderse por resoluciones jurisdiccionales autónomas, las que se dictan de manera previa y son necesarias para preparar la ejecución, como las interlocutorias que fijan en cantidad líquida la condena de que fue objeto la parte vencida, o bien, las que impiden, obstaculizan o retrasan dicha ejecución en perjuicio del ejecutante. En cuanto a la segunda excepción a la regla general de procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos dictados en la etapa de ejecución de sentencia, el propio Alto Tribunal estableció que, excepcionalmente, procede contra actos que afectan de forma inmediata o inminente derechos sustantivos de los previstos en la Constitución General, o normas de derechos humanos contenidas en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es Parte, pero con la condición de que sean ajenos a la cosa juzgada. Además, se dispuso que el juicio de amparo indirecto es procedente contra la interlocutoria dictada en etapa de ejecución de sentencia que desestime la excepción sustancial y perentoria que opone el ejecutado, porque constituye un acto de imposible reparación. En consecuencia, tratándose de actos dictados en etapa de ejecución de sentencia, el juicio de amparo indirecto será procedente contra: 1. La última resolución dictada en el periodo de ejecución de sentencia, esto es, la que: a) Aprueba o reconoce el cumplimiento total de la sentencia; b) Declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento; y, c) Ordena el archivo definitivo del expediente; 2. La última resolución pronunciada en el procedimiento de remate, esto es, la que, indistintamente, en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y/o la que ordena la entrega de la posesión de los inmuebles rematados; 3. Actos que gocen de autonomía y no tengan como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural, como las interlocutorias que fijan en cantidad líquida la condena de que fue objeto la parte vencida; y, 4. Actos que afecten materialmente derechos sustantivos del ejecutante o ejecutado y sean ajenos a la cosa juzgada." Pues como se dijo, el acto reclamado tiene relación directa con la ejecución de la sentencia, pues con ello prepara la ejecución de la misma, por lo que no es uno autónomo ajeno, por el contrario, se trata de actuaciones cuyo objetivo principal es ejecutar la sentencia definitiva. Además que dicho acto no es de imposible reparación, pues incluso, considerando que el agravio de la hoy quejosa radica en que estima que la responsable es quien debe designar al perito partidor que deba llevar a cabo el dictamen de partición respecto del inmueble ubicado en el ********************, dado que éste debe pertenecer a la planilla de peritos externos del Poder Judicial del Estado de México; y no su homólogo con residencia en la Ciudad de México. Lo cual no afecta de manera presente algún derecho sustantivo de la promovente; de ahí que, no se vislumbra una afectación de imposible reparación a sus derechos sustantivos que haga procedente el juicio que insta, ya que lo reclamado no implica la privación de la vida, la integridad personal, la libertad o la propiedad del quejoso; sino que por el contrario, tales cuestiones, dada su naturaleza, se insiste, afectan solamente derechos adjetivos o procesales, emitidos en ejecución de sentencia. Pues incluso, si como consecuencia indirecta de dicho acto, permanece subsistente el requerimiento del pago de los honorarios del perito partidor designado por el Juez exhortado, lo que podría traducirse en un perjuicio a la economía de la quejosa, debe decirse que la carga procesal de efectuar dicho pago, corresponde a las partes del juicio. Al respecto, es menester destacar que dicha carga procesal se encuentra establecida en el artículo 1.322 del Código de Procedimientos Civiles, aplicable al caso en estudio, que dispone que los honorarios de cada perito serán pagados por la parte que lo hubiere nombrado, lo que implica que en el caso de que las partes no hayan nombrado uno y se haya designado uno de manera oficial, tienen la carga de hacer frente a los honorarios que éste fije por sus servicios. Así, es claro que las partes dentro del juicio natural asumen la carga procesal de hacer frente a diversos gastos que son propios a cualquier procedimiento y que tienen por finalidad que se lleven a cabo todos los actos necesarios para resolver el asunto o bien que se le dé cumplimiento a una sentencia ejecutoriada, por lo que dichas cargas procesales tienen un impacto únicamente dentro del proceso, es decir, tienen una naturaleza adjetiva. En ese sentido, es pertinente señalar que a diferencia de las obligaciones procesales, tratándose de una carga procesal la autoridad no está facultada para hacerlos cumplir de manera obligatoria mediante coacción, es decir, mediante la imposición de medidas de apremio, pues el cumplimiento de la determinación que fija la carga procesal queda a elección del interesado, como lo ha expuesto la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis 1a. CLVIII/20095, que dispone: "OBLIGACIONES Y CARGAS PROCESALES. DISTINCIÓN DE LAS CONSECUENCIAS DEL INCUMPLIMIENTO DE UNAS Y OTRAS. La obligación procesal existe cuando la ley ordena a alguien tener determinado comportamiento para satisfacer un interés ajeno, sacrificando el propio; mientras que la carga procesal tiene lugar cuando la ley fija la conducta que debe asumir quien quiera conseguir un resultado favorable a su propio interés. Así, el incumplimiento de una obligación procesal puede dar lugar a la imposición de sanciones, como son los medios de apremio, la condena en costas o el pago de daños y perjuicios; en cambio, no es jurídicamente correcto sostener que el incumplimiento de una carga procesal produce como consecuencia propiamente una sanción, entendida como castigo o penalización por el incumplimiento de un deber, sino que en función de su naturaleza procesal, constituye una omisión en la de verificación de un requisito procesal; es decir, si el cumplimiento de una carga procesal constituye una condición para que el litigante consiga los fines que satisfacen su propio interés, es evidente que la insatisfacción de esa condición tiene como consecuencia que el interesado no alcance dichos fines." Sentado lo anterior, es evidente que en todo caso, el pago de tales honorarios, no afecta de manera presente algún derecho sustantivo de la promovente, pues el pago de honorarios de un perito es una carga procesal de observancia potestativa y sólo incide en la posición que asume en el juicio natural, más no provoca una sanción o coacción que conmine a su cumplimiento de manera ineludible o a través de una orden de embargo o medio de apremio; de ahí que, no se vislumbra una afectación de imposible reparación a sus derechos sustantivos que haga procedente el juicio que insta. No se desatiende que el numeral invocado de la legislación adjetiva aplicable al procedimiento natural, dispone que en caso de que una de las partes no exhiba el pago de los honorarios que le correspondan puede ser sujeta a que se le condene a costas, sin embargo, ello deberá ser determinado en una actuación posterior dictada durante el desenlace del juicio, misma en la que se verificará si en su caso la actuación aquí combatida irroga un perjuicio a quien no acató su carga procesal, lo que en la especie no ha acontecido; por tanto, no se aprecia que se cometa alguna violación directa e inmediata a los derechos sustantivos de la amparista, ya que lo reclamado no implica la privación de la vida, la integridad personal, la libertad o la propiedad del quejoso; sino que por el contrario, tales cuestiones, dada su naturaleza, se insiste, afectan solamente derechos adjetivos o procesales. Resulta aplicable la jurisprudencia PC.III.C. J/48 C (10a.)6, emitida por el Pleno de Circuito en Materia Civil del Tercer Circuito, de rubro y texto: "AMPARO INDIRECTO.ES IMPROCEDENTE CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE, CON CARÁCTER DE DEFINITIVA APRUEBA EL MONTO DE LOS HONORARIOS DEL PERITO OFICIAL DESIGNADO POR EL JUEZ EN UN JUICIO CIVIL, AL NO CONSTITUIR UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO). La resolución que fija de manera definitiva los honorarios del perito designado por el Juez, en términos del artículo 353 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, no afecta materialmente algún derecho sustantivo del oferente de la prueba, por tratarse de una "carga procesal" que, a diferencia de los "deberes procesales", es de observancia potestativa y sólo incide en la posición que va asumiendo en el juicio, mas no provoca una sanción o coacción que conmine a su cumplimiento de manera ineludible o a través de una orden de embargo o medio de apremio, pues la consecuencia que impone el mencionado artículo es que se tenga por perdido su derecho para desahogar dicha prueba, con o sin petición de la contraria. De lo que se concluye que no constituye un acto de imposible reparación, por lo que es improcedente el juicio de amparo indirecto promovido en su contra." En mérito de lo anterior, en criterio del suscrito, al actualizarse de manera manifiesta y notoria la causa de improcedencia analizada, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, lo procedente es desechar de plano la demanda de amparo promovida por ********************, por propio derecho. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Tomando en cuenta que el domicilio proporcionado en la demanda de amparo para oír y recibir notificaciones se encuentra fuera de la residencia de este Juzgado de Distrito (Naucalpan de Juárez) y de su zona conurbada (Tlalnepantla de Baz, Atizapán de Zaragoza y Huixquilucan), hasta en tanto se señale algún domicilio dentro de los municipios referidos, todas las notificaciones aún las de carácter personal, se le harán por medio de lista que se publica en los estrados de este juzgado, de acuerdo con el artículo 27, fracción II, de la Ley de Amparo, sin perjuicio de que este juzgado ordene, cuando así lo estime conveniente, la notificación en los términos del artículo 26, fracción I, inciso k) de la ley de amparo. Se autoriza a las personas que refiere en los términos amplios del artículo 12, primer párrafo, de la normatividad de la materia, siempre y cuando tengan su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; de lo contrario, sólo para el efecto de oír y recibir notificaciones e imponerse de autos. Con fundamento en la parte final del párrafo quinto, del artículo 3º de la Ley de Amparo, se autoriza la consulta vía internet del expediente electrónico derivado del presente juicio de garantías al usuario ********************", el cual se encuentra disponible en la página http://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx. De conformidad con la circular número 12/2009, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza el uso de cámaras, grabadoras y lectores ópticos, para reproducir las actuaciones del presente juicio. No obstante, dada la naturaleza de la presente determinación, toda vez que la parte quejosa señaló como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en: ********************esto es, fuera de la jurisdicción de este órgano; con fundamento en el artículo 27, fracciones II y III de la Ley de Amparo, 300 y 301 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, así como lo dispuesto por el ordinal 138, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, gírese atenta comunicación oficial vía electrónica al Juez de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con sede en Toluca, en Turno, para que en auxilio y por comisión de las labores de este órgano jurisdiccional, notifique personalmente a la parte quejosa, o por conducto de alguno de sus autorizados (para lo cual se anexa la primera foja de la demanda de amparo), y le corra traslado con copia simple del presente proveído. Además, deberá requerirle para que dentro del término de tres días, computado a partir de su notificación, señale medio electrónico para oír y recibir notificaciones, es decir, un nombre de usuario registrado ante el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación para ese efecto, o bien, un domicilio que se ubique dentro de la residencia de este órgano jurisdiccional (Naucalpan de Juárez); bajo apercibimiento que de no hacerlo, sin previo acuerdo, se notificará mediante la lista consultable en la página del Consejo de la Judicatura Federal y fijada en los estrados del edificio en el que se localiza este Juzgado, aun las notificaciones de tipo personal, de conformidad con los artículos 26 y 27, fracción II, de la normatividad de la materia y 297, fracción II, del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles. Con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se faculta al juez exhortado para que en caso de ser necesario, habilite días y horas inhábiles, a fin de realizar la diligencia encomendada. TRANSPARENCIA Conforme a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace del conocimiento de las partes que pueden manifestar por escrito su oposición a que se publiquen sus datos personales, con independencia de que este juzgado, por conducto de los Secretarios y Actuarios, al elaborarse la versión pública, suprima dicha información. SOLICITUD DE INFORMACIÓN Se solicita a las partes proporcionen, de ser su deseo, un número telefónico y una cuenta de correo electrónico para que, en caso de que sea necesario, se pueda entablar comunicación no procesal y así estar en posibilidad de lograr una mayor celeridad en la integración de este asunto, en aras de acatar lo estipulado en el artículo 17 Constitucional. Asimismo, se pone a disposición de las autoridades responsables el correo electrónico institucional 2jdo2cto@correo.cjf.gob.mx para el supuesto de que deseen presentar promociones relacionadas con el presente expediente, siempre y cuando tenga firma electrónica, o bien, las remitan de manera digitalizada con firma y sellos autógrafos, a través del referido correo electrónico oficial. También, se informa a las partes que el horario de atención al público en este juzgado de distrito es de lunes a viernes de las nueve horas con treinta minutos a las catorce horas con treinta minutos; de conformidad con el artículo 6 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales. INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE FÍSICO Y ELECTRÓNICO Conforme a lo dispuesto en los artículos 3° de la Ley de Amparo, 21, 22, 23, 24, 25 y 26 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; se instruye al oficial de partes, oficiales judiciales o administrativos, actuarios judiciales y demás personal del órgano jurisdiccional que intervengan en la formación de este expediente, para integrar debidamente el cuaderno impreso y electrónico del presente asunto. Por tanto, dichos servidores públicos deben digitalizar las constancias de este juicio que se exhiban de manera impresa, las cuales deben ser legibles para su consulta por las partes en el expediente electrónico; además, quedan instruidos para imprimir las constancias que se adjunten de forma electrónica, para que previo acuerdo respectivo, incorporarlas al expediente impreso; lo anterior, sin que sea necesario notificar esta determinación a los referidos servidores públicos, en la medida que su intervención en la formación del expediente de mérito implica el conocimiento del presente mandato. Asimismo, se precisa que no se digitalizarán las constancias consistentes en copias de traslado, hojas en blanco, folders, micas o cualquier material sin leyenda relevante y de los que se aprecie que únicamente se presentaron con la finalidad de proteger documentos; tampoco aquellos anexos, promociones o constancias que, por imposibilidad material de origen no se puedan digitalizar, sin embargo, éstas últimas quedarán a disposición de las partes para su consulta dentro de las instalaciones de este órgano jurisdiccional. EXHORTACIÓN A TRAMITAR ASUNTOS "EN LÍNEA" En términos del artículo 263, fracción II del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, se exhorta a las partes para que, cuando les sea posible, transiten hacia la actuación en el juicio en línea desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. TRAMITACIÓN ELECTRÓNICA EN EL JUICIO EN LÍNEA Se hace saber a las partes que, conforme al numeral 263 del acuerdo general mencionado en el párrafo que antecede, independientemente del esquema tradicional, híbrido o en línea con el que intervengan en este asunto, este órgano jurisdiccional adoptará como eje rector de su actividad la actuación desde las aplicaciones del Sistema Electrónico del Consejo de la Judicatura Federal, específicamente, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en los demás sistemas de gestión judicial, en atención a las siguientes bases: I. Todas las actuaciones judiciales que deban constar por escrito se plasmarán en documentos generados y firmados electrónicamente. II. Sólo se digitalizarán los documentos remitidos físicamente por las partes, testigos, peritos, otras personas intervinientes y autoridades ajenas al Poder Judicial de la Federación. III. La única excepción a lo dispuesto en las dos fracciones anteriores será la generación de constancias y documentos necesarios para la práctica de notificaciones que deban realizarse físicamente, así como digitalización de las razones, constancias y acuses que deriven de las mismas. IV. Las partes autorizadas para ello podrán consultar su expediente desde el Portal de Servicios en Línea. Quienes no tengan habilitada esta modalidad, podrán acudir físicamente para consultar el expediente electrónico en los equipos dispuestos para tal efecto dentro del horario de atención al público en este órgano jurisdiccional. Notifíquese por exhorto a la parte quejosa.

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