María Guadalupe Torres Rojas
Expediente 1156/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 21 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1156/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 21/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- María Guadalupe Torres Rojas
Actuaciones
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, veintiuno de noviembre de dos mil veintitrés. Vista la certificación que antecede, en la cual se hace constar que al día de hoy las partes no interpusieron revisión, dentro del término legal, contra la sentencia dictada en el presente juicio; en consecuencia, con apoyo en los numerales 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente, se declara que ha causado ejecutoria. En tal virtud, con fundamento en los artículos 192 y 258 de la Ley de Amparo, se requiere a las autoridades responsables Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Presidente del Comité de Pensiones del referido instituto, para que dentro del plazo de tres días, contados a partir de que cuente con la presente determinación, acaten en sus términos la ejecutoria de amparo, esto es: "(.) - i) Contesten de manera congruente, coherente y completa la solicitud de pensión con número de folio ********************, presentada el dieciséis de noviembre de dos mil veintidós; y, ii) Hagan del conocimiento de la quejosa la respuesta acordada. Sin que ello implique que la respuesta deba ser en determinado sentido, pues atendiendo al principio de legalidad, las autoridades únicamente podrán resolver respecto de aquellas cuestiones que sean de su competencia y en los términos que fundada y motivadamente estimen conducentes (.)" Con el apercibimiento que de no hacerlo, sin causa justificada, se les impondrá una multa equivalente a cien Unidades de Medida y Actualización. En la inteligencia que para dar celeridad a la integración de este asunto, la información puede ser enviada al correo 2jdo2cto@correo.cjf.gob.mx, confirmando en el número telefónico 5553870500, extensión 1231. Se hace del conocimiento de las autoridades señaladas que de conformidad con el artículo 193 de la Ley de Amparo, se considerará incumplimiento el retraso por medio de evasivas o procedimientos ilegales de la autoridad responsable o de cualquiera otra que intervenga en el trámite relativo, a menos que demuestren que la ejecutoria está en vías de cumplimiento o justifiquen la causa del retraso. Asimismo, es necesario precisar que de acuerdo al numeral 195 del ordenamiento citado, el cumplimiento extemporáneo de la ejecutoria de amparo, si es injustificado, no exime de responsabilidad a la autoridad responsable, pues en todo caso únicamente se tomará en consideración como atenuante al imponer la sanción penal. En la inteligencia que no basta con que hagan manifestación respecto a las gestiones realizadas, sino que deben acreditar sus actuaciones con las constancias conducentes, las cuales deberán remitir en copia certificada, legible y completa. Se hace del conocimiento de las autoridades requeridas que lo que aquí se ordena, constituye un mandato judicial, por lo que se encuentran compelidas a dar cabal cumplimiento al fallo protector en los términos en que fue concedido. Notifíquese.
- Principal
R E S U L T A N D O Primero. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el cinco de septiembre de dos mil veintitrés (fojas 2 a 10) en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de México, con sede en Naucalpan de Juárez, y remitido el siete siguiente (foja 2) por razón de turno a este órgano jurisdiccional, ********************, por derecho propio, solicitó el amparo y protección de la justicia federal contra el Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios y otra autoridad, por el acto que se indicará más adelante en el considerando segundo. Segundo. Admisión de la demanda. Por auto de ocho de septiembre de la presente anualidad (fojas 12 a 15) se admitió a trámite la demanda de amparo, la que se registró con el número 1156/2023-III, se dio la intervención que legalmente le compete a la representante social de la adscripción, se solicitó a las autoridades responsables su informe justificado y se programó hora y día para la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O Primero. Competencia del órgano jurisdiccional. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México es legalmente competente para conocer del presente juicio biinstancial, de conformidad con los artículos 33, fracción IV, 35, párrafo primero y 37 de la Ley de Amparo, toda vez que la demanda fue presentada en la jurisdicción de este órgano de control constitucional y el acto impugnado no requiere ejecución material al tener la naturaleza de omisivo. Segundo. Definición del acto reclamado. Por cuestión de orden y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 74, fracción I de la Ley de Amparo, es necesario precisar el acto reprochado que se advierte del análisis del expediente íntegramente considerado, con el propósito de interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa. Así, de la lectura de la demanda constitucional, en concordancia con la información allegada al juicio, se concluye que la peticionaria de amparo reclama: - La omisión de dar respuesta a su solicitud de pensión con número de folio ********************, presentada el dieciséis de noviembre de dos mil veintidós. Tercero. Existencia del acto reclamado. El representante legal de las autoridades adscritas al Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, al rendir su informe justificado aceptó el acto que se les reprocha, razón por la cual se tiene plenamente probada su existencia. Además, con el formato de solicitud de pensión con número de folio ******************** (foja 9) se pone de manifiesto que el dieciséis de noviembre de dos mil veintidós se presentó ante la Unidad de Atención al Derechohabiente Naucalpan del instituto responsable una solicitud relacionada con una pensión por fallecimiento por causas ajenas al servicio, sin que a la fecha se haya demostrado que se dio contestación. Si bien el documento descrito fue exhibido en copia simple, debe otorgársele valor probatorio indiciario, en términos de los artículos 197 y 217 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, ya que al ser adminiculada con las manifestaciones vertidas por las responsables en su informe justificado, genera la presunción fundada de que la impetrante acudió ante su potestad a solicitar la pensión de que se trata. En apoyo de lo expuesto se cita la jurisprudencia 2a./J. 32/2000, de la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País, que dice: "COPIAS FOTOSTÁTICAS SIN CERTIFICAR. SU VALOR PROBATORIO QUEDA AL PRUDENTE ARBITRIO JUDICIAL COMO INDICIO. La jurisprudencia publicada en el Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, Segunda Parte, Volumen II, página 916, número 533, con el rubro: "COPIAS FOTOSTÁTICAS. SU VALOR PROBATORIO.", establece que conforme a lo previsto por el artículo 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, el valor de las fotografías de documentos o de cualesquiera otras aportadas por los descubrimientos de la ciencia, cuando carecen de certificación, queda al prudente arbitrio judicial como indicio. La correcta interpretación y el alcance que debe darse a este criterio jurisprudencial no es el de que las copias fotostáticas sin certificar carecen de valor probatorio, sino que debe considerarse que dichas copias constituyen un medio de prueba reconocido por la ley cuyo valor queda al prudente arbitrio del juzgador como indicio. Por tanto, no resulta apegado a derecho negar todo valor probatorio a las fotostáticas de referencia por el solo hecho de carecer de certificación, sino que, considerándolas como indicio, debe atenderse a los hechos que con ellas se pretende probar y a los demás elementos probatorios que obren en autos, a fin de establecer como resultado de una valuación integral y relacionada de todas las pruebas, el verdadero alcance probatorio que debe otorgárseles." Cuarto. Causales de improcedencia. Una vez determinada la certeza del acto combatido y previo al estudio de los conceptos de violación, deben analizarse las causales de improcedencia que surjan en el presente juicio, como lo dispone el numeral 62 de la Ley de Amparo, por ser una cuestión de orden público. Sobre el particular, las autoridades responsables aducen que se actualizan las causales de improcedencia previstas en el artículo 61, fracción XX y XXIII, esta última concatenada con el diverso numeral 108, fracción III de la Ley de Amparo, por las siguientes razones: la primera, porque la quejosa, previo a instar la presente instancia constitucional contra el acto reclamado, debió agotar el juicio contencioso administrativo ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México; y, la segunda, debido a que el Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios no debe ser considerado como autoridad para efectos del juicio de amparo por carecer de facultades para tramitar o emitir una respuesta a una solicitud de pensión. Las causales de improcedencia invocadas son infundadas, por los motivos que a continuación se expondrán. -Causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX de la Ley de Amparo. Las autoridades responsables justifican su argumento en que la impetrante inobservó el principio de definitividad que rige el juicio de amparo, ya que primeramente debió combatir el acto reclamado ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México por medio del juicio contencioso administrativo. Carece de sustento esa afirmación, toda vez que, como quedó apuntado, el acto reclamado en el presente juicio versa sobre la omisión de atender una solicitud de pensión formulada por la quejosa en uso de su derecho de petición; de ahí que, si tal acto representa una violación directa al artículo 8° de la Constitución Federal -que regula esa prerrogativa fundamental-, no puede estimarse que se actualiza la causal de improcedencia referida, pues en este caso el derecho de petición no se rige por el Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, en el que se establece la procedencia del juicio contencioso administrativo contra actos y resoluciones, entre otros, de los organismos auxiliares carácter estatal, ya que debe tenerse presente que lo que busca la peticionaria de amparo es que la autoridad responsable conteste su solicitud en breve término y que haga de su conocimiento la respuesta correspondiente. En apoyo a lo anterior, se invoca la tesis X.1o.18 K del Primer Tribunal Colegiado del Décimo Circuito, que señala: "PETICION. DERECHO DE. SU PROTECCION DIRECTA POR LA CONSTITUCION EXCLUYE LA NECESIDAD DE AGOTAR RECURSO ORDINARIO ALGUNO, ANTES DE ACUDIR AL AMPARO. No es procedente sobreseer en el juicio de garantías, con fundamento en la fracción XV, del artículo 73 de la Ley de Amparo, si la litis a que se contrae el amparo lo es la especial tutela constitucional del derecho de petición, que no se norma por ningún procedimiento o ley ordinaria que obligue al peticionario de amparo a agotar algún recurso o medio ordinario de defensa antes de acudir al juicio de garantías, para suponer que no se cumplió con el principio de definitividad que debe observarse en el amparo; puesto que el derecho de petición se protege de manera directa por el artículo 8o. constitucional, que obliga a las autoridades a dar contestación de manera invariable y por escrito, en breve término, a toda solicitud que se le formule en forma pacífica, respetuosa y también por escrito, de lo que se sigue que tal contestación debe producirse sin mayores presupuestos o exigencias legales que los de que exista, por una parte, una petición producida de manera respetuosa y pacífica, y que ésta se formule por escrito (requisito de mera forma) para que la autoridad quede obligada, desde luego, a la citada contestación y en los términos señalados por el artículo constitucional en comento; de tal forma que la Protección Constitucional al precitado derecho se da de manera directa e inmediata; cuanto más si en el caso la quejosa en su demanda de garantías no invocó, junto a la violación anotada, también violaciones a leyes o procedimientos secundarios, para suponer válidamente que la primera (violación constitucional) sólo se dio de manera indirecta o refleja, y por tanto, que no se colmó el principio de definitividad de que se trata." -Causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 108, fracción III de la Ley de Amparo. Con relación a esta causa de improcedencia, las autoridades del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios sostienen que no son autoridades responsables para efectos del juicio de amparo, porque, desde su óptica, carecen de facultades para tramitar o emitir una respuesta a una solicitud de pensión. Independientemente de que el motivo de improcedencia a que hacen referencia es el regulado en el artículo 61, fracción XXIII, concatenado con el ordinal 5°, fracción II de la Ley de Amparo (y no así el diverso 108, fracción III), tal causal no se actualiza en este juicio; para corroborarlo, debe tenerse presente lo resuelto por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la contradicción de tesis 341/2015, en la que determinó que procede el juicio de amparo contra la omisión del Instituto Mexicano del Seguro Social de dar respuesta a una solicitud formulada en ejercicio del derecho de petición que debe responder en su carácter de ente asegurador. La conclusión a la que arribó fue sustentada en las siguientes consideraciones: - El juicio de amparo, en relación con el derecho de petición, es procedente cuando se pone en evidencia que el funcionario o servidor público obligado a contestar una solicitud, en su calidad de autoridad, por estar facultado para emitir actos con apoyo en una norma jurídica, ha omitido responder la petición, pues esto supone una violación al derecho reconocido en el artículo 8° de la Constitución Federal. - El Instituto Mexicano del Seguro Social, de conformidad con la legislación que lo rige, está facultado para emitir actos a través de los cuales resuelve sobre la procedencia de una pensión o demás prestaciones de seguridad social, con los cuales pueden crearse, modificarse o extinguirse situaciones jurídicas de los asegurados o beneficiarios. - Cuando se atribuye al citado instituto la omisión de responder una solicitud en materia de pensiones, resulta procedente el juicio de amparo indirecto, debido a que, en este caso, es necesario garantizar la protección efectiva del derecho humano de petición, con la única finalidad de que el funcionario o empleado público del instituto emita una respuesta a la petición. En ese sentido, si conforme a la Ley de Seguridad Social para los Servidores Públicos del Estado de México y Municipios, el Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios es un organismo público descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propios que cumple con la función de prestar el servicio público de seguridad social a través del otorgamiento de servicios de salud, pensiones y créditos, lo que implica que tiene un doble carácter: como organismo fiscal autónomo (en la determinación y recaudación de las cuotas obrero-patronales otorgadas por los poderes públicos del estado y sus servidores públicos) y como ente asegurador; resulta evidente que, para efectos del presente juicio de amparo, el referido instituto sí es autoridad responsable, en razón que el acto reclamado incide sobre una solicitud de pensión que formuló la agraviada. Incluso, conforme al artículo 73 de la Ley de Seguridad Social para los Servidores Públicos del Estado de México y Municipios, así como 4 y 81 del Reglamento de Prestaciones del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, al Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios le compete resolver lo relativo y otorgar las prestaciones pensión del sistema solidario de reparto (entre ellas la de jubilación), por lo que es evidente que está obligada a actuar en el sentido pretendido por la gobernada, esto es, a resolver sobre la solicitud para el otorgamiento de las prestaciones en materia de pensiones de los derechohabientes. Por identidad de criterio, se invoca la jurisprudencia 2a./J. 66/2016 (10a.), que señala: "INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. EL JUICIO DE AMPARO PROCEDE CONTRA LA OMISIÓN DE DAR RESPUESTA A UNA SOLICITUD FORMULADA EN EJERCICIO DEL DERECHO DE PETICIÓN QUE DEBE RESPONDER EN SU CARÁCTER DE ENTE ASEGURADOR. El Instituto Mexicano del Seguro Social constituye un ente público del Estado, independientemente de que su naturaleza formal sea de organismo descentralizado encargado de organizar y administrar el seguro social de conformidad con la ley que lo rige y, por tanto, facultado para emitir actos a través de los cuales resuelve sobre la procedencia de una pensión o demás prestaciones de seguridad social, con los cuales pueden crearse, modificarse o extinguirse situaciones jurídicas de los asegurados o beneficiarios. Por tanto, si el derecho de petición reconocido en el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se sustenta en la obligación de todos los funcionarios y empleados públicos de contestar en breve término cualquier solicitud formulada por escrito por los particulares, entonces, cuando se atribuye la omisión de responder una solicitud en materia de pensiones, procede el juicio de amparo indirecto en su contra, debido a que en este caso es necesario garantizar la protección efectiva de ese derecho humano, con la única finalidad de que el funcionario o servidor público del Instituto dé respuesta a la petición; en el entendido de que contra ésta no procede ampliación a la demanda de amparo indirecto, sino que una vez conocida, y de estimar que no se satisface su interés, el asegurado o beneficiario deben acudir a la vía ordinaria laboral, en materia de seguridad social, acorde con los artículos 295 de la Ley del Seguro Social y 899-A de la Ley Federal del Trabajo." No pasa desapercibido que la tesis transcrita se refiera al Instituto Mexicano del Seguro Social y no a la autoridad designada como responsable Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, pues ambas instituciones comparten las mismas características y funciones de ente asegurador, precisamente porque a través de ellos se otorgan a los particulares diversas prestaciones de seguridad social, como son las pensiones. Con lo anterior queda demostrado que las causales de improcedencia invocadas por las responsables no se acreditan en este sumario constitucional, por lo que, al no advertir de oficio que se actualice alguna de ellas ni que exista otra alegada por las partes, lo procedente es continuar con el análisis de fondo del asunto. Quinto. Cuestión jurídica de fondo a resolver. A continuación, se examinará la constitucionalidad de la omisión reclamada, sin que para tal efecto sea necesaria la transcripción de los conceptos de violación formulados por la parte agraviada, por no causar perjuicio a las partes y no existir disposición legal que obligue a ello. En el presente asunto, en suplencia de la deficiencia de la queja, en términos del numeral 79, fracción VI de la Ley de Amparo, el suscrito advierte que se violó en perjuicio de la quejosa lo dispuesto por el artículo 8° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en virtud que las autoridades responsables han sido omisas en dar contestación a su solicitud de pensión presentada el dieciséis de noviembre de dos mil veintidós, a pesar de haber transcurrido un plazo excesivo para ello, lo que se estima suficiente para conceder el amparo y protección de la justicia federal. Para corroborar tal afirmación, debe tenerse en cuenta el contenido del artículo 8° de nuestra Carta Magna, que dispone: "Artículo 8°. Los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición, siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa; pero en materia política sólo podrán hacer uso de ese derecho los ciudadanos de la República. A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario." La porción normativa transcrita contiene el derecho de petición, frente al cual están obligados a respetar todos y cada uno de los funcionarios y empleados públicos, siempre y cuando ésta se haya formulado de manera pacífica y respetuosa; de lo que se sigue que a toda petición que se realice bajo esos lineamientos deberá necesariamente recaerle un acuerdo por escrito de la autoridad ante la cual se haya dirigido en breve término. En ese orden de ideas, con el propósito de exigir el derecho consagrado en el numeral indicado, es necesaria la presentación de un escrito en el que se contemple la petición, debiendo hacerse de manera pacífica y respetuosa, tal como en el caso aconteció, pues de la documental que exhibió la impetrante, consistente en copia del acuse de recibo de la solicitud de pensión con número de folio ********************, presentada el dieciséis de noviembre de dos mil veintidós (foja 9), se demuestra que la parte agraviada colmó correctamente los requisitos previstos en el referido dispositivo constitucional a fin de obtener de las autoridades responsables una respuesta en breve término, por escrito, dirigida a éstas y que se hiciera de su conocimiento. Consecuentemente, resulta indudable que el instituto responsable debió demostrar que efectivamente cumplió con lo ordenado en el artículo 8° constitucional, es decir, que no ha sido omiso y que ha emitido en breve término una contestación congruente a la petición formulada por la agraviada, así como que tal contestación fue hecha de su conocimiento a través de la notificación respectiva, o en su caso, informar todos y cada uno de los acuerdos dictados con el objeto de llevar a cabo la contestación a su escrito petitorio. Sin embargo, las autoridades adscritas al Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios no acreditaron durante la secuela procesal del presente juicio constitucional haber atendido lo que le solicitó la quejosa en su líbelo presentado ante su potestad el dieciséis de noviembre de dos mil veintidós, o bien, haber hecho de su conocimiento cualquier trámite efectuado en atención el ejercicio del derecho de petición. Por ende, se estima que tampoco se acató lo dispuesto por los numerales 75, segundo párrafo, del Reglamento de Prestaciones del Instituto de Seguridad Social del Estado de Médico y Municipios, así como 73, primer párrafo, de la Ley de Seguridad Social para los Servidores Públicos del Estado de México y Municipios, en el sentido de resolver o dar contestación a la solicitud de pensión de la impetrante, en el plazo de treinta días hábiles posteriores a su presentación. En ese contexto, se está en presencia de una abstención absoluta de parte de las autoridades responsables, porque, como ya se vio, omitieron dar respuesta a la pretensión que se les formuló, con lo cual se vulneró la garantía consagrada en el artículo 8° de la Carta Magna en perjuicio de la peticionaria del amparo, precisamente porque han transcurrido con exceso los treinta días que tenían para atender la petición de la parte quejosa. Por tanto, se colige que con dicha actitud omisiva se conculcó en perjuicio de la amparista el derecho fundamental contenido en el dispositivo 8° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, debido a que no se atendió la solicitud de la gobernada y, consecuentemente, haber emitido contestación a la petición elevada ante su potestad. En las relatadas condiciones, con arreglo en el numeral 77, fracción II de la Ley de Amparo, se impone conceder el amparo y protección de la Justicia Federal para el efecto de que las autoridades adscritas al Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios realicen lo siguiente: i) Contesten de manera congruente, coherente y completa la solicitud de pensión con número de folio ********************, presentada el dieciséis de noviembre de dos mil veintidós; y, ii) Hagan del conocimiento de la quejosa la respuesta acordada. Sin que ello implique que la respuesta deba ser en determinado sentido, pues atendiendo al principio de legalidad, las autoridades únicamente podrán resolver respecto de aquellas cuestiones que sean de su competencia y en los términos que fundada y motivadamente estimen conducentes. Sirve de apoyo la tesis dictada por el entonces Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, que establece: "PETICION, DERECHO DE. NO CONSTRIÑE A RESOLVER DE CONFORMIDAD CON LO SOLICITADO. Las garantías consagradas en el artículo 8o. constitucional tienden a asegurar un proveído sobre lo que se pide y no a que se resuelvan las peticiones en determinado sentido." En mérito de lo expuesto y fundado, se: R E S U E L V E Único. La Justicia de la Unión Ampara y Protege a ********************, por los motivos, fundamentos y para los efectos establecidos en la última parte considerativa de este fallo. Notifíquese, por lista a la quejosa y a la agente del Ministerio Público Federal adscrita, así como por oficio a las autoridades responsables.
- Principal
"...Naucalpan de Juárez, Estado de México, ocho de septiembre de dos mil veintitrés. ADMISIÓN Con fundamento en los artículos 1°, fracción I, 6, 35, 107, 115 y 117 de la Ley de Amparo, se admite a trámite la demanda de amparo promovida por María Guadalupe Torres Rojas, por derecho propio, contra actos del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (ISSEMyM) y otra autoridad; fórmese expediente con el número 1156/2023-III que le correspondió en el libro electrónico que se lleva en este órgano jurisdiccional. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN Sin que haya lugar a ordenar la apertura del incidente de suspensión, en virtud que no fue solicitado. MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL Dese intervención a la Ministerio Público de la Federación adscrita, para lo cual se le deberá correr traslado con copia autorizada de la demanda y anexos, así como de este proveído. AUDIENCIA CONSTITUCIONAL Para la celebración de la audiencia constitucional se señalan las nueve horas con cincuenta y cinco minutos del once de octubre de dos mil veintitrés. Se hace del conocimiento de las partes su derecho a comparecer a la audiencia constitucional a través de videoconferencia, para lo cual es necesario que manifiesten su voluntad de manera previa, por lo menos con tres días de anticipación, a la fecha señalada para tal efecto. REQUERIMIENTO A LAS AUTORIDADES Con apoyo en los artículos 64, 115 y 117 de la ley de la materia, se requiere a las autoridades responsables lo siguiente: 1) Rindan su informe justificado dentro del término de quince días siguientes al en que reciban el oficio por el que se les solicita, debiendo acompañar copia certificada, legible, completa y ordenada en forma cronológica de las constancias necesarias para apoyarlo. 2) Expresen si se ha promovido algún juicio de amparo contra los mismos actos reclamados que son materia de este asunto o contra cualquier otro que haya derivado del mismo expediente o procedimiento, para lo cual, en caso de ser afirmativa sus respuestas, deberán proporcionar el número de expediente, el estado procesal que guarda y el órgano jurisdiccional ante quien se instauró; lo anterior, de conformidad con el precepto 46 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales. 3) En caso de que tengan conocimiento de alguna causa de sobreseimiento, deberán informarlo de inmediato y de ser posible acompañar las constancias que lo acrediten. Con el apercibimiento que de ser omisas, se les impondrá una multa de cien Unidades de Medida y Actualización, de conformidad con lo previsto en los artículos 260, fracción II y 251, del ordenamiento invocado. NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES Se informa a las autoridades responsables que, en términos de los artículos 28, fracción I, 29, 30 y 31 de la Ley de Amparo, los acuerdos de trámite de menor trascendencia se les notificarán por lista, ya que la facultad de ordenar que se hagan personalmente no comprende a las autoridades responsables. En apoyo se invoca la jurisprudencia 2a./J. 176/2012, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación1 , de rubro: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS". PRUEBAS Con fundamento el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen como pruebas de la parte quejosa las documentales que anexa a su escrito, la presuncional en su doble aspecto -legal y humana-, así como la instrumental de actuaciones, sin perjuicio de hacer nueva relación en la audiencia constitucional. Respecto a las constancias que integran la solicitud de pensión 2,198,582-42102, una vez que obren en actuaciones se acordará lo conducente. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Como se solicita, con lo dispuesto en los artículos 26 fracción IV, 30 fracción II, 31 fracciones II y III de la ley de la materia, con relación en el artículo 9 del acuerdo general 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, las notificaciones de carácter personal se le practicarán vía electrónica por conducto del usuario "ymarquezmichua" y las restantes por medio de lista; en el entendido que la parte quejosa queda obligada a ingresar al Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación todos los días y obtener la constancia que refiere la fracción III del artículo 31 de la Ley de Amparo, en un plazo máximo de dos días a partir de que este juzgado la envíe, de no hacerlo así se tendrá por hecha la notificación. Se autoriza a las personas que refiere en los términos amplios del artículo 12, primer párrafo, de la normatividad de la materia, siempre y cuando tengan su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; de lo contrario, sólo para el efecto de oír y recibir notificaciones e imponerse de autos. CONSULTA EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Con fundamento en la parte final del párrafo quinto, del artículo 3º de la Ley de Amparo, se autoriza al usuario ****ymarquezmichua****, la consulta del expediente electrónico, el cual se encuentra disponible en la página de internet http://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles. TRANSPARENCIA Conforme a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace del conocimiento de las partes que pueden manifestar por escrito su oposición a que se publiquen sus datos personales, con independencia de que este juzgado, por conducto de los Secretarios y Actuarios, al elaborarse la versión pública, suprima dicha información. SOLICITUD DE INFORMACIÓN Se solicita a las partes proporcionen, de ser su deseo, un número telefónico y una cuenta de correo electrónico para que, en caso de que sea necesario, se pueda entablar comunicación no procesal y así estar en posibilidad de lograr una mayor celeridad en la integración de este asunto, en aras de acatar lo estipulado en el artículo 17 Constitucional. Asimismo, se pone a disposición de las autoridades responsables el correo electrónico institucional 2jdo2cto@correo.cjf.gob.mx para el supuesto de que deseen presentar promociones relacionadas con el presente expediente, siempre y cuando tenga firma electrónica, o bien, las remitan de manera digitalizada con firma y sellos autógrafos, a través del referido correo electrónico oficial. También, se informa a las partes que el horario de atención al público en este juzgado es de lunes a viernes de las nueve horas con treinta minutos a las catorce horas con treinta minutos; de conformidad con el artículo 6 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales. INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE FÍSICO Y ELECTRÓNICO Conforme a lo dispuesto en los artículos 3° de la Ley de Amparo, 21, 22, 23, 24, 25 y 26 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; se instruye al oficial de partes, oficiales judiciales o administrativos, actuarios judiciales y demás personal del órgano jurisdiccional que intervengan en la formación de este expediente, para integrar debidamente el cuaderno impreso y electrónico del presente asunto. Por tanto, dichos servidores públicos deben digitalizar las constancias de este juicio que se exhiban de manera impresa, las cuales deben ser legibles para su consulta por las partes en el expediente electrónico; además, quedan instruidos para imprimir las constancias que se adjunten de forma electrónica, para que previo acuerdo respectivo, incorporarlas al expediente impreso; lo anterior, sin que sea necesario notificar esta determinación a los referidos servidores públicos, en la medida que su intervención en la formación del expediente de mérito implica el conocimiento del presente mandato. Asimismo, se precisa que no se digitalizarán las constancias consistentes en copias de traslado, hojas en blanco, folders, micas o cualquier material sin leyenda relevante y de los que se aprecie que únicamente se presentaron con la finalidad de proteger documentos; tampoco aquellos anexos, promociones o constancias que, por imposibilidad material de origen no se puedan digitalizar, sin embargo, éstas últimas quedarán a disposición de las partes para su consulta dentro de las instalaciones de este órgano jurisdiccional. EXHORTACIÓN A TRAMITAR ASUNTOS "EN LÍNEA" En términos del artículo 263, fracción II del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, se exhorta a las partes para que, cuando les sea posible, transiten hacia la actuación en el juicio en línea desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. TRAMITACIÓN ELECTRÓNICA EN EL JUICIO EN LÍNEA Se hace saber a las partes que, conforme al numeral 263 del acuerdo general mencionado en el párrafo que antecede, independientemente del esquema tradicional, híbrido o en línea con el que intervengan en este asunto, este órgano jurisdiccional adoptará como eje rector de su actividad la actuación desde las aplicaciones del Sistema Electrónico del Consejo de la Judicatura Federal, específicamente, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en los demás sistemas de gestión judicial, en atención a las siguientes bases: I. Todas las actuaciones judiciales que deban constar por escrito se plasmarán en documentos generados y firmados electrónicamente; II. Sólo se digitalizarán los documentos remitidos físicamente por las partes, testigos, peritos, otras personas intervinientes y autoridades ajenas al Poder Judicial de la Federación; III. La única excepción a lo dispuesto en las dos fracciones anteriores será la generación de constancias y documentos necesarios para la práctica de notificaciones que deban realizarse físicamente, así como digitalización de las razones, constancias y acuses que deriven de las mismas; y, IV. Las partes autorizadas para ello podrán consultar su expediente desde el Portal de Servicios en Línea. Quienes no tengan habilitada esta modalidad, podrán acudir físicamente para consultar el expediente electrónico en los equipos dispuestos para tal efecto dentro del horario de atención al público en este órgano jurisdiccional. Notifíquese, personalmente a la Ministerio Público Federal adscrita.
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FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
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