Maria Ignacia Gutierrez Hernández
Expediente 229/2016 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 3 actuaciones registradas, la última del 7 de abril de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 229/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 07/04/2016
Partes del expediente
- Maria Ignacia Gutierrez Hernández
Actuaciones
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, siete de abril de dos mil dieciséis. Vistos los presentes autos y la certificación del Secretario, tomando en consideración que ha transcurrido el término que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiese interpuesto recurso de revisión en contra del auto de ocho de marzo de este año, con fundamento en el artículo 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado el auto de mérito, para todos los fines legales correspondientes. Háganse las anotaciones del caso en el libro respectivo, y archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido. Asimismo, en cumplimiento a lo ordenado en el Acuerdo 1/2009, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se hace constar que en su oportunidad el presente expediente será susceptible de destrucción, siguiendo los lineamientos contenidos en el acuerdo de referencia. Se determina que este asunto no es de relevancia documental. Notifíquese.
- Principal
En ocho de marzo de dos mil dieciséis, doy cuenta con el oficio de la Presidenta de la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, al que adjunta constancias. Conste.San Andrés Cholula, Puebla, ocho de marzo de dos mil dieciséis. Agréguese a sus autos el oficio de la Presidenta de la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, mediante el cual rinde su informe justificado, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, para que surta sus efectos legales procedentes. Por otra parte, visto el estado procesal que guardan los presentes autos y atendiendo a que de las constancias que obran dentro del presente juicio de garantías y en específico de las copias certificadas enviadas por la autoridad ocursante las que adquieren pleno valor probatorio en términos de los artículos 79, 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se advierte que la quejosa María Ignacia Gutiérrez Hernández en la demanda de amparo señaló como acto reclamado: "la omisión de contestar el escrito de fecha veintinueve de enero de dos mil dieciséis, dentro del expediente D-6/692/2014". El Presidente de la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, al rendir su informe justificado aceptó la existencia del acto reclamado, manifestando que el diecinueve de febrero de dos mil dieciséis, acordó el escrito de la quejosa de veintinueve de enero de este año, dentro del expediente laboral D-6/692/2014 siendo notificada a la aquí quejosa el veinticinco de febrero del presente año, remitiendo las constancias correspondientes. En ese sentido, esta autoridad advierte que respecto de los actos reclamados a la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la nueva Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." Del precepto transcrito se infiere que, para efectos del juicio de garantías, se entiende que la cesación de los efectos del acto reclamado se presenta en el momento en que la autoridad responsable revoca el acto que el quejoso señaló como reclamado, o bien, cuando crea o constituye una situación jurídica que destruye la que motivó la promoción del juicio de amparo, de tal manera que por esa nueva situación se restituya al quejoso en el goce de la garantía violada. Además, para que tal causa de improcedencia del juicio de garantías se actualice, no basta que ese nuevo acto de la autoridad derogue o revoque el acto reclamado, sino que necesariamente debe destruir todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiere otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere vulnerado la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella que amerite ser borrada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Establecido lo anterior, resulta importante reiterar que María Ignacia Gutiérrez Hernández acude a esta instancia constitucional a inconformarse contra "la omisión de contestar el escrito de fecha veintinueve de enero de dos mil dieciséis, dentro del expediente D-6/692/2014". Así, de las constancias remitidas por la responsable a las cuales se otorgó valor probatorio pleno en términos de los artículos 79, 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se advierte que el diecinueve de febrero de dos mil dieciséis, acordó el escrito de la quejosa de veintinueve de enero de este año, dentro del expediente laboral D-6/692/2014 siendo notificada a la aquí quejosa el veinticinco de febrero del presente año. Bajo esa óptica, es dable concluir que la autoridad responsable al haber dado dictado el fallo definitivo cuya omisión se reclamaba, cesaron los efectos del acto del que se dolía la peticionaria de amparo, porque los efectos de dicha omisión desaparecieron o se destruyeron de forma inmediata, total e incondicional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si los actos no hubiesen invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no dejó ahí huella alguna de dicha afectación. Al respecto es aplicable la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de epígrafe y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En las relatadas condiciones, como se dijo, en la especie se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la nueva Ley de Amparo, por lo que, con fundamento en la fracción V del artículo 63 íbidem, procede sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio, respecto de los actos que María Ignacia Gutiérrez Hernández reclamó de la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado. En tales condiciones, se deja sin efecto las once horas con quince minutos del nueve de marzo de dos mil dieciséis, que se habían señalado para la celebración de la audiencia constitucional. Háganse las anotaciones respectivas en los libros de gobierno. Notifíquese personalmente.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, nueve de febrero de dos mil dieciséis. Agréguese a los autos el oficio 118/2016/I mediante el cual la Secretaria de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Sexto Circuito, remite testimonio de la ejecutoria dictada el veintiocho de enero de dos mil dieciséis, dictada dentro del toca de revisión RT-136/2015. Dése a conocer a las partes la devolución del original del mencionado incidente que se encontraba ante el tribunal revisor, haciéndoles saber que el recurso de referencia fue resuelto bajo los siguientes puntos resolutivos "PRIMERO.- Se modifica la interlocutoria recurrida. SEGUNDO.- Se niega la suspensión definitiva solicitada, de conformidad con lo expuesto por el A quo y con las precisiones hechas en esta ejecutoria. TERCERO.- Se concede la suspensión definitiva solicitada por Fármacos Nacionales, Sociedad Anónima de Capital Variable, en los términos fijado en la presente resolución." Háganse las anotaciones del caso en el libro de gobierno, acúsese el recibo correspondiente al tribunal revisor, glósese el expedientillo formado con motivo del recurso de revisión interpuesto. La modificación a que se refiere la ejecutoria pronunciada, se hizo consistir en: "Con base en lo anterior, procede modificar la cuantía de la fianza que deberá otorgar la quejosa para la subsistencia del trabajador durante el periodo del trámite del juicio de garantías, así como por los posibles daños y perjuicios, en los términos que a continuación se precisan: En lo relativo a la negativa de la suspensión, ésta debe ser por la cantidad de $125,152.20 (ciento veinticinco mil ciento cincuenta y dos pesos con veinte centavos) que resultan de multiplicar el salario de $695.29 (seiscientos noventa y cinco pesos con veintinueve centavos), por ciento ochenta días que probablemente subsistirá el juicio de amparo indirecto. En consecuencia procede conceder la suspensión definitiva por la suma de $1'286,637.65 (un millón doscientos ochenta y seis mil seiscientos treinta y siete pesos con sesenta y cinco centavos) que resulta de restar a $1'411,749.85 (un millón cuatrocientos once mil setecientos cuarenta y nueve pesos con ochenta y cinco centavos) la suma de $125,152.20 (ciento veinticinco mil ciento cincuenta y dos pesos con veinte centavos), destinada para la subsistencia del trabajador. En lo referente a la garantía de los posibles daños, deberá aplicarse el factor de 2.59 (dos punto cincuenta y nueve) que determinó el juez de Distrito y que corresponde al factor de actualización del mes de agosto de dos mil quince, al monto de $1,286,637.65 (un millón doscientos ochenta y seis mil seiscientos treinta y siete pesos con sesenta y cinco centavos), dividido entre los doce meses del año y multiplicado por los seis que probablemente durará el trámite del juicio de garantías, arroja un saldo de $16,661.95 (dieciséis mil seiscientos sesenta y un pesos con noventa y cinco centavos). Por cuanto hace a los perjuicios, que el juez de Distrito calculó discrecionalmente con base en el artículo 2395 del Código Civil Federal, este tribunal obtiene la cantidad de $57,898.66 (cincuenta y siete mil ochocientos noventa y ocho pesos con sesenta y seis centavos) que se obtiene de multiplicar el monto de $1,286,637.65 (un millón doscientos ochenta y seis mil seiscientos treinta y siete pesos con sesenta y cinco centavos) por el nueve por ciento anual, el cual debe reducirse a seis meses que se estima subsistirá el juicio de garantías. De tal forma que, adicionadas las referidas cantidades dan un monto de $199,712.81 (ciento noventa y nueve mil setecientos doce pesos con ochenta y un centavos), que constituyen el monto de la garantía que deberá otorgar la empresa quejosa, para que surta efectos la medida suspensional solicitada. Garantías que deberán exhibirse ante el A quo en los términos y bajo las condiciones fijadas en la interlocutoria recurrida. En las relatadas condiciones, lo procedente es modificar la interlocutoria recurrida en los términos antes precisados." NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
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