María Hilaria Fernández Sotomayor

Expediente 1135/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 4 actuaciones registradas, la última del 5 de septiembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1135/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
05/09/2022

Partes del expediente

  • María Hilaria Fernández Sotomayor

Actuaciones

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, cinco de septiembre de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, y toda vez que la quejosa *****, con fecha treinta y uno de agosto del año en curso, se presentó a recoger el Billete de depósito exhibido dentro del presente incidente de suspensión; en tales condiciones, glósense el original del incidente de suspensión y ARCHÍVESE el presente asunto como concluido. Agréguese al expediente principal impresión digital del presente acuerdo, para los efectos legales a que haya lugar. DEPURACIÓN ORIGINAL En otro tenor, se hace la indicación que el original del incidente de suspensión del presente asunto es susceptible de DEPURACIÓN en el plazo de tres años, pues es en el caso se concedió tanto la suspensión provisional como la definitiva. Se hace la observación que no existen documentos originales exhibidos por las partes. Por otra parte, de conformidad con lo establecido en el artículo 18 del referido Acuerdo General, una vez concluido el plazo de tres años, dentro de los siguientes noventa días, este juzgado federal deberá depurar el presente expediente; una vez concluido el proceso se solicitará la transferencia a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. Asimismo, se considera que el presente expediente carece de relevancia documental y no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General citado. Por otra parte, conforme a lo dispuesto en el numeral 35 del ordenamiento citado, háganse las anotaciones DESTRUCCIÓN DUPLICADO De conformidad con lo dispuesto en el artículo 20, fracción II, inciso a, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, una vez que transcurran seis meses a esta fecha, el duplicado del cuaderno incidental deberá ser DESTRUIDO. Por lo anterior, una vez transcurrido dicho término de seis meses, éste Juzgado, procederá a su destrucción dentro de los treinta días siguientes y se remitirá a la Dirección General de Archivo y Documentación el acta de baja documental correspondiente, en términos del artículo 20, del referido Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura. Asimismo, se considera que el presente expediente carece de relevancia documental y no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General citado. Por otra parte, conforme a lo dispuesto en el numeral 35 del ordenamiento citado, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente. Finalmente, se hace la observación que no existen documentos originales exhibidos por las partes.

  2. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, nueve de agosto de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio signado por el presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Municipio de Puebla y anexo, por medio del cual, rinde su informe justificado. En esas condiciones, téngase por recibido dicho informe y con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes con el mismo. Ahora bien, del informe justificado así como de las constancias de cuenta, se advierte lo siguiente: - Que el uno de agosto de dos mil veintidós, la secretaria general de acuerdos del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Municipio de Puebla realizó el emplazamiento del demandado Ayuntamiento del Municipio de Puebla, al juicio laboral D-17/2012 de su índice. De lo antes narrado, este órgano jurisdiccional advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo, conforme a los razonamientos que a continuación se exponen: Primeramente, conviene destacar que el precepto legal invocado, establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." Del citado ordenamiento se infiere que para efectos del juicio de amparo, se entiende que la cesación de los efectos del acto reclamado se presenta en el momento en que la autoridad responsable revoca el acto que la quejosa señaló como reclamado, o bien, cuando crea o constituye una situación jurídica que destruye la que dio motivo a la promoción del juicio de amparo, de tal manera que por esa nueva situación se restituya a la quejosa en el goce del derecho violado. Además, para que tal causa de improcedencia del juicio de amparo se actualice, no basta que ese nuevo acto de la autoridad derogue o revoque el acto reclamado, sino que necesariamente debe destruir todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiere otorgado el amparo, es decir, como si el acto tildado de inconstitucional no hubiere vulnerado la esfera jurídica del particular. Ahora, del análisis integral de la demanda se advierte que la quejosa ******** hizo consistir el acto reclamado en la omisión por parte de la autoridad responsable de emplazar al demandado al juicio laboral D-17/2012 de su índice. Además, de las constancias remitidas en apoyo a su informe justificado por el tribunal responsable se conoce que el uno de agosto de esta anualidad, la secretaria general de acuerdos del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Municipio de Puebla realizó el emplazamiento del demandado Ayuntamiento del Municipio de Puebla, al juicio laboral D-17/2012 de su índice. Por tanto, es inconcuso que en el presente caso han cesado los efectos del acto reclamado pues al haberse llevado a cabo el emplazamiento de la demandada al juicio de origen, las cosas han vuelto al estado que tenían antes de las presuntas violaciones constitucionales; es decir, como si la omisión no hubiere invadido la esfera jurídica de la moral quejosa, o habiéndola irrumpido, la cesación no dejó ninguna huella que amerite ser borrada con el otorgamiento de la protección constitucional. En tales condiciones, procede sobreseer fuera de audiencia el presente juicio de amparo, con apoyo en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, al actualizarse la causal de improcedencia prevista por la fracción XXI del artículo 61 del citado ordenamiento legal. Lo anterior a efecto de no retrasar la impartición de la justicia pronta y expedita, en contravención con lo dispuesto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que promulga dichos principios, pues de continuar con el juicio de amparo en que se actúa, celebrar la audiencia constitucional y dictar el sobreseimiento relativo en ella, resultaría ocioso y atentatorio de dichos principios que prevé esa norma fundamental contrariándose con ello el espíritu del artículo 93, fracción IV, de la ley de la materia, cuando en tal caso se deben de evidenciar supuestos de mayor entidad como serían que no se surta la causa de improcedencia invocada, lo cual en la especie sí acontece; o que existan datos que hagan desaparecer la referida causal, lo cual no se demuestra; entre tanto, el sobreseimiento decretado más bien, como se señaló, es acorde a los principios fundamentales establecidos en el citado artículo 17 constitucional. Por lo anterior, se deja sin efecto la audiencia constitucional que se encontraba señalada a las nueve horas con treinta y seis minutos del veintitrés de agosto de dos mil veintidós. Finalmente, háganse las anotaciones del caso en el libro respectivo e ingrésese esta información en el sistema integral de seguimiento de expedientes [SISE].

  3. Principal

    Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que se encuentra transcurriendo el término de quince días al que se refiere el artículo 117, primer párrafo, de la Ley de Amparo, para que la autoridad responsable rinda su informe justificado. En las anotadas circunstancias, para dar oportunidad a lo anterior, la audiencia constitucional prevista para el día de hoy, se difiere para las nueve horas con treinta y seis minutos del veintitrés de agosto de dos mil veintidós.

  4. Principal

    Visto el estado procesal que guarda el presente expediente, se advierte, como consta en la certificación secretarial que antecede, que transcurrió el plazo de diez días que prevé el artículo 86 de la Ley de Amparo, para la interposición del recurso de revisión; en consecuencia, se declara que la sentencia que ampara ha causado ejecutoria, para todos los fines legales correspondientes. En consecuencia, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable Junta Especial Número Treinta y tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Puebla, para que dentro del término de tres días contados a partir de la legal notificación del presente proveído, realice los actos precisados en la sentencia de amparo, consistentes en: "a) Una vez que se declare ejecutoriada la presente resolución, en términos del artículo 192 de la Ley de Amparo y en cumplimiento a las facultades que le otorga la ley, dicte el laudo a que se refiere el artículo 885 de la Ley Federal del Trabajo, en el juicio laboral 1756/2016; lo que deberá realizar de forma inmediata, en virtud de que los plazos establecidos en la Ley Federal del Trabajo han transcurrido en exceso." Se apercibe a la mencionada autoridad responsable, que de no dar cumplimiento a lo anterior, se hará acreedor a una multa, y se ordenará remitir el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito en Materia de Trabajo del Sexto Circuito para iniciar el trámite del procedimiento de inejecución, el cual puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Por otra parte, con fundamento en el artículo 195 de la Ley de Amparo, se hace del conocimiento de la autoridad requerida que el cumplimiento extemporáneo de la ejecutoria de amparo, si es injustificado, no las exime de la responsabilidad correspondiente, pero podría tomarse en consideración como atenuante de la sanción penal. En el mismo orden de ideas, con apoyo en el artículo 193, párrafo segundo de la Ley de Amparo, se le informa que se considerará como incumplimiento al retraso que por medio de evasivas o procedimientos ilegales se advierta, y como consecuencia de tal hecho, es la que deriva de la comisión del delito previsto en el artículo 267, fracción I de la Ley de Amparo. Asimismo, se le comunica que en caso de que llegara a dejar el cargo durante la tramitación del procedimiento de ejecución, la responsabilidad derivada de su incumplimiento subsiste en términos de los artículos 193, párrafo primero y 269 de la Ley de Amparo. Sin que sea el caso de realizar diverso requerimiento en razón a que el Tribunal responsable no tiene superior jerárquico, por lo que transcurrido el término de tres días previsto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, se procederá a la remisión del expediente para el trámite de inejecución señalado en el párrafo que antecede.

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