María Hortensia Gómez Silva

Expediente 249/2016 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Zacatecas. 2 actuaciones registradas, la última del 27 de junio de 2016.

Datos del expediente

Expediente
249/2016
Año
2016
Actuaciones
2
Última actuación
27/06/2016

Partes del expediente

  • María Hortensia Gómez Silva

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación que antecede y toda vez que ha transcurrido el término de cinco días a que se refiere el artículo 97, fracción I, de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de queja contra el auto dictado el primero de junio de dos mil dieciséis, en el presente juicio de garantías, sin que a la fecha haya presentado promoción alguna al respecto; con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, en términos del numeral 2º de esta última, se declara que dicho auto ha quedado firme; para todos los efectos legales a que haya lugar. En consecuencia, hágase esta circunstancia del conocimiento de las partes. Asimismo, desprendiéndose de la certificación secretarial de cuenta que en el presente juicio de amparo no existen documentos originales ni copias certificadas exhibidos por las partes que deban ser devueltos a los interesados, dado que no existen diligencias pendientes de practicar y que, en su caso, ya fueron digitalizadas las constancias del presente expediente, se ordena su archivo definitivo como asunto totalmente concluido, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno correspondiente. Lo anterior, en la inteligencia que, para los efectos legales a que haya lugar, en términos de los artículos décimo primero, décimo séptimo y tercero transitorio, del Acuerdo General conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, de acuerdo a la valoración documental respectiva, se considera el expediente en que se actúa sin valor jurídico, por ende destruible.

  2. Principal

    Visto, el oficio 4570/2016, por medio del cual la secretaria de acuerdos del Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, con residencia en la ciudad de Zacatecas, remite el juicio de amparo directo administrativo 461/2016-1; expediente en el que obra acuerdo pronunciado por el Presidente de dicho Tribunal Colegiado, el treinta de mayo de dos mil dieciséis, en el que dicho órgano jurisdiccional declaró que carece de competencia legal para conocer de la demanda promovida por María Hortensia Gómez Silva, por propio derecho; y en cumplimiento al mismo, remitió los autos del citado juicio, del que tocó conocer a este Juzgado. En consecuencia, con fundamento en los artículos 37 y 45 de la Ley de Amparo, este Juzgado acepta la competencia y se avoca al conocimiento del referido juicio de ampro, hágase lo anterior del conocimiento del Magistrado Presidente del Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito para su conocimiento y en acuse de recibo de su oficio 4570/2016 de treinta de mayo de dos mil dieciséis. Regístrese en el libro de gobierno bajo el número que legalmente le corresponda y fórmese el expediente respectivo. Ahora bien, como punto de partida, es pertinente traer a colación el contenido del artículo 113 de la Ley de Amparo, que dice: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Del precepto anterior, se desprende que es procedente desechar la demanda de amparo, cuando el juez de distrito encontrare un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En esos términos, para los efectos del desechamiento de la demanda, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos anexos. Además, se tiene la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia que se advierta es operante en el caso concreto, de tal modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran aportar las partes. De esta manera, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda, escritos aclaratorios y anexos que se acompañen, y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o en virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que aun en el caso de que se llegara a admitir la demanda, el informe justificado que rinda la autoridad responsable, los alegatos y las pruebas que ésta y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean indispensables para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido. Por tanto, para que un motivo de improcedencia sea manifiesto e indudable, es necesario que de manera clara y patente así se advierta del escrito de demanda, al grado de que se tenga la certeza y plena seguridad de su existencia, a pesar de las pruebas que posteriormente se aportaren, es decir, si se tiene duda de su operancia, no debe ser desechada la demanda pues, de lo contrario, se privaría a la quejosa de su derecho a instar el juicio de garantías contra un acto que pudiera causarle perjuicio. En el caso en concreto, es procedente desechar de plano la demanda de garantías, sin suspender el acto reclamado; hipótesis que se surte en el caso en estudio, toda vez que con relación al acto reclamado se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con los numerales 5°, fracción I y 6°, todos de la Ley de Amparo. Dichos preceptos establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: ". XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 5°. Son partes en el juicio de amparo: "I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley..." "Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. ." En el caso, la quejosa hace consistir el acto reclamado en: ". la ilegal sentencia o resolución definitiva emitida por la responsable en fecha veinte de abril del año en curso, dentro del procedimiento y expediente marcado con el número T. U. 03/11/2015. Y de la ejecutora, la notificación ilegalmente realizada en fecha veintidós del mismo mes y año, dentro de la cual se niega sancionar a dos estudiantes, por haber falsificado un reporte de prácticas, conforme a la legislación universitaria." Y, del contenido íntegro de los antecedentes de la demanda de amparo, se desprende que: 1. María Hortensia Gómez Silva, se desempeña como docente investigadora de base en el programa de licenciaturas en Psicología de la Universidad Autónoma de Zacatecas, en materia de prácticas III. 2. Adán Alberto Román Zamora y Edgar Edson Castañón Arteaga, como alumnos de María Hortensia Gómez Silva, falsificaron la firma de María de Lourdes Fabela Moreira, funcionaria de la empresa que debería firmar los reportes que deberían presentar a María Hortensia Gómez Silva, como actividad para aprobar la materia correspondiente. 3. María Hortensia Gómez Silva, el veintinueve de octubre de dos mil quince, hizo del conocimiento de la Directora de la Unidad Académica de Psicología la conducta de los alumnos Adán Alberto Román Zamora y Edgar Edson Castañón Arteaga. 4. Con anterioridad, el nueve de octubre de dos mil quince, María Hortensia Gómez Silva, acudió ante el Tribunal Universitario, órgano de Gobierno Colegiado, con la finalidad que se sancionara a los alumnos Adán Alberto Román Zamora y Edgar Edson Castañón Arteaga, por la falta que cometieron de falsificar la firma de María de Lourdes Fabela Moreira, funcionaria de la empresa que debería firmar los reportes de las actividades realizadas. 5. Una vez admitida la demanda el Tribunal Universitario la registró con el número T. U. 03/11/2015; y, ordenó emplazar a los demandados Adán Alberto Román Zamora y Edgar Edson Castañón Arteaga; los cuales comparecieron a juicio contestando la demanda y oponiendo las excepciones que estimaron de su parte. 6. El veinte de abril de dos mil dieciséis el Tribunal Universitario, dictó resolución dentro del expediente T. U. 03/11/2015, en la que determinó absolver a los demandados Adán Alberto Román Zamora y Edgar Edson Castañón Arteaga, de las prestaciones que fueron reclamadas, el veintidós de abril de dos mil dieciséis el actuario adscrito al Tribunal Universitario, notificó a María Hortensia Gómez Silva el contenido de la resolución antes señalada; lo que constituye los actos reclamados. De lo anterior se desprende que en el caso concreto, el acto reclamado deriva de un procedimiento administrativo disciplinario instaurado ante el Tribunal Universitario, en atención a la denuncia formulada por María Hortensia Gómez Silva, contra los alumnos de la Unidad Académica de Psicología, Adán Alberto Román Zamora y Edgar Edson Castañón Arteaga, por la conducta irregular de falsificar la firma María de Lourdes Fabela Moreira, en el reporte de prácticas que deberían presentar para aprobar la materia correspondiente. El procedimiento de que se trata tiene por objeto sancionar conductas irregulares cometidas por la comunidad universitaria llámese, alumnos, académicos, directores, trabajadores administrativos y manuales, conductas que cualquier persona tiene derecho denunciar, con lo cual se instaura un procedimiento que tiene como propósito fundamental imponer al infractor una sanción disciplinaria por la conducta cometida con la finalidad de preservar una conducta optima de la comunidad universitaria; lo que no trae como consecuencia tutelar o salvaguardar el interés particular de la denunciante. Lo anterior, permite concluir que la aquí quejosa María Hortensia Gómez Silva, carece de interés jurídico y legitimo para acudir ante esta instancia constitucional a combatir la resolución emitida por el Tribunal Universitario el veinte de abril de dos mil dieciséis, dentro del expediente T.U. 03/11/2015, en la que determinó absolver a los demandados Adán Alberto Román Zamora y Edgar Edson Castañón Arteaga, de las pretensiones que fueron reclamadas, ya que, si bien, por una parte, María Hortensia Gómez Silva cuenta con facultad para formular la denuncia contra la irregularidad cometida por los alumnos, al tratarse de un procedimiento sancionador de conductas irregulares, dicha facultad no abarca la de exigir de la autoridad sancionadora una determinada conducta respecto de sus pretensiones denunciadas; además, ésta no tiene el carácter de parte dentro del procedimiento pues una vez presentada la denuncia termina su participación dentro del mismo, de ahí que la denunciante de la conducta irregular no tiene reconocido un derecho subjetivo dentro del procedimiento y por tanto, carece de interés jurídico para impugnar en amparo la resolución que determina absolver a los alumnos que incurrieron en la falta. Al respecto, cabe señalar que el interés legítimo para la promoción del amparo requiere que el acto reclamado viole los derechos previstos en el artículo 5° de la Ley de Amparo, para que con ello se produzca una afectación real y actual en la esfera jurídica del peticionario de garantías, de ahí que se arriba a la evidente conclusión, en el sentido de que la denunciante de la conducta irregular no tiene interés legítimo para reclamar en amparo, la resolución que determinó absolver a los demandados. En esta lógica, deviene incuestionable que, en la especie, no se satisface el presupuesto procesal, consistente en que el quejoso y denunciante tenga un interés jurídico o interés legítimo, lo que resulta evidente, notorio, manifiesto y de inicio en el juicio de amparo, habida cuenta que la pretensión del peticionario de amparo es absolutamente inviable. A mayor abundamiento, cabe añadir que a nada práctico conduciría admitir la demanda de amparo y darle oportunidad a la quejosa de ofrecer pruebas, toda vez que no se trata de una cuestión de hecho, sino de una interpretación de derecho y, por ello, en la sentencia tendría que decretarse el sobreseimiento por falta de interés jurídico o interés legítimo. Sirve de apoyo a la anterior determinación en lo conducente, la tesis de Jurisprudencia PC.II.A. J/2 A (10a.), con registro 2010368, página 2365, Libro 24, noviembre de 2015, tomo III, Materia Común, sustentada por los Plenos de Circuito, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "QUEJA ADMINISTRATIVA DECLARADA INFUNDADA O IMPROCEDENTE. EL DENUNCIANTE CARECE DE INTERÉS JURÍDICO Y LEGÍTIMO PARA RECLAMAR EN AMPARO ESA DETERMINACIÓN Y, POR ENDE, SE ACTUALIZA UNA CAUSA MANIFIESTA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO, QUE OBLIGA AL DESECHAMIENTO DE PLANO DE LA DEMANDA. El artículo 113 de la Ley de Amparo prevé que el juzgador de amparo está facultado para desechar de plano la demanda cuando advierta la existencia de una causa manifiesta e indudable de improcedencia, entendida ésta como aquella plenamente demostrada, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos anexos a esas promociones, de manera que aun de admitirse la demanda y sustanciarse el procedimiento, sería imposible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes. Sobre esa base y de acuerdo con la jurisprudencia 2a./J. 1/2006 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1120 del Tomo XXIII, enero de 2006, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. EL DENUNCIANTE DE LA QUEJA ADMINISTRATIVA CARECE DE INTERÉS JURÍDICO PARA IMPUGNAR EN AMPARO LA RESOLUCIÓN QUE LA DECLARA IMPROCEDENTE.", el denunciante de una queja administrativa declarada infundada o improcedente, carece de interés jurídico y legítimo para impugnar en amparo tal determinación, por lo que en ese caso debe desecharse de plano la demanda, al existir una causa notoria e indudable de improcedencia." En las narradas condiciones al actualizarse la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con los numerales 5, fracción I, y 6°, todos de la Ley de Amparo, lo procedente es desechar de plano la demanda de garantías promovida por María Hortensia Gómez Silva, por propio derecho, con apoyo en el artículo 113, del propio ordenamiento legal. Como lo solicita la parte quejosa, ténganse por autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, al licenciado Armando Lozano Ramírez; y como domicilio para tal efecto el ubicado en calle Montemorelos trece (13), colonia Ejidal en Guadalupe, Zacatecas.

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