María Guadalupe Sánchez de Macías

Expediente 463/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Zacatecas. 6 actuaciones registradas, la última del 3 de junio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
463/2022
Año
2022
Actuaciones
6
Última actuación
03/06/2022

Partes del expediente

  • María Guadalupe Sánchez de Macías

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Zacatecas, Zacatecas, tres de junio de dos mil veintidós. Visto; agréguese a sus autos para que obre como corresponda y surta los efectos legales a que haya lugar, el oficio signado por la Secretaria de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito en el Estado de Zacatecas, al que anexa testimonio de la ejecutoria de diecinueve de mayo del año en curso, dictado en el recurso de queja civil 205/2022, de su índice, bajo los siguientes puntos resolutivos: "ÚNICO. Se declara infundado el recurso de queja. Notifíquese" Acúsese recibo. Hágase la anotación correspondiente en el libro de gobierno y hágase esta circunstancia del conocimiento de las partes. En el entendido que en el presente juicio de amparo no existen documentos originales exhibidos por las partes que deben ser devueltos a los interesados, que no existen diligencias pendientes de practicar; y que, en su caso, ya fueron digitalizadas las constancias del presente expediente, asimismo, de que este juzgado dio fe de que la versión electrónica del juicio de amparo en que se actúa, coincide en su totalidad con la versión impresa; en consecuencia se ordena su archivo definitivo como asunto totalmente concluido, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno correspondiente. Lo anterior, en la inteligencia que, para los efectos legales a que haya lugar, en términos de los artículos 1,12 y 14, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de acuerdo con la valoración documental respectiva, se considera que el expediente es destruible

  2. Principal

    Zacatecas, Zacatecas, veintinueve de marzo de dos mil veintidós. Visto; agréguese a los presentes autos para que obre como corresponda el ocurso que suscribe la quejosa ********************, mediante el cual interpone recurso de queja. Con fundamento en el artículo 97, fracción I, inciso a) de la Ley de Amparo, téngase por interpuesto el recurso de queja contra el auto de dieciocho de marzo del año en curso por el que se desechó la demanda de amparo con que se formó el presente expediente. Por tanto, con fundamento en el artículo 101 de la Ley de Amparo, ríndase informe justificado a la Superioridad, haciéndole saber que es cierto que el dieciocho de marzo de la presente anualidad, se desechó la demanda de amparo promovida por ********************, contra actos de la Primera Sala Civil y de lo Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con base en los fundamentos y por los motivos en el mismo asentados; en consecuencia, con transcripción de este auto, mediante oficio, remítase el escrito original de expresión de agravios presentado por la promovente y copias certificadas del presente expediente, al Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, en turno, con residencia en esta ciudad, para lo que tenga a bien determinar.

  3. Principal

    Zacatecas, Zacatecas, dieciocho de marzo de dos mil veintidós. Visto; agréguese a los presentes autos para que obre como corresponda el escrito signado por la quejosa María Guadalupe Sánchez de Macías, por el que en cumplimiento a lo requerido por auto de tres de marzo del año en curso, reiterado el once siguiente, informa desconocer el estado procesal que guarda el juicio del que deriva el acto que reclama; al respecto, se acuerda: Se tienen por cumplidos los requerimientos realizados a la parte quejosa, para todos los efectos legales a que haya lugar. DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. Ahora bien, el artículo 113, de la Ley de Amparo dispone que el Juez de Distrito debe examinar ante todo el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado. Atento a lo anterior, es de indicarse que la parte quejosa señala como acto reclamado la interlocutoria de treinta y uno de enero de dos mil veintidós, emitida por la Primera Sala Civil y de lo Familiar del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Zacatecas, dentro del toca de apelación civil 481/2021, que resolvió confirmar la diversa de veintisiete de agosto de dos mil veintiuno, dictada por el Juez Cuarto del Ramo Civil de la capital, en que declaró subsistente el emplazamiento de la aquí quejosa María Guadalupe Sánchez de Macías, realizado en el juicio hipotecario 25/2018, del índice de dicho juzgado. Señalado lo anterior, una vez realizado el estudio respectivo de la demanda de derechos fundamentales, este órgano jurisdiccional advierte que con fundamento en lo previsto en los artículos 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Federal, 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción V, éste último aplicado en sentido contrario y 113 de la Ley de Amparo, procede desechar de plano por su manifiesta e indudable improcedencia la demanda que se atiende. En efecto los invocados preceptos legales establecen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: .... XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o de esta Ley Artículo 107. El amparo indirecto procede Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte Artículo 113 El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano Con base en las porciones normativas trascritas, contenidas en la Ley de Amparo vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, es posible colegir que, contrario a como se establecía en la Ley de Amparo abrogada, cuando se trata de violaciones cometidas dentro de un procedimiento, por regla general es procedente el amparo directo, siempre que tales violaciones afecten a la parte quejosa trascendiendo al resultado del fallo, y como excepción, procede el amparo indirecto ante el Juez de Distrito, únicamente cuando los actos en el juicio sean de imposible reparación, entendido dicho concepto como aquéllos actos que afecten materialmente derechos sustantivos, contenidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o en Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Establecido lo anterior, es pertinente señalar que de los antecedentes del acto reclamado, se desprende que la ahora quejosa y otro, fueron demandados por Banco Mercantil del Norte, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte, mediante juicio hipotecario, del que correspondió conocer al Juzgado Cuarto del Ramo Civil de la Capital, bajo el número 25/2018. Una vez radicado el juicio, se ordenó el emplazamiento de los demandados, entre ellos, a la ahora quejosa; inconforme con el emplazamiento practicado por el Oficial Notificador adscrito a la Central de Actuarios y Notificadores del Poder Judicial del Estado de Zacatecas, interpuso incidente de nulidad de actuaciones contra dicho emplazamiento. Posteriormente, dicho incidente fue resuelto por el Juez Cuarto del Ramo Civil de la Capital, el veintisiete de agosto de dos mil veintiuno, mediante la cual, declaró improcedente dicho incidente. Inconforme con la anterior resolución, la quejosa promovió recurso de apelación, del que correspondió conocer a la Primera Sala Civil y de lo Familiar del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Zacatecas, dentro del toca de apelación civil 481/2021, la cual, mediante interlocutoria de treinta y uno de enero de dos mil veintidós, confirmó la diversa de veintisiete de agosto de dos mil veintiuno, dictada por el Juez Cuarto del Ramo Civil de la capital, en que declaró improcedente el incidente de nulidad de actuaciones interpuesto por la diversa demandada, aquí quejosa María Guadalupe Sánchez de Macías, contra la diligencia de emplazamiento realizada en el juicio hipotecario número 25/2018, del índice de dicho juzgado. Acto reclamado. Pues bien, atendiendo al destacado acto que en esta instancia constitucional se reclama, se considera que el presente juicio de amparo indirecto es improcedente, en razón de que conforme a la redacción de la fracción V del artículo 107, de la Ley de Amparo vigente, la determinación tomada por la Sala responsable mediante interlocutoria de treinta y uno de enero de dos mil veintidós, en que confirmó la diversa de veintisiete de agosto de dos mil veintiuno, dictada por el Juez Cuarto del Ramo Civil de la capital, en que declaró improcedente el incidente de nulidad de actuaciones interpuesto por la diversa demandada, aquí quejosa María Guadalupe Sánchez de Macías, contra la diligencia de emplazamiento realizada en el juicio hipotecario número 25/2018, del índice de dicho juzgado, no constituye acto en el juicio que tenga sobre la esfera jurídica de la quejosa una ejecución de imposible reparación, que afecte materialmente sus derechos sustantivos, en los términos concebidos por el legislador ordinario, pues solo constituyen violaciones procesales que no afectan algún derecho fundamental tutelado a su favor en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o en los instrumentos internacionales suscritos por nuestro país En efecto, conforme a la anterior Ley de Amparo y de acuerdo a la jurisprudencia P./J. 4/2001, emitida por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DIRIME ESTA CUESTIÓN, PREVIAMENTE AL FONDO, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO."; se estableció que el juicio de control constitucional en que se combatan violaciones procesales son impugnables, ordinariamente, en amparo directo cuando se reclama la sentencia definitiva; empero, de modo excepcional se podrían combatir dichas violaciones, cuando se afecta a las partes en grado predominante o superior. En relación con el indicado concepto, ".en grado predominante o superior.", se sostuvo que debía determinarse de forma objetiva, por lo que se tomó en cuenta la institución procesal que estuviera involucrada, la extrema gravedad de los efectos de la violación y su trascendencia específica, así como los alcances vinculatorios de la sentencia que llegara a conceder el amparo; directrices que, se concluyó, confluyeron en las cuestiones inherentes a la personalidad, pues aun cuando constituían una cuestión formal que no se tradujera en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo, sí estaba relacionada con un presupuesto procesal, sin el cual no queda debidamente integrada la litis, aunado a que la resolución sobre personalidad no solamente es declarativa o de simple reconocimiento o desconocimiento del carácter con que comparece una de las partes, sino que también es constitutiva. Por los motivos apuntados es que se consideró que tales resoluciones constituyen una excepción a la regla general de procedencia del amparo indirecto, en tanto que causan a una de las partes un perjuicio inmediato y directo de imposible reparación, conforme lo disponía la fracción IV del artículo 114 de la Ley de Amparo vigente hasta el dos de abril de dos mil trece, remediable mediante el juicio de amparo indirecto, exceptuando la diversa hipótesis en que el acto reclamado constituya declaración de la responsable, relativa a que quien comparece por una de las partes demandadas, carece de personalidad, pues entonces, se trataría de una resolución que pone fin al juicio y debe combatirse en amparo directo. Ahora, conforme a la redacción del artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo vigente (a diferencia de la fracción IV del numeral 114 de la Ley de Amparo abrogada), el legislador ordinario dio contenido a aquél concepto denominado "imposible reparación", pues al afecto determinó que por ello debe entenderse como los actos ".que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." Así, bajo la directriz establecida por el legislador ordinario al darle contenido a ese concepto, se considera que conforme a la Ley de Amparo (vigente a partir del tres de abril de dos mil trece), en relación con el artículo 107, fracción III, de la Constitución Federal, los actos aquí reclamados no pueden ser considerados como de aquéllos que afecten derechos sustantivos, en tanto que la vulneración de derechos que se hubiera cometido en la interlocutoria reclamada que confirmó la improcedencia del incidente de nulidad de actuaciones hecho valer por la hoy parte quejosa, contra las diligencias de emplazamiento que le fueron efectuadas en el juicio de origen, constituyen actos procesales subsanables si la promovente del amparo obtiene resolución favorable en el citado procedimiento de origen, pues así desaparecerían las consecuencias originadas por cualquier violación procesal que se hubiera cometido en la determinación que hoy reclama. Sin que sea obstáculo para concluir lo anterior que el debido proceso pueda considerarse como un derecho sustantivo, pues bajo esta línea de argumentación, se podría llegar a considerar que cualquier violación procesal afectaría ese derecho y, por ende, sería procedente el juicio de amparo contra cualquier acto intraprocesal que afecte el curso normal del procedimiento, independientemente de la magnitud de la violación procesal de que se trate, incluso procedería contra el desechamiento de todos los elementos de convicción ofertados por las partes, dado que ello incide de una u otra forma en su curso normal; extremos que se consideran jurídicamente improcedentes, al tenor del contenido del artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo en vigor que se analiza, que postula que el juicio de control constitucional sólo procede contra actos que afecten derechos sustantivos, dentro de los cuales no puede considerarse la determinación reclamada, en tanto que sus efectos y consecuencias pueden desaparecer con motivo del dictado de un fallo favorable. En relación con el tema de que se trata; atendiendo a la Ley de Amparo abrogada, el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitió la jurisprudencia 4/2001 de rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DIRIME ESTA CUESTIÓN, PREVIAMENTE AL FONDO, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO.", sin embargo, el propio Máximo Tribunal del País en diversa jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.), declaró inaplicable aquél criterio, por considerar medularmente que dada la connotación que el legislador aportó a la nueva Ley de Amparo respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia 4/2001, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece; concluyendo que, por tanto, en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente el Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que ahora resulta incompatible con el nuevo texto legal, pues como se ha expuesto, dicho criterio se ocupó de darle contenido y alcance al artículo 114, fracción IV, de la Ley de Amparo vigente hasta el dos de abril de dos mil trece, la cual no especificaba lo que habría de entenderse por acto de imposible reparación, mientras que la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, vigente a partir del tres del propio mes y año, da contenido a dicho concepto en su artículo 107, fracción V; hipótesis que no se actualiza en la resolución que constituye el acto reclamado en el presente asunto; y por ende, la demanda de derechos fundamentales que se aquí se plantea deviene improcedente. La citada Jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.), corresponde a la Décima Época, Materia Común; se publicó el viernes seis de junio de dos mil catorce; y su contenido literal es el siguiente: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios." Bajo las anteriores consideraciones, con fundamento en el numeral 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la presente demanda de derechos fundamentales, por actualizarse de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia destacada en el presente proveído.

  4. Principal

    Zacatecas, Zacatecas, once de marzo de dos mil veintidós. Visto; agréguese el escrito presentado por la quejosa María Guadalupe Sánchez de Macías, por el que pretende dar cumplimiento a la prevención hecha en auto de tres de los actuales; sin que haya lugar a tener por acatado lo requerido, considerando que en dicho proveído se previno al quejoso para lo siguiente: a) Realice la narración completa de los hechos o abstenciones que le constan y que constituyen antecedentes del acto reclamado o fundamento de los conceptos de violación, de manera cronológica, sucinta y en su totalidad, pues del contexto de la demanda se asume la insuficiencia de datos para dilucidar la naturaleza y consecuencias de los actos que reclama, ya que se abstuvo de narrarlos de manera cronológica, lo cual es de esencial importancia para determinar la procedencia del juicio en que se actúa; a efecto de que este juzgado se encuentre en condiciones de conocer el estado procesal que guarda el juicio hipotecario número 25/2018, del índice del Juzgado Cuarto del Ramo Civil de la Capital. Empero, de las manifestaciones expuestas por la parte quejosa en su escrito de cuenta no se advierte el estado procesal que guarda el juicio hipotecario número 25/2018, del índice del Juzgado Cuarto del Ramo Civil de la Capital, por lo que es evidente que no acató la prevención destacada. Consecuentemente, se informa a la quejosa que le continúa transcurriendo el término que le fue concedido por auto de tres de marzo de esta anualidad, el cual se interrumpió con la presentación del ocurso de cuenta y reanudará una vez que surta efectos la notificación personal que al efecto se le practique respecto de esta determinación. Apercíbase a la quejosa María Guadalupe Sánchez de Macías que de no cumplir con el requerimiento de mérito dentro del término señalado en el auto de tres de marzo del año en curso, se hará efectivo el apercibimiento decretado en el dicho proveído, esto es, se tendrá por no presentada su demanda, de conformidad con el párrafo segundo del artículo 114 de la Ley de Amparo. INGRESO A LAS INSTALACIONES DE ESTE JUZGADO. En otro aspecto, hágase saber a las partes que para poder ingresar a las instalaciones de este órgano jurisdiccional a efecto de consultar físicamente el expediente en que se actúa, así como para diverso tramite que necesariamente implique que deban acudir presencialmente ante este juzgado, deberán agendar una cita en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en el apartado "Servicios Jurisdiccionales", en términos del Acuerdo General 21/2020, artículo 3, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus covid-19, cuya vigencia fue ampliada por los diversos Acuerdos Generales 25/2020, 37/2020, 1/2021, 5/2021, 9/2021 y 1/2022, del propio Pleno. IMPOSIBILIDAD DE NOTIFICACIÓN EN LOS TERMINOS QUE ESTABLECE LA LEY. En la inteligencia que atendiendo a la carga de trabajo con que se cuenta dentro de este órgano jurisdiccional, la carencia de personal de manera presencial dentro de éste y el limitado tiempo que se puede permanecer en el mismo, en términos del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, cuya vigencia fue ampliada por los diversos Acuerdos Generales 25/2020, 37/2020, 1/2021, 9/2021 y 20/2021, del propio Pleno, el envío de oficios a las autoridades para su debida notificación del presente auto, así como de los subsecuentes en que sea necesaria la expedición de oficios, se deberá realizar conforme las cargas de trabajo de este juzgado lo permitan; lo anterior, con apoyo en la circular 1/2022, firmada por el licenciado Arturo Guerrero Zazueta, Secretario de la Comisión Especial del Consejo de la Judicatura Federal, el trece de enero de dos mil veintidós

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