María Hortencia González Ríos
Expediente 105/2020 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Chihuahua. 4 actuaciones registradas, la última del 25 de noviembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 105/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 25/11/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- María Hortencia González Ríos
Actuaciones
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua, veinticinco de noviembre de dos mil veintiuno. Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo que establece el artículo 202 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa, tercero interesada y agente del Ministerio Público de la Federación, manifestaran si existía alguna inconformidad contra la resolución de veintiuno de octubre del año en curso, en la que se tuvo por cumplida la sentencia pronunciada en el juicio de amparo en que se actúa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 201, fracción I, de la Ley de Amparo; en consecuencia, se tiene por consentida. Ahora bien, toda vez que en los autos del presente juicio no existe diligencia pendiente de practicar, ni ulterior acuerdo que emitir, con apoyo en lo previsto en el artículo 214 de la ley de la materia, archívese el expediente como asunto concluido. En consecuencia, con fundamento en los artículos 6 y 12 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y reguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, procede a valorar jurídicamente este juicio de amparo, por tanto, hace la precisión que este expediente al igual que el original del incidente de suspensión, son susceptibles de depuración, una vez que transcurran tres años posteriores a la fecha de su archivo, por ubicarse en los supuestos previstos en los artículos 18, fracción I, incisos a) y b) del Acuerdo General en cita, así como 7.2 del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, toda vez que en este asunto se negó el amparo y protección de la Justicia de la Unión, sin embargo fue recurrida por la propia quejosa y el Segundo Tribunal Colegiado del Decimoséptimo Circuito, la revocó y concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión, por lo que, al prudente arbitrio de este juzgador, se considera que no tiene relevancia documental; lo anterior, sin perjuicio de conservar la demanda y sentencia dictada; además se negó y concedió la suspensión provisional y definitiva de los actos reclamados. Por otro lado, de conformidad con lo dispuesto en el inciso a), fracción II, del artículo 20, Capítulo Octavo, del acuerdo general citado en el párrafo que antecede, se ordena la destrucción del duplicado del incidente de suspensión relativo a este juicio, una vez que transcurran seis meses posteriores a su archivo. Asiéntense los anteriores datos en las carátulas de los expediente citados; y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de registro de juicios de amparo. Se autoriza al secretario firmar los oficios correspondientes. Notifíquese.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua, diecisiete de noviembre de dos mil veintiuno. Con fundamento en el artículo 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los autos el oficio de cuenta, signado por el Actuario Judicial adscrito al Segundo Tribunal Colegiado del Decimoséptimo Circuito, con sede en esta ciudad, con el que notifica el acuerdo de doce de los actuales, en que se tuvo por recibida la comunicación oficial 20371/2021, con la que este órgano jurisdiccional acuso recibo de la resolución dictada en el recurso de revisión 117/2020, el trece de septiembre del año actual. Además hace del conocimiento que ordenó el archivo del citado expediente por tratarse de un asunto total y definitivamente concluido. Notifíquese.
- Principal
SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA AL QUEJOSO, EL PROVEÍDO DICTADO 21 DE OCTUBRE 2021 DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C) DE LA LEY DE AMPARO Ciudad Juárez, Chihuahua, veintiuno de octubre de dos mil veintiuno. Visto el estado de los autos, se advierte que a la fecha transcurrió el plazo de tres días otorgado a la quejosa en acuerdo de cinco de octubre del año en curso, a fin de que manifestara lo que a su derecho conviniera con relación al cumplimiento dado a la sentencia de amparo por la autoridad responsable Juez Octavo Civil por Audiencias del Distrito Judicial Bravos, con sede en esta ciudad, sin que a este día haya realizado manifestación alguna al respecto, no obstante que fue debidamente notificada para ello. Precisado lo anterior, este órgano judicial procede a analizar si el fallo protector está cumplido, si la junta responsable incurrió en exceso o defecto o si hay imposibilidad para cumplirlo. De acuerdo a los efectos de la sentencia de amparo que fueron precisados y a lo informado por el juez responsable, se advierte que se cumplió con los lineamientos establecidos en la ejecutoria de amparo, toda vez que como ya se dijo, mediante oficio 1372/2021, recibido en este juzgado el cinco de los actuales, al que se adjuntó el acuerdo de treinta de septiembre del año en curso, dictado en el expediente E_130/2019, en que la responsable dejó insubsistente el emplazamiento llevado a cabo a María Hortencia González Ríos, así como todas las actuaciones posteriores practicadas dentro del juicio citado, incluyendo la sentencia definitiva y la ejecución de ésta. Por tanto, en términos del artículo 196, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, al no advertirse exceso o defecto en el cumplimiento dado por la responsable se declara cumplida la ejecutoria de amparo, asiéntese razón de ello en el libro de registro de juicios de amparo que se lleva en este juzgado. Hágase lo anterior del conocimiento de las partes que en contra de la presente resolución procede el recurso de inconformidad y que disponen de quince días para hacerlo, de acuerdo a lo dispuesto por los artículos 201 y 202 de la Ley de Amparo.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua, veintinueve de septiembre de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el oficio de cuenta signado por Luis Ernesto Villalpando Pedraza, actuario Judicial adscrito al Segundo Tribunal Colegiado del Decimoséptimo Circuito, con sede en esta ciudad, al que adjunta testimonio de la resolución dictada por el citado tribunal en el recurso de revisión 117/2020, el trece de septiembre del año actual, interpuesto por Maria Hortencia González Ríos, contra la sentencia de veinte de agosto de dos mil veinte, emitida por este juzgador en el juicio de amparo 105/2020; en la que la superioridad resolvió lo siguiente: "PRIMERO. En la materia de la revisión, se revoca la resolución impugnada. SEGUNDO. Para los efectos precisados en el considerando décimo de esta ejecutoria, la Justicia de la Unión ampara y protege a María Hortencia González Ríos, en contra del emplazamiento ordenado por el Juez Octavo Civil por Audiencias del Distrito Judicial Bravos, Chihuahua y practicado por el licenciado Edgar Iván Villalobos Scudiero, en su carácter de Oficial Notificador y Ministro Ejecutor adscrito a la Oficina Central de Oficiales Notificadores y Ministros Ejecutores del Distrito Judicial Bravos". Asimismo, devuelve los autos originales del juicio de amparo de referencia y tomo de pruebas, que se le remitieron para la substanciación del medio de impugnación; en consecuencia, acúsese recibo, glósese el cuaderno de antecedentes, previo desglose de las copias certificadas con las que se formó, a fin de reutilizarlas en trámites posteriores; notifíquese lo anterior a las autoridades responsables conforme a lo dispuesto en el artículo 192, primer párrafo de la Ley de Amparo, para su conocimiento y efectos legales; y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Por tanto, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase al Juez Octavo Civil por Audiencias del Distrito Judicial Bravos, Chihuahua, para que dentro del plazo de tres días, contado a partir de que surta efectos la notificación que de este auto se les haga, informe a este órgano de control constitucional el cumplimiento que dé a la ejecutoria protectora, en los términos que a continuación se precisan, debiendo acompañar copia certificada de las constancias que así lo acrediten, para lo cual deberá: 1. Dejar sin efecto el emplazamiento de la quejosa, así como la sentencia definitiva dictada en el juicio de origen y todo lo actuado en el procedimiento de ejecución de sentencia. 2. De ser conducente la continuación del juicio, ordene se lleve a cabo de nueva cuenta el emplazamiento de la agraviada. Apercibido que de no cumplir con lo ordenado o de no informar a este juzgado el impedimento legal que le asista para ello, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 258, en relación con el diverso artículo 238, ambos de la ley de la materia, se le impondrá multa de cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, equivalente a $89.62 (ochenta y nueve pesos con sesenta y dos centavos), moneda nacional, conforme a lo establecido por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en el acuerdo publicado el ocho de enero de dos mil veintiuno en el Diario Oficial de la Federación, vigente a partir del uno de febrero siguiente, en concordancia con lo establecido en los artículos Segundo y Tercero transitorios del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, y se remitirán los autos al Tribunal Colegiado del Decimoséptimo Circuito, en turno para el trámite de inejecución respectivo, el que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación ante la autoridad competente. Sin que haya lugar a requerir el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, por conducto de su superior jerárquico en términos del párrafo tercero del artículo 192 de la Ley de Amparo, toda vez que los jueces de primera instancia no se encuentran sometidos a algún tribunal de alzada, ya que cuentan con facultades y atribuciones propias para cumplir con las sentencias de amparo, con total independencia y autonomía, por lo que no tienen superior inmediato a quién requerirle que los conmine a cumplir con una ejecutoria de amparo; de igual forma, en caso de que los jueces de primera instancia no cumplan con la sentencia de amparo, los tribunales de grado están impedidos legalmente para dar cumplimiento por sí al fallo protector porque carecen de competencia legal y constitucional para pronunciar decretos, proveídos, medidas provisionales, incidentes y resoluciones en el procedimiento que se desarrolla en primera instancia. Lo anterior, de conformidad con la jurisprudencia PC.I.C. J/3 K (10a.), sustenta por el Pleno en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación; Libro 9, Agosto de 2014, Tomo II, Décima Época, visible en la página 1378, cuyo rubro es: "JUECES DE PRIMERA INSTANCIA, NO TIENEN SUPERIOR JERÁRQUICO, EN MATERIA JURISDICCIONAL, PARA EFECTOS DEL CUMPLIMIENTO DE EJECUTORIAS DE AMPARO. La función jurisdiccional se ejerce por diversos órganos con competencias definidas para decidir los asuntos sometidos a su conocimiento, con plena autonomía e independencia, razón por la que los jueces de primera instancia no se encuentran sometidos al tribunal de alzada, ya que cuentan con facultades y atribuciones propias para cumplir con las sentencias de amparo, con total independencia y autonomía. Si bien dichos órganos de segunda instancia son superiores por razón de grado, dicha superioridad no les otorga un poder o mando sobre los jueces de primera instancia, ya que ello sólo acontece por la competencia derivada por razón de grado, que les concede la facultad de someter a una segunda revisión las sentencias dictadas en primera instancia, provocada por el afectado al interponer los medios de defensa legal. Pero carecen de poder o mando sobre los jueces, en virtud de que éstos cuentan con facultades y atribuciones para admitir a trámite las demandas, dictar medidas provisionales y abrir incidentes para continuar el juicio de origen, por lo que los tribunales de segunda instancia están impedidos para obligarlos a actuar o dejar de actuar en la forma exigida en la sentencia de amparo, pues carecen de competencia constitucional y legal para vincular al juzgador a acatar el fallo en determinado sentido, ya que se trata de actuaciones dictadas en el procedimiento de primera instancia, en la que los tribunales de grado no tienen injerencia alguna. De igual forma, en caso de que los jueces de primera instancia no cumplan con la sentencia de amparo, los tribunales de grado están impedidos legalmente para dar cumplimiento por sí al fallo protector porque carecen de competencia legal y constitucional para pronunciar decretos, proveídos, medidas provisionales, incidentes y resoluciones en el procedimiento que se desarrolla en primera instancia. Además, la jerarquía, poder o mando, es incompatible con la función jurisdiccional porque los jueces de primera instancia, cuentan con autonomía e independencia para resolver las controversias sometidas a su conocimiento, con sujeción sólo a la ley y a la Constitución, en donde se regulan sus facultades y competencias".
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