María Hilda González Peralta

Expediente 906/2017 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Chihuahua. 2 actuaciones registradas, la última del 15 de noviembre de 2017.

Datos del expediente

Expediente
906/2017
Año
2017
Actuaciones
2
Última actuación
15/11/2017

Partes del expediente

  • María Hilda González Peralta

Actuaciones

  1. Principal

    SE NOTIFICA AL QUEJOSO, POR MEDIO DE LISTA, EL PROVEÍDO DE 15 DE NOVIMBRE DE 2017, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C), DE LA LEY DE AMPARO: Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los autos, se advierte que a la fecha transcurrió el plazo de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte interesada interpusiera el recurso de queja contra el acuerdo de veinticinco de octubre del año en curso, en el que se desechó la demanda de amparo promovida por María Hilda González Peralta; en tales condiciones, se declara que el mismo causó estado. En consecuencia, al no existir diligencia pendiente de practicar, ni ulterior acuerdo que emitir, archívese como asunto concluido. Se hace la precisión que este expediente, es susceptible de destrucción una vez que transcurran cinco años posteriores a la fecha de su archivo, por ubicarse en el supuesto previsto en la fracción I, del punto Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, toda vez que se desechó de plano la demanda de amparo y no tiene relevancia documental. Asiéntense los anteriores datos en la carátula del presente expediente; y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de registro de juicio de amparo.

  2. Principal

    SE NOTIFICA AL QUEJOSO, POR MEDIO DE LISTA, EL PROVEÍDO DE 25 DE OCTBRE DE 2017, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C), DE LA LEY DE AMPARO: Visto el escrito de cuenta, téngase por presentada la demanda de garantías promovida por María Hilda González Peralta por derecho propio, contra actos del Fiscal de Investigación y Persecución del Delito Zona Norte, Coordinador General de Ministerios Públicos de la Fiscalía General del Estado de la Zona Norte, Director de Operadora Municipal de Estacionometros del Municipio de Juárez Chihuahua, de esta urbe fronteriza y todos del Estado de Chihuahua; fórmese expediente y regístrese bajo el número 906/2017-VIII. Ahora bien, a efecto de resolver sobre la admisión de la demanda de cuenta, es conveniente precisar que el artículo 113 de la Ley de Amparo, establece que el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano, numeral que a la letra dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Precepto transcrito del que se advierte que para el desechamiento de plano de una demanda, es necesario que exista una causa de improcedencia; además que sea manifiesta, es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda y finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Tiene aplicación a lo anterior, en lo conducente, la jurisprudencia del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XX, septiembre de 2004, página 1631, de rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó en la tesis de jurisprudencia 4/95, que en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desecharía de plano; sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las dieciocho causas de improcedencia reguladas en el artículo 73 de la ley invocada. Ahora bien, atendiendo a lo considerado por nuestro Máximo Tribunal, es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e "indudable" significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete causas de improcedencia establecidas en el artículo 73 de la ley de la materia o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de garantías y no así, la admisión y tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita". En ese sentido, luego del análisis del contenido integral de la demanda de amparo, este juzgador considera que se actualiza la causa de improcedencia a que se refiere la fracción XIV párrafo primero del artículo 61, de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. [.]." De lo trascrito, se deduce que el juicio de amparo resulta improcedente en el supuesto de que no se promueva dentro de los términos que establece el artículo 17 de la ley de la materia, numeral que es de contenido: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo.". En la especie la impetrante de derechos humanos fundamentales, en forma destacada, reclama: "De las autoridades responsables señalo la indebida retención de un vehículo de mi propiedad, marca, general motors, línea, R25703, modelo dos mil uno, con número de placas "EC97383" nacionales y número de serie "1GCEC24R71Z164733" y asegurado por la ordenadora con el numero denominado vía de transito 34/2017, del índice de la fiscalía general del estado sin que se encuentre fundada ni motivada y sin que exista alguna causa legal para que las autoridades señaladas como responsables mantenga retenido el vehículo de referencia, siendo que con el acto que se reclama, la suscrita no puedo disponer de mi patrimonio en virtud a que el citado vehículo se encuentra a disposición de las mencionadas autoridades debido a la orden de mantenerlo retenido. Habida cuenta que en fecha de dos de octubre del año en curso, mediante petición hecha por la quejosa, presente escrito donde elevaba mi petición, empero en fecha de tres de octubre del dos mil diecisiete, el representante social de nombre Ángel Armando Delgado Gómez, de la unidad de especializada de delitos contra la integridad física y daños, este, negó mi petición, para sus efectos, en este momento exhibo ambas documentales. Derivado del actuar de las autoridades responsables, me veo en la necesidad de presentar la presente demanda de garantías, transgrediendo así derechos fundamentales, en especifico la garantía de audiencia, reglas esenciales del procedimiento, garantía de seguridad jurídica, legalidad, contenidas en los arábigos 14 y 16 constitucional". Con lo anterior se desprende que lo reclamado, por la quejosa es la retención del vehículo, marca, general motors, línea R25703, modelo dos mil uno, placas EC97383 y serie 1GCEC24R71Z164733. Por tanto, el plazo de quince días con que contaba la solicitante de protección de derechos humanos fundamentales para promover demanda de amparo, transcurrió a partir del día siguiente en que se ostentó sabedora de los actos reclamados, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 18 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, numeral que a la letra dice: "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor". En el caso se tiene que la quejosa expresamente acepta que conoció los actos ahora reclamados, por lo menos desde el siete de enero del presente año, tal como se advierte del capítulo de hechos antecedentes de la demanda de garantías, que produce bajo protesta de decir verdad, en el que manifiesta: "1.La suscrita soy propietaria del vehículo anteriormente mencionado, tal y como lo acredito con la copia de la tarjeta de circulación que anexo al presente escrito, siendo el caso que el citado vehículo le fue asegurado a persona diversa a la suscrita, esto desde el día siete de enero del presente año, y es el caso que a la fecha he acudido en busca de mi camioneta y no obteniendo ningún resultado ya que nadie me da información en las oficinas de la fiscalía general del estado, causando un detrimento a mi patrimonio ya que el tiempo a la fecha del aseguramiento suman más de nueve meses, tiempo que sigue aumentando el importe por concepto de pago de hospedaje de dicho vehículo, esto a la dirección de la operadora de estacionometros del municipio de Ciudad Juárez, Chihuahua. Por lo que con los actos de autoridad que se reclaman me veo privada de mi patrimonio, así como de un menoscabo al mismo ya que día con día aumenta la cantidad a pagar por concepto hospedaje, esto sin que haya motivo pues carecen de la debida fundamentación y motivación para tal efecto, es por ello que acudo ante esta autoridad federal a solicitar el amparo y protección de la justicia de la unión, a efecto de no seguir siendo privada de mi patrimonio ". Manifestaciones que en cuanto a la fecha exacta en que tuvo conocimiento de los actos reclamados, se advierte con claridad que lo fue el siete de enero del año en curso, aseveraciones que se tienen como una confesión de la quejosa en términos de lo dispuesto por los artículos 95 y 96, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, máxime que las vierte bajo protesta de decir verdad. En tal orden de ideas, es de concluirse que la amparista se enteró de la existencia de los eventos atacados de inconstitucionales en la data mencionada, por lo que es a partir del día siguiente hábil de tal fecha (nueve de enero de dos mil diecisiete), en que empezó a transcurrir el plazo que la ley concede para promover la demanda de derechos fundamentales y, si ésta se presentó en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en esta ciudad, el veinticuatro de los actuales, como se advierte de la papeleta de turno de dicha oficina, es claro que se realizó cuando ya había fenecido en exceso el plazo de quince días que establece el numeral 17 de la ley de la materia, tan es así que transcurrieron más de ocho meses. Así las cosas, es manifiesto que la quejosa se conformó tácitamente con los actos reclamados; sin que se advierta que se actualice alguno de los casos de excepción a que se refiere el artículo 17 de la ley de la materia, por lo que es indudable que se actualiza de manera notoria y manifiesta la causa de improcedencia en estudio. En consecuencia, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo. Apoya lo anterior, la tesis aislada sustentada por Tribunales Colegiados de Circuito, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXI, abril de 2005, con número de registro IUS 178756, del tenor siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. EL TÉRMINO PARA SU PRESENTACIÓN, NO DEPENDE DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO, SINO DE LA FECHA EN QUE SE TUVO CONOCIMIENTO DE ÉL. El artículo 21 de la Ley de Amparo, no señala como criterio para determinar el inicio del cómputo para la presentación de la demanda, el relativo a los efectos del acto reclamado, sino, entre otros, el día siguiente al en que se tuvo conocimiento de él; esto es, el momento en el que un acto surte efectos no es relevante para la temporalidad del juicio de garantías, sino únicamente el acto que los produce, tan es así, que el propio artículo se refiere a la resolución o el acuerdo reclamados, y no a sus efectos, los cuales pueden válidamente ser instantáneos o prolongarse en el tiempo. En este sentido, cobra aplicación el principio general consistente en que donde la ley no distingue, el intérprete no debe hacerlo, por lo que si el citado artículo no distingue entre actos cuyos efectos se realizan en forma instantánea y actos de tracto sucesivo, cuyos efectos se prolongan en el tiempo, es inconcuso que no debe atenderse a dicho criterio diferenciador para determinar el inicio del cómputo legal de quince días". También es aplicable la jurisprudencia de los Tribunales Colegiados de Circuito, visible en la página 291, Tomo II, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, agosto de 1995, Novena Época, de la siguiente literalidad: "ACTOS CONSENTIDOS TACITAMENTE. Se presumen así, para los efectos del amparo, los actos del orden civil y administrativo, que no hubieren sido reclamados en esa vía dentro de los plazos que la ley señala". Así como la tesis aislada de los Tribunales Colegiados de Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXII, octubre de 2005, Novena época, página 2336, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. EL CÓMPUTO DEL TÉRMINO PARA SU PRESENTACIÓN SE INICIA A PARTIR DE QUE EL QUEJOSO TUVO CONOCIMIENTO DEL ACTO, AUN CUANDO ÉSTE SEA DE TRACTO SUCESIVO. El artículo 21 de la Ley de Amparo establece como regla general para la interposición de la demanda de garantías el plazo de quince días; sin embargo, existen algunas excepciones, previstas en los numerales 22, 217 y 218 del mismo ordenamiento, para casos especiales, como son, asuntos en materia penal, agraria, de inconstitucionalidad de leyes autoaplicativas y cuando se reclama el ilegal emplazamiento, y el quejoso no tiene su residencia en el lugar en el que se verifica el juicio. Asimismo, el propio artículo 21, señala a partir de qué momento debe iniciarse el cómputo correspondiente a los quince días, a saber: a) desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; b) desde el día siguiente al en que haya tenido conocimiento de la resolución o acuerdo que reclame o de su ejecución; y, c) desde el día siguiente al en que se hubiese ostentado sabedor de los mismos. Por otro lado, del capítulo III, título segundo, de la invocada ley, se advierte que es importante precisar la naturaleza del acto reclamado para poder decidir si existe algún efecto susceptible de suspenderse. Así tratándose del acto reclamado consistente, por ejemplo, en la suspensión de actividades relacionadas con la construcción, debe considerarse que se trata de un acto de tracto sucesivo, toda vez que la autoridad debe actuar constantemente, ejerciendo presión fáctica sobre la empresa quejosa, a efecto de impedir que ésta continúe con las actividades relacionadas con la construcción. Sin embargo, la circunstancia de que ese acto reclamado sea de tracto sucesivo, no implica que la quejosa pueda promover la demanda de amparo en cualquier tiempo, mientras que permanezca la suspensión de actividades reclamada, puesto que si bien es cierto que conforme al artículo 141 de la Ley de Amparo es factible obtener la suspensión en cualquier tiempo mientras no se dicte sentencia ejecutoria, también lo es que para efectos de la presentación de la demanda de amparo, el cómputo debe hacerse a partir de los momentos que señala el artículo 21 de la Ley de Amparo, puesto que es desde que el quejoso tiene conocimiento de los actos reclamados, cuando está en posibilidad de impugnarlos, y si no lo hace, deben considerarse consentidos tácitamente, puesto que así lo dispone el artículo 73 fracción XII, de la referida ley". En términos de lo previsto en los artículos 1, 2, 3, fracción XIV, inciso c), 8, 18, fracción II y 19, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, 5, 6, 7 y 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y de Acceso a la Información Pública Gubernamental, se hace saber a las partes que la sentencia ejecutoria y las demás resoluciones públicas que se dicten en el presente juicio, una vez emitidas, así como éste una vez concluido, podrán ser consultadas por el público en general conforme al procedimiento de acceso a la información previsto en el Acuerdo General 84/2008, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las atribuciones de los órganos en materia de Transparencia, así como los procedimientos de acceso a la Información Pública y protección de datos personales. Asimismo, se les comunica que sus datos personales aparecerán en las listas de notificación que se publiquen por vía electrónica, excepto cuando se haga valer por alguna de las partes la oposición a la que se refiere el artículo 8° de la precitada Ley. Con fundamento en el artículo 3o de la Ley de Amparo, se ordena al oficial administrativo la digitalización de todas las promociones y documentos que presenten las partes, acuerdos, resoluciones o sentencias que se pronuncien; así como toda información relacionada con los expedientes que deben ingresar en el sistema respectivo; asimismo, se hace saber a los Actuarios que deberán digitalizar todas aquellas actas, citatorios y razones de notificación que elaboren; en tanto que los Secretarios tendrán que cerciorarse de que tanto el expediente electrónico como el expediente impreso coincidan en su totalidad. Por otra parte, se tiene como lugar para oír y recibir citas y notificaciones el Despacho Jurídico ubicado en la Avenida Valentín Fuentes esquina con Mariano Cuevas número 5920, de la colonia Infonavit Casas Grandes, en esta Ciudad y como sus autorizados al licenciado Jorge Ivan Leyva Loya, y/o Abel Flores Ramos, y/o René Santiago Anaya Basurto, y/o José René Anaya Salcido, por contar con su cedula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito y por así haberlo solicitado.

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