Maria Herlinda Marquez Castro
Expediente 420/2018 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Ensenada. 3 actuaciones registradas, la última del 19 de septiembre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 420/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 19/09/2018
Partes del expediente
- Maria Herlinda Marquez Castro
Actuaciones
- Principal
... signado por el secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Baja California, con sede en Mexicali, Baja California, ese órgano jurisdiccional se avocó al conocimiento del juicio de amparo; admitió a trámite la demanda, agréguese para que obre como corresponda, háganse las anotaciones en el libro de gobierno.... archívese el presente asunto como totalmente concluido....
- Principal
téngase por recibido el oficio 16286 proveniente del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Mexicali, al cual anexa los autos originales del juicio 568/2018-3 de su índice, que contiene el escrito original de demanda; así como el auto de veintidós de agosto de dos mil dieciocho, del cual se aprecia que el Secretario Encargado del Despacho de dicho órgano jurisdiccional se declaró legalmente incompetente para conocer del juicio de amparo indirecto promovido por María Herlinda Márquez Castro, por estimar que carece de competencia legal por razón de territorio. Análisis de la competencia. Ahora, en relación con la competencia planteada a este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Baja California, con sede en Ensenada, que por razón de turno le tocó conocer del asunto, resulta pertinente señalar que respetuosamente no se acepta conocer de la citada demanda de amparo, lo que se justifica jurídicamente en las consideraciones siguientes. Primeramente, debe decirse que el Juzgado Federal oficiante, declinó la competencia a este Juzgado de Distrito, medularmente bajo el argumento de que el acto reclamado requiere ejecución material en esta ciudad de Ensenada, Baja California, precisando lo siguiente: no debe parar desapercibido que la parte quejosa aduce que ingresó a laborar para el Ayuntamiento de Ensenada, aunado a que señaló a dicho Ayuntamiento como responsable, lo cual evidencia que tendrá ejecución en dicha circunscripción. conforme a lo enunciado, el acto reclamado impacta en un procesos laboral que tiene tramitación en Ensenada, Baja California, esto es, la ejecución material de los actos en dicho juicio se materializa, precisamente, en el lugar de residencia de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje de Ensenada, Baja California; por lo que, la competencia para conocer del amparo que se interponga contra alguna omisión resultante de dicho procedimiento laboral federal se surte a favor del Juez de Distrito en cuya jurisdicción reside la autoridad responsable. Ello obedece, sobre todo, a la intención de maximizar el principio de justicia pronta, completa e imparcial contenido en el artículo 17 constitucional, cuenta habida que es preferible concretar el conocimiento de los diversos amparo en tribunales constitucionales de una misma ciudad, a saber, en el que coincida con el lugar donde radique la autoridad que ejecutará el acto reclamado, con lo que se conserva la unidad del proceso y se permite la emisión de criterios generales, a fin de evitar una multiplicidad de resoluciones que bien podrían ser contradictorias. [.]" Luego, de la demanda de amparo se advierte que la quejosa señala como autoridades responsables a: "Presidente del Tribunal de Arbitraje del Estado de Baja California. Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje de Ensenada, Baja California. Ayuntamiento Constitucional de Ensenada, Baja California. Oficial Mayor del Ayuntamiento Constitucional de Ensenada, Baja California. Tesorero del Ayuntamiento Constitucional de Ensenada, Baja California." De las que reclama lo siguiente: "IV.- ACTO RECLAMADO. DE LA AUTORIDAD MARCADA COMO 1.- consistente en la violación al procedimiento de ejecución que establece el título octavo de la Ley del Servicio Civil de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado, Municipios e Instituciones Descentralizadas de Baja California y la Ley Federal del Trabajo, aplicada de manera supletoria de acuerdo con el artículo 12 de la Ley del Servicio Civil, esto al no proveer, acordar y ejecutar de manera eficiente el laudo condenado, omitiendo aplicar los criterios fundamentados y motivados para dar debido cumplimiento, concretamente el criterio 2/2016 del pleno del Tribunal Federal de conciliación y Arbitraje o en su caso lo establecido en la Jurisprudencia establecida por la H. Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia con registro 1688880, cuya voz es la siguiente: LAUDOS, ADEMAS DE LA IMPOSICIÓN DE LA MULTA A QUE SE REFIER E ARTICULO 148 DE LA LEY FEDERAL DE LOS TRABAADORES AL SERVICIO DEL ESTADO, EL TRIBUNAL FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE CUENTA CON UNA AMPLIA GAMA DE INSTRUMENTOS LEGAÑES PARA LOGRAR SU EEJCUCIÓN, o en su caso lo establecido en el artículo 59 del código Federal de Procedimientos civiles, todos ellos de aplicación supletoria al artículo 12 de la ley del servicio civil aplicable, para ejecutar el laudo condenado omitiendo realizar las providencia y diligencias necesarias, para el mejor PROVEER y LOGRAR LA INMEDIATA Y COMPLETA EJECUCIÓN DEL LAUDO DICTADA hasta su total conclusión. DE LA AUTORIDAD MARCADA COMO 2.- Se reclama la omisión de cumplir en tiempo y forma en ejecutar vía exhorto el procedimiento de ejecución para efectos de requerir personalmente en el domicilio del patrón condenado el cumplimiento de laudo condenatorio. DE LA AUTORIDAD MARCADA COMO 3.- Se reclama la omisión de dar cumplimiento cabal y total del laudo condenatorio dictado en el juicio laboral burocrático, no obstante de ya tener conocimiento del mismo, por haber sido notificada, y no existir suspensión alguna o impedimento legal, y haber transcurrido en exceso el término de 3 días concedido para dar cumplimiento. DE LA AUTORIDAD MARCADA COMO 4.- Se reclama la omisión de dar cumplimiento cabal y total a la condena en su contra dentro del laudo condenatorio dictado en el juicio laboral burocrático, no obstante de ya tener conocimiento de la misma, por haber sido notificado, y no existir suspensión alguna o impedimento legal, y ser la encargada de los movimientos de nómina de todos los trabajadores que laboral para el ayuntamiento de ensenada (sic). DE LA AUTORIDAD MARCADA COMO 5.- Se reclama la omisión de dar cumplimiento cabal y total a la condena en su contra dentro del laudo condenatorio dictado en el juicio laboral burocrático, no obstante de ya tener conocimiento de la misma, por haber sido notificado, y no existir suspensión alguna o impedimento legal, y ser la encargada de hacer los pagos en efectivo o en cheque de todos los trabajadores que laboral para el ayuntamiento de ensenada (sic)." Por su parte, de los antecedentes del acto reclamado manifestados bajo protesta de decir verdad, la quejosa refirió que presentó su demanda ante el Tribunal de Arbitraje del Estado, con sede en Mexicali, en la que reclamó la obtención de su base sindical como trabajadora del Ayuntamiento de Ensenada, Baja California, la cual quedó registrada con número de expediente 431/2010-1, juicio en el que, seguido en sus etapas, se dictó el laudo correspondiente condenando a la autoridad demandada. Asimismo, que el nueve de agosto de dos mil dieciocho, se solicitó ante el Tribunal responsable, la ejecución del laudo, promoción que aducen fue acordada y como consecuencia fue requerida la patronal Ayuntamiento de Ensenada, Baja California, de quien refieren que aún no ha dado cumplimiento. En ese orden, de los conceptos de violación, entre otras cosas, se advierte que la parte impetrante expresa que la omisión de las autoridades responsables de realizar las todas las medidas pertinentes y diligencias necesarias a efecto de que el laudo quede debidamente cumplido, ha producido el retardo del procedimiento de ejecución, circunstancia que viola sus derechos fundamentales previstos en el artículo 17 Constitucional, pues vulneran su derecho a una pronta impartición de justicia, dado que, después de presentada la promoción en la que se solicita la ejecución del laudo -nueve de agosto de dos mil dieciocho-, el ayuntamiento demandado no ha dado cumplimiento, lo que a su vez se traduce en la omisión de la responsable -Tribunal de Arbitraje del Estado- de hacer efectivos los apercibimientos dictados e incrementar los mismos, así como en la omisión de dictar las medidas necesarias para que se dé cumplimiento a sus resoluciones, y en vía de consecuencia, que la parte demandada cumpla. Resulta oportuno precisar el acto reclamado de la siguiente forma: Omisión de realizar los actos necesarios para lograr el cumplimiento del laudo condenatorio dictado en el juicio laboral 431/2010-1 del índice del Tribunal de Arbitraje del Estado de Baja California; Así como la abstención por parte de la patronal demandada ?ahora señaladas como autoridades responsables? de cumplir con el propio laudo. Por tanto, el suscrito Juzgador estima que la naturaleza del acto reclamado es de carácter omisivo, al dolerse la quejosa, en esencia, de la abstención de realizar todas las medidas necesarias para lograr el cumplimiento del laudo emitido a su favor. Ahora, precisado el acto reclamado y fijada su naturaleza, se traen a colación los siguientes razonamientos. La competencia constitucional de los jueces de Distrito está prevista por el artículo 107, fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y reglamentada por el artículo 37 de la Ley de Amparo, que dispone: De la trascripción que antecede se advierte que existen tres reglas para determinar la competencia de los Jueces de Distrito: a) Por regla general la competencia se determina de acuerdo con el lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado. b) Cuando el acto reclamado se ha comenzado a ejecutar en un distrito y continúe ejecutándose en otro, será competente el Juez competente de Distrito ante el que se presente la demanda. c) Si el acto reclamado no requiere de ejecución material, el Juez de Distrito competente será aquel en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Por tanto, primeramente se debe determinar si el acto reclamado en el juicio biinstancial requiere o no ejecución material. Entonces, resulta preciso dilucidar cómo se distinguen y clasifican los actos, en razón de que en ese punto radica la base de la decisión correspondiente. Con relación a los actos de autoridad, la doctrina, ha sido homogénea en clasificarlos como positivos, negativos y omisivos. Los primeros -actos positivos- son aquellos en los que la autoridad impone al gobernado determinadas obligaciones o prohibiciones en sus diferentes bienes jurídicos, en su persona o en su conducta. La positividad debe entenderse como una actuación concreta de la autoridad, que ordena al gobernado a hacer algo, le impone una obligación o le prohíbe determinada actuación. Cuando el acto se traduce en la imposición de determinadas obligaciones de no hacer o limitaciones a la actividad de los gobernados, pueden llamarse también actos prohibitivos. Los actos negativos, a diferencia de los positivos, son aquellos en los que la autoridad se rehúsa a hacer algo; el particular requiere una actuación de la autoridad pero ésta no despliega dicha actuación en beneficio del gobernado. Este tipo de actos, por cuanto a la autoridad, entrañan un comportamiento activo, pero negativo por cuanto a la decisión que toma la autoridad en relación con lo que de ella se requiere. Los actos omisivos son aquellos que se identifican con la abstención de la autoridad, que no accede ni rehúsa la pretensión del gobernado, sino que simplemente guarda una actitud pasiva, de silencio, en relación con las pretensiones del gobernado. En la legislación mexicana, con relación al juicio de amparo, cobra vigencia la anterior clasificación, en tanto que la Ley de Amparo la recoge en lo sustancial, específicamente en el artículo 77 que determina cuáles son los efectos de la sentencia que concede la protección constitucional al gobernado, puesto que literalmente señala: Teniendo en cuenta las anteriores consideraciones, se insiste con lo ya mencionado en párrafos que precedentes, la naturaleza del acto reclamado, consistente en la omisión de la autoridad responsable ordenadora -Tribunal de Arbitraje del Estado- de dictar las medidas necesarias para lograr el cumplimiento de la ejecutoria dictada en el juicio laboral burocrático de origen; así como la abstención por parte de la patronal demandada -ahora señalada como autoridad responsable- de dar cumplimiento cabal y total al laudo condenatorio dictado en el referido juicio; de modo que la abstención de las responsables se traduce en una actitud contumaz, en el sentido de acatar el laudo y, por ende, contrario a lo aseverado por el Juez oficiante, carente de ejecución material, a lo que resulta aplicable el contenido del artículo 37, último párrafo, de la Ley de Amparo antes transcrito; es decir, que se surte la competencia a favor del Juez en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Ya que se insiste que, los actos negativos son aquellos a través de los cuales la autoridad rehúsa acceder a las pretensiones de los gobernados, lo que se manifiesta por medio de una conducta positiva de las autoridades, es decir, un hacer que se traduce en una contestación, acuerdo o resolución en el sentido de no querer o no aceptar lo que le fue solicitado. En cambio, los actos omisivos se caracterizan porque la autoridad se abstiene de actuar; es decir, se rehúsa a hacer algo, o se abstiene de contestar, no obstante existir una solicitud expresa del gobernado; este tipo de actos no conllevan ejecución alguna, pues, precisamente, reflejan un no hacer de la autoridad. En esa virtud se concluye, los actos atribuidos a las aquí autoridades responsables, consistentes en su omisión de cumplir y hacer cumplir el laudo del juicio laboral del índice del Tribunal de Arbitraje del Estado de Baja California, se traducen meramente en una abstención, en tanto que sus efectos no trascienden al mundo fáctico, es decir, no modifica el estado de las cosas en la esfera física, sino sólo en el ámbito formal, al omitirse realizar los actos necesarios para cumplir el laudo condenatorio, por lo que solamente permanece ese estado de inejecución. En esas circunstancias, debe decirse que los actos reclamados carecen de ejecución material, por ende, debe aplicarse el contenido del artículo 37 último párrafo de la Ley de Amparo, conforme al cual, cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Lo anterior, sin soslayar que el órgano jurisdiccional declinante medularmente haya sostenido que lo que se pretende lograr es el cumplimiento de laudo, pues lo cierto es, que con independencia del sentido del actuar que pudieran llevar a cabo las responsables, la materia del juicio de amparo es la omisión ?un no actuar? de éstas, y este acto es el que deberá determinarse, en caso de existir, si es o no vulnerador de derechos humanos, no así los actos que pudieran desplegar las autoridades responsables. En las relatadas condiciones, el suscrito Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Baja California, con sede en esta ciudad de Ensenada, no acepta la competencia para conocer de la demanda de amparo formulada por María Herlinda Márquez Castro. Lo determinado con antelación encuentra sustento en lo resuelto en el conflicto competencial 8/2017, por el Pleno del Sexto Tribunal Colegiado y el diverso 9/2018-I del Primer Tribunal Colegiado, ambos del Decimoquinto Circuito con sede en Mexicali, Baja California, quienes confirmaron las aseveraciones contenidas en el presente auto; sin que se pase por alto que de igual forma, respecto de este tipo de actos, el Cuarto Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito, con sede en Mexicali, Baja California, al resolver el conflicto competencial 12/2017, haya considerado el criterio en el que el Juzgado declinante, sustentó su determinación. Formación de cuaderno de antecedentes, anotaciones y devolución de constancias. Fórmese el cuaderno de antecedentes correspondiente con copias de las constancias que integran el sumario, capturar en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), háganse las anotaciones de estilo en el libro de gobierno respectivo y registrar con el número de juicio de amparo 420/2018. Se ordena devolver el expediente original al Juzgado de Distrito de origen, así como las seis copias de la demanda, solicitando el acuse de recibo correspondiente. Domicilio y autorizados. Toda vez que la parte quejosa señala como domicilios los ubicados en: Calle Pirúes, 1101 interior, esquina con Jacarandas, en el fraccionamiento Los Pinos, de la ciudad de Mexicali, Baja California; y Calle Novena, 468, entre Ruiz y Gastelum, de la Zona Centro, de esta ciudad. En consecuencia, tomando en cuenta que el segundo domicilio señalado se encuentra en la sede de este órgano jurisdiccional; por ende, considérese el mismo para efectos de la notificación de la presente determinación. De igual forma, se tienen como autorizados para oír y recibir toda clase de notificaciones a Luciano Pérez Godinez y Alejandro Santibáñez Halphen, ello en virtud que la parte quejosa fue omisa en señalar en qué términos del artículo 12 de la ley de la materia autorizó a los citados profesionistas, a saber, amplios o restringidos, por lo que se insiste, quedan facultados exclusivamente para los efectos anotados, de conformidad con la última parte del segundo párrafo del numeral invocado. Habilitación de días y horas inhábiles para el Actuario Judicial. En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles para que el actuario adscrito a este Juzgado pueda realizar las diligencias inherentes a sus funciones, haciéndolo constar en el acta correspondiente. Transparencia y acceso a la información. De una interpretación armónica de los artículos 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como, de los numerales 1, 3 y 117, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se obtiene la prerrogativa en favor de los gobernados a tener acceso a la información en posesión de los órganos del Poder Judicial de la Federación. Con base en lo anterior, hágase del conocimiento de las partes que este órgano jurisdiccional al emitir la resolución que corresponda en el presente juicio constitucional elaborará la versión pública con el objeto de otorgar el acceso a la información a los gobernados que la soliciten, desde luego, con supresión de datos personales, de conformidad con los criterios a que se refieren los artículos 56, 57 y 58 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal invocado en precedentes; valorando también la posibilidad de proteger la información de que se trate, en caso de que le asista el carácter de confidencial o reservada, en términos de los artículos 110 y 113, ambos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
- Principal
Con fundamento en el articulo 27 de la Ley de Amparo, y demás relativos, se notifica a la parte quejosa el proveído de veintisiete de agosto del presente año... no acepta la competencia para conocer de la demanda de amparo formulada por María Herlinda Márquez Castro. Lo determinado con antelación encuentra sustento en lo resuelto en el conflicto competencial 8/2017, por el Pleno del Sexto Tribunal Colegiado y el diverso 9/2018-I del Primer Tribunal Colegiado, ambos del Decimoquinto Circuito con sede en Mexicali, Baja California, quienes confirmaron las aseveraciones contenidas en el presente auto; sin que se pase por alto que de igual forma, respecto de este tipo de actos, el Cuarto Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito, con sede en Mexicali, Baja California, al resolver el conflicto competencial 12/2017, haya considerado el criterio en el que el Juzgado declinante, sustentó su determinación.
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