María Herlinda Marquez Castro
Expediente 168/2018 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Ensenada. 3 actuaciones registradas, la última del 10 de mayo de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 168/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 10/05/2018
Partes del expediente
- María Herlinda Marquez Castro
Actuaciones
- Principal
Agréguese a los presentes autos el oficio de cuenta, que remite el Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Baja California, con sede en Mexicali, mediante el cual acusa recibo del oficio 4116/2018, por el que este órgano jurisdiccional le comunicó que determinó no aceptar la competencia planteada por el Juzgado... háganse las anotaciones de ley en el libro de gobierno, y archívese este asunto como totalmente concluido...
- Principal
... capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el Libro de Gobierno de este juzgado y registrar con el número de juicio de amparo 168/2018...Ahora, en relación con la competencia planteada a este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Baja California, con sede en Por otra parte, del capítulo de antecedentes del acto reclamado, la parte quejosa bajo protesta de decir verdad indicó que en el juicio de origen se dictó laudo en el que se determinó condenar a las autoridades demandadas al pago de diversas prestaciones; por lo anterior, se estima, que se actualiza la hipótesis contenida en el primer párrafo del numeral ya indicado, toda vez que el acto que se combate tendrá ejecución material en la ciudad de Ensenada, Baja California... Ensenada, que por razón de turno le tocó conocer del asunto, resulta pertinente señalar que respetuosamente no se acepta conocer de la citada demanda de amparo, lo que se justifica jurídicamente en las consideraciones... Asimismo, de la Junta Especial número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje, en Ensenada, Baja California, Ayuntamiento de Ensenada, Presidente Municipal del XXII Ayuntamiento Constitucional de Ensenada, Baja California, Tesorera del XXII Ayuntamiento Constitucional de Ensenada, Baja California y Oficial Mayor del XXII Ayuntamiento de Ensenada, Baja California, entre otras cuestiones, la omisión de dar cabal cumplimiento a la condena impuesta en su contra en el laudo dictado en el juicio laboral 431/2010... De una interpretación armónica de los artículos 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como, de los numerales 1, 3 y 117, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se obtiene la prerrogativa en favor de los gobernados a tener acceso a la información en posesión de los órganos del Poder Judicial de la Federación. Con base en lo anterior, hágase del conocimiento de las partes que este órgano jurisdiccional al emitir la resolución que corresponda en el presente juicio constitucional elaborará la versión pública con el objeto de otorgar el acceso a la información a los gobernados que la soliciten, desde luego, con supresión de datos personales...
- Principal
CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27 FRACCIÓN I INCISO B, DE LA LEY DE AMPARO, NOTIFICO A LA PARTE QUEJOSA... EL AUTO DE VEINTISIETE DE MARZO DE DOS MIL DIECIOCHO... Ensenada, Baja California, veintisiete de marzo de dos mil dieciocho. Visto el oficio de cuenta, signado por el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Baja California, con sede en Mexicali, al que adjunta el original del juicio de amparo 196/2018-5A, del índice de ese órgano jurisdiccional y nueve copias de la demanda de amparo promovida por María Herlinda Márquez Castro, en contra de las siguientes autoridades responsables: A) Tribunal de Arbitraje del Estado de Baja California, con sede en Mexicali. B) Presidente del Tribunal de Arbitraje del Estado de Baja California, con sede en Mexicali. C) Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje de Ensenada, Baja California. D) Ayuntamiento de Ensenada, Baja California. E) Presidente Municipal del XXII Ayuntamiento Constitucional de Ensenada, Baja California. F) Tesorera del XXII Ayuntamiento Constitucional de Ensenada, Baja California. G) Oficial Mayor del XXII Ayuntamiento Constitucional de Ensenada, Baja California. Anotaciones. Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el Libro de Gobierno de este juzgado y registrar con el número de juicio de amparo 168/2018. Análisis de la competencia. Ahora, en relación con la competencia planteada a este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Baja California, con sede en Ensenada, que por razón de turno le tocó conocer del asunto, resulta pertinente señalar que respetuosamente no se acepta conocer de la citada demanda de amparo, lo que se justifica jurídicamente en las consideraciones siguientes. Primeramente, debe decirse que el Juzgador Federal oficiante, declinó la competencia a este Juzgado de Distrito, medularmente bajo el argumento de que el acto reclamado requiere ejecución material en esta ciudad de Ensenada, Baja California, precisando lo siguiente: "[.] Ahora, el quejoso en su escrito inicial de demanda reclama de las autoridades que señala como responsables Tribunal de Arbitraje del Estado de Baja California y su presidente, con residencia en esta ciudad, la omisión de acordar dentro del término de veinticuatro horas el escrito presentado en doce de marzo de dos mil dieciocho. Asimismo, de la Junta Especial número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje, en Ensenada, Baja California, Ayuntamiento de Ensenada, Presidente Municipal del XXII Ayuntamiento Constitucional de Ensenada, Baja California, Tesorera del XXII Ayuntamiento Constitucional de Ensenada, Baja California y Oficial Mayor del XXII Ayuntamiento de Ensenada, Baja California, entre otras cuestiones, la omisión de dar cabal cumplimiento a la condena impuesta en su contra en el laudo dictado en el juicio laboral 431/2010. Por otra parte, del capítulo de antecedentes del acto reclamado, la parte quejosa bajo protesta de decir verdad indicó que en el juicio de origen se dictó laudo en el que se determinó condenar a las autoridades demandadas al pago de diversas prestaciones; por lo anterior, se estima, que se actualiza la hipótesis contenida en el primer párrafo del numeral ya indicado, toda vez que el acto que se combate tendrá ejecución material en la ciudad de Ensenada, Baja California. Esto es así, debido a que sin prejuzgar, en el supuesto que de concederse la protección constitucional solicitada por la amparista, el efecto sería que las autoridades responsables efectuarán el pago de las prestaciones a que fueron condenadas; por lo tanto, se estima se actualiza el supuesto previsto en el primer párrafo, del artículo 37, de la Ley de Amparo, ya referido, por lo que, resulta evidente que la competencia no se surte a favor de este Juzgado, sino de los Juzgados de Distrito en el Estado de Baja California, en Ensenada. No pasa inadvertido para este Juzgador, que en el caso particular se señaló como autoridades responsables a Tribunal de Arbitraje del Estado de Baja California y su presidente, con domicilio en esta ciudad; empero, dicha circunstancia no es obstáculo para declinar la competencia a aquél Juzgado Federal, toda vez que conforme a las reglas antes precisadas, la competencia se debe de fincar atendiendo al lugar donde tendrán ejecución los actos reclamados, sin importar que el domicilio de alguna de las autoridades responsables se encuentre dentro de la jurisdicción de otro Juez de Distrito. [.]" Luego, de la demanda de amparo se advierte que el acto reclamado se hizo consistir en: "IV.- ACTO RECLAMADO. 1.- Se reclama que las autoridades responsables señaladas en los incisos A) y B) trasgredieron y vulneraron los Artículos 115 y demás relativos de la Ley Servicio Civil de los trabajadores al Servicio de los poderes del Estado, Municipios e Instituciones Descentralizadas de Baja California, ya que han omitido acordar dentro del término de 24 horas que establece la Ley, la solicitud por escrito promovida en Oficialía común de la responsable, esto en fecha 12 de Marzo de 2018. 2.- Se reclama también de los incisos A) y B) Autoridades Responsables la omisión durante varios meses de dictar las medidas necesarias con la celeridad oportuna para que el patrón condenado de cumplimiento a la ejecutoria dictada en el juicio laboral, como seria, entre otras cosas, el hacer efectivos los apercibimientos ya realizados y aumentar de severidad de sanción con los nuevos apercibimientos, entre otras actuaciones que disponen las leyes. 3.- Del inciso C) Autoridad Responsable la omisión de cumplir en tiempo y forma los requerimientos vía exhorto que le ha remitido el Tribunal de Arbitraje del Estado de Baja California y se (sic) Presidente para efectos de requerir personalmente en su domicilio al patrón condenado el cumplimiento del laudo condenatorio. 4.- Se reclama de los incisos D), E), F) y G) Autoridades Responsables la omisión de dar cumplimiento cabal y total a la condena en su contra dentro de laudo condenatorio dictado en el juicio laboral burocrático, no obstante, de tener ya conocimiento de la misma, no existir suspensión alguna o impedimento legal y haber transcurrido en exceso el término concedido para dar cumplimiento, y de haber sido requeridos en reiteradas ocasiones por el cumplimiento del mismo." Por su parte, de los antecedentes del acto reclamado manifestados bajo protesta de decir verdad, la quejosa refirió que presentó demanda ante el Tribunal de Arbitraje del Estado, con sede en Mexicali, en la que reclamó la obtención de su base sindical como trabajadora del Ayuntamiento de Ensenada, Baja California, la cual quedó registrada con número de expediente 431/2010-1, juicio en el que, seguido en sus etapas, se dictó el laudo correspondiente condenando a la autoridad demandada. Asimismo, que el veintitrés de enero de dos mil quince, solicitó ante el Tribunal responsable, la ejecución del laudo, promoción que aduce fue acordada y como consecuencia fue requerida la patronal Ayuntamiento de Ensenada, Baja California, de quien refiere que aún no ha dado cumplimiento; por lo que, el doce de marzo del año en curso, presentó de nueva cuenta promoción a través de su apoderado legal, dirigida al Presidente del Tribunal de Arbitraje, solicitándole la ejecución del laudo dictado, promoción de la que reclama que hasta el día de hoy no ha sido acordada. En ese orden, de los conceptos de violación, entre otras cosas, se advierte que la impetrante expresa que la omisión de las autoridades responsables de acordar o resolver fuera del plazo legal de veinticuatro horas, respecto de la promoción de doce de marzo de dos mil dieciocho, ha producido el retardo del procedimiento de ejecución, circunstancia que viola sus derechos fundamentales previstos en el artículo 17 Constitucional, pues vulneran su derecho a una pronta impartición de justicia, ya que se trata de una promoción en la que se solicita la ejecución del laudo, lo que a su vez se traduce en la omisión de la responsable de hacer efectivos los apercibimientos dictados e incrementar los mismos, así como en la omisión de dictar las medidas necesarias para que se dé cumplimiento a sus resoluciones, y en vía de consecuencia, que la parte demandada cumpla. Resulta oportuno precisar el acto reclamado de la siguiente forma: La omisión de acordar la promoción de doce de marzo de dos mil dieciocho en el expediente laboral 431/2010-1, del índice del Tribunal de Arbitraje del Estado, con sede en Mexicali, Baja California, respecto a realizar los actos necesarios para lograr el cumplimiento del laudo condenatorio dictado en el citado juicio, así como la abstención por parte de la patronal demandada ?ahora señaladas como autoridades responsables? de cumplir con el propio laudo. Ahora, precisado el acto reclamado y fijada su naturaleza, se traen a colación los siguientes razonamientos. La competencia constitucional de los jueces de Distrito está prevista por el artículo 107, fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y reglamentada por el artículo 37 de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." De la trascripción que antecede se advierte que existen tres reglas para determinar la competencia de los Jueces de Distrito: a) Por regla general la competencia se determina de acuerdo con el lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado. b) Cuando el acto reclamado se ha comenzado a ejecutar en un distrito y continúe ejecutándose en otro, será competente el Juez competente de Distrito ante el que se presente la demanda. c) Si el acto reclamado no requiere de ejecución material, el Juez de Distrito competente será aquel en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Por tanto, primeramente se debe determinar si el acto reclamado en el juicio biinstancial requiere o no ejecución material. Entonces, resulta preciso dilucidar cómo se distinguen y clasifican los actos, en razón de que en ese punto radica la base de la decisión correspondiente. Con relación a los actos de autoridad, la doctrina, ha sido homogénea en clasificarlos como positivos, negativos y omisivos. Los primeros son aquellos en los que la autoridad impone al gobernado determinadas obligaciones o prohibiciones en sus diferentes bienes jurídicos, en su persona o en su conducta. La positividad debe entenderse como una actuación concreta de la autoridad, que ordena al gobernado a hacer algo, le impone una obligación o le prohíbe determinada actuación. Cuando el acto se traduce en la imposición de determinadas obligaciones de no hacer o limitaciones a la actividad de los gobernados, pueden llamarse también actos prohibitivos. Los actos negativos, a diferencia de los positivos, son aquellos en los que la autoridad se rehúsa a hacer algo; el particular requiere una actuación de la autoridad pero ésta no despliega dicha actuación en beneficio del gobernado. Este tipo de actos, por cuanto a la autoridad, entrañan un comportamiento activo, pero negativo por cuanto a la decisión que toma la autoridad en relación con lo que de ella se requiere. Los actos omisivos son aquellos que se identifican con la abstención de la autoridad, que no accede ni rehúsa la pretensión del gobernado, sino que simplemente guarda una actitud pasiva, de silencio, en relación con las pretensiones del gobernado. En la legislación mexicana, con relación al juicio de amparo, cobra vigencia la anterior clasificación, en tanto que la Ley de Amparo la recoge en lo sustancial, específicamente en el artículo 77 que determina cuáles son los efectos de la sentencia que concede la protección constitucional al gobernado, puesto que literalmente señala: "Artículo 77. Los efectos de la concesión del amparo serán: I. Cuando el acto reclamado sea de carácter positivo se restituirá al quejoso en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación; y II. Cuando el acto reclamado sea de carácter negativo o implique una omisión, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija." Teniendo en cuenta las anteriores consideraciones, la naturaleza del acto reclamado, consistente en la omisión de la autoridad responsable ordenadora de acordar la solicitud formulada en escrito de doce de marzo de dos mil dieciocho; de dictar las medidas necesarias para lograr el cumplimiento de la ejecutoria dictada en el juicio laboral burocrático de origen; de cumplir en tiempo y forma los requerimientos para requerir el cumplimiento del laudo condenatorio y de dar cumplimiento cabal y total al laudo condenatorio dictado en el referido juicio; contrario a lo aseverado por el Juez oficiante, se trata de un acto de naturaleza omisiva, que carece de ejecución material, a lo que resulta aplicable el contenido del artículo 37, último párrafo, de la Ley de Amparo antes transcrito; es decir, que se surte la competencia a favor del Juez en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Ya que se insiste los actos omisivos se caracterizan porque la autoridad se abstiene de actuar; es decir, se rehúsa a hacer algo, o se abstiene de contestar, no obstante existir una solicitud expresa del gobernado; este tipo de actos no conllevan ejecución alguna, pues, precisamente, reflejan un no hacer de la autoridad. Incluso, no pasa inadvertida la tesis que citó el juzgador, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, Volumen 217-228, Tercera Parte, Materia Común, página 73, registro 237105, de rubro: "COMPETENCIA. CORRESPONDE AL JUEZ DEL LUGAR DE EJECUCIÓN DEL ACTO RECLAMADO, AUN CUANDO EL DOMICILIO DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE SE ENCUENTRE EN LA JURISDICCIÓN DE OTRO JUEZ."; la cual, con todo respeto no se comparte que dilucide el caso concreto, pues en dicho criterio se hace mención del órgano a quien se surte la competencia en razón de la jurisdicción en donde se pretenda ejecutar un acto que conlleva ejecución material, lo que en la especie no acontece, pues como se asentó en precedentes la omisión que constituye el acto de reclamo, no es ejecutable dada su naturaleza. Ahora bien, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 389/2013, en sesión de siete de febrero de dos mil catorce, determinó que el texto del artículo 37 de la Ley de Amparo, vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, debía aplicarse de manera estricta a su texto, sin emplear algún método sistemático, teleológico o lógico para desentrañar su sentido y alcance, pues la intención del constituyente quedó plasmada con toda claridad en el contenido de la norma. Por lo cual, en el caso de impugnar actos carentes de ejecución material, el juez competente es aquel en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. De las anteriores consideraciones derivó la jurisprudencia 1a./J.17/2014 (10a.), consultable en la Décima Época, en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 6, Mayo de dos mil catorce, Tomo I, Página, quinientos, de rubro y texto siguientes: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO CONTRA ACTOS QUE NO REQUIERAN DE EJECUCIÓN MATERIAL. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN SE PRESENTÓ LA DEMANDA RELATIVA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 37, PÁRRAFO TERCERO, DE LA LEY DE AMPARO, VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)." En esa virtud, se concluye que el acto reclamado en el presente juicio de amparo, no conlleva una ejecución material y ante ello, cobra aplicación el supuesto competencial previsto en el tercer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo, conforme al cual, cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Lo anterior, sin soslayar que el Juez declinante haya sostenido que la competencia se debe fincar atendiendo al lugar donde tendrá ejecución los actos reclamados, pues lo cierto es, que con independencia del sentido del actuar que pudieran llevar a cabo las responsables, la materia del juicio de amparo es la omisión ?un no actuar? de éstas, y este acto es el que deberá determinarse, en caso de existir, si es o no vulnerador de derechos humanos, no así los actos que pudieran desplegar las autoridades responsables. Sirve de apoyo, la tesis sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, volumen 139-144 tercera parte, Materia Común, pagina 45, registro 237830, que señala: "COMPETENCIA. DEBE DECIDIRSE EN FAVOR DEL JUEZ EN CUYA JURISDICCIÓN RESIDA LA AUTORIDAD SEÑALADA COMO ORDENADORA CUANDO SE RECLAMAN OMISIONES." En las relatadas condiciones, el suscrito Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Baja California, con sede en esta ciudad de Ensenada, no acepta la competencia para conocer de la demanda de amparo formulada por María Herlinda Márquez Castro. Lo determinado con antelación encuentra sustento en lo resuelto en el conflicto competencial 8/2017, por el Pleno del Sexto Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito, con sede en Mexicali, Baja California, quien confirmó las aseveraciones contenidas en el presente auto. Formación de cuaderno de antecedentes, anotaciones y devolución de constancias. Fórmese el cuaderno de antecedentes correspondiente con copias de las constancias que integran el sumario y háganse las anotaciones de estilo en el libro de gobierno respectivo. Se ordena devolver el expediente original al Juzgado de Distrito de origen, así como las nueve copias de la demanda, solicitando el acuse de recibo correspondiente. Domicilio y autorizados. Toda vez que la parte quejosa señala como domicilios los ubicados en: 1. Calle Pirúes, número 1101 interior, esquina con Jacarandas, en el fraccionamiento Los Pinos, de la ciudad de Mexicali, Baja California; y 2. Calle Novena número 468, entre Ruiz y Gastelum, de la Zona Centro, de esta ciudad. En consecuencia, tomando en cuenta que el segundo domicilio señalado se encuentra en la sede de este órgano jurisdiccional; por ende, considérese el mismo para efectos de la notificación de la presente determinación. De igual forma, se tienen como autorizados para oír y recibir toda clase de notificaciones a Jesús Jaime González Agundez, Luciano Pérez Godinez, Alejandro Santibañez Halphen, Adan Calderón Zamora y Jesús González Marchena, ello en virtud que la parte quejosa fue omisa en señalar en qué términos del artículo 12 de la ley de la materia autorizó a los citados profesionistas, a saber, amplios o restringidos, por lo que se insiste, quedan facultados exclusivamente para los efectos anotados, de conformidad con la última parte del segundo párrafo del numeral invocado. Habilitación de días y horas inhábiles para el Actuario Judicial. En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles para que el actuario adscrito a este Juzgado pueda realizar las diligencias inherentes a sus funciones, haciéndolo constar en el acta correspondiente. Transparencia y acceso a la información. De una interpretación armónica de los artículos 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como, de los numerales 1 , 3 y 117 , todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se obtiene la prerrogativa en favor de los gobernados a tener acceso a la información en posesión de los órganos del Poder Judicial de la Federación. Con base en lo anterior, hágase del conocimiento de las partes que este órgano jurisdiccional al emitir la resolución que corresponda en el presente juicio constitucional elaborará la versión pública con el objeto de otorgar el acceso a la información a los gobernados que la soliciten, desde luego, con supresión de datos personales, de conformidad con los criterios a que se refieren los artículos 56, 57 y 58 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal invocado en precedentes; valorando también la posibilidad de proteger la información de que se trate, en caso de que le asista el carácter de confidencial o reservada, en términos de los artículos 110 y 113, ambos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.
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