Maria Guadalupe Roman Hernandez
Expediente 1575/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 21 actuaciones registradas, la última del 23 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1575/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 21
- Última actuación
- 23/11/2023
Partes del expediente
- Maria Guadalupe Roman Hernandez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 21.
- Principal
Visto el oficio suscrito por el Secretario de Acuerdos del Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, mediante el cual informa el acuerdo dictado el veintiuno de noviembre del año en curso, relativo a la revisión ********************, del que se advierte que acusa de recibo el escrito de agravios de la parte quejosa, y además informa que lo admitió a trámite; al respecto, con fundamento en los artículos 220 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los autos para los efectos legales a que haya lugar. Por otro lado, como lo solicita la superioridad, hágase disponible el expediente electrónico del juicio de amparo en que se actúa, a través de la herramienta "vincular con otro órgano". Hágase del conocimiento lo anterior a la encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes SISE a fin de que realice la referida autorización. .
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Agréguese a los presentes autos para que obre como corresponda, el oficio que suscribe el Actuario Judicial adscrito al Quinto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, adjunto al cual remite el auto dictado por ese Tribunal el quince de noviembre del en curso, en el recurso de revisión número *, promovido por la parte quejosa, de la que se observa que remitió el presente toca de amparo en revisión, sus anexos al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa de este Tercer Circuito, en turno, por conducto de la Oficialía de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en dicha materia y circuito, por las razones, motivos, fundamentos y para los fines expuestos en el auto de quince de noviembre del en curso. Consecuentemente, se ordena agregar a los autos para los efectos legales procedentes.
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Vistas las certificaciones que anteceden, se advierte que obran físicamente y digitalizadas en el expediente electrónico las constancias de notificación correspondiente a la sentencia de seis de marzo de dos mil veintitrés, así como las notificaciones correspondientes del auto por el que se tuvo por interpuesto el recurso de revisión en diez de marzo del mismo año. Atento a lo anterior, remítanse los autos originales del juicio de amparo 1575/2022-IV el original del escrito de expresión de agravios en el que la parte quejosa, interpone recurso de revisión, en contra de la sentencia dictada en el presente juicio de amparo el seis de marzo de dos mil veintitrés, y una copia de éste, al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, en turno. Fórmese cuaderno de antecedentes con las actuaciones que se generen a partir del presente auto. Sin que sea necesario fotocopiar las constancias que obran en el cuaderno original, pues se encuentran integradas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Lo anterior, conforme a las políticas de disciplina, utilización y racionalización de recursos humanos y materiales que han adoptado los poderes dela Unión. En otro aspecto, hágase disponible el expediente electrónico del juicio de amparo en que se actúa, a través de la herramienta "vincular con otro órgano". Hágase del conocimiento lo anterior a la encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes SISE a fin de que realice la referida autorización.
- Principal
V I S T O S, para resolver, los autos del juicio de amparo 1575/2022, promovido por, por su propio derecho, contra actos del Congreso del Estado de Jalisco, Gobernador del Estado de Jalisco, Presidente, Tesorero, Director de Catastro, Director de Ingresos y del Consejo Técnico Catastral, estos cinco últimos de El Salto, Jalisco por considerarlos violatorios de derechos humanos y garantías otorgadas para su protección en los artículos 1, 31, fracción IV y 115, fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. R E S U L T A N D O PRIMERO. Demanda de Amparo. *, por su propio derecho, el nueve de agosto de dos mil veintidós, mediante escrito presentado en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, presentó electrónicamente demanda de amparo indirecto contra actos de las autoridades precisadas y que más adelante se sintetizarán: SEGUNDO. Admisión y trámite del juicio de amparo. La demanda de amparo de referencia, fue turnada este Juzgado Segundo de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, quien por auto de doce de agosto de dos mil veintidós, se admitió la demanda de amparo y la registró bajo el expediente 1575/2022-IV; pidió los informes justificados a las autoridades señaladas como responsables; dio intervención al Agente del Ministerio Público Federal de la adscripción; fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se desahogó al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa y de Trabajo en el Estado de Jalisco, es legalmente competente para conocer y resolver este juicio, de conformidad con lo dispuesto por los numerales 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1º, fracción I, 107, fracción IV, de la Ley de Amparo; y, 57 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en virtud de que se combaten disposiciones legales de naturaleza fiscal, cuya aplicación tuvo verificativo en la demarcación territorial en que este Juzgado de Distrito ejerce su jurisdicción constitucional. Asimismo, la competencia de este Juzgado de Distrito para conocer del asunto se finca en el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito; modificado por el Acuerdo General 41/2021. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Previo a analizar la certeza de los actos reclamados debe precisarse cuáles son éstos, en términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, para tales efectos se analiza en su integridad el libelo actio de amparo, atendiendo a la tesis de jurisprudencia. En ese sentido, de la lectura integral de la demanda de amparo y anexos que forman un todo, se advierte que los actos reclamados consisten en: Del Congreso de Estado de Jalisco: La discusión, aprobación, y expedición del decreto por el que se aprobaron las Tablas de Valores Unitarios de Suelo y Construcción para el Municipio de El Salto, Jalisco, para el ejercicio fiscal 2022. La discusión, aprobación, y expedición del decreto por el que se aprobó el artículo 25 y su tabla número 1 de la Ley de Ingresos del municipio de El Salto, Jalisco, para el ejercicio fiscal 2022 y sus anexos. Del Gobernador del Estado de Jalisco: La promulgación y publicación del decreto por el que se aprobaron las Tablas de Valores Unitarios de Suelo y Construcción para el Municipio de El Salto, Jalisco, para el ejercicio fiscal 2022. La promulgación y publicación del decreto por el que se aprobó el artículo 25 y su tabla número 1 de la Ley de Ingresos del municipio de El Salto, Jalisco, para el ejercicio fiscal 2022 y sus anexos. Del Presidente, Tesorero y Director de Catastro, todos del Municipio de El Salto, Jalisco: La aplicación del artículo 25 y su tabla número 1 de la Ley de Ingresos del municipio de El Salto, Jalisco, para el ejercicio fiscal 2022 Del Director de Ingresos del Municipio de El Salto, Jalisco: El cobro realizado en el recibo oficial Del Consejo Técnico Catastral del Municipio de El Salto, Jalisco: La revisión, análisis, estudio, validación y aprobación del proyecto de tablas de valores 2022, del Ayuntamiento de El Salto, Jalisco. TERCERO. Inexistencia de actos. Si bien es cierto Director de Ingresos del Municipio de El Salto, Jalisco, fue omiso en rendir su informe con justificación, por lo que se le debería de tener como cierto el acto que se le atribuye. No obstante lo anterior, cabe precisar que, el acto de aplicación por parte de la citada autoridad es inexistente, puesto que de las constancias aportadas en autos no se evidencia la existencia de dicho acto y, por ende, su participación en la ejecución, sin que sea óbice que el peticionario de amparo haya aportado copia del recibo oficial, de veintiuno de julio de dos mil veintidós, pues, como se aprecia de la constancia relativa, ese pago en todo caso, se efectuaron motu proprio, siendo la intervención de la precitada autoridad solamente como receptora del pago; circunstancia que por sí sola no conduce a tener por evidenciado el acto de autoridad que le atribuyó. En esas condiciones, ante la inexistencia del referido acto reclamado, debe sobreseerse en el juicio, con relación al acto atribuido a la aludida autoridad responsable, de conformidad con la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo. CUARTO. CERTEZA DEL ACTO RECLAMADO. Son ciertos los actos reclamados al Congreso y al Gobernador del Estado de Jalisco, pues así lo reconocieron al rendir su informe justificado. Además, debe recordarse que, en tratándose de amparos contra normas generales, éstas se acreditan plenamente sin necesidad de prueba alguna, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 77 y 86 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria a la Ley de la Materia, así como la jurisprudencia aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto señalan: Por su parte, al rendir su informe justificado el Presidente Municipal del Ayuntamiento de El Salto, Jalisco, negó la existencia del acto que se le reclama; sin embargo, de la lectura de sus informes se evidencia que realizan manifestaciones de las que se desprende su certeza. Finalmente, respecto del Tesorero, Director de Catastro y el Consejo Técnico Catastral, todos del Municipio de El Salto, Jalisco con fundamento en lo previsto por el artículo 117 de la Ley de Amparo, se presume la certeza del acto que se le reclama, pues no rindieron su informe justificado, no obstante de que se les notificó el auto donde se les solicitó. QUINTO. Análisis de causas de improcedencia. La procedencia del juicio de garantías es de orden público y su estudio es prioritario al fondo de la cuestión constitucional planteada, conforme lo dispone el artículo 62 de la Ley de Amparo. De oficio, se considera que, en el presente asunto, se actualiza la causal de improcedencia prevista en los artículos 61, fracción XII, de la Ley de Amparo y 1°, fracción I, y 5°, fracción I, de la Ley de Amparo; y, del diverso 107, fracción I, de la Constitución General de la República, pues la quejosa no acredita la afectación a su interés jurídico. En efecto, los artículos 1°, fracción I, 5°, fracción I y, 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, señalan: "Artículo 1°. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte" "Artículo 5°. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resienta una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley." "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia;." Por su parte, el artículo 107, fracción I, de la Constitución General de la República dispone: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa." (lo resaltado es propio). De la interpretación sistemática de estos numerales, se destaca que el juicio de amparo procede respecto de actos que incidan en la esfera jurídica del quejoso, pues, de lo contrario, será improcedente el citado medio de control constitucional, al no existir afectación al interés jurídico de aquél. Asimismo, en términos del numeral 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el juicio de amparo procede en contra de aquellos actos que causan un agravio actual y directo en la esfera de derechos del particular o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Así, por cuestión de orden, se estima necesario precisar que el artículo 5º de la Ley de Amparo, en su fracción I, indica que tiene el carácter de parte quejosa quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1° de la ley de la materia, y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Además, en el párrafo cuarto, dispone que tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa. De ese modo, el presupuesto que permite a las personas combatir actos u omisiones provenientes de tribunales judiciales, que estimen lesivos a los derechos humanos, será el que sean titulares de un derecho subjetivo y que, además, se afecte de manera personal y directa. Al respecto, conviene destacar que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación señaló al interpretar el contenido del artículo 107 de la Constitución, que constituye la base constitucional de la actual redacción del artículo 5° de la Ley de Amparo, reglamentaria de aquél precepto, que en materia de actos de tribunales necesariamente se requiere que cuente con un derecho subjetivo, del que es titular el agraviado, es decir, enfatizó, tenga un interés jurídico. De este modo, el concepto de titularidad de un derecho subjetivo, se encuentra asociado al interés jurídico; por tanto, resulta correcto estimar que el interés jurídico es el derecho subjetivo derivado de alguna norma en particular o, sustentado en una figura jurídica concreta, que en forma individual otorga a su titular la facultad o potestad de exigencia oponible a la autoridad. En ese contexto, la facultad o potestad de exigencia oponible a la autoridad para ejercer la acción de amparo e impugnar un acto de ésta, deviene de la afectación que éste pudiera ocasionar a su titular en uno o varios derechos legítimamente tutelados de manera personal y directa. Luego, para considerar que a las personas se les afecta su derecho subjetivo, es presupuesto que el promovente del juicio de amparo acredite, en primer lugar, ser titular de ese derecho legítimamente tutelado y, por otro, la afectación personal y directa producida por los actos reclamados. En suma, tratándose de actos de autoridad, para que proceda la acción constitucional, es necesario que se acredite plenamente y no con base en presunciones, que la persona que ejerce la acción constitucional, es la titular del derecho subjetivo derivado de una norma o figura jurídica y que la afectación sea de manera personal y directa, tal como se desprende de la tesis cuyo rubro y texto señalan: Además, el análisis de la procedencia del juicio de amparo contra normas generales, debe partir, necesariamente, del examen de su naturaleza para determinar la oportunidad y condiciones en que pueden reclamarse. Así, para establecer si un amparo contra leyes debe analizarse desde la perspectiva del interés jurídico o del interés legítimo, es menester partir de la posición que guarde la parte quejosa con relación a la norma controvertida, esto es, si ésta tiene como destinatario directo a la impetrante o bien si, pese a no ser destinataria de la misma, ésta le produce una afectación indirecta que jurídicamente tenga la característica relevante, cualificada, actual y real; en el primer supuesto, es menester atender a la noción de interés jurídico, mientras que, en el segundo, a la de interés legítimo, ambas como base para luego establecer si el precepto controvertido tiene carácter auto o heteroaplicativo. En esa tesitura, es preciso considerar que en ese ámbito, las normas se clasifican de la siguiente manera: 1. Leyes autoaplicativas: Se caracterizan por tener disposiciones que vinculan al gobernado a su cumplimiento desde el inicio de su vigencia y, por ende, admiten la procedencia de la vía constitucional desde que entran en vigor, pues desde ese momento crean, transforman o extinguen situaciones concretas de derecho, dado que las obligaciones derivadas de éstas surgen con independencia de la actualización de condición alguna; éstas pueden reclamarse en dos distintos momentos: el primero, dentro del plazo de treinta días computado a partir del día en que entró en vigor, según lo previsto en el artículo 17, fracción I, de la Ley de Amparo; y, el segundo, dentro de los quince días siguientes a la actualización de alguna hipótesis prevista en el aludido precepto. 2. Leyes heteroaplicativas: Se distinguen porque obligan al gobernado al cumplimiento de obligaciones de hacer o no hacer, mediante la actualización de un perjuicio que surge con un acto de su aplicación, y pueden reclamarse sólo en una oportunidad a través del juicio de amparo indirecto, dentro del plazo de quince días siguientes a su aplicación. Esto es, solo puede cuestionarse su constitucionalidad ante la actualización de su primera aplicación concreta, explícita o implícita en perjuicio del gobernado, y no con motivo de ulteriores aplicaciones. De lo anterior se desprende la clasificación de las leyes autoaplicativas y heteroaplicativas, sobre el concepto de individualización incondicionada de las leyes; las primeras admiten la procedencia del juicio de amparo desde el momento de su entrada en vigor, porque se trata de ordenamientos que por el imperativo que las mismas contienen, generan perjuicio al gobernado por su sola creación, transformación o extensión de situaciones concretas de derecho, este concepto de individualización da una base firme para determinar la procedencia del juicio constitucional, ya que basta examinar en cada caso particular cuándo la concretización de los efectos de una disposición legal puede tener lugar incondicionada o condicionadamente; la condición puede consistir en la expedición de un acto necesario para que la ley adquiera individualización de actos administrativos o jurisdiccionales de aplicación de la norma o, incluso, de un hecho jurídico como suceso independiente de la voluntad humana, o bien, de un acto jurídico realizado por el propio particular, pues tal acontecimiento o acto voluntario determina la colocación de una persona dentro de la hipótesis legal. Por tanto, atento al concepto de individualización condicionada de las leyes, las obligaciones que impone la ley de un hacer o no hacer al particular, no nacen a partir de su entrada en vigor porque no son de acción automática, pues con su sola expedición no se crean, transforman o extinguen situaciones concretas de derecho -eficacia inherente exclusivamente a las leyes de individualización incondicionada- sino por el contrario, es menester, para causar perjuicio, un acto que condicione la aplicación de la norma a las situaciones jurídicas concretas, ya sea por actuación del particular o del Estado, supuesto que evidentemente no se ubica dentro de las leyes autoaplicativas, sino de heteroaplicativas, pues la afectación que éstas irroguen al gobernado está condicionada a la existencia necesaria de la aplicación de la norma o del acreditamiento del particular de realizar el acto condición para estar dentro del supuesto de la norma, de no adoptar tal conducta, los efectos de la ley no le son aplicados jurídica y materialmente. En ese sentido, para alegar que la norma fue aplicada en la esfera jurídica de la persona, es necesario que exista un acto de autoridad que se funde en ella y que además con base en ésta, se genere un agravio personal y directo, pues sólo así se entendería que se actualizó la condición misma para estar dentro del supuesto de la norma. Lo que, de hecho, guarda relación con el artículo 6, de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, que dispone: Artículo 6°. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5° de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita." En esa tesitura, a efecto de sustentar la improcedencia de que se habla, resulta necesario considerar que para determinar la base del impuesto sobre transmisiones patrimoniales, es necesario tener presente el contenido del artículo 25 de la Ley de Ingresos del Municipio de El Salto, Jalisco para el ejercicio fiscal 2022, así como las tablas de valores, unitarios de suelo y construcción del mismo municipio para el mismo ejercicio, las cuales son del tenor siguiente: "Artículo 25.- Este impuesto se causará y pagará de conformidad con lo previsto en el capítulo correspondiente de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco, aplicando la siguiente: Para el cálculo de este Impuesto, a la Base del Impuesto se le disminuirá el Límite Inferior que corresponda y a la diferencia de excedente del Límite Inferior, se le aplicará la tasa marginal sobre el excedente del Límite Inferior, al resultado se le sumara la Cuota Fija que corresponda, y el importe de dicha operación será el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales a pagar. Para el cálculo del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales se deberá de aplicar la siguiente fórmula: Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales a pagar En donde: BI= Base del Impuesto LI= Límite Inferior correspondiente T= Tasa marginal sobre excedente del Límite Inferior correspondiente CF= Cuota Fija correspondiente Sera la base del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales, el valor más alto entre: a) El Valor de Avalúo practicado por perito autorizado y aprobado por la Dirección de Catastro del municipio de El Salto. b) El valor o precio de operación pactado y señalado en el aviso de Transmisión Patrimonial, contrato o escritura pública I. En la titulación de terrenos ubicados en zonas de alta densidad y sujetos a regularización, mediante convenio con la dirección general de obras públicas, se les aplicará un factor de 0.1 sobre el monto del impuesto sobre transmisiones patrimoniales que les corresponda pagar a los adquirentes de los lotes hasta 100 metros cuadrados, siempre y cuando acrediten no ser propietarios de otro bien inmueble. II. Tratándose de terrenos que sean materia de regularización por parte de la Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra o por el Programa de Certificación de Derechos Ejidales (PROCEDE), los contribuyentes pagarán únicamente por concepto de impuesto las cuotas fijas que se mencionan a continuación: En el caso de predios que sean materia de regularización y cuya superficie sea superior a 600 metros cuadrados, los contribuyentes pagarán el impuesto que les corresponda conforme a la aplicación de las dos primeras tablas del presente Artículo." En esa tesitura, a efecto de sustentar la improcedencia de que se habla, resulta necesario considerar que para determinar la base del impuesto de transmisión patrimonial, se consideró el valor catastral del inmueble a partir del avalúo practicado por perito autorizado por el municipio, por tanto, es necesario tener presente el contenido de diversos artículos de la Ley de Catastro Municipal del Estado de Jalisco, las cuales son del tenor siguiente: "Artículo 1. Catastro es el inventario y la valuación, precisos y detallados, de los bienes inmuebles públicos y privados ubicados en la municipalidad. Artículo 2. El Catastro tiene por objeto la determinación de las características cualitativas y cuantitativas de los predios y construcciones ubicados dentro del municipio mediante la formación y conservación de los registros y bases de datos que permitan su uso múltiple, como medio para obtener los elementos técnicos, estadísticos y fiscales que lo constituyen. El registro y la valuación catastral se declaran de utilidad pública, para fines fiscales, socioeconómicos y urbanísticos. Artículo 3. Están obligados a observar las disposiciones de esta Ley: I. Los titulares de los predios: propietarios, copropietarios o poseedores a título de dueño de terrenos o construcciones con localización en el territorio del Estado; II. Los notarios y quienes tengan fe pública, cuando intervengan en la autorización de escrituras relativas a actos traslativos de dominio de bienes inmuebles; III. Las autoridades fiscales que administren contribuciones que se determinen sobre la propiedad inmobiliaria, su división, consolidación, traslación, urbanización, edificación y mejora, así como las que tengan por base el cambio de valor de los inmuebles; IV. Las autoridades judiciales que autoricen actos traslativos de dominio de algún bien inmueble dentro del Estado o tengan conocimiento del inicio o terminación de cualquier litis, en la que existan terceros afectados o interesados respecto de algún bien inmueble que se encuentre dentro del Estado; V. Los urbanizadores; VI. Los peritos valuadores autorizados para practicar avalúos y los valuadores dependientes de la autoridad catastral; VII. Quienes adquieran algún bien inmueble por contrato privado; VIII. Los fideicomitentes, fideicomisarios o fiduciarios, cuando en el fideicomiso se limite o impongan condiciones de uso, administración o posesión de algún predio; y, IX. Los corredores de bienes inmuebles, cuando intervengan en actos traslativos de dominio o de administración. Artículo 4. Para los efectos de esta Ley se entiende por: XXI. Valor fiscal: el que se asigne o apruebe para cada predio, de conformidad con los procedimientos previstos en esta ley y la de Hacienda Municipal; XXII. Valor catastral: será el valor que se determine mediante procedimientos técnicos, siendo en todo momento lo más apegado al valor real; XXIII. Tablas de Valores: es el conjunto de elementos y valores unitarios aprobados según el procedimiento de esta Ley y contenidos en los planos de las zonas respecto al valor del terreno, así como la relación con las clasificaciones de construcción y demás elementos que deberán de tomarse en consideración para la valuación de los predios; XXIV. Valor Unitario: el valor que por metro cuadrado o por hectárea apruebe el Congreso del Estado en tablas de valores, para cuantificar el valor catastral de cada uno de los predios; XXVI. Valuación catastral: la determinación del valor catastral de los predios, conforme al procedimiento técnico establecido en la presente Ley; XXVIII. Perito valuador: es el profesionista que cuenta con los conocimientos técnicos, especializados en bienes inmuebles y valuación, necesarios para formular avalúos y documentos técnicos donde consten las condiciones específicas de los bienes inmuebles. Los peritos deberán registrarse ante la Dirección de Catastro del Gobierno del Estado y deberá acreditarse ante la autoridad catastral municipal cuando elabore avalúos; XXIX. Valuador: es el servidor público dependiente de catastro municipal que elabora los dictámenes y tendrá cuando menos la siguiente escolaridad: a) En los municipios en los que el Ayuntamiento esté integrado hasta por once regidores, se requiere por lo menos, enseñanza media superior; y b) En los municipios en los que el Ayuntamiento esté integrado por catorce regidores o más, se requiere tener la educación técnica o profesional en la materia; XXX. Registros catastrales: los documentos gráficos, escritos e información contenidos en las bases de datos, así como todos los demás elementos que integran el catastro; XXXII. Información catastral: las características cualitativas y cuantitativas de los predios; XLV. Reglamentos y normas técnicas: el conjunto de disposiciones administrativas y especificaciones técnicas necesarias para integrar la información y registros del catastro" CAPITULO VI De las tablas de valores unitarios y de la valuación catastral. Artículo 54. Los valores unitarios de los terrenos y de construcciones; los coeficientes de incremento y demérito de valores y demás elementos de valuación, se elaborarán y aplicarán mediante las tablas de valores unitarios conforme las siguientes disposiciones: I. Cada Catastro Municipal debe elaborar los estudios de valores correspondientes conforme a lo establecido por el artículo 13, fracción IX y los artículos 55, 56 y 57 de la presente ley. Una vez elaborado el proyecto de tablas de valores unitarios del municipio, debe remitirlo al Consejo Técnico Catastral Municipal respectivo para su revisión; II. El Consejo Técnico de Catastro Municipal deberá analizar y estudiar el proyecto de tabla de valores unitarios y, en su caso, hacer las modificaciones a los valores que estimen pertinentes, sustentando en todo momento los aspectos y opiniones de carácter técnico. Una vez analizado y en su caso modificado, deberán remitir el proyecto en original y dos tantos en copias al Consejo Técnico Catastral del Estado; III. El Consejo Técnico Catastral del Estado, con la participación de la Comisión de Hacienda y Presupuestos del Congreso del Estado o quien ésta designe en su representación, revisarán los proyectos enviados para emitir opiniones, con la finalidad de que los valores unitarios sean equiparables a los de mercado; IV. En los casos en que el Consejo Técnico Catastral del Estado, con la participación de la Comisión de Hacienda y Presupuestos del Congreso del Estado o quien esta designe en su representación, consideren que los proyectos de los Consejos Técnicos de Catastro Municipales no son equiparables a los de mercado, emitirán las recomendaciones pertinentes; y V. Una vez que los proyectos de tablas de valores sean revisados por el Consejo Técnico Catastral del Estado en conjunción con la Comisión de Hacienda y Presupuestos del Congreso del Estado o su representante, se remitirán con las opiniones o recomendaciones que hubiere, en su caso, a los ayuntamientos para que estos las conozcan antes de aprobar la formal iniciativa. La iniciativa deberá ser presentada a más tardar el 31 de agosto del año previo a su aplicación. Artículo 55. Dentro del proceso legislativo, en tratándose de aprobación de las tablas de valores unitarios, el Congreso del Estado sólo tendrá facultades de aprobar o rechazar los proyectos contenidos en la iniciativa respectiva, pero en ningún caso y bajo ninguna circunstancia tendrá facultades de realizar modificaciones a los valores contenidos en el proyecto presentado mediante la iniciativa respectiva. Si por cualquier circunstancia el Congreso del Estado no se pronuncia legalmente respecto de la aprobación o rechazo de la tabla de valores unitarios de algún municipio antes del día 16 de noviembre del año previo a su aplicación, procederá la positiva ficta, dándose por entendido que el proyecto remitido se aprueba, para lo cual se solicitará ante el Tribunal de Justicia Administrativa la declaratoria jurisdiccional correspondiente. Artículo 56. Los valores unitarios urbanos de calle o de zona, se especificarán por metro cuadrado. Para su determinación se tomarán en cuenta la importancia e influencia de los siguientes elementos: servicios municipales existentes; vías de comunicación; vecindad con zonas comerciales o centros de abasto; el uso, destino y reserva determinados para el suelo conforme a su zonificación, y cualquier otra característica que pueda influir en los valores de mercado o reales de los mismos. Artículo 57. Los valores unitarios para predios rústicos se especificarán por hectárea, conforme a las siguientes disposiciones: I. Para su determinación se considerarán los siguientes elementos: el tipo o clase de tierra, calidad, ubicación, cercanía a vías de comunicación y centros de población; así como las condiciones hidrológicas, humedad relativa y cualquier otra característica que pueda influir en los valores de mercado o reales de los mismos; y II. En el caso de zonas rústicas o ejidos donde se realicen actividades de aprovechamiento de recursos del suelo, se aplicarán las normas técnicas de catastración y valuación; y donde se realicen actividades de aprovechamiento de recursos del subsuelo, se tomarán en consideración las leyes correspondientes. En ninguno de los supuestos previstos en las dos fracciones anteriores se tomará en cuenta para efectos de la valuación, el valor de los recursos que sean objeto de aprovechamiento en los predios. Artículo 58. Para la determinación de los valores unitarios de los diferentes tipos de construcción, se clasificarán los mismos tomando en cuenta su edad, vida útil, su estructura y estado de conservación; materiales empleados en la edificación, calidad en la mano de obra y acabados. Con base en lo anterior, se procederá a fijar un valor unitario para cada tipo de clasificación de construcción. Artículo 59. Los coeficientes de incremento y demérito se aplicarán conforme a los criterios técnicos que determine el reglamento respectivo. En el caso de que se quiera modificar los coeficientes de incremento y demérito, se aplicará el procedimiento que se establece para las tablas de valores unitarios, observando las disposiciones que se señalan en el artículo 54 de la presente Ley. Artículo 60. Los valores unitarios de terrenos y de construcciones aprobados, tendrán vigencia a partir de su publicación en los términos que establezca el decreto correspondiente o, en su defecto, su vigencia será por el ejercicio fiscal respectivo. Artículo 61. Concluido el término de vigencia de los valores unitarios a que se refiere el artículo anterior, se prorrogará la aplicación de los mismos hasta en tanto no se publiquen nuevos valores unitarios. Artículo 62. La valuación tiene por objeto asignar a los predios un valor determinado, mediante los procedimientos establecidos en esta ley. Artículo 63. La valuación de los predios se fundará en los siguientes elementos: I. En el valor del terreno; y II. En el valor de las construcciones. Artículo 64. Para la valuación del terreno se tomará como base el valor unitario vigente multiplicado por la superficie del mismo. En su caso, estos valores se modificarán aplicando los coeficientes de incremento y demérito. Para la valuación de las construcciones se tomarán como base los valores unitarios vigentes, según la clasificación a que correspondan, multiplicados por su superficie. En los dos supuestos deberá observarse el procedimiento de valuación que se establezca en el reglamento de esta Ley. Artículo 65. Los avalúos practicados en los términos de este capítulo, o el valor declarado por el contribuyente de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Hacienda Municipal, tendrán la misma vigencia que se determine en la publicación de los valores unitarios. Artículo 66. Los predios, con construcciones o sin ellas, a los que ya se hubiera fijado un valor catastral, podrán ser revaluados cuando: I. Lo solicite el propietario o poseedor del predio; II. Se determine o modifique su clasificación catastral; III. Se determinen o modifiquen las provisiones, usos, destinos y reservas aplicables al predio; IV. Los valores con que se encuentren registrados, no correspondan a los que resulten de aplicarles los valores unitarios vigentes o declarados conforme a lo previsto en la Ley de Hacienda Municipal; V. Se realicen en el predio obras de urbanización o construcciones, reconstrucciones, ampliaciones o demoliciones de las construcciones ya existentes; VI. Con motivo de obras públicas o privadas incremente o demerite notablemente su valor; VII. Se fusionen o se subdividan; VIII. El predio o su entorno sufran un cambio que afecte notoriamente su valor; IX. El avalúo existente se haya practicado con valores provisionales y ya se tengan los elementos técnicos de catastración necesarios, aun cuando no haya transcurrido el término de vigencia establecida; X. Una construcción sea ocupada sin terminar, o estando terminada no es usada; XI. Se opere un movimiento catastral que afecte los registros de clasificación del predio; y XII. Al aplicar los valores unitarios vigentes, el valor resultante sea mayor al valor real. Artículo 67. Los valuadores deberán presentarse en el predio objeto de la valuación y mostrarán a los ocupantes, si los hubiere, tanto la orden para la valuación, como la credencial que los identifique. Artículo 68. Si los ocupantes de un predio o finca se opusieran en cualquier forma a la valuación, el valuador dejará un citatorio indicando el día y la hora en que se practicará nueva visita, que deberá efectuarse en un plazo que no deberá ser menor de tres ni mayor de diez días, e informará a la autoridad catastral a efecto de que se requiera, por escrito, a los ocupantes, para que permitan la práctica de la valuación. Artículo 69. Si no obstante el requerimiento a que se refiere el artículo anterior, los ocupantes del predio no permitiesen la valuación, ésta se hará con base en los elementos de que se disponga, sin perjuicio de imponer al infractor las sanciones correspondientes. Artículo 70. Los valuadores y los peritos valuadores formularán los avalúos en las formas oficiales aprobadas. Cuando a la autoridad catastral se le presenten avalúos para su revisión, y advierta que los valores consignados en los mismos sean inferiores a los valores unitarios vigentes, podrá proceder a practicar nuevo avalúo, en los términos que disponga la Ley de Hacienda Municipal. Artículo 71. En aquellos casos en que aún no se hayan obtenido los elementos técnicos para determinar el valor catastral aplicable al predio, la autoridad catastral, con apoyo en los datos de que disponga, valuará provisionalmente los predios, cuidando que los valores que se determinen se asemejen a los valores catastrales de predios con características similares. El valor así determinado surtirá efectos de valor catastral. Artículo 72. Las construcciones que no estén contenidas dentro de la clasificación comprendida en los valores unitarios, deberán valuarse con los valores unitarios que correspondan a edificaciones análogas en valores. Artículo 73. En los casos de edificaciones construidas bajo el régimen de propiedad en condominio, deberá fijarse valor a las unidades privativas, comprendiéndose en la valuación la parte proporcional indivisa de los bienes Artículo 74. En los casos de predios no registrados en el catastro municipal, por no haber sido manifestados oportunamente por su propietario o poseedor, deberán practicarse las operaciones catastrales correspondientes de acuerdo con el estado que guardan dichos predios en la fecha de su empadronamiento. Artículo 75. Para que los peritos valuadores puedan practicar avalúos a efecto de determinar los impuestos predial y de transmisiones patrimoniales, deberán: I. Estar registrados y acreditados conforme a las disposiciones de esta Ley; II. Visitar el inmueble, identificarlos (sic) plenamente, anexando fotografías del mismo; III. En los predios urbanos revisar la superficie y medidas de los linderos; y IV. Determinar el valor de los predios, teniendo como base los valores reales, en los términos de la Ley de Hacienda Municipal. Los valuadores dependientes de la autoridad catastral, deberán satisfacer únicamente los requisitos previstos en las fracciones II y III de este artículo, y además deberán aplicar los valores unitarios aprobados por el ayuntamiento.". De lo anterior, se advierte que para determinar los valores unitarios de los diferentes tipos de construcción, se clasificarán tomando en cuenta su edad, vida útil, su estructura y estado de conservación; materiales empleados en la edificación, calidad en la mano de obra y acabados, y con base en ello, se procederá a fijar un valor unitario para cada tipo de clasificación de construcción. Que los valores unitarios de terrenos y de construcciones aprobados, tendrán vigencia a partir de su publicación en los términos que establezca el decreto correspondiente o, en su defecto, su vigencia será por el ejercicio fiscal respectivo, y que concluido el término de vigencia de los valores unitarios a que se refiere el artículo anterior, se prorrogará la aplicación de los mismos hasta en tanto no se publiquen nuevos valores unitarios. Asimismo, la valuación tiene por objeto asignar a los predios un valor determinado, mediante los procedimientos legales, así como los elementos y bases para efectuar dicha valuación; los valuadores, tendrán la obligación de fundar sus dictámenes tomando en consideración el valor del terreno y de las construcciones, para lo cual deberán tomar en consideración lo declarado por el contribuyente, o bien, el que se determine en los valores unitarios. Cabe destacar que los predios, con independencia de que se encuentren construidos o no, podrán ser valorados en diferentes hipótesis. Además, continuando con el examen de las obligaciones de los valuadores, éstos deberán presentarse en el predio objeto de la valuación y los requisitos que se deberán observar; asimismo, se prevé lo correspondiente a las manifestaciones, avisos y notificaciones, al precisar cuáles son las obligaciones de los que deben de presentar los avisos o modificaciones correspondientes, también las obligaciones de los peritos valuadores. Es decir, que deberán formular sus opiniones técnicas en formas oficiales aprobadas y que, además, la autoridad catastral considere que el avalúo sujeto a su revisión contenga valores inferiores a los valores unitarios vigentes, podrá proceder a un nuevo avalúo en los términos que disponga la Ley de Hacienda Municipal. Por otra parte, es conveniente destacar que también se desprende de los numerales anteriormente reproducidos, que es una obligación para que los peritos valuadores puedan practicar los avalúos para determinar los impuestos predial y de transmisiones patrimoniales el determinar el valor de los predios teniendo como base los valores reales, en tanto que los valuadores dependientes de la autoridad catastral únicamente se encuentran obligados a aplicar los valores unitarios aprobados por el ayuntamiento. De lo antes expuesto es fácil deducir que existen dos posibilidades para que los peritos puedan emitir un avalúo, a saber: a) Avalúos con base al valor real o comercial. b) Avalúos tomando como base las tablas unitarias de valores. Lo anterior es así, pues la propia ley establece los procedimientos que podrán seguir cuando el valor catastral y el real no coincidan. Dicho lo anterior, es necesario establecer, cómo es que la parte promovente del juicio de amparo, no logra acreditar el acto de aplicación de las tablas de valores unitarios que reclama. En efecto, la parte quejosa con la intención de acreditar su interés jurídico exhibió: 1.- Copia certificada digitalizada de la escritura pública 187 (ciento ochenta y siente) pasada ante la fe del Notario Público 4 de Tonalá, Jalisco, en el que consta la protocolización de la adjudicación de bienes en términos del proyecto de partición y adjudicación de la sucesión testamentaria a bienes de los señores Carlos Román Miranda y María Concepción Hernández Santana, también conocida como María Concepción Hernández Santana de Román. 2.- Copia digitalizada del avalúo para transmisión de dominio con valores catastrales con vigencia al veintiséis de agosto de dos mil veinticuatro. 3.- Copia certificada digitalizada el recibo oficial expedido por la Hacienda Municipal de El Salto, Jalisco, en el que consta el pago del impuesto de transmisiones patrimoniales. Es de resaltar que del recibo no se advierte la aplicación de las tablas cuya inconstitucionalidad reclama, pues para ello tomó en cuenta el valor catastral para el cálculo del impuesto de transmisión relativo, mediante avalúo, tal como se advierte de las siguientes impresiones: En ese sentido, resulta evidente que, como se ha precisado, no se encuentra acreditada la pretendida aplicación de las tablas de valores en comento. Lo anterior, se traduce en el hecho de que no se demostró que las Tablas de Valores Unitarios de Construcción del Municipio de El Salto, Jalisco, aplicables para el ejercicio fiscal 2022, se hubiesen tomado como base para calcular el impuesto de transmisión patrimonial del que se duele la impetrante de la protección de derechos fundamentales. Dicho de otra manera, el pretendido interés jurídico de la parte quejosa para reclamar en el juicio de amparo la norma que considera trastoca su esfera jurídica de derechos fundamentales, con motivo de un acto de aplicación, en el caso, debió acreditarse con documento idóneo que revelara que se hubiese tenido en consideración para determinar la base de impuesto tildado de inconstitucional, el valor catastral del inmueble, en aplicación de las tablas de valores unitarios reclamadas. Como consecuencia de lo expuesto con antelación, se colige que, para efecto de la procedencia del juicio de amparo, resulta necesario que se encuentre acreditada la aplicación concreta en su perjuicio de los preceptos reclamados, pues de lo contrario se vulneraría el principio de "instancia de parte agraviada". Máxime, que debe tenerse presente que sobre la causación y entero del impuesto de transmisión patrimonial, el artículo 114 de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco, estatuye que la determinación de la base de dicho tributo se sujetará a lo siguiente: "Artículo 114. En la determinación de la base del impuesto sobre transmisiones patrimoniales, se aplicarán las siguientes disposiciones: I. Será base del impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales, el valor más alto entre: a) Valor de avalúo practicado por perito autorizado y aprobado por la dirección de Catastro del Municipio correspondiente. b) El valor o precio de operación pactado y señalado en el aviso de transmisión patrimonial, contrato o escritura pública. Tratándose de la transmisión, cualquiera que sea la forma en que se haga, de inmuebles destinados exclusivamente a casa habitación, o lotes de terreno que se dedicarán a vivienda unifamiliar, la base del impuesto será el valor de avalúo autorizado por la Dirección de Catastro del Municipio correspondiente. Por lo que ve al destino o uso del inmueble materia de la operación, el adquiriente lo manifestará en el contrato o escritura pública, bajo protesta de decir verdad; en caso que manifieste destino o uso habitacional unifamiliar y posteriormente lo destine a otro uso o fin diverso, el adquiriente deberá pagar el diferencial, de haberlo, con actualización y recargos correspondientes, conforme a lo dispuesto en los incisos a) y b) que anteceden. II. Tratándose de inmuebles que no cuenten con accesorios o instalaciones especiales, deberá presentarse avalúo practicado por perito valuador acreditado o dictamen de valor elaborado por la autoridad catastral, conforme a las disposiciones de la Ley de Catastro Municipal del Estado de Jalisco; III. Tratándose de inmuebles que cuenten con accesorios o instalaciones especiales, deberá practicarse avalúo por perito valuador acreditado; IV. Los peritos valuadores acreditados deberán presentar sus avalúos ante la autoridad catastral municipal para fines de revisión y, en su caso, aprobación; V. Si las autoridades advierten que los avalúos consignan valores inferiores a los reales, se practicará nuevo avalúo por un perito valuador acreditado, con cargo a la Tesorería o Hacienda Municipal correspondiente, a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en la fracción II de este artículo; VI. Cuando el contribuyente considere que el dictamen de valor asignado al inmueble, con base en lo preceptuado en la fracción I de este artículo, es superior al valor real, podrá solicitar la reclasificación de los datos catastrales, a fin de que la autoridad catastral haga la ratificación o rectificación según corresponda, en los términos de la Ley de Catastro Municipal del Estado de Jalisco; VII. Cuando la autoridad catastral considere que el avalúo presentado para su revisión es coincidente con los valores reales, y éstos sean inferiores a los valores de tablas, estará facultada para emitir un dictamen, fundado y motivado, mediante el cual apruebe el avalúo correspondiente; VIII. Para la actualización del valor catastral, se podrán tomar en consideración los datos y características del inmueble, que se consignen en el avalúo practicado por el perito valuador acreditado; IX. En la constitución, adquisición, acrecentamiento o extinción del usufructo, del derecho de superficie o de la nuda propiedad, y en la adquisición de bienes en remate, no se tomará en cuenta el precio que se hubiere pactado, sino el avalúo o dictamen de valor según sea el caso, de conformidad con la fracción I de este artículo. Para los fines de este impuesto, se considera que el usufructo y la nuda propiedad tienen un valor cada uno de ellos del 50% cincuenta por ciento del valor de la propiedad; X. Tratándose de permutas será base de este impuesto el 100% cien por ciento del valor de cada uno de los bienes permutados, determinado de conformidad con lo dispuesto en las fracciones I y II de este artículo; XI. En los casos de transmisión o cesión de derechos hereditarios, o de disolución de copropiedad o de sociedad legal, la base del impuesto será el valor de la parte proporcional del bien o bienes que correspondan a los derechos que se transmiten o en que se incrementen las correspondientes porciones de los copropietarios o coherederos, determinado de acuerdo con lo señalado en las fracciones I y II de este artículo; XII. Si en la disolución de copropiedad o de la sociedad legal se recurre a la compensación de valores pecuniarios que repercuta en los inmuebles a repartir, la Tesorería o Hacienda Municipal estará facultada para exigir que se acredite la existencia de los mismos a efecto de determinar este impuesto; XIII. Cuando los inmuebles que forman el patrimonio de la copropiedad o sociedad conyugal se ubiquen en distintos municipios, el excedente se cubrirá en aquél en que exista el mayor porcentaje de valor del patrimonio; y XIV. En el caso de municipios que no cuenten con tablas de valores actualizadas, el dictamen de valor se hará con base en las tablas vigentes, multiplicadas por el factor que establezcan sus respectivas leyes de ingresos." De lo transcrito se desprende que la base del impuesto de transmisión patrimonial lo será el valor más alto entre el valor de avalúo practicado por perito autorizado y el valor o precio de operación pactado en el aviso de transmisión, contrato o escritura pública. En consecuencia, no basta el recibo de pago de impuesto de transmisión patrimonial, para tener por acreditada la aplicación de las tablas de valores reclamadas en el presente asunto, si en él, no se refleja que para determinar la base del impuesto, se acudió a dichas tablas unitarias de valores. Ahora bien, del documento anexo al recibo de pago del impuesto que allegó la parte quejosa, únicamente se asienta la cuenta catastral del predio, su ubicación (zona, manzana y predio), el municipio, el tipo de terreno, el año que se paga, el valor catastral y de avalúo del inmueble el monto del impuesto, recargos, multas, gastos de cobranza y total a pagar. Así, del mencionado documento no se advierte ni queda acreditada la aplicación de las tablas de valores unitarios, para determinar el valor fiscal de los inmuebles materia de impuesto predial, ya que no se especifica el procedimiento seguido a efecto de determinar dichos valores. Entonces, dado que la prueba aportada por la parte quejosa, únicamente evidencia el valor fiscal del inmueble materia del tributo reclamado, pero en ella no se especifica cuál fue el método empleado al efecto, esto es, si dicho valor fiscal fue determinado y declarado por el propio contribuyente, si éste lo hizo con base en valores reales que rigen en el mercado o previa solicitud de los valores a la autoridad, o si a falta de determinación hecha por el contribuyente, la tesorería municipal lo hizo con apoyo en las combatidas tablas de valores unitarios; debe estimarse entonces, que la aplicación de las combatidas tablas de valores unitarios, no quedó acreditada fehacientemente como se requería. De lo antes expuesto, -y esto es lo relevante- como se dijo, la peticionaria de amparo no acreditó plenamente el derecho legítimamente tutelado que se atribuye en esta instancia constitucional y que sostiene le fue vulnerado con los actos reclamados, es decir, el interés y la afectación al mismo, lo que es necesario para combatirlos; lo anterior, pues no demostró, en el caso, de manera fehaciente, que las Tablas de Valores Unitarios que tilda de inconstitucionales, le hubiesen sido aplicadas, por lo que los actos reclamados, materia del presente estudio, no afectan su interés jurídico. Así como tampoco se evidencia la aplicación del artículo 25 y su tabla número 1 de la Ley de Ingresos del municipio de El Salto, Jalisco, para el ejercicio fiscal 2022, en la medida que de la propia escritura que exhibe se evidencia que respecto al impuesto de transmisión patrimonial, el fedatario estableció: "[.] Se calcula y paga de conformidad con la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco, agregando a mi Libro de Documentos el comprobante de dicho pago"; sin que en dicho recibo se desprenda la aplicación del artículo en cita; por ende, se configura el supuesto de improcedencia que prevé el numeral 61, fracción XII, de la Ley de Amparo. En similares términos se pronunció el Sexto Tribunales Colegiados en Materia Administrativa del Tercer Circuito, al resolver el amparo en revisión 66/2020 respectivamente. En ese orden de ideas, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 64, fracción V, en relación con los diversos 61, fracción XII, en relación con el diverso 1°, fracción I y 5°, fracción I, de la Ley de Amparo; y, del diverso 107, fracción I, de la Constitución General de la República, se impone sobreseer en el presente juicio de amparo. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 1°, fracción I, 73 al 76, 123, 124, 217; y, demás relativos de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E : ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo indirecto 1575/2022-IV, promovido por contra los actos que reclamó del Congreso y del Gobernador del Estado de Jalisco, Presidente, Tesorero, Director de Catastro, Director de Ingresos y del Consejo Técnico Catastral, estos cinco últimos del Municipio de El Salto, Jalisco, precisados en el considerando segundo, por los motivos y fundamentos de derecho expuestos en los considerandos tercero y quinto de este fallo.
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