Maria Guadalupe Rodriguez Llamas
Expediente 359/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 10 actuaciones registradas, la última del 29 de julio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 359/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 29/07/2022
Partes del expediente
- Maria Guadalupe Rodriguez Llamas
- Delegado de la Secretaria de bienestar Social del Estado de Jalisco
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Principal
se declara que la aludida sentencia ha causado ejecutoria para todos los efectos de ley. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo y notificado que sea el presente acuerdo, archívese el presente asunto por estar concluido. se considera susceptible de destrucción. este asunto se considera no relevante.
- Incidental
se ordena el archivo del expediente en que se actúa, por estar concluido. se considera susceptible de destrucción el original y duplicado del incidente de suspensión en que se actúa.
- Principal
V I S T O S, para resolver, los autos del juicio de amparo 359/2022-IV-A, promovido ***, contra actos del Delegado de Programas para el Desarrollo en el Estado de Jalisco, por considerarlos violatorios de las garantías contenidas para su protección en los artículos 1, 4, 8, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los diversos 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9 y 28 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. R E S U L T A N D O PRIMERO. Demanda de Amparo. *** en su carácter de representante de sus hijos ***, el dieciocho de febrero de dos mil veintidós, a través del buzón habilitado por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materias Administrativa, Civil de Trabajo en el Estado de Jalisco, presentó demanda de amparo indirecto contra actos del Delegado de Programas para el Desarrollo en el Estado de Jalisco, que hizo consistir en: "IV.- LA NORMA GENERAL, ACTO U OMISIÓN QUE DE CADA AUTORIDAD RESPONSABLE SE RECLAMA: A).- DEL DELEGADO DE BIENESTAR EN EL ESTADO DE JALISCO, reclamo: 1.- La omisión de incorporar al Programa 2 JUICIO DE AMPARO 359/2022-IV-A de Pensión para el Bienestar de las *** quien es persona con discapacidad mental permanente como lo acreditó con las documentales que se exhiben y en virtud de que cuenta con todos los requisitos que exigen las reglas de operación del Programa mencionado solicitados en el punto 3.3. Criterios de Elegibilidad y Requisitos de Acceso.- 2.- La omisión de mantener incorporado sin motivo legal alguno a mi hijo ***y quien ya había sido incorporado al Programa de Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad y a quien se le entregó su tarjeta bancaria para recibir dicha pensión y posteriormente ya no recibió nada.- 3.- La violación del derecho humano de mis hijos a contar con el apoyo económico que ordena el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en virtud de que la suscrita soy perdona adulta mayor y quien además no puedo allegarme de los recursos económicos para además solventar las necesidades de mis hijos de quienes soy su cuidadora permanente en razón de que no pueden valerse por sí mismos y de que bajo protesta de nos encontramos en una situación de extrema pobreza al no tener posibilidad alguna de allegarnos los elementos básicos de subsistencia.- 4.- La privación ilegal a mis hijos de contar con la Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad por ser derecho constitucional a fin de contribuir a su subsistencia en virtud de que son personas con discapacidad mental permanente y que desde luego no pueden valerse por sí mismos, además de que no contamos con apoyo económico alguno lo que nos coloca en completo estado vulnerable y desde luego en extrema pobreza.". SEGUNDO. Admisión y trámite del juicio de garantías. La demanda de garantías de referencia, se turnó para su conocimiento a este Juzgado Segundo de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, la Secretaria en funciones de Jueza dictó proveído en veintiocho de febrero de dos mil veintidós, en que determinó: admitirla a trámite y registrarla bajo expediente 359/2022-IV-A; pedir informe justificado a la autoridad señalada como responsable; dar intervención a la Agente del Ministerio Público Federal de la adscripción; y, fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, misma que se llevó a cabo en términos del acta levantada a las diez horas con cuatro minutos del veintidós de abril de dos mil veintidós. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia.- Este Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa y de Trabajo en el Estado de Jalisco, es legalmente competente para conocer y resolver el juicio de garantías, de conformidad con los numerales 103, fracción I, y 107, fracciones IV y VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1º, fracción I, 36, 107 fracción III, de la Ley de Amparo y 57 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en virtud de que se combaten actos de autoridades administrativas, cuya ejecución tuvo lugar en la demarcación territorial en que este Juzgado de Distrito ejerce su jurisdicción constitucional. Asimismo, la competencia de este Juzgado de Distrito para conocer del asunto se finca en el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; modificado por el Acuerdo General 41/2018. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Previo a analizar la certeza de los actos reclamados debe precisarse cuáles son éstos, en términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, para tales efectos se analiza en su integridad el libelo actio de amparo, atendiendo a la tesis de jurisprudencia P./J. 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, Tomo XI, abril de dos mil, página 32, cuyo texto y rubro, dicen: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo.". Asimismo, es aplicable a lo anterior, la tesis P.VI/2004, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIX, abril de 2004, página 255, que literalmente dispone: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto.". ? La omisión de incorporar al quejoso Jesús Eduardo Gómez Rodríguez al Programa de Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad; ? La omisión de mantener incorporado al quejoso José Alonso Gómez Rodríguez, al Programa de Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad. TERCERO. Inexistencia de los actos reclamados. La autoridad responsable Titular de Asuntos Jurídicos de la Delegación de Programas para el Desarrollo en el Estado de Jalisco, negó la existencia del acto reclamado, consistente en la omisión de incorporar al quejoso Jesús Eduardo Gómez Rodríguez al Programa de Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad, pues aduce que no existe alguna solicitud o petición que cumpla con las Reglas de Operación del Programa Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad Permanente, ante algún módulos de atención por parte de la quejosa. ??????????????? Asimismo, aduce que, es inexistente el diverso acto consistente en la omisión de mantener incorporado al quejoso José Alonso Gómez Rodríguez, al Programa de Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad; ya que, aduce que no tiene las facultades para impedir el pago de pensiones del citado programa, de acuerdo a las Reglas de Operación del Programa de Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad. Sin que la parte quejosa desvirtuara dichas negativas, con prueba alguna. Es aplicable, la jurisprudencia número 310, publicada en la página doscientos nueve, tomo Sexto, materia común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917-1995, cuya sinopsis es del tenor siguiente: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES.- Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo". Dichas negativas cobran relevancia jurídica, sin necesidad de mayores elementos, porque, la obligación que impone el artículo 117 de la Ley de Amparo, en el sentido de que las autoridades responsables, al rendir su informe justificado, deben explicar las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener la constitucionalidad de los actos reclamados o la improcedencia en el juicio y acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo, sólo cobra vigencia cuando tales documentales sean "necesarias para apoyar dichos informes", en los que las autoridades admiten su existencia y aducen su constitucionalidad, más no, cuando esas autoridades negaron categóricamente los actos que se les imputan, pues, en tal supuesto, el Juez de Distrito no está en aptitud de analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de este último, quedando a cargo de la quejosa aportar al juicio de garantías, en primer lugar, los medios de prueba tendientes a demostrar la certeza del acto de que se trata y enseguida, aquellas encaminadas a justificar los datos, motivos y fundamentos en que se basa para sostener que es inconstitucional. Al respecto, es aplicable, la tesis VI.2o.32 K, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo III, junio de 1996, página 763, que establece: "ACTO RECLAMADO, NEGATIVA DEL. NO REQUIERE RAZONARSE. La autoridad responsable al negar la existencia del acto que se le atribuye, no necesita justificar o razonar su negativa.". Asimismo, resulta aplicable, la tesis VI.2o.A.4 K, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XV, Febrero de 2002, página 903, que dispone: ??????????????? "PRUEBA, CARGA DE LA. RECAE EN EL QUEJOSO ANTE LA NEGATIVA QUE DE LOS ACTOS RECLAMADOS HAGAN LAS AUTORIDADES RESPONSABLES AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO. La obligación que impone el artículo 149 de la Ley de Amparo, en el sentido de que las autoridades responsables, al rendir sus informes justificados, deben explicar las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener la constitucionalidad del acto reclamado o la improcedencia en el juicio y acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo, sólo cobra vigencia cuando tales documentales sean "necesarias para apoyar dicho informe", en el que las autoridades admiten su existencia y aducen su legalidad, mas no cuando esas autoridades negaron, categóricamente, el acto que se les imputa, pues en tal supuesto, el Juez de Distrito no está en aptitud de analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de este último, quedando a cargo del quejoso aportar al juicio de garantías, en primer lugar, los medios de prueba tendientes a demostrar la certeza del acto de que se trata y luego aquellas encaminadas a justificar los datos, motivos y fundamentos en que se basa para decir que es ilegal; de ahí que si la autoridad responsable deja de remitir con su informe justificado las constancias respectivas, ello sólo da pauta a que se haga merecedora de una multa, pero de ninguna manera releva al quejoso de la carga de desvirtuar la negativa que del acto reclamado hagan las autoridades responsables y, en esa hipótesis, de demostrar la inconstitucionalidad del mismo.". Así las cosas, del análisis de las constancias que integran el sumario, se desprende con certeza que no obra medio de convicción alguno que demuestre la existencia de los actos reclamados a las precitadas autoridades, es decir, que la progenitora y quejosa en representación de Jesús Eduardo Gómez Rodríguez y José Alonso Gómez Rodríguez, hubiera elevado la petición a la autoridad responsable competente, para llevar a cabo el trámite respectivo e incluirlos al Programa de Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad. Sin que represente obstáculo para arribar a lo expuesto, las manifestaciones que vierte la madre de los quejosos en el aspecto de que, siendo adulto mayor, no cuenta con los recursos económicos y facilidades para gestionar el trámite ante las autoridades competentes, pues si bien justificó con la documentación que allega a la demanda de amparo, que cuenta con la documentación necesaria para obtener la incorporación al Programa de Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad a favor de sus hijos, de ninguna manera acredita haber elaborado la petición por escrito, de manera respetuosa y pacífica, en atención a lo previsto por el numeral 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Asimismo de la información proporcionada por la autoridad señalada como responsable se evidencia que no existe acuerdo en ninguna solicitud por parte de la??????????????? promovente, que permita sostener que fueron vulnerados sus derechos fundamentales al no incluir a sus hijos al Programa de Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad. Consecuentemente, ante la indemostración de los actos reclamados, procede sobreseer en el juicio de amparo, de conformidad con el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Por lo expuesto y fundado, SE RESUELVE; UNICO.-. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por ***contra actos del Delegado de Programas para el Desarrollo en el Estado de Jalisco, por las razones y para los efectos expuestos en el considerando último de esta sentencia.
- Principal
SE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO Y SE NOTIFICA POR ESTE MEDIO A LA PARTE QUEJOSA, EL ACUERDO DE VEINTIOCHO DE MARZO DE DOS MIL VEINTIDOS, TODA VEZ QUE NO ACUDIÒ A NOTIFICARSE PERSONALMENTE, NO OBSTANTE DE HABÈRSELE DEJADO CITATORIO PARA TAL EFECTO. QUE EN SINTESIS DICE.- Agréguese a los presentes autos para que obre como corresponda, el oficio que suscribe la Actuaria Judicial del Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. Atento a su contenido, se tiene a la autoridad oficiante devolviendo sin diligenciar el exhorto *** en el cual se remitió a fin de emplazar al tercero interesado ***; en consecuencia, agréguese a los presentes autos para los efectos legales a que haya lugar, En virtud de lo anterior, requiérase a la parte quejosa para que dentro del término de tres días contados a partir de su legal notificación, proporcione diverso domicilio en que pueda ser emplazado el tercero interesado de referencia; bajo apercibimiento que en caso de no hacerlo dentro del término concedido, se procederá a realizar el emplazamiento en cita por medio de edictos a su costa, previa investigación que se realice para su localización.
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