María Guadalupe Nava Ponce

Expediente 604/2022 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 4 actuaciones registradas, la última del 20 de junio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
604/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
20/06/2022

Partes del expediente

  • Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Huixquilucan, Estado de México
  • María Guadalupe Nava Ponce

Actuaciones

  1. Principal

    SE REMITE EXPEDIENTE AL ARCHIVO

  2. Principal

    VISTOS, para resolver los autos del juicio de amparo 604/2022-VII, promovido por ** contra actos del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje; y, Por lo expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 73, 74, 75, 76, 124 y 217 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E : ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por *** en los términos precisados en el Considerando Cuarto de esta sentencia. Notifíquese.

  3. Principal

    SE NOTIFICA MEDIANTE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, TODA VEZ QUE NO ACUDIÓ A NOTIFICARSE DE MANERA PERSONAL DEL AUTO DE NUEVE DE MAYO DE DOS MIL VEINTIDÓS, NO OBSTANTE ELA VISO QUE LE FUE FIJADO EN SU DOMICILIO EL DIEZ DE MAYO DEL ACTUAL. Toluca, Estado de México, nueve de mayo de dos mil veintidós. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, téngase por recibido el escrito de cuenta, signado por el tercero interesado José Caleb Vilchis Chávez, mediante el cual promueve incidente de nulidad de notificación promovido en contra de la notificación realizada por el actuario judicial adscrito a este Juzgado Federal, por medio de lista el dieciséis de febrero de dos mil veintidós, señala autorizados y domicilio y ofrece pruebas. Ahora bien, de conformidad por los artículos 66, 67 y 68, párrafo primero, de la Ley de Amparo, se admite a trámite el incidente de nulidad de notificación promovido por el quejoso José Caleb Vilchis Chávez, en contra de la notificación realizada por el actuario judicial adscrito a este Órgano Jurisdiccional, por medio de lista el dieciséis de febrero de dos mil veintidós; el cual deberá tramitarse en el presente juicio donde se actúa. Asimismo, respecto de las pruebas que oferta el impetrante de amparo, consistentes en: La documental pública consistente en todas y cada de las actuaciones que integran el presente sumario y el expediente integrado con motivo del recurso de revisión 234/2021, radicado en el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito. Presuncional en su doble aspecto legal y humana. Consistente en lo que favorezca a la parte tercero interesado. Instrumental de actuaciones. Consistente en todo lo que le favorezca a la parte tercero interesado. Atento a lo anterior, respecto a las pruebas enumeradas con los arábigos 1, 2 y 3 con fundamento en el artículo 67 de la Ley de Amparo, se tienen por ofrecidas, admitidas y desahogadas, dada su propia y especial naturaleza sin perjuicio de hacer relación de las mismas en la celebración de la audiencia incidental. Asimismo, se ordena dar vista a las partes para que en el plazo de tres días contados a partir del día siguiente al que surta efectos la notificación del presente proveído, manifiesten lo que a su interés convenga y ofrezcan las pruebas que estimen pertinentes para el caso en cuestión, y una vez que transcurre el término concedido se acordara lo conducente para que tenga verificativo la audiencia prevista para resolver la incidencia que se atiende. Finalmente, respecto a sus manifestaciones del tiempo que tardo el personal de este Juzgado de Distrito para prestarle el juicio de amparo en que se actúa el veintiocho de abril de dos mil veintidós, se toma nota para los efectos legales a que haya lugar.

  4. Principal

    Toluca, Estado de México, veintidós de abril de dos mil veintidós. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, ténganse por recibido el oficio de cuenta, por medio del cual, la Subdirectora Ejecutiva de lo Contencioso, adscrita a la Coordinación General Jurídica y Consultiva de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios del Secretaría de Salud (Cofepris), en suplencia de la Coordinadora General Jurídica y Consultiva, y ésta última en representación del Titular de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, rinde informe previo, ofrece pruebas, señala domicilio, designa delegados, y realiza manifestaciones en relación a la imposibilidad de dar cumplimiento a la suspensión de plano. Atento a lo anterior, en relación al informe previo y a las pruebas que ofrece la autoridad de mérito, únicamente se agrega, toda vez que el cuatro de abril del año en curso se dictó resolución incidental que resolvió el presente incidente. En diversa tesitura, con fundamento en los artículos 9 y 28, fracción I, de la ley de la materia, se tienen como delegados a los designados por dicha autoridad y como domicilio para oír y recibir notificaciones el ahí referido. Tocante a las manifestaciones en relación a la imposibilidad de dar cumplimiento a la suspensión de plano otorgada en el incidente en que se actúa circunstancia de la cual únicamente se toma conocimiento, toda vez que en el presente incidente no se decretó dicha suspensión. En diverso contexto, y visto el estado de autos, se advierte que mediante determinación de veintiocho de marzo y cuatro de abril del año en curso, se concedió la suspensión definitiva en el presente incidente, sin embargo, no se ha recibido constancia alguna en la cual se aprecie que las autoridades responsables refieran el cumplimiento decretado en la suspensión definitiva. Ahora, resulta un hecho notorio para este Juzgado, el cual puede ser invocado de oficio en términos del numeral 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de amparo, que en incidente de suspensión derivado del juicio de amparo 465/2022-IV de este índice, el apoderado legal de la Secretaría de Salud del Estado de México y Presidente del Consejo de Salud del Estado de México, informó que a través del Instituto de Salud del Estado de México, el veintiséis y veintisiete de abril de dos mil veintidós, será aplicada la primera dosis del biológico Pfizer-BioNTech, a la ahí menor quejosa, en calle Igualdad, número 101, Col. Santiago Tlaxomulco, C.P. 50280, Toluca de Lerdo, en las instalaciones de la "Junta de Caminos del Estado de México", en un horario de ocho a las quince horas, para lo cual deberá presentarse con uno de sus progenitores y/o representante legal, acompañando los siguientes documentos en original y dos copias de: 1.- Identificación del acompañante (INE, cartilla nacional, pasaporte, cédula profesional) y copia. 2.- Copia certificada y copia simple del acta de nacimiento del menor. 3.- Copia del CURP del menor de edad. Al respecto, es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 103/2007, que aprobó la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País, publicada en la página 285, del Tomo XXV, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, junio de 2007, Novena Época, con número de registro 172215, que establece: "HECHO NOTORIO. PARA QUE SE INVOQUE COMO TAL LA EJECUTORIA DICTADA CON ANTERIORIDAD POR EL PROPIO ÓRGANO JURISDICCIONAL, NO ES NECESARIO QUE LAS CONSTANCIAS RELATIVAS DEBAN CERTIFICARSE. Conforme al artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, los órganos jurisdiccionales pueden invocar hechos notorios aun cuando no hayan sido alegados ni demostrados por las partes. Así, los titulares de los órganos jurisdiccionales pueden válidamente invocar como hechos notorios las resoluciones que hayan emitido, sin que resulte necesaria la certificación de las mismas, pues basta con que al momento de dictar la determinación correspondiente la tengan a la vista." En consecuencia, requiérase a Michell Paola Ponce de León Rodríguez y Fernando Hernández Gutiérrez, progenitores del menor con de iniciales D.H.P. de L., para que en la fecha, horario y lugar indicados por la autoridad responsable, presente a su menor hija para la valoración, y en su caso, aplicación de la primera vacuna y dentro del término de veinticuatro horas siguientes a la aplicación del biológico aludido, exhiban copia del comprobante de la vacunación respectivo. Asimismo, requiérase al Secretario de Salud del Estado de México, para que una vez cumplida la fecha y horario señalados para la aplicación de la vacuna a favor de la menor quejosa, informe de manera inmediata si se ha llevado a cabo la inoculación, y remita las constancias que acrediten la aplicación de la primera dosis, apercibido que en caso de no cumplir con la encomienda descrita, o de no informar a este Juzgado los motivos por los que no se haya llevado a cabo, se le impondrá a la persona física que ostente el cargo de la autoridad requerida, una multa de cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con lo previsto en los artículos 26, Apartado B, párrafos sexto y séptimo, 123, Apartado A, fracción VI, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 237, fracción I, 238 y 259, de la Ley de Amparo, en términos del "Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo", publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis. La anterior determinación se toma en base a lo establecido en la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el sentido de que el artículo 2, segundo párrafo, de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes prevé que el "interés superior de la niñez deberá ser considerado de manera primordial en la toma de decisiones sobre una cuestión debatida que involucre niñas, niños y adolescentes"; de ahí que cuando se tome una decisión que les afecte en lo individual o colectivo, "se deberán evaluar y ponderar las posibles repercusiones a fin de salvaguardar su interés superior y sus garantías procesales". La Suprema Corte precisó que debe destacarse que el interés superior del menor es un concepto triple, al ser: (I) un derecho sustantivo; (II) un principio jurídico interpretativo fundamental; y (III) una norma de procedimiento. El derecho del interés superior del menor prescribe que se observe "en todas las decisiones y medidas relacionadas con el niño", lo que significa que, en "cualquier medida que tenga que ver con uno o varios niños, su interés superior deberá ser una consideración primordial a que se atenderá", lo cual incluye no sólo las decisiones, sino también todos los actos, conductas, propuestas, servicios, procedimientos y demás iniciativas. Esto es, las decisiones particulares adoptadas por las autoridades administrativas -en esferas relativas a la educación, el cuidado, la salud, el medio ambiente, las condiciones de vida, la protección, el asilo, la inmigración y el acceso a la nacionalidad, entre otras- deben evaluarse en función del interés superior de los menores de edad y han de estar guiadas por él, al igual que todas las medidas de aplicación, dado el interés reforzado que tiene el Estado por preservar y privilegiar la especial condición de desventaja y vulnerabilidad de los menores de edad. Dicho criterio se encuentra en la jurisprudencia 2a./J. 113/2019 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 69, agosto de 2019, tomo III, página 2328, décima época, que establece: "DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES. EL INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR SE ERIGE COMO LA CONSIDERACIÓN PRIMORDIAL QUE DEBE DE ATENDERSE EN CUALQUIER DECISIÓN QUE LES AFECTE. El artículo 2, segundo párrafo, de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes prevé que el "interés superior de la niñez deberá ser considerado de manera primordial en la toma de decisiones sobre una cuestión debatida que involucre niñas, niños y adolescentes"; de ahí que cuando se tome una decisión que les afecte en lo individual o colectivo, "se deberán evaluar y ponderar las posibles repercusiones a fin de salvaguardar su interés superior y sus garantías procesales". Al respecto, debe destacarse que el interés superior del menor es un concepto triple, al ser: (I) un derecho sustantivo; (II) un principio jurídico interpretativo fundamental; y (III) una norma de procedimiento. El derecho del interés superior del menor prescribe que se observe "en todas las decisiones y medidas relacionadas con el niño", lo que significa que, en "cualquier medida que tenga que ver con uno o varios niños, su interés superior deberá ser una consideración primordial a que se atenderá", lo cual incluye no sólo las decisiones, sino también todos los actos, conductas, propuestas, servicios, procedimientos y demás iniciativas. Así, las decisiones particulares adoptadas por las autoridades administrativas -en esferas relativas a la educación, el cuidado, la salud, el medio ambiente, las condiciones de vida, la protección, el asilo, la inmigración y el acceso a la nacionalidad, entre otras- deben evaluarse en función del interés superior del niño y han de estar guiadas por él, al igual que todas las medidas de aplicación, ya que la consideración del interés superior del niño como algo primordial requiere tomar conciencia de la importancia de sus intereses en todas las medidas y tener la voluntad de dar prioridad a esos intereses en todas las circunstancias, pero sobre todo cuando las medidas tengan efectos indiscutibles en los niños de que se trate."

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