María Guadalupe Nava Ponce
Expediente 882/2022 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 13 actuaciones registradas, la última del 28 de abril de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 882/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 13
- Última actuación
- 28/04/2023
Partes del expediente
- María Guadalupe Nava Ponce
- Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Huixquilucan
Actuaciones
Las 4 más recientes de 13.
- Principal
Toluca, Estado de México, veintiocho de abril de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta, se advierte que feneció el plazo de tres días concedido a la parte quejosa en auto de once de abril de dos mil veintitrés, haciendo manifestación la parte quejosa en el sentido de que, considera que la responsable no dio cumplimiento a la resolución dictada en el presente juicio de amparo, puesto que notificó su acuerdo mediante boletín laboral a pesar de tener un domicilio físico, y tampoco aplica la ley burocrática local, además que los acuerdos de fechas veintiocho de septiembre de dos mil veinte y veintinueve de junio de dos mil veintiuno fueron emitidos con base a un laudo que quedó sin efectos, y el acuerdo que emitió la responsable en cumplimiento carece de fundamentación y motivación. Atento a lo anterior, se procede a realizar el estudio de las constancias que integran este juicio, previo a ello, se estima necesario destacar los datos relevantes vinculados con el cumplimiento de la sentencia concesoria, a saber: Fecha de ejecutoria Fecha del cumplimiento Fecha en que se recibió el oficio por el cual la autoridad responsable informó el cumplimiento Fecha de la última notificación a las partes del auto por el que se dio vista con el cumplimiento Tres de marzo de dos mil veintitrés. Veinticuatro de marzo de la presente anualidad. Veintiocho de marzo del año en curso. Catorce de abril del año en curso. Precisado lo anterior, es de puntualizarse que el acto reclamado se hizo consistir en: La falta de imponer las medidas de apremio correspondientes a la parte demandada dentro del juicio laboral ********************, a efecto de llevar a cabo la reinstalación ordenada. Previa substanciación del juicio de amparo, el catorce de febrero de dos mil veintitrés, se emitió la sentencia correspondiente, en la que se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión, para los efectos siguientes: ".la autoridad responsable Presidente del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México, se pronuncie, con libertad de jurisdicción, respecto a lo solicitado en el escrito presentado el cuatro de febrero de dos mil veintidós, con número de folio ********************, sólo sobre la petición de que se hagan efectivos los apercibimientos a la ahora tercero interesada en los autos de veintiocho de septiembre de dos mil veinte y veintinueve de junio de dos mil veintiuno, en el expediente laboral ********************, y notifique el resultado de la misma a la ahora quejosa; debiendo remitir copia certificada de dicha respuesta y notificación a este Juzgado de Distrito". El tres de marzo de dos mil veintitrés, causó ejecutoria el referido fallo protector y se requirió a la autoridad responsable su cumplimiento. Previas gestiones, el diez de abril del año en curso, se tuvo por recibido el oficio mediante el cual la autoridad responsable cumplió de manera total con el fallo protector. Ahora bien, del oficio y anexos, remitidos por la autoridad responsable, se advierte que dio cumpliendo con la directriz de la concesión de amparo, es decir: ".la autoridad responsable Presidente del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México, se pronuncie, con libertad de jurisdicción, respecto a lo solicitado en el escrito presentado el cuatro de febrero de dos mil veintidós, con número de folio ********************, sólo sobre la petición de que se hagan efectivos los apercibimientos a la ahora tercero interesada en los autos de veintiocho de septiembre de dos mil veinte y veintinueve de junio de dos mil veintiuno, en el expediente laboral ********************, y notifique el resultado de la misma a la ahora quejosa; debiendo remitir copia certificada de dicha respuesta y notificación a este Juzgado de Distrito". Remitió copia certificada del auto de veinticuatro de marzo de dos mil veintitrés dictado en los autos del expediente laboral ********************, a través del cual, se pronunció con libertad de jurisdicción, respecto a lo solicitado por la quejosa en su escrito presentado ante la responsable el cuatro de febrero de dos mil veintidós, con número de folio ********************, respecto de que se hicieran efectivos los apercibimientos a la ahora tercero interesada en los autos de veintiocho de septiembre de dos mil veinte y veintinueve de junio de dos mil veintiuno, además ordenó se notificara dicho acuerdo a las partes por medio de boletín laboral de ese tribunal, lo cual así hizo el treinta de marzo de dos mil veintitrés, de lo que también remitió copia certificada. Constancias que por ser documentos públicos tienen valor probatorio, de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo. Así pues, del análisis comparativo entre lo resuelto en la ejecutoria de amparo y la conducta desplegada por la responsable respecto de aquélla, se concluye que en el caso particular se ha dado cumplimiento al fallo protector, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo, y consecuentemente, se colige que se ha restituido a la parte quejosa en el goce de sus derechos humanos transgredidos, lo que constituye el fin último de la ejecutoria de amparo; por lo tanto, toda vez que la autoridad responsable no incurrió en defecto, al acatar los efectos de la sentencia amparadora; así como tampoco en exceso, ya que no se extralimitó de lo expresamente solicitado; se declara cumplida la sentencia. Es aplicable la Jurisprudencia 2a./J. 201/2009, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 301 del Tomo XXX, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, diciembre de 2009, Novena Época, materia común, con número de registro 165807, que establece: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO. El artículo 105 de la Ley de Amparo impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento, cuando no fueren obedecidas a pesar de los requerimientos formulados al efecto y de su párrafo tercero se deduce la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el indicado juzgador la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, deberá declararlo así en el proveído correspondiente de manera lisa y llana, y abstenerse de calificarlo con expresiones tales como "debido", "exacto", "cabal", u otras semejantes ya que ello implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente, si no se conformara con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial con la calificación y, además, podría llevar al propio juzgador a emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución." No pasa inadvertido que la quejosa haya hecho manifestaciones tendentes a controvertir el cumplimiento a la sentencia emitida a su favor en el presente sumario, sin embargo, contrario a lo indicado por la parte quejosa, el suscrito considera que la sentencia fue cumplida en sus términos pues se reitera que los efectos de la sentencia lo fueron para que se pronunciara con libertad de jurisdicción respecto a lo que solicitó en el escrito presentado el cuatro de febrero de dos mil veintidós, con número de folio ********************, únicamente respecto a su petición de que se hicieran efectivos los apercibimientos a la ahora tercero interesada en los autos de veintiocho de septiembre de dos mil veinte y veintinueve de junio de dos mil veintiuno, en el expediente laboral ********************, y le notificara el resultado de la misma a la ahora quejosa, de lo cual debía remitir copia certificada a este órgano jurisdiccional, lo cual, se estima satisfecho, pues de la lectura del proveído veinticuatro de marzo de dos mil veintitrés, se aprecia que la responsable con libertad de jurisdicción se pronunció respecto de la solicitud que realizó la parte quejosa mediante escrito presentado ante la autoridad responsable el cuatro de febrero de dos mil veintidós, únicamente respecto a que se le hicieran efectivos los apercibimientos decretados en autos de veintiocho de septiembre de dos mil veinte y veintinueve de junio de dos mil veintiuno, y ordenó se notificara a las partes por medio de boletín laboral, lo que así se hizo el treinta de marzo de dos mil veintitrés, según consta en las copias certificadas que remitió la responsable en cumplimiento a la ejecutoria. Hágase del conocimiento de la parte quejosa la presente determinación, para los efectos del artículo 202 de la Ley de Amparo, previas anotaciones en el libro de gobierno, quedando a salvo sus derechos para que los haga valer en la vía y forma que considere convenientes Notifíquese y personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma Juan Miguel Ortiz Marmolejo, Juez Noveno de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, asistido de María de Lourdes Rivero Zamora, Secretario con quien actúa. Doy fe.
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MESA IV. Toluca, Estado de México, once de abril de dos mil veintitrés. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, téngase por recibido el oficio de cuenta (con anexo), signado por el Presidente del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, en lo sustancial remite copia del auto de cuatro de abril de la presente anualidad, en la que se ordena la notificación a las partes por medio de boletín laboral, así como el auto de veinticuatro de marzo de la presente anualidad, emitido en el juicio laboral burocrático 175/2018 de su índice, mediante al cual da contestación el escrito presentado el cuatro de febrero de dos mil veintidós, con número de folio 02646/2022, con lo que acredita el debido cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Por lo tanto, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, con el oficio que se atiende y sus anexos, así como con las diversas constancias remitidas por la autoridad oficiante el veintiocho de marzo de dos mil veintitrés, dese vista a la parte quejosa, para que dentro del plazo de tres días, contados a partir de la legal notificación del presente proveído, manifieste lo que a su derecho convenga en relación con la forma en que la responsable da cumplimiento al fallo protector; apercibida que en caso de ser omisa, se resolverá sobre el particular, con base en las constancias que obran en el sumario constitucional. Encuentra sustento lo anterior, en lo conducente, en la Jurisprudencia 247, de La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la| Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Tomo VI, Novena Época, a página 203, cuyo contenido es del tenor siguiente: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." Notifíquese.
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Toluca, Estado de México, tres de marzo de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta, de la que se advierte que las partes del presente juicio de amparo no recurrieron dentro del plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, la sentencia de catorce de febrero de dos mil veintitrés, por la cual se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal en el presente juicio de amparo. Por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria; háganse las anotaciones en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). En esa virtud, con apoyo en los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo requiérase a la autoridad responsable, para que dentro del plazo de tres días dé cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada en el presente asunto y remita copia certificada de las constancias que así lo acrediten; apercibido que de no hacerlo, sin causa justificada, se le impondrá una multa de cien veces la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con los numerales Segundo y Tercero Transitorios del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de lo Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, de conformidad con lo establecido en los preceptos en cita, en relación con los diversos artículos 237, fracción I, y 258 de la ley de la materia y se remitirá el presente expediente al Tribunal Colegiado de Circuito o Suprema Corte de Justicia de la Nación, según sea el caso para el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Es aplicable, la Jurisprudencia P./J.54/2014 (10ª), publicada en la página 19, del Libro 12, Tomo l, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de noviembre de 2014, Decima Época, con número de registro 2007918, que establece: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, el procedimiento de ejecución del fallo protector inicia una vez que la sentencia ha causado ejecutoria, y el órgano jurisdiccional ha ordenado su notificación a las partes, lo cual debe ser de manera inmediata. El plazo de tres días que de manera general prevé la ley para que se cumplan la sentencias de amparo tiene tres excepciones: 1) se puede ampliar por el juzgador de amparo en el propio auto de requerimiento a la autoridad responsable, de manera razonable y determinada, tomando en cuenta la complejidad o dificultad del cumplimiento de la ejecutoria; 2) si la sentencia no se ha cumplido en el plazo referido, se puede ampliar por una sola vez, si la autoridad demuestra que la ejecutoria se encuentra en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso; y, 3) se puede reducir el plazo de tres días cuando se trate de casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso. En el mismo auto en que se ordena la notificación, se requerirá a la autoridad responsable para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa, la cual de conformidad con lo previsto en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo será de cien a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; además, en el propio acuerdo, si la responsable o diversa autoridad vinculada cuenta con superior jerárquico, se deberá requerir a éste para que ordene a aquélla cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden para que se cumpliera con la sentencia de amparo, se le impondrá a su titular una multa, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable o vinculada. Si ha transcurrido el término concedido para el cumplimiento, el Juez de amparo deberá multar a las autoridades en los términos indicados en la Ley de Amparo, y esperar un plazo razonable para que la autoridad cumpla con la sentencia de amparo antes de iniciar el procedimiento de ejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito. Una vez que el juzgador haya determinado el incumplimiento, deberá enviar los autos al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente a fin de que continúe con el procedimiento previsto en la Ley de Amparo. Recibidos los autos en el Tribunal Colegiado de Circuito, su Presidente notificará a las partes la radicación del incidente de inejecución de sentencia; se revisará el trámite del Juez y, finalmente, se dictará la resolución que corresponda. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera incorrecta, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá devolver los autos al Juez para que reponga el procedimiento de ejecución. Ello puede obedecer a diversas circunstancias, como la relativa a que no hubiere sido debidamente notificada la autoridad responsable o su superior jerárquico. Cuando la ejecutoria de amparo no sea clara, el Tribunal Colegiado de Circuito podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, la apertura de un incidente para que el órgano de amparo que conoció del juicio precise, defina o concrete la forma o términos de su cumplimiento. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera correcta y reitera que existe incumplimiento, el órgano colegiado remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo de los titulares de las autoridades responsables o vinculadas y, en su caso, de sus superiores jerárquicos, lo que se les notificará. Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando la autoridad responsable o vinculada remita informe al órgano judicial que conoció de la primera instancia de amparo, relativo a que ya se cumplió la ejecutoria, éste deberá dar vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado para que manifiesten lo que a su derecho convenga. En esta etapa se podrá alegar exceso o defecto en el cumplimiento. Una vez que hubiere transcurrido el plazo, con desahogo de la vista o sin ella, el referido órgano jurisdiccional de amparo deberá dictar resolución en la que declare si la sentencia se encuentra o no cumplida, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla. Lo anterior sin perjuicio de que, en su caso, en el momento procesal oportuno, se valore la justificación del cumplimiento extemporáneo de la sentencia de amparo." Notifíquese.
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VISTOS, para resolver los autos del juicio de amparo indirecto 882/2022-V, promovido por ********************, apoderado legal de ********************, en contra del acto del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje; y, R E S U L T A N D O: 1. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado, a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), el uno de junio de dos mil veintidós, ********************, apoderado legal de ********************, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra la autoridad y por el acto que se mencionan a continuación: "AUTORIDAD RESPONSABLE.- Lo es el TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE.". "ACTO RECLAMADO.- Lo constituye la omisión por parte de la autoridad señalada como responsable al no acordar las medidas de apremio en contra del titular del tercero interesado decretados en sus acuerdos de fechas 28 de septiembre de 2020 y 29 de junio de 2021, es decir no le impone multa alguna en términos del artículo 09 Bis Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios, y el cual se solicitó mediante escrito presentada ante las responsables el 04 de febrero de 2022 con folio de entrada ******************** escrito presentado ante ella el 04 de febrero de 2022, los cuales debió de acordar en su proveído de fecha 03 de mayo de 2022, y lo cual no realizo, ya que solamente acordó fecha y hora para llevar a cabo la reinstalación de la quejosa.". Acto reclamado que el promovente del amparo señaló violaba los derechos fundamentales protegidos por los artículos 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 2. Desechamiento de la demanda de amparo. En acuerdo de dos de junio de dos mil veintidós, se determinó desechar la demanda de amparo, al estimar que se actualizaba la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso numeral 107, fracción IV, interpretado a contrario sensu, del mismo ordenamiento legal. 3. Recurso de queja. Inconforme con lo anterior, la parte quejosa interpuso recurso de queja, del cual le correspondió conocer al Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Segundo Circuito, quien el veinticuatro de noviembre de dos mil veintidós, resolvió declarar fundado el mismo. 4. Admisión. El trece de diciembre de dos mil veintidós, se admitió a trámite la demanda de amparo, se solicitó su informe justificado a la autoridad responsable, se dio la intervención que compete al Ministerio Público de la Federación adscrito, y se fijó hora y día para la celebración de la audiencia constitucional. 5. Audiencia constitucional. La audiencia constitucional, previos diferimientos, tuvo verificativo en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Noveno de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo indirecto, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 103 y 107, fracción XII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1º, fracción I, 33, fracción IV, 35, 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, 49 y 56, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, modificado por el diverso 12/2019 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al inicio de funciones de este Juzgado de Distrito, en virtud de que se reclama una determinación judicial en materia laboral, cuya ejecución tendrá lugar dentro del ámbito territorial donde este Juzgado ejerce competencia. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. En el caso se estima necesario, en términos de lo dispuesto por los artículos 74, fracción I, y 75 de la Ley de Amparo, fijar de forma clara y precisa el acto realmente reclamado; por lo cual, el análisis integral de la demanda de amparo y de los datos que emanan del presente expediente, permiten a este juzgador advertir que, en realidad, el acto reclamado por el promovente del amparo, se hace consistir en: La omisión de la autoridad responsable de acordar la totalidad de lo solicitado en su escrito presentado cuatro de febrero de dos mil veintidós, con número de folio ********************, es decir, no hacer efectivas las medidas de apremio decretadas en contra del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Huixquilucan, en proveídos de veintiocho de septiembre de dos mil veinte y veintinueve de junio de dos mil veintiuno. No es obstáculo a lo anterior, que en la demanda de amparo se haya precisado como acto reclamado "la falta de imponer las medidas de apremio correspondientes a la parte demandada dentro del juicio laboral ********************, a efecto de llevar a cabo la reinstalación ordenada"; puesto que, como se precisó en el apartado precedente, de los antecedentes y conceptos de violación que señala en su escrito de demanda, se advierte que en realidad su deseo es reclamar lo señalado en el párrafo que antecede. Sirve de apoyo lo anterior, la jurisprudencia 40/2000, publicada en la página 32 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, abril de 2000, Tomo XI, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, de rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Así como la tesis aislada P. VI/2004, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 255 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Abril de 2004, Tomo XIX, Novena Época, de rubro y texto siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." TERCERO. Existencia del acto reclamado. El Presidente del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México, al rendir su informe justificado, aceptó la existencia del acto reclamado en el presente juicio de amparo. Para corroborar lo anterior, remitió el original del expediente laboral burocrático ********************, tomo uno y dos, así como copias certificadas del tomo tres; documentos a los que se les otorga valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, al tratarse de documentales públicas lato sensu, expedidas por funcionario en ejercicio de sus funciones, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad, pues no puede desconocerse que actualmente existen nuevos mecanismos para el intercambio de información por medio de las tecnologías de la información y comunicación, como es la vinculación directa del expediente digital de la causa penal con el expediente digital de esta autoridad de amparo, mediante la normatividad de herramientas tecnológicas. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 226, de rubro y texto siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." CUARTO. Causas de improcedencia. El análisis de las causas de improcedencia es de orden público y estudio preferente, independientemente que lo aleguen o no las partes, como lo prevé el artículo 62 de la Ley de Amparo. Determinación que, además, encuentra sustento en la tesis sostenida por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, identificada bajo el número 814, cuyo rubro y texto son: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causas de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." Y en ese sentido, al hacerse un análisis de las constancias que obran en autos, se advierte que las partes no hicieron valer, ni se actualiza de oficio, causa alguna de improcedencia que deba ser examinada por el suscrito; por lo cual, se procede al estudio de los conceptos de violación esgrimidos por el solicitante del amparo. QUINTO. Conceptos de violación. Los conceptos de violación que hace valer el promovente del amparo, se tienen aquí por reproducidos íntegramente, como si se insertaran a la letra, en obvio de innecesarias repeticiones. Es aplicable al respecto, la Jurisprudencia 2a./J.58/2010, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, Mayo de 2010, Novena Época, página 830, que refiere: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." SEXTO. Estudio. Resulta fundado el concepto de violación que hace valer el solicitante del amparo, aunque atendiendo a la causa de pedir, en el sentido de que la responsable al emitir el auto de tres de mayo de dos mil veintidós, omitió hacer pronunciamiento respecto a su solicitud presentada el cuatro de febrero del mismo año, en el sentido de que se impusieran las medidas de apremio decretadas en diversos autos previos, toda vez que únicamente acordó lo relativo a la reinstalación. En efecto, el artículo 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, textualmente señala: "Artículo 8. Los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición, siempre que éste se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa; pero en materia política sólo podrán hacer uso de ese derecho los ciudadanos de la República. A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene la obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario." Del precepto constitucional trascrito, se advierte que los requisitos que deben de reunir las peticiones que los gobernados dirijan a las autoridades, deben de ser: 1. Por escrito. 2. En forma pacífica; y, 3. De manera respetuosa, lo que sólo implica que el particular se dirija a la autoridad con toda atención y miramiento. También, el dispositivo constitucional establece obligaciones a cargo de las autoridades, al momento de dar contestación a las citadas peticiones, mismas que son: a) Contestar por escrito; y, b) Darse a conocer al interesado en breve término. Precisado lo anterior, ahora debe señalarse que de las constancias que remitió la responsable adjunto a su informe justificado, a las cuales se les otorgó valor probatorio en el Considerando Tercero se advierte que el promovente del amparo, mediante escrito presentado el cuatro de febrero de dos mil veintidós, solicitó a la autoridad responsable, en esencia: a) Que ante la negativa de la parte demandada -ahora tercero interesada- de dar cumplimiento a los acuerdos decretados el veintiocho de septiembre de dos mil veinte y veintinueve de junio de dos mil veintiuno, donde se ordenó reinstalar a la parte actora -ahora quejosa-, se le hicieran efectivos los apercibimientos decretados en dichos autos, esto es, se le impusiera la multa hasta de quinientos días, en términos de lo dispuesto por el artículo 209 Bis de la Ley Burocrática Local. b) Que denunciara ante la Fiscalía General del Estado de México, la actitud de rebeldía del demandado "SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE HUIXQUILUCAN, ESTADO DE MÉXICO" -ahora tercero interesado-, de no acatar una orden judicial. c) Que se señale día y hora para que la actora -ahora quejosa- fuera reinstalada en su empleo, debiéndole informar que se haría acreedor de una medida de apremio en caso de reiterar su negativa a cumplir el mandamiento judicial. Mientras que la autoridad señalada como responsable, al acordar el escrito presentado por la parte quejosa, el tres de mayo de dos mil veintidós, señaló en lo que interesa: ".derivado de su contenido en cumplimiento al Laudo emitido el veinticinco de mayo de dos mil veintiuno, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 98, fracción V, de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios, se señalan las DOCE HORAS DEL DOS DE JUNIO DE DOS MIL VIENTIDÓS fecha en la cual tendrá verificativo la reinstalación de la C. ********************, en los mismos términos y condiciones que lo venía desempeñando, por lo que deberá citarse al ********************; para que esté presente en dicha diligencia, apercibiéndole que para el caso de no hacerlo, la misma se practicara con el servidor público que comparezca de la misma forma se le apercibe que para el caso de no dar cumplimiento al requerimiento, al titular de dicha demandada se le impondrá una multa equivalente a quince veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente ello de conformidad con la fracción I, del artículo 257 de la Ley del Trabajo de los Servidores públicos del Estado y Municipios. Se comisiona al C. Actuario de este Tribunal para que se constituya en el domicilio de la demandada mismo que obra indicado en autos y proceda a reinstalar a la actora, debiendo levantar el acta correspondiente, apercibiendo a la demandada que para el indebido caso de no dar cumplimiento al presente requerimiento se le impondrá al titular de dicha institución las medidas de apremio contenidas en el artículo 253 de la Ley del Trabajo de los Servidores públicos del Estado y Municipios; y una vez reinstalados los actores se acordara lo que en derecho proceda respecto del Incidente de liquidación, lo anterior en relación con el artículo 843 de la Ley Federal del Trabajo de aplicación supletoria que a la letra establece que . .Por otro lado dada las manifestaciones realizadas en el sentido de dar vista al Ministerio Público, al respecto se dejan a salvo sus derechos para que los haga valer en la vía e instancia que considere, lo anterior es así que de las actuaciones que obran engrosadas en autos del expediente al rubro indicado no se advierte la comisión de algún delito; finalmente expídase a su costa las copias solicitadas previo acuse de recibo que por ellas se otorgue en autos una vez que las labores de este H. Tribunal así lo permita, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 204 de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios. II.- Cabe mencionar, que la diligencia se señala en la fecha antes mencionada, debido a que existe una excesiva carga de trabajo en discordancia a la capacidad situada y a los recursos insuficientes, materiales y humanos con que cuenta este Tribunal, para atender la monumental demanda de usuarios que intervienen en los juicios laborales, lo que impide la tramitación de los juicios dentro de los términos legales previamente establecidos por la ley, por tratarse de causas de fuerza mayor; lo anterior tiene sustento en la tesis de jurisprudencia que a la letra dice: (.)". De lo anterior, se puede advertir que la autoridad responsable, como lo señala la parte quejosa, a pesar de que ésta formuló su petición de manera constitucional, es decir, por escrito, de manera pacífica y respetuosa, y que el artículo 8 invocado le impone la obligación de dar respuesta en breve término, así como hacerla del conocimiento del gobernado, fue omisa en dar respuesta a la totalidad de lo solicitado en su escrito presentado el cuatro de febrero de dos mil veintidós, esto es, que se hicieran efectivos los apercibimientos decretados en autos de veintiocho de septiembre de dos mil veinte y veintinueve de junio de dos mil veintiuno, ante la negativa de la parte demandada -ahora tercero interesada- de reinstalar a la parte actora -ahora quejosa-. Por lo cual, si la responsable no demostró haber dado respuesta a la totalidad de su solicitud realizada por la ahora quejosa, y menos haberle hecho de su conocimiento dicha respuesta, entonces no se dio cumplimiento al derecho fundamental previsto en el artículo 8 de la Norma Fundamental, y por ende se estima que se vulneró en su perjuicio el precepto constitucional en comento. No se inadvierte lo aducido por la autoridad responsable, en el sentido de que el diecisiete de enero del año en curso, previa promoción de la parte actora -ahora quejosa-, en la que solicitó se hicieran efectivas medidas de apremio a la demandada, en acuerdo señaló las catorce horas del tres de marzo del año en curso, para que tuviera verificativo la reinstalación de la ahora quejosa y se previno para que en el indebido caso de que la demandada se negara a dicha reinstalación se le aplicarían algunas de las medidas de apremio que contempla el artículo 235 de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios; sin embargo, de dicho proveído no se advierte que hubiere dado respuesta a la totalidad de lo solicitado en el escrito señalado, pues no señala el por qué procede o no en el caso, hacerle efectivas las medidas de apremio a la ahora tercero interesada, señaladas en los autos de veintiocho de septiembre de dos mil veinte y veintinueve de junio de dos mil veintiuno. En las relatadas condiciones, a fin de restituir al agraviado en el goce de su derecho fundamental violado, conforme a lo que establece el artículo 77, fracción II, de la Ley de Amparo, se concede el amparo y protección de la Justicia Federal a ********************, para el efecto de que la autoridad responsable Presidente del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México, se pronuncie, con libertad de jurisdicción, respecto a lo solicitado en el escrito presentado el cuatro de febrero de dos mil veintidós, con número de folio ********************, sólo sobre la petición de que se hagan efectivos los apercibimientos a la ahora tercero interesada en los autos de veintiocho de septiembre de dos mil veinte y veintinueve de junio de dos mil veintiuno, en el expediente laboral ********************, y notifique el resultado de la misma a la ahora quejosa; debiendo remitir copia certificada de dicha respuesta y notificación a este Juzgado de Distrito. Cabe puntualizar que el sentido de la respuesta o su fundamentación y motivación, no son materia del amparo, y tampoco de su cumplimiento; por lo que bastará con que la responsable de respuesta a lo solicitado en el escrito antes señalado, por lo que refiere a la parte antes indicada y notifique la misma a la solicitante; debiendo remitir dicha respuesta y notificación a este juzgado para que la sentencia se tenga por cumplida. Finalmente, resulta innecesario estudiar los restantes conceptos de violación que plantea el promovente del amparo, porque con lo analizado es suficiente para otorgar el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 107, visible en el Tomo VI, página 187, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, de rubro y texto siguiente: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN, ESTUDIO INNECESARIO DE LOS. Si al examinar los conceptos de violación invocados en la demanda de amparo resulta fundado uno de éstos y el mismo es suficiente para otorgar al peticionario de garantías la protección federal y el amparo de la justicia federal, resulta innecesario el estudio de los demás motivos de queja." SÉPTIMO. Vigencia jurisprudencial. No es obstáculo para arribar a la anterior determinación, el hecho de que algunos de los criterios invocados en la presente sentencia, se hayan emitido durante la vigencia de la Ley de Amparo anterior, esto es, la publicada en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero de mil novecientos treinta y seis; sin embargo, resultan aplicables conforme a lo previsto en el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo publicada en ese medio de difusión oficial el dos de abril de dos mil trece, que establece que la jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior, continuará en vigor en lo que no se oponga a este nuevo ordenamiento, sin que en el caso se advierta oposición alguna al respecto. OCTAVO. Protección de información y datos personales. Aun cuando las partes no hicieron uso del derecho previsto en el artículo 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, relativo a la oposición a la publicación de sus datos personales en consulta o publicación de la presente sentencia, de conformidad con los artículos 6, apartado A., fracción II y 16, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 3, fracciones IX y X, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, y 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, dese cumplimiento a lo establecido en el diverso 118 de ley especial citada, suprímanse los datos sensibles que contenga la presente resolución. Lo anterior, en atención al Criterio emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, del rubro y texto siguiente: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACIÓN DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONAL NI A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 6º, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Estado, a través de las dependencias, entidades y organismos que lo integran, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y a los datos personales de los particulares. Por otro lado, los artículos 18º de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de dicha ley, prevén como información confidencial aquella cuya difusión, comercialización o distribución, requiere necesariamente del consentimiento expreso de las personas que son titulares de los datos, por lo que deberá protegerse dicha información en las constancias y actuaciones judiciales que se encuentren en los expedientes jurisdiccionales o administrativos, independientemente de que las partes hayan hecho valer el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos. En ese sentido la omisión de manifestar el consentimiento o la oposición, no exime a los órganos jurisdiccionales y a la unidades administrativas de suprimirlos en las sentencias, resoluciones y constancias que obren en los expedientes bajo su resguardo, y que fueron requeridas vía solicitud de acceso a la información, protegiendo así la privacidad y la vida íntima de los ciudadanos." Por lo expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 73, 74, 75, 76, 124 y 217 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión ampara y protege a ********************, en contra del acto y autoridad indicados en los Considerandos Segundo y Tercero de esta sentencia, por los motivos y para los efectos precisados en el diverso Sexto de la misma.
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