María Guadalupe Maldonado Ramírez
Expediente 335/2016 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Zacatecas. 5 actuaciones registradas, la última del 21 de julio de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 335/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 21/07/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Zacatecas · Zacatecas
Partes del expediente
- María Guadalupe Maldonado Ramírez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 27, FRACCIÓN I, INCISO C) Y 29 DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL TRES DE ABRIL DE DOS MIL TRECE,SE LE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA POR LISTA QUE SE FIJA EN LUGAR VISIBLE Y DE FACIL ACCESO Y POR LISTA EN LA PÁGINA ELECTRÓNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, EL AUTO O RESOLUCIÓN DE DIECINUEVE DE JULIO DE DOS MIL DIECISÉIS, AL NO HABER ACUDIDO DENTRO DE LOS DOS DÍAS HÁBILES SIGUIENTES AL EN QUE SE DEJÓ EL AVISO DE VEINTIUNO DE JULIO DE DOS MIL DIECISÉIS.
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Vista la certificación que antecede y toda vez que ha transcurrido el término de cinco días a que se refiere el artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de queja contra el auto dictado el treinta de junio de dos mil dieciséis, en el presente juicio de garantías, sin que a la fecha haya presentado promoción alguna al respecto; con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de la Materia, en términos del numeral 2º de esta última, se declara que dicho auto ha quedado firme, para todos los efectos legales a que haya lugar. En consecuencia, hágase esta circunstancia del conocimiento de las partes. Asimismo, desprendiéndose de la certificación secretarial de cuenta, que en el presente juicio de amparo, no existen documentos originales exhibidos por las partes que deban ser devueltos a los interesados, dado que no existen diligencias pendientes de practicar y que, en su caso, ya fueron digitalizadas las constancias del presente expediente, se ordena su archivo definitivo como asunto totalmente concluido, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno correspondiente. Lo anterior, en la inteligencia que, para los efectos legales a que haya lugar, en términos de los artículos décimo primero, décimo séptimo y tercero transitorio, del Acuerdo General conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, de acuerdo a la valoración documental respectiva, se considera el expediente en que se actúa sin valor jurídico; y por ende destruible. Finalmente, requiérase a la parte quejosa, para que se presente en el local de este Juzgado, debidamente identificada, a fin de recoger los documentos que exhibió en el presente juicio de amparo, apercibida que en caso de no hacerlo dentro del término de noventa días, dichos documentos podrán ser destruidos junto con el presente expediente.
- Principal
Agréguese a sus autos el escrito de cuenta firmado por la quejosa María Guadalupe Maldonado Ramírez, mediante el cual solicita la devolución de los documentos que indica en su escrito; atento a lo anterior, dígasele que una vez que quede firme el auto de treinta de junio de dos mil dieciséis, se proveerá lo conducente en relación a su petición.
- Principal
Vista la demanda de amparo promovida por ********************, por propio derecho, contra actos del Ayuntamiento de Jerez, Zacatecas y otras autoridades, el Juez acuerda: Regístrese su ingreso en el libro de gobierno bajo el número que le corresponda y fórmese expediente. Como punto de partida, es pertinente traer a colación el contenido del artículo 113 de la Ley de Amparo, que dice: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Del precepto anterior, se desprende que es procedente desechar la demanda de amparo, cuando el juez de distrito encontrare un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En esos términos, para los efectos del desechamiento de la demanda, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos anexos. Además, se tiene la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia que se advierta es operante en el caso concreto, de tal modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran aportar las partes. De esta manera, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda, escritos aclaratorios y anexos que se acompañen, y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o en virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que aun en el caso de que se llegara a admitir la demanda, el informe justificado que rinda la autoridad responsable, los alegatos y las pruebas que ésta y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean indispensables para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido. Por tanto, para que un motivo de improcedencia sea manifiesto e indudable, es necesario que de manera clara y patente así se advierta del escrito de demanda, al grado de que se tenga la certeza y plena seguridad de su existencia, a pesar de las pruebas que posteriormente se aportaren, es decir, si se tiene duda de su operancia, no debe ser desechada la demanda pues, de lo contrario, se privaría a la quejosa de su derecho a instar el juicio de garantías contra un acto que pudiera causarle perjuicio. En el caso en concreto, es procedente desechar de plano la demanda de garantías, sin suspender el acto reclamado; hipótesis que se surte en el caso en estudio, toda vez que con relación al acto reclamado se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con los numerales 1°, fracción I, y 5, fracción II, todos de la Ley de Amparo, que en lo conducente dicen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 1°. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; ." "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: . II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general." En el caso, la quejosa señala como autoridades responsables al Ayuntamiento de Jerez, Zacatecas, representado por la Síndico Municipal, y Jacqueline Martínez Juárez, Presidenta honorífico del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia (SMDIF), José Manuel Viramontes Rodarte, Presidente Municipal de Jerez, Zacatecas, Jefa de Recursos Humanos del H. Ayuntamiento de Jerez, Zacatecas. Y, el acto reclamado lo hace consistir en: "(.) el haber despedido a la suscrita del cargo de Cocinera en el Albergue de la Mujer Maltratada de Jerez, Zacatecas, el cual he desempeñado desde el 20 de septiembre del año 2007, y del que ahora fui despedida, supuestamente por falta de probidad y honradez, así como por las indisciplinas y negativas de presentarme al departamento de recursos humanos a la firma de mi supuesto contrato, de acuerdo al oficio que me fuera entregado el día lunes 13 de junio del año 2016. Sin que a la suscrita me hayan dado a conocer las circunstancias de modo tiempo y lugar o bien en contra de quien, supuestamente cometí la falta de probidad y de honradez, tal y como lo exige el artículo 47 de la Ley Federal del Trabajo en su primer párrafo que a la letra dice ".El patrón que despida a un trabajador deberá darle aviso escrito en el que refiera claramente la conducta o conductas que motivan la rescisión y la fecha o fechas en que se cometieron." O bien se me haya seguido el correspondiente juicio administrativo conforme a la ley del Servicio civil del Estado de Zacatecas en su artículo 28, que a la letra dice ." Una parte de la relación laboral, en cualquier tiempo, podrá rescindir la relación de trabajo por causas imputables a la otra. Si fuere el titular de la entidad pública quien pretenda la rescisión, previamente deberá instaurar un procedimiento administrativo que respete la garantía de audiencia y que sea substanciado en condiciones de igualdad procesal. Además de que la suscrita nunca he firmado contrato, ya que desde el mes de febrero del año 2003, que comencé a laborar en el H. Ayuntamiento de Jerez, Zacatecas, nunca he firmado contrato alguno. Así como es falso que mis servicios hayan causado baja a partir del 31 de mayo del año en curso, ya que fui notificada de mi supuesto despido el día lunes, 14 de junio del año en curso, sin que haya recibido pago por esta primera quincena del mes de junio de la cual labore 14 días." Y, del contenido íntegro de la demanda de amparo y anexos que a la misma acompaña, se desprende que: 1. ********************, se desempeñaba como Cocinera en el Albergue de la Mujer Maltratada de Jerez, Zacatecas, que desde el primero de febrero de dos mil tres, ingresó a laborar como intendente de la Procuraduría de la Defensa del Menor en el DIF Municipal de Jerez, Zacatecas, después cubrió diversos cargos, siendo el último como Cocinera. 2. El catorce de junio de dos mil dieciséis, mediante oficio 187/2016, de quince de mayo de dos mil dieciséis, firmado por el Presidente Municipal de Jerez, Zacatecas, ********************, fue notificada que por las constantes de probidad y honradez, así como a las indisciplinas y negativa de presentarme al departamento de recursos humanos a la firma de sus contratos para con la administración, el Ayuntamiento considera que no es posible seguir ocupando de sus servicios causando baja a partir del treinta y uno de mayo de dos mil dieciséis; lo que ahora constituye el acto reclamado. De lo anterior se desprende, que el acto que la quejosa ********************, reclama del Ayuntamiento de Jerez, Zacatecas, representado por la Síndico Municipal, y Jacqueline Martínez Juárez, Presidente honorífico del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia (SMDIF), José Manuel Viramontes Rodarte, Presidente Municipal de Jerez, Zacatecas, Jefa de Recursos Humanos del H. Ayuntamiento de Jerez, Zacatecas, se traduce en esencia en la remoción de la plaza que ocupaba como Cocinera en el Albergue de la Mujer Maltratada de Jerez, Zacatecas; el cual se encuentra emitido por dichas autoridades con el carácter de patrón en el ámbito del derecho laboral que rige las relaciones de ese organismo con su personal dentro de su marco legal, y por ello, en este caso no resultan ser autoridades para efectos del juicio de amparo. Se afirma ello, en razón que la propia quejosa en la integridad de su demanda indica que el referido puesto lo obtuvo el primero de febrero de dos mil tres, en que ingresó a laborar como intendente de la Procuraduría de la Defensa del Menor en el DIF Municipal de Jerez, Zacatecas, después cubrió diversos cargos, siendo el último como Cocinera en el Albergue de la Mujer Maltratada de Jerez, Zacatecas; que mediante 187/2016, de quince de mayo de dos mil dieciséis, firmado por el Presidente Municipal de Jerez, Zacatecas, se le informó que debido las constantes faltas de probidad y honradez, así como a las indisciplinas y negativa de presentarme al departamento de recursos humanos a la firma de sus contratos para con la administración, el Ayuntamiento de Jerez, Zacatecas, consideró que no era posible seguir ocupando de sus servicios, por lo que causó baja a partir del treinta y uno de mayo de dos mil dieciséis; que previo a ello, las responsables omitieron darle aviso escrito en el que refieran claramente la conducta o conductas que motivaron su rescisión y la fecha o fechas en que se cometieron dichas falta, en cumplimiento a lo ordenado por el artículo 47 de la Ley Federal del Trabajo; o bien, iniciarle el procedimiento administrativo que para la rescisión laboral establece el artículo 28 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Zacatecas, a fin de que le fuera respetada su garantía de audiencia. Así pues, como con anterioridad se asentó y como la propia quejosa ********************, lo afirma en su escrito de demanda el acto que reclama del Ayuntamiento de Jerez, Zacatecas, representado por la Síndico Municipal, y Jacqueline Martínez Juárez, Presidenta honorífico del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia (SMDIF), José Manuel Viramontes Rodarte, Presidente Municipal de Jerez, Zacatecas, Jefa de Recursos Humanos del H. Ayuntamiento de Jerez, Zacatecas, se traduce en esencia en la remoción o despido del puesto que venía ocupaba como Cocinera en el Albergue de la Mujer Maltratada de Jerez, Zacatecas; por tanto, el mismo fue emitido por las citadas autoridades con el carácter de patrón en el ámbito del derecho laboral que rige las relaciones de ese organismo con su personal dentro de su marco legal, y por ello, como ya se asentó, en este caso no resultan ser autoridades para efectos del juicio de amparo. Ello no implica que las referidas dependencias, en otros supuestos atendiendo a la naturaleza de los actos emitidos, sí puedan tener tal carácter en función del ejercicio público, como podría ser en el caso legalmente considerado como acto de autoridad para los efectos del amparo, aquel que ejecute un órgano o funcionario del Estado, actuando con el imperio y potestad que le otorga su investidura pública, es decir, cuando el acto tenga su origen en relación directa con la función pública y el cargo que desempeña, en el plano que dentro del derecho administrativo se conoce como de supra-subordinación. Lo que en el caso no acontece, pues si bien es cierto el acto aquí reclamado se encuentra ejecutado por un organismo o funcionario de gobierno municipal, también lo es que éstos tienen doble personalidad, por la función pública y encargo que desempeñan y, por el hecho de ser depositarios, administradores o representantes de los intereses económicos que constituyen el patrimonio del Municipio; advirtiéndose así, que el acto aquí reclamado se encuentra ejecutado por el organismo con el carácter de persona moral oficial de derecho privado, en base a las relaciones laborales que guarda con la quejosa, en un plano de clara coordinación y no de supra-subordinación; acto que queda comprendido dentro de aquellos que cualquier gobernado ejecuta, ya que en tales relaciones el Municipio también queda sometido a las prevenciones del derecho laboral como cualquier otro particular. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis I.6o.T.26 L, legible en la página 347, tomo III, Abril de 1996, sustentada por el SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dice: "AUTORIDADES RESPONSABLES PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO, NO LO SON LOS ORGANOS O FUNCIONARIOS DE LAS DEPENDENCIAS DEL ESTADO CUANDO ACTUAN COMO PATRONES. La demanda de garantías que se interpone contra actos de las dependencias o funcionarios del Estado es improcedente, toda vez que el juicio de amparo sólo procede contra actos de autoridades en los términos del artículo 103 constitucional. Así es, el Estado a la vez que es persona de derecho público, en donde asume las funciones de autoridad, es también una persona moral oficial de derecho privado, en tanto que es el depositario, administrador o representante de los intereses económicos que constituyen el patrimonio de la Nación, y con este carácter puede entrar en relaciones laborales con los particulares, en un plano de clara coordinación y no de supra-subordinación; y entonces sus actos quedan comprendidos dentro de aquellos que cualquier gobernado ejecuta, ya que en tales relaciones el Estado también queda sometido a las prevenciones del derecho laboral como cualquier otro particular; por consiguiente, congruentemente con la doble personalidad del Estado, es de concluir que sólo podrá legalmente ser considerado como acto de autoridad para los efectos del amparo, aquel que ejecute un órgano o funcionario del Estado, actuando con el imperio y potestad que le otorga su investidura pública, es decir, cuando el acto tenga su origen en relación directa con la función pública y el cargo que desempeña, en el plano que dentro del derecho administrativo se conoce como de supra-subordinación a que ya se hizo mérito." Asimismo, en lo conducente la Tesis de Jurisprudencia P./J. 10/90, visible en la página 92 VI, Primera Parte, Julio a Diciembre de 1990, Materias laboral, Administrativa, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, que al efecto dice: "TRABAJADORES DE CONFIANZA AL SERVICIO DEL ESTADO. SU CESE NO ES ACTO DE AUTORIDAD, POR LO QUE EL AMPARO EN SU CONTRA ES IMPROCEDENTE.- Entre la tesis jurisprudencial 315 de la Cuarta Sala (Compilación de 1985, Quinta Parte), intitulada "TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO DE CONFIANZA. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL FEDERAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE PARA CONOCER DE LOS CONFLICTOS DERIVADOS DE LA RELACION LABORAL DE LOS." y la tesis de la Segunda Sala (Compilación de 1985, Tercera Parte, página 739), intitulada "TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO, DE CONFIANZA, EL TRIBUNAL FEDERAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE NO ES COMPETENTE PARA CONOCER DE CESES DICTADOS CONTRA LOS.", subyace una contradicción trascendente sobre la naturaleza jurídica del cese de un empleado de confianza al servicio del Estado, pues mientras la Segunda Sala sostiene que el cese constituye un acto de autoridad contra el cual procede el juicio de amparo, la Cuarta Sala niega que sea acto de autoridad y sostiene que es un acto que termina una relación equiparable a la laboral, lo que impide acudir al amparo en su contra. La contradicción debe resolverse en favor de este último criterio en virtud de que, en el apartado B, del artículo 123 constitucional, donde se sientan las bases que rigen las relaciones entre los Poderes de la Unión y el Gobierno del Distrito Federal, por una parte, y sus trabajadores, por la otra, se consigna un régimen protector de los empleados públicos en términos semejantes a los establecidos en el apartado A para los obreros en general. En particular destacan las disposiciones contenidas en las fracciones IX y XII de dicho apartado B, pormenorizadas por los artículos 46 y 46 bis de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, de las que se infiere que la relación entre el Estado y sus servidores se equipara a una relación laboral. Las disposiciones mencionadas colocan al Estado en una posición jurídica similar a la de un patrón, puesto que se instituye un Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, instancia ante la cual, por determinadas causales de baja, tiene que acudir el titular de la dependencia de la administración a demandar el cese; resulta también significativo observar que los servidores cesados por otras causas tienen el derecho de reclamar ante el mencionado tribunal lo injustificado de la separación y optar por la acción de reinstalación o por la de indemnización, circunstancia que demuestra que en dicha relación el Estado no actúa con el imperio de su soberanía, característica distintiva de los actos de autoridad, sino como si fuera patrón. Cabe señalar que de esta equiparación se encuentran excluidos los militares, marinos, miembros de los cuerpos de seguridad pública y el personal del servicio exterior que, de conformidad con la fracción XIII del aludido apartado, se rigen por sus propias leyes, sin que dicha exclusión alcance a los empleados de confianza, cuya relación, como la de la generalidad de los trabajadores al servicio del Estado, es análoga a la laboral, con independencia de los derechos que como servidores públicos les otorgue la Constitución." Y, la tesis 2a. C/99, consultable en la página 370 Tomo: X, Julio de 1999, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que reza: "TRABAJADORES DE CONFIANZA AL SERVICIO DEL ESTADO DE CHIAPAS. SU CESE NO CONSTITUYE UN ACTO DE AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia, en las tesis de jurisprudencia 9/90 y 10/90, derivadas de la contradicción de tesis varios 6/88, sostuvo que el apartado B del artículo 123 constitucional equipara la relación entre Estado y empleado con una relación laboral, similar a la de un patrón, hecha excepción de los militares, marinos, miembros de los cuerpos de seguridad pública y personal del servicio exterior, quienes se regirán por sus propias leyes. También se precisó que corresponde al Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje dirimir las controversias que se susciten entre el Estado y sus servidores, inclusive los de confianza (excluyendo al Poder Judicial de la Federación y sus servidores). Congruente con las disposiciones constitucionales, la Ley del Servicio Civil del Estado de Chiapas da un carácter laboral al vínculo que se genera entre el Estado, los Municipios y sus trabajadores, lo que significa que cualquier decisión que adopte el patrón con motivo del desempeño de las labores no constituye un acto de autoridad sino un hecho derivado de la relación laboral. Por tanto, los conflictos que se susciten entre el trabajador y el Estado de Chiapas deben ser ventilados ante el Tribunal del Servicio Civil de esa entidad, que es un órgano creado por la citada ley para ese fin. De ahí que debe establecerse que cuando un trabajador de confianza promueve un juicio de amparo contra la baja de que fue objeto por parte de la Dirección de Educación Básica del Estado de Chiapas, resulta improcedente, al surtirse la causa prevista en el artículo 73, fracción XVIII, en relación con los artículos 1o., fracción I y 11 de la Ley de Amparo, no sólo porque el acto por el que se determina la baja del empleado no es un acto de autoridad, sino porque el trabajador debe agotar previamente un medio ordinario de defensa, el juicio laboral." En las narradas condiciones al actualizarse la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con los numerales 1°, fracción I, y 5, fracción II, todos de la Ley de Amparo, lo procedente es desechar de plano la demanda de garantías promovida por ********************, por propio derecho, con apoyo en el artículo 113, del propio ordenamiento legal. Téngase por autorizados para oír y recibir notificaciones en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a los licenciados ******************** y ********************; y, como domicilio para tal efecto el ubicado en la finca marcada con el número 49 B, Rincón Colonial Sección California, Avenida California, en Guadalupe, Zacatecas.
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