María Guadalupe Juárez Álvarez

Expediente 343/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Zacatecas. 3 actuaciones registradas, la última del 8 de mayo de 2019.

Datos del expediente

Expediente
343/2019
Año
2019
Actuaciones
3
Última actuación
08/05/2019

Partes del expediente

  • María Guadalupe Juárez Álvarez

Actuaciones

  1. Principal

    Visto; la certificación que antecede y toda vez que ha transcurrido el término de cinco días a que se refiere el artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de queja contra el auto dictado el veintidós de abril de la presente anualidad, en el presente juicio de garantías, sin que a la fecha haya presentado promoción alguna al respecto; con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, en términos del numeral 2º de esta última, se declara que dicho auto ha quedado firme, para todos los efectos legales a que haya lugar. En consecuencia, hágase esta circunstancia del conocimiento de las partes. Asimismo, desprendiéndose de la certificación secretarial de cuenta, que en el presente juicio de amparo, no existen documentos originales exhibidos por las partes que deban ser devueltos a los interesados, dado que no existen diligencias pendientes de practicar y que, en su caso, ya fueron digitalizadas las constancias del presente expediente, se ordena su archivo definitivo como asunto totalmente concluido, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno correspondiente. Lo anterior, en la inteligencia que, para los efectos legales a que haya lugar, en términos de los artículos décimo primero, décimo séptimo y tercero transitorio, del Acuerdo General conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, de acuerdo a la valoración documental respectiva, se considera el expediente en que se actúa es destruible. Por otra parte, para los efectos legales a que haya lugar, hágase saber a las partes, que a partir del uno de mayo de dos mil diecinueve, el licenciado Juan Antonio Gutiérrez Gaytán, es el nuevo titular de este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Zacatecas.

  2. Principal

    diecinueve.********************Visto; la demanda de amparo promovida por ********************, contra actos del Fiscal General de Justicia del Estado de Zacatecas y la Fiscal adscrita a la Unidad Especializada Para la Investigación del Delito de Feminicidio en el Estado de Zacatecas, por considerar que se conculcan las garantías consagradas en los artículos 1, 4, 8, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se acuerda:********************Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Libro de Gobierno de este juzgado bajo el número ******************** y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE).********************La quejosa en su demanda de amparo señala como acto reclamado:********************".La negativa por parte de las Autoridades responsables, que lo son la Licenciada Ana Laura Rivera Vallejo, en su calidad de Fiscal adscrita a la unidad especializada para la Investigación del Delito de Feminicidio en el Estado de Zacatecas, y el Dr. Francisco Murillo Ruiseco, en su carácter de Fiscal General de Justicia en el Estado de Zacatecas, esto por "negarse" a realizar el procedimiento abreviado conforme a los parámetros que establece el artículo 202 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que en cuanto al presente asunto cita lo siguiente:********************".En cualquier caso, el Ministerio Público podrá solicitar la reducción de hasta un tercio de la mínima en los delitos dolosos y hasta en una mitad de la mínima en el caso de delitos culposos, de la pena de prisión."****************************************Esto por oponerse las Autoridades aquí responsables, a nuestros intereses como sujetos procesales dentro de la Causa Penal 28/2018, radicada ante el Juzgado de Control y Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial de Jerez de García Salinas, Zacatecas, por el Delito de Feminicidio, en perjuicio de ********************, quien en vida fuera mi Madre y que se instruye en contra de mi Padre ********************(imputado), actos que resultan lesivos a nuestros intereses como sujetos procesales en dicha causa penal, en nuestro carácter de ofendidos y victimas indirectas que somos las Suscrita y mis hermanos ********************, ********************, y ********************, toda vez que tales actos por parte de las Autoridades Responsables a pesar de que son actos de molestia a nuestra integridad como personas, violentan gravemente en nuestro perjuicio los derechos que nos asisten en los numerales 1, 4, 8, 14, 16, 17, 20, apartado "A", fracción VII, y apartado "C" fracción II y fracción V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda vez que como ya lo mencione retrolineas, nuestra única pretensión es que se le condene a nuestro Padre bajo los estándares que establece el artículo 202 del Código Nacional de Procedimientos Penales sobre un tercio de la mínima, que serían trece años cuatro meses de prisión ordinara, petición que se ha hecho varias ocasiones a las Autoridades Responsables y estas se han negado rotundamente a conceder el Procedimiento Abreviado en los términos solicitados por la Suscrita y mis hermanos, así como del propio imputado; ."****************************************Respecto de dicho acto, se trae a colación lo dispuesto por los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, que dicen:********************"Artículo 112. Dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue presentada, o en su caso turnada, el órgano jurisdiccional deberá resolver si desecha, previene o admite.****************************************En el supuesto de los artículos 15 y 20 de esta Ley deberá proveerse de inmediato. ****************************************"Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano."****************************************De dichos artículos se desprende que es procedente desechar la demanda de amparo, cuando se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es.********************En esos términos, para los efectos del desechamiento de la demanda, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos anexos. Además, se tiene la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia que se advierta es operante en el caso concreto, de tal modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran aportar las partes.********************De esta manera, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al contenido del escrito de demanda, escritos aclaratorios y anexos que se acompañen, y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o en virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que aun en el caso de que se llegara a admitir la demanda, el informe justificado que rinda la autoridad responsable, los alegatos y las pruebas que ésta y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean indispensables para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido.********************Por tanto, para que un motivo de improcedencia sea manifiesto e indudable, es necesario que de manera clara y patente así se advierta del escrito de demanda, al grado de que se tenga la certeza y plena seguridad de su existencia, a pesar de las pruebas que posteriormente se aportaren, es decir, si se tiene duda de su operancia, no debe ser desechada la demanda pues, de lo contrario, se privaría al quejoso de su derecho a instar el juicio de garantías contra un acto que pudiera causarle perjuicio.********************En el caso en concreto, es procedente desechar de plano la demanda de garantías, sin suspender el acto reclamado; hipótesis que se surte en el caso en estudio, toda vez que con relación al acto reclamado que se hace consistir en la integración de la carpeta de investigación, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XII, del artículo 61, en relación con los numerales 5°, fracción I y 6°, todos de la Ley de Amparo, correlacionados con el artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; preceptos que establecen:********************De la Ley de Amparo: ********************"Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:********************(.).********************XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5 de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia;********************(.)".****************************************"Artículo 5°. Son partes en el juicio de amparo: ****************************************"I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1º. de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico.****************************************El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo.****************************************El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades.****************************************Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa;****************************************La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley.********************(.)"****************************************"Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley.********************(.)".****************************************De la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: ****************************************"Art. 107.- Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes:****************************************I.- El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico.****************************************Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa;."****************************************En el caso, como antes quedó transcrito y se advierte del escrito de demanda, la quejosa hace consistir el acto reclamado en la negativa por parte de las autoridades responsables de realizar el procedimiento abreviado conforme al artículo 202 del código Nacional de Procedimientos Penales, en la causa penal 28/2018, radicada en el Juzgado de Control del Distrito Judicial de Jerez, Zacatecas, contra el padre de la aquí quejosa de nombre ********************(Imputado), por el ilícito de feminicidio y lo que pretende es que se condene a su padre bajo los estándares que establece el artículo 202 del Código Nacional de Procedimientos Penales. ********************Informa la quejosa que en dicha causa penal, ella y sus hermanos tienen el carácter de ofendidos por el feminicidio de su madre, hecho imputado a su padre.********************Ahora, el artículo 202 del Código Nacional de Procedimientos Penales invocado por la quejosa, para dolerse de la negativa por parte de las autoridades responsables a realizar el procedimiento abreviado en la causa penal 28/2018, radicado ante el Juzgado de Control del Distrito Judicial de Jerez, Zacatecas, en el que tiene el carácter de imputado su padre establece:********************"Artículo 202. Oportunidad****************************************"El Ministerio Público podrá solicitar la apertura del procedimiento abreviado después de que se dicte el auto de vinculación a proceso y hasta antes de la emisión del auto de apertura a juicio oral.****************************************A la audiencia se deberá citar a todas las partes. La incomparecencia de la víctima u ofendido debidamente citados no impedirá que el Juez de control se pronuncie al respecto.****************************************Cuando el acusado no haya sido condenado previamente por delito doloso y el delito por el cual se lleva a cabo el procedimiento abreviado es sancionado con pena de prisión cuya media aritmética no exceda de cinco años, incluidas sus calificativas atenuantes o agravantes, el Ministerio Público podrá solicitar la reducción de hasta una mitad de la pena mínima en los casos de delitos dolosos y hasta dos terceras partes de la pena mínima en el caso de delitos culposos, de la pena de prisión que le correspondiere al delito por el cual acusa.****************************************En cualquier caso, el Ministerio Público podrá solicitar la reducción de hasta un tercio de la mínima en los casos de delitos dolosos y hasta en una mitad de la mínima en el caso de delitos culposos, de la pena de prisión. Si al momento de esta solicitud, ya existiere acusación formulada por escrito, el Ministerio Público podrá modificarla oralmente en la audiencia donde se resuelva sobre el procedimiento abreviado y en su caso solicitar la reducción de las penas, para el efecto de permitir la tramitación del caso conforme a las reglas previstas en el presente Capítulo.****************************************El Ministerio Público al solicitar la pena en los términos previstos en el presente artículo, deberá observar el Acuerdo que al efecto emita el Procurador."****************************************Conforme a dicho dispositivo, la solicitud de apertura ante el juez que conozca de la causa penal, es facultad exclusiva del Ministerio Público, en tanto que la quejosa dice ser parte ofendida y víctima indirecta en la causa penal 28/2018, e la cual conoce el Juez de Control del Distrito Judicial de Jerez, Zacatecas, en la que su padre ********************es el imputado; y, conforme a ello se pone de manifiesto que el interés jurídico o legítimo es uno de los presupuestos para promover el juicio de amparo, en razón de que éste tiene como finalidad proteger al promovente de algún perjuicio que pueda resentir en su persona, patrimonio o derechos como consecuencia de la ejecución del o de los actos que estima ilegales, entendiéndose por perjuicio la ofensa que se hace a los derechos e intereses de los que es titular.********************Esto es, el interés jurídico necesario para la procedencia del juicio de derechos fundamentales, implica la existencia de dos presupuestos, a saber:********************a) La titularidad de un derecho subjetivo, y, ********************b) Que ese derecho subjetivo sea desconocido o conculcado por un acto de autoridad. ****************************************Consecuentemente, por interés se debe entender, la aspiración legítima de orden pecuniario, moral o, en algunos casos jurídico, que representa para una persona la satisfacción o la realización de una determinada conducta y la relación entre las necesidades de una persona o de un grupo de personas de las cualidades de un bien o con las consecuencias que se deriven de la existencia de una cierta situación o de una determinada conducta, en cuanto pueden ser aptas para satisfacer aquellas necesidades.********************El interés jurídico existe cuando una norma jurídica específica (constitucional, legal o contractual), confiere un derecho determinado a un individuo, quien además, por esa misma norma tiene la protección, frente a cualquier persona o autoridad, del derecho conferido.********************Así, el interés jurídico consiste en la titularidad del derecho que se estima violado por el acto de autoridad. Empero, en la actualidad, de acuerdo con la reforma constitucional publicada el seis de junio de dos mil once, el interés legítimo no impone la obligación de contar con un derecho subjetivo tutelado para hacer procedente la instancia constitucional. No obstante, dicho interés debe reunir ciertas características relacionadas con el interés cualificado y específico que incide en la esfera jurídica del gobernado, de ahí que debe producirle un perjuicio o privarlo de un beneficio.********************Así, en el caso a estudio, se estima que el acto reclamado consistente en la negativa por parte de las responsables de instaurar el procedimiento abreviado en la causa penal 28/2018, que se instruye en contra de ********************, padre de la aquí quejosa, ante el Juez de Control del Distrito Judicial de Jerez, Zacatecas, no afecta su interés legítimo, pues para demostrarlo se requiere que el acto reclamado lesione la esfera jurídica del gobernado, lo que en la especie por lo que se refiere a la quejosa no acontece, ya que a quien podría perjudicar es a su padre y además la solicitud del procedimiento abreviado como se ha expuesto, conforme al artículo 202 del Código Nacional de Procedimientos Penales, es facultad exclusiva del agente del Ministerio Público, quien además conforme al artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es a dicha institución la investigación de hechos posiblemente constitutivos de delitos, por ende, el acto que reclama la quejosa no vulnera en su perjuicio sus derechos, pues la circunstancia de que sea el agente del Ministerio Público investigador quien pueda o no solicitar el procedimiento abreviado, no le depara perjuicio alguno; porque entre las prerrogativas que le asisten como ofendida no se encuentra la facultad de convenir con la autoridad ministerial tal procedimiento.********************Ciertamente, si se interpreta en sentido contrario el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo (transcrito en párrafos anteriores y que aquí se da por reproducido en obvio de repeticiones innecesarias), fácilmente puede advertirse que sólo puede acudir al juicio de amparo, aquélla persona que tenga interés jurídico o legítimo en el acto que reclame.********************Lo anterior significa que para esos efectos, se requiere, en primer lugar, la existencia de un acto de autoridad o una ley y que se produzca una afectación a algún derecho subjetivo de la parte quejosa, protegido por una norma o convención internacional, trascendiendo a su esfera jurídica.********************Lo anterior se corrobora con el contenido de los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 5, fracción I y 6 de la Ley de Amparo, estos últimos ya transcritos, pues en ellos se previene que el ejercicio de la acción de amparo está reservado para la parte a quien perjudique el acto o la ley que se reclame.********************Cabe apuntar que, el más alto tribunal del país ha establecido que por perjuicio, se entiende la afectación que produzca por la actuación de una autoridad o por la ley, a un derecho legítimamente tutelado, y cuyo desconocimiento o violación, otorga al afectado la facultad para acudir ante el órgano jurisdiccional competente, a fin de que ese derecho le sea reconocido o no sea violado, lo cual constituye el interés jurídico que la Ley de Amparo prevé para la procedencia del juicio constitucional.********************Dicho en otras palabras, el juicio de amparo tiene como finalidad salvaguardar el goce de los derechos fundamentales establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales suscritos por el Estado Mexicano, en aquellos casos en que la violación atribuida a la autoridad responsable, tenga efectos materiales y que se traducen en un perjuicio real al solicitante del amparo, es decir, cuando alguna autoridad emite un acto que el gobernado estime violatorio de tales derechos y, lo impugne a través del medio de defensa instituido para atacar tales violaciones, como lo es el juicio de amparo, deberá observar las reglas que para su procedencia establece la ley respectiva.****************************************Incluso, el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia la Nación determinó que la interpretación del concepto de interés jurídico no ha sufrido una gran variación, y sólo ha cambiado el entendimiento de la situación en la cual puede hablarse de la existencia de un derecho "objetivo" conferido por las normas del ordenamiento jurídico, en contraposición a una situación de la que simplemente los individuos derivan lo que se denomina como "un beneficio" o una ventaja "fáctica" o "material".****************************************Lo anterior se encuentra contenido en la tesis P. XIV/2011, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXXIV, agosto de dos mil once, página 34, con registro 161286, que dice:********************"INTERÉS JURÍDICO PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO. SU INTERPRETACIÓN POR LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN NO HA SUFRIDO UNA GRAN VARIACIÓN, SINO QUE HA HABIDO CAMBIOS EN EL ENTENDIMIENTO DE LA SITUACIÓN EN LA CUAL PUEDE HABLARSE DE LA EXISTENCIA DE UN DERECHO "OBJETIVO" CONFERIDO POR EL ORDENAMIENTO JURÍDICO.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene un amplio abanico de pronunciamientos históricos sobre el concepto de "interés jurídico" para efectos de la procedencia del juicio de amparo, muchos de los cuales provienen de la Quinta Época del Semanario Judicial de la Federación, pero con posterioridad el tema ha sido abordado por la jurisprudencia del Alto Tribunal. Contra lo que podría pensarse, el entendimiento del concepto de interés jurídico no ha sufrido una gran variación en su interpretación. Lo que ciertamente ha cambiado es lo que se entiende que está detrás de los conceptos jurídicos a los que hacen referencia las tesis sobre interés jurídico y, en particular, el entendimiento de la situación en la cual puede hablarse de la existencia de un derecho "objetivo" conferido por las normas del ordenamiento jurídico, en contraposición a una situación de la que simplemente los individuos derivan lo que se denomina como "un beneficio" o una ventaja "fáctica" o "material".********************En consecuencia, para poder acudir al juicio de amparo, se debe demostrar lo siguiente:********************A. Tratándose del interés jurídico: La existencia del acto de autoridad y que el mismo produjo una afectación a los derechos subjetivos del impetrante, los cuales están protegidos por alguna norma legal; y,********************B. Tratándose del interés legítimo: La existencia de una norma constitucional en la que se establezca o tutele algún interés difuso en beneficio de una colectividad determinada; que el acto reclamado transgreda ese interés difuso, ya sea de manera individual o colectiva; y, que el promovente pertenece a esa colectividad.****************************************Para respaldar esta postura, se estima traer a colación la tesis 2a. LXXX/2013 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XXIV, septiembre de dos mil trece, Tomo 3, página 1854, registro 2004501, que dice: ********************"INTERÉS LEGÍTIMO E INTERÉS JURÍDICO. SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS COMO REQUISITOS PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.- El citado precepto establece que el juicio de amparo indirecto se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, "teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo", con lo que atribuye consecuencias de derecho, desde el punto de vista de la legitimación del promovente, tanto al interés jurídico en sentido estricto, como al legítimo, pues en ambos supuestos a la persona que se ubique dentro de ellos se le otorga legitimación para instar la acción de amparo. En tal virtud, atento a la naturaleza del acto reclamado y a la de la autoridad que lo emite, el quejoso en el juicio de amparo debe acreditar fehacientemente el interés, jurídico o legítimo, que le asiste para ello y no inferirse con base en presunciones. Así, los elementos constitutivos del interés jurídico consisten en demostrar: a) la existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado; y, b) que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente. Por su parte, para probar el interés legítimo, deberá acreditarse que: a) exista una norma constitucional en la que se establezca o tutele algún interés difuso en beneficio de una colectividad determinada; b) el acto reclamado transgreda ese interés difuso, ya sea de manera individual o colectiva; y, c) el promovente pertenezca a esa colectividad. Lo anterior, porque si el interés legítimo supone una afectación jurídica al quejoso, éste debe demostrar su pertenencia al grupo que en específico sufrió o sufre el agravio que se aduce en la demanda de amparo. Sobre el particular es dable indicar que los elementos constitutivos destacados son concurrentes, por tanto, basta la ausencia de alguno de ellos para que el medio de defensa intentado sea improcedente."****************************************Por consiguiente, es evidente que en el caso, la quejosa, ahora recurrente, carece de interés jurídico o legítimo para acudir al amparo, pues conforme a lo anotado, su intención fue impugnar un acto que ha sido señalado en antecedentes, el que por disposición legal, solo compete al agente del ministerio Público.********************Para ilustrar el punto, se estima pertinente reproducir la tesis 2a. XVIII/2013 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XVIII, marzo de dos mil trece, Tomo 2, página 1736, registro 2003067:********************"INTERÉS LEGÍTIMO. ALCANCE DE ESTE CONCEPTO EN EL JUICIO DE AMPARO. La redacción de la fracción I del artículo 107 de la Constitución Federal, dispone qué debe entenderse por parte agraviada para efectos del juicio de amparo, y señala que tendrá tal carácter quien al acudir a este medio de control cumpla con las siguientes condiciones: 1) aduzca ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo; 2) alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por la propia Constitución; 3) demuestre una afectación a su esfera jurídica de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico; y, 4) tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, aduzca la titularidad de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa. Ahora, para explicar el alcance del concepto 'interés legítimo individual o colectivo', ante todo, debe señalarse que tanto el jurídico como el legítimo suponen que existe una tutela jurídica del interés en que se apoya la pretensión del promovente, a diferencia del interés simple que no cuenta con esa tutela, en tanto que la ley o acto que reclama no le causa agravio jurídico, aunque le cause alguno de diversa naturaleza como puede ser, por ejemplo, uno meramente económico. Por otra parte, debe entenderse que al referirse el precepto constitucional a la afectación de un derecho, hace alusión a un derecho subjetivo del que es titular el agraviado, lo cual se confirma con la idea de que en materia de actos de tribunales necesariamente se requiere que cuente con un derecho subjetivo, es decir, tenga interés jurídico. Sentado lo anterior, el interés legítimo no supone la existencia de un derecho subjetivo, aunque sí que la necesaria tutela jurídica corresponda a su 'especial situación frente al orden jurídico', lo que implica que esa especial situación no supone ni un derecho subjetivo ni la ausencia de tutela jurídica, sino la de alguna norma que establezca un interés difuso en beneficio de una colectividad, identificada e identificable, lo que supone la demostración de que el quejoso pertenece a ella."********************Bajo esa tesitura, es incuestionable que en la especie se actualiza la causal de improcedencia prevista en artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo en vigor, conforme, a la tesis aislada en materias común-penal, I.6o.P.134 P, sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, publicada en la página 1131 del libro 61, diciembre de 2018, tomo II, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 2018753, de rubro y texto:********************"PROCEDIMIENTO ABREVIADO. LA FACULTAD PARA SOLICITAR SU APERTURA Y LA REDUCCIÓN DE LA PENA ES EXCLUSIVA DEL MINISTERIO PÚBLICO, POR LO QUE SI ÉSTE RECHAZÓ LA SOLICITUD DEL IMPUTADO DE REDUCIR AÚN MÁS LA PENA MÍNIMA PROPUESTA EN ESTA FORMA DE TERMINACIÓN ANTICIPADA, CONTRA ESA NEGATIVA ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. De conformidad con el andamiaje constitucional y procesal que rige en el sistema penal acusatorio, la solicitud de apertura del procedimiento abreviado y la reducción de la pena mínima en términos del artículo 202 del Código Nacional de Procedimientos Penales, es una facultad exclusiva del Ministerio Público, tan es así que el artículo 206, párrafo segundo, establece que no podrá imponerse una pena distinta o de mayor alcance a la que fue solicitada por la Representación Social y aceptada por el imputado; de ahí que no existe a favor de éste el derecho de intervenir en la disminución de la pena. Por tanto, si la autoridad ministerial (fiscal de litigación de la Subprocuraduría de Procesos de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México) rechaza la solicitud de aquél de reducir aún más la pena mínima propuesta en esta forma de terminación anticipada, contra esa negativa es improcedente el juicio de amparo indirecto, al actualizarse la causa prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 5o., fracción I, de la propia ley, relativa a la falta de interés jurídico, ya que el acto reclamado no causa una afectación real y actual en la esfera jurídica del gobernado, pues sólo evidencia que las partes no han llegado a un acuerdo y que no existe conciliación, al no aceptar el imputado la pena aprobada para la terminación anticipada del proceso y, ante la falta de arreglo posible, el juicio debe continuar conforme a las disposiciones previstas para el procedimiento ordinario."****************************************En las narradas condiciones al actualizarse la causa de improcedencia prevista en la fracción XII, del artículo 61, en relación con los numerales 5, fracción I, y 6°, todos de la Ley de Amparo, lo procedente es desechar de plano la demanda de garantías promovida por ********************, con apoyo en el artículo 113, del propio ordenamiento legal.********************Ténganse por autorizados a ********************y ********************, para oír y recibir notificaciones, en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo; y, como domicilio para tales efectos, el ubicado en calle ********************, número ******************** (********************), Colonia ********************, en esta ciudad.

  3. Principal

    SE PUBLICA CON EFECTO DE NOTIFICACION PARA LA PARTE QUEJOSA EL AUTO DE VEINTIDÓS DE ABRIL DE DOS MIL DIECINUEVE: Visto; la demanda de amparo promovida por ********************, contra actos del Fiscal General de Justicia del Estado de Zacatecas y la Fiscal adscrita a la Unidad Especializada Para la Investigación del Delito de Feminicidio en el Estado de Zacatecas, por considerar que se conculcan las garantías consagradas en los artículos 1, 4, 8, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se acuerda:********************Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Libro de Gobierno de este juzgado bajo el número ******************** y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE).********************La quejosa en su demanda de amparo señala como acto reclamado:********************".La negativa por parte de las Autoridades responsables, que lo son la Licenciada Ana Laura Rivera Vallejo, en su calidad de Fiscal adscrita a la unidad especializada para la Investigación del Delito de Feminicidio en el Estado de Zacatecas, y el Dr. Francisco Murillo Ruiseco, en su carácter de Fiscal General de Justicia en el Estado de Zacatecas, esto por "negarse" a realizar el procedimiento abreviado conforme a los parámetros que establece el artículo 202 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que en cuanto al presente asunto cita lo siguiente:********************".En cualquier caso, el Ministerio Público podrá solicitar la reducción de hasta un tercio de la mínima en los delitos dolosos y hasta en una mitad de la mínima en el caso de delitos culposos, de la pena de prisión."****************************************Esto por oponerse las Autoridades aquí responsables, a nuestros intereses como sujetos procesales dentro de la Causa Penal 28/2018, radicada ante el Juzgado de Control y Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial de Jerez de García Salinas, Zacatecas, por el Delito de Feminicidio, en perjuicio de ********************, quien en vida fuera mi Madre y que se instruye en contra de mi Padre ********************(imputado), actos que resultan lesivos a nuestros intereses como sujetos procesales en dicha causa penal, en nuestro carácter de ofendidos y victimas indirectas que somos las Suscrita y mis hermanos ********************, ********************, y ********************, toda vez que tales actos por parte de las Autoridades Responsables a pesar de que son actos de molestia a nuestra integridad como personas, violentan gravemente en nuestro perjuicio los derechos que nos asisten en los numerales 1, 4, 8, 14, 16, 17, 20, apartado "A", fracción VII, y apartado "C" fracción II y fracción V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda vez que como ya lo mencione retrolineas, nuestra única pretensión es que se le condene a nuestro Padre bajo los estándares que establece el artículo 202 del Código Nacional de Procedimientos Penales sobre un tercio de la mínima, que serían trece años cuatro meses de prisión ordinara, petición que se ha hecho varias ocasiones a las Autoridades Responsables y estas se han negado rotundamente a conceder el Procedimiento Abreviado en los términos solicitados por la Suscrita y mis hermanos, así como del propio imputado; ."****************************************Respecto de dicho acto, se trae a colación lo dispuesto por los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, que dicen:********************"Artículo 112. Dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue presentada, o en su caso turnada, el órgano jurisdiccional deberá resolver si desecha, previene o admite.****************************************En el supuesto de los artículos 15 y 20 de esta Ley deberá proveerse de inmediato. ****************************************"Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano."****************************************De dichos artículos se desprende que es procedente desechar la demanda de amparo, cuando se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es.********************En esos términos, para los efectos del desechamiento de la demanda, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos anexos. Además, se tiene la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia que se advierta es operante en el caso concreto, de tal modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran aportar las partes.********************De esta manera, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al contenido del escrito de demanda, escritos aclaratorios y anexos que se acompañen, y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o en virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que aun en el caso de que se llegara a admitir la demanda, el informe justificado que rinda la autoridad responsable, los alegatos y las pruebas que ésta y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean indispensables para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido.********************Por tanto, para que un motivo de improcedencia sea manifiesto e indudable, es necesario que de manera clara y patente así se advierta del escrito de demanda, al grado de que se tenga la certeza y plena seguridad de su existencia, a pesar de las pruebas que posteriormente se aportaren, es decir, si se tiene duda de su operancia, no debe ser desechada la demanda pues, de lo contrario, se privaría al quejoso de su derecho a instar el juicio de garantías contra un acto que pudiera causarle perjuicio.********************En el caso en concreto, es procedente desechar de plano la demanda de garantías, sin suspender el acto reclamado; hipótesis que se surte en el caso en estudio, toda vez que con relación al acto reclamado que se hace consistir en la integración de la carpeta de investigación, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XII, del artículo 61, en relación con los numerales 5°, fracción I y 6°, todos de la Ley de Amparo, correlacionados con el artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; preceptos que establecen:********************De la Ley de Amparo: ********************"Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:********************(.).********************XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5 de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia;********************(.)".****************************************"Artículo 5°. Son partes en el juicio de amparo: ****************************************"I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1º. de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico.****************************************El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo.****************************************El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades.****************************************Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa;****************************************La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley.********************(.)"****************************************"Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley.********************(.)".****************************************De la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: ****************************************"Art. 107.- Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes:****************************************I.- El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico.****************************************Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa;."****************************************En el caso, como antes quedó transcrito y se advierte del escrito de demanda, la quejosa hace consistir el acto reclamado en la negativa por parte de las autoridades responsables de realizar el procedimiento abreviado conforme al artículo 202 del código Nacional de Procedimientos Penales, en la causa penal 28/2018, radicada en el Juzgado de Control del Distrito Judicial de Jerez, Zacatecas, contra el padre de la aquí quejosa de nombre ********************(Imputado), por el ilícito de feminicidio y lo que pretende es que se condene a su padre bajo los estándares que establece el artículo 202 del Código Nacional de Procedimientos Penales. ********************Informa la quejosa que en dicha causa penal, ella y sus hermanos tienen el carácter de ofendidos por el feminicidio de su madre, hecho imputado a su padre.********************Ahora, el artículo 202 del Código Nacional de Procedimientos Penales invocado por la quejosa, para dolerse de la negativa por parte de las autoridades responsables a realizar el procedimiento abreviado en la causa penal 28/2018, radicado ante el Juzgado de Control del Distrito Judicial de Jerez, Zacatecas, en el que tiene el carácter de imputado su padre establece:********************"Artículo 202. Oportunidad****************************************"El Ministerio Público podrá solicitar la apertura del procedimiento abreviado después de que se dicte el auto de vinculación a proceso y hasta antes de la emisión del auto de apertura a juicio oral.****************************************A la audiencia se deberá citar a todas las partes. La incomparecencia de la víctima u ofendido debidamente citados no impedirá que el Juez de control se pronuncie al respecto.****************************************Cuando el acusado no haya sido condenado previamente por delito doloso y el delito por el cual se lleva a cabo el procedimiento abreviado es sancionado con pena de prisión cuya media aritmética no exceda de cinco años, incluidas sus calificativas atenuantes o agravantes, el Ministerio Público podrá solicitar la reducción de hasta una mitad de la pena mínima en los casos de delitos dolosos y hasta dos terceras partes de la pena mínima en el caso de delitos culposos, de la pena de prisión que le correspondiere al delito por el cual acusa.****************************************En cualquier caso, el Ministerio Público podrá solicitar la reducción de hasta un tercio de la mínima en los casos de delitos dolosos y hasta en una mitad de la mínima en el caso de delitos culposos, de la pena de prisión. Si al momento de esta solicitud, ya existiere acusación formulada por escrito, el Ministerio Público podrá modificarla oralmente en la audiencia donde se resuelva sobre el procedimiento abreviado y en su caso solicitar la reducción de las penas, para el efecto de permitir la tramitación del caso conforme a las reglas previstas en el presente Capítulo.****************************************El Ministerio Público al solicitar la pena en los términos previstos en el presente artículo, deberá observar el Acuerdo que al efecto emita el Procurador."****************************************Conforme a dicho dispositivo, la solicitud de apertura ante el juez que conozca de la causa penal, es facultad exclusiva del Ministerio Público, en tanto que la quejosa dice ser parte ofendida y víctima indirecta en la causa penal 28/2018, e la cual conoce el Juez de Control del Distrito Judicial de Jerez, Zacatecas, en la que su padre ********************es el imputado; y, conforme a ello se pone de manifiesto que el interés jurídico o legítimo es uno de los presupuestos para promover el juicio de amparo, en razón de que éste tiene como finalidad proteger al promovente de algún perjuicio que pueda resentir en su persona, patrimonio o derechos como consecuencia de la ejecución del o de los actos que estima ilegales, entendiéndose por perjuicio la ofensa que se hace a los derechos e intereses de los que es titular.********************Esto es, el interés jurídico necesario para la procedencia del juicio de derechos fundamentales, implica la existencia de dos presupuestos, a saber:********************a) La titularidad de un derecho subjetivo, y, ********************b) Que ese derecho subjetivo sea desconocido o conculcado por un acto de autoridad. ****************************************Consecuentemente, por interés se debe entender, la aspiración legítima de orden pecuniario, moral o, en algunos casos jurídico, que representa para una persona la satisfacción o la realización de una determinada conducta y la relación entre las necesidades de una persona o de un grupo de personas de las cualidades de un bien o con las consecuencias que se deriven de la existencia de una cierta situación o de una determinada conducta, en cuanto pueden ser aptas para satisfacer aquellas necesidades.********************El interés jurídico existe cuando una norma jurídica específica (constitucional, legal o contractual), confiere un derecho determinado a un individuo, quien además, por esa misma norma tiene la protección, frente a cualquier persona o autoridad, del derecho conferido.********************Así, el interés jurídico consiste en la titularidad del derecho que se estima violado por el acto de autoridad. Empero, en la actualidad, de acuerdo con la reforma constitucional publicada el seis de junio de dos mil once, el interés legítimo no impone la obligación de contar con un derecho subjetivo tutelado para hacer procedente la instancia constitucional. No obstante, dicho interés debe reunir ciertas características relacionadas con el interés cualificado y específico que incide en la esfera jurídica del gobernado, de ahí que debe producirle un perjuicio o privarlo de un beneficio.********************Así, en el caso a estudio, se estima que el acto reclamado consistente en la negativa por parte de las responsables de instaurar el procedimiento abreviado en la causa penal 28/2018, que se instruye en contra de ********************, padre de la aquí quejosa, ante el Juez de Control del Distrito Judicial de Jerez, Zacatecas, no afecta su interés legítimo, pues para demostrarlo se requiere que el acto reclamado lesione la esfera jurídica del gobernado, lo que en la especie por lo que se refiere a la quejosa no acontece, ya que a quien podría perjudicar es a su padre y además la solicitud del procedimiento abreviado como se ha expuesto, conforme al artículo 202 del Código Nacional de Procedimientos Penales, es facultad exclusiva del agente del Ministerio Público, quien además conforme al artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es a dicha institución la investigación de hechos posiblemente constitutivos de delitos, por ende, el acto que reclama la quejosa no vulnera en su perjuicio sus derechos, pues la circunstancia de que sea el agente del Ministerio Público investigador quien pueda o no solicitar el procedimiento abreviado, no le depara perjuicio alguno; porque entre las prerrogativas que le asisten como ofendida no se encuentra la facultad de convenir con la autoridad ministerial tal procedimiento.********************Ciertamente, si se interpreta en sentido contrario el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo (transcrito en párrafos anteriores y que aquí se da por reproducido en obvio de repeticiones innecesarias), fácilmente puede advertirse que sólo puede acudir al juicio de amparo, aquélla persona que tenga interés jurídico o legítimo en el acto que reclame.********************Lo anterior significa que para esos efectos, se requiere, en primer lugar, la existencia de un acto de autoridad o una ley y que se produzca una afectación a algún derecho subjetivo de la parte quejosa, protegido por una norma o convención internacional, trascendiendo a su esfera jurídica.********************Lo anterior se corrobora con el contenido de los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 5, fracción I y 6 de la Ley de Amparo, estos últimos ya transcritos, pues en ellos se previene que el ejercicio de la acción de amparo está reservado para la parte a quien perjudique el acto o la ley que se reclame.********************Cabe apuntar que, el más alto tribunal del país ha establecido que por perjuicio, se entiende la afectación que produzca por la actuación de una autoridad o por la ley, a un derecho legítimamente tutelado, y cuyo desconocimiento o violación, otorga al afectado la facultad para acudir ante el órgano jurisdiccional competente, a fin de que ese derecho le sea reconocido o no sea violado, lo cual constituye el interés jurídico que la Ley de Amparo prevé para la procedencia del juicio constitucional.********************Dicho en otras palabras, el juicio de amparo tiene como finalidad salvaguardar el goce de los derechos fundamentales establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales suscritos por el Estado Mexicano, en aquellos casos en que la violación atribuida a la autoridad responsable, tenga efectos materiales y que se traducen en un perjuicio real al solicitante del amparo, es decir, cuando alguna autoridad emite un acto que el gobernado estime violatorio de tales derechos y, lo impugne a través del medio de defensa instituido para atacar tales violaciones, como lo es el juicio de amparo, deberá observar las reglas que para su procedencia establece la ley respectiva.****************************************Incluso, el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia la Nación determinó que la interpretación del concepto de interés jurídico no ha sufrido una gran variación, y sólo ha cambiado el entendimiento de la situación en la cual puede hablarse de la existencia de un derecho "objetivo" conferido por las normas del ordenamiento jurídico, en contraposición a una situación de la que simplemente los individuos derivan lo que se denomina como "un beneficio" o una ventaja "fáctica" o "material".****************************************Lo anterior se encuentra contenido en la tesis P. XIV/2011, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXXIV, agosto de dos mil once, página 34, con registro 161286, que dice:********************"INTERÉS JURÍDICO PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO. SU INTERPRETACIÓN POR LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN NO HA SUFRIDO UNA GRAN VARIACIÓN, SINO QUE HA HABIDO CAMBIOS EN EL ENTENDIMIENTO DE LA SITUACIÓN EN LA CUAL PUEDE HABLARSE DE LA EXISTENCIA DE UN DERECHO "OBJETIVO" CONFERIDO POR EL ORDENAMIENTO JURÍDICO.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene un amplio abanico de pronunciamientos históricos sobre el concepto de "interés jurídico" para efectos de la procedencia del juicio de amparo, muchos de los cuales provienen de la Quinta Época del Semanario Judicial de la Federación, pero con posterioridad el tema ha sido abordado por la jurisprudencia del Alto Tribunal. Contra lo que podría pensarse, el entendimiento del concepto de interés jurídico no ha sufrido una gran variación en su interpretación. Lo que ciertamente ha cambiado es lo que se entiende que está detrás de los conceptos jurídicos a los que hacen referencia las tesis sobre interés jurídico y, en particular, el entendimiento de la situación en la cual puede hablarse de la existencia de un derecho "objetivo" conferido por las normas del ordenamiento jurídico, en contraposición a una situación de la que simplemente los individuos derivan lo que se denomina como "un beneficio" o una ventaja "fáctica" o "material".********************En consecuencia, para poder acudir al juicio de amparo, se debe demostrar lo siguiente:********************A. Tratándose del interés jurídico: La existencia del acto de autoridad y que el mismo produjo una afectación a los derechos subjetivos del impetrante, los cuales están protegidos por alguna norma legal; y,********************B. Tratándose del interés legítimo: La existencia de una norma constitucional en la que se establezca o tutele algún interés difuso en beneficio de una colectividad determinada; que el acto reclamado transgreda ese interés difuso, ya sea de manera individual o colectiva; y, que el promovente pertenece a esa colectividad.****************************************Para respaldar esta postura, se estima traer a colación la tesis 2a. LXXX/2013 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XXIV, septiembre de dos mil trece, Tomo 3, página 1854, registro 2004501, que dice: ********************"INTERÉS LEGÍTIMO E INTERÉS JURÍDICO. SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS COMO REQUISITOS PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.- El citado precepto establece que el juicio de amparo indirecto se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, "teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo", con lo que atribuye consecuencias de derecho, desde el punto de vista de la legitimación del promovente, tanto al interés jurídico en sentido estricto, como al legítimo, pues en ambos supuestos a la persona que se ubique dentro de ellos se le otorga legitimación para instar la acción de amparo. En tal virtud, atento a la naturaleza del acto reclamado y a la de la autoridad que lo emite, el quejoso en el juicio de amparo debe acreditar fehacientemente el interés, jurídico o legítimo, que le asiste para ello y no inferirse con base en presunciones. Así, los elementos constitutivos del interés jurídico consisten en demostrar: a) la existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado; y, b) que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente. Por su parte, para probar el interés legítimo, deberá acreditarse que: a) exista una norma constitucional en la que se establezca o tutele algún interés difuso en beneficio de una colectividad determinada; b) el acto reclamado transgreda ese interés difuso, ya sea de manera individual o colectiva; y, c) el promovente pertenezca a esa colectividad. Lo anterior, porque si el interés legítimo supone una afectación jurídica al quejoso, éste debe demostrar su pertenencia al grupo que en específico sufrió o sufre el agravio que se aduce en la demanda de amparo. Sobre el particular es dable indicar que los elementos constitutivos destacados son concurrentes, por tanto, basta la ausencia de alguno de ellos para que el medio de defensa intentado sea improcedente."****************************************Por consiguiente, es evidente que en el caso, la quejosa, ahora recurrente, carece de interés jurídico o legítimo para acudir al amparo, pues conforme a lo anotado, su intención fue impugnar un acto que ha sido señalado en antecedentes, el que por disposición legal, solo compete al agente del ministerio Público.********************Para ilustrar el punto, se estima pertinente reproducir la tesis 2a. XVIII/2013 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XVIII, marzo de dos mil trece, Tomo 2, página 1736, registro 2003067:********************"INTERÉS LEGÍTIMO. ALCANCE DE ESTE CONCEPTO EN EL JUICIO DE AMPARO. La redacción de la fracción I del artículo 107 de la Constitución Federal, dispone qué debe entenderse por parte agraviada para efectos del juicio de amparo, y señala que tendrá tal carácter quien al acudir a este medio de control cumpla con las siguientes condiciones: 1) aduzca ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo; 2) alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por la propia Constitución; 3) demuestre una afectación a su esfera jurídica de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico; y, 4) tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, aduzca la titularidad de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa. Ahora, para explicar el alcance del concepto 'interés legítimo individual o colectivo', ante todo, debe señalarse que tanto el jurídico como el legítimo suponen que existe una tutela jurídica del interés en que se apoya la pretensión del promovente, a diferencia del interés simple que no cuenta con esa tutela, en tanto que la ley o acto que reclama no le causa agravio jurídico, aunque le cause alguno de diversa naturaleza como puede ser, por ejemplo, uno meramente económico. Por otra parte, debe entenderse que al referirse el precepto constitucional a la afectación de un derecho, hace alusión a un derecho subjetivo del que es titular el agraviado, lo cual se confirma con la idea de que en materia de actos de tribunales necesariamente se requiere que cuente con un derecho subjetivo, es decir, tenga interés jurídico. Sentado lo anterior, el interés legítimo no supone la existencia de un derecho subjetivo, aunque sí que la necesaria tutela jurídica corresponda a su 'especial situación frente al orden jurídico', lo que implica que esa especial situación no supone ni un derecho subjetivo ni la ausencia de tutela jurídica, sino la de alguna norma que establezca un interés difuso en beneficio de una colectividad, identificada e identificable, lo que supone la demostración de que el quejoso pertenece a ella."********************Bajo esa tesitura, es incuestionable que en la especie se actualiza la causal de improcedencia prevista en artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo en vigor, conforme, a la tesis aislada en materias común-penal, I.6o.P.134 P, sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, publicada en la página 1131 del libro 61, diciembre de 2018, tomo II, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 2018753, de rubro y texto:********************"PROCEDIMIENTO ABREVIADO. LA FACULTAD PARA SOLICITAR SU APERTURA Y LA REDUCCIÓN DE LA PENA ES EXCLUSIVA DEL MINISTERIO PÚBLICO, POR LO QUE SI ÉSTE RECHAZÓ LA SOLICITUD DEL IMPUTADO DE REDUCIR AÚN MÁS LA PENA MÍNIMA PROPUESTA EN ESTA FORMA DE TERMINACIÓN ANTICIPADA, CONTRA ESA NEGATIVA ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. De conformidad con el andamiaje constitucional y procesal que rige en el sistema penal acusatorio, la solicitud de apertura del procedimiento abreviado y la reducción de la pena mínima en términos del artículo 202 del Código Nacional de Procedimientos Penales, es una facultad exclusiva del Ministerio Público, tan es así que el artículo 206, párrafo segundo, establece que no podrá imponerse una pena distinta o de mayor alcance a la que fue solicitada por la Representación Social y aceptada por el imputado; de ahí que no existe a favor de éste el derecho de intervenir en la disminución de la pena. Por tanto, si la autoridad ministerial (fiscal de litigación de la Subprocuraduría de Procesos de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México) rechaza la solicitud de aquél de reducir aún más la pena mínima propuesta en esta forma de terminación anticipada, contra esa negativa es improcedente el juicio de amparo indirecto, al actualizarse la causa prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 5o., fracción I, de la propia ley, relativa a la falta de interés jurídico, ya que el acto reclamado no causa una afectación real y actual en la esfera jurídica del gobernado, pues sólo evidencia que las partes no han llegado a un acuerdo y que no existe conciliación, al no aceptar el imputado la pena aprobada para la terminación anticipada del proceso y, ante la falta de arreglo posible, el juicio debe continuar conforme a las disposiciones previstas para el procedimiento ordinario."****************************************En las narradas condiciones al actualizarse la causa de improcedencia prevista en la fracción XII, del artículo 61, en relación con los numerales 5, fracción I, y 6°, todos de la Ley de Amparo, lo procedente es desechar de plano la demanda de garantías promovida por ********************, con apoyo en el artículo 113, del propio ordenamiento legal.********************Ténganse por autorizados a ********************y ********************, para oír y recibir notificaciones, en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo; y, como domicilio para tales efectos, el ubicado en calle ********************, número ******************** (********************), Colonia ********************, en esta ciudad.

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