Maria Guadalupe Loya Alcala
Expediente 595/2017 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán. 10 actuaciones registradas, la última del 17 de mayo de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 595/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 17/05/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Maria Guadalupe Loya Alcala
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Incidental
I. URUAPAN, MICHOACÁN, A DIECISIETE DE MAYO DE DOS MIL DIECIOCHO. Visto el contenido de la cuenta secretarial, se acuerda lo siguiente: En acuerdo de esta fecha, dictado en el juicio principal del que deriva el presente incidente de suspensión, se ordenó el archivo del expediente como asunto concluido, como se advierte de la cuenta secretarial. Por tanto, de conformidad con el punto vigésimo, fracción III, del capítulo quinto del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, en su momento, y una vez transcurridos más de seis meses, contados a partir de la notificación de la presente determinación, destrúyase el duplicado de los cuadernillos del incidente en que se actúa. Asimismo, de conformidad con el punto vigésimo primero, fracción III, primer párrafo, del citado capítulo, acuerdo y Manual Para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, "Diciembre 2012" se estima que el original del presente incidente es susceptible de destrucción, una vez transcurridos más de cinco años, contados a partir de la notificación del presente proveído, toda vez que se negó la suspensión provisional y definitiva de los actos reclamados. NOTIFÍQUESE...
- Principal
I. URUAPAN, MICHOACÁN, A DIECISIETE DE MAYO DE DOS MIL DIECIOCHO. Del estado procesal de autos se advierte que, el plazo a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, ha transcurrido, sin que la parte legitimada hubiese recurrido la resolución dictada el ocho de marzo de dos mil dieciocho, en el presente juicio de garantías, tal como se advierte del inciso a) de la cuenta secretarial. Consecuentemente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2º de la invocada legislación, en relación con el 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que dicha resolución, de la que existió oposición por la parte quejosa para la publicación de sus datos personales al no haber realizado manifestación alguna sobre el requerimiento que le fue formulado en el auto de dieciocho de diciembre de dos mil diecisiete, en el sentido de si se encontraba de acuerdo en que se publicaran sus datos personales y que negó el amparo y protección de la Justicia Federal, HA QUEDADO FIRME; sin que en el caso, por su naturaleza, amerite actos de ejecución; lo anterior, para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, una vez notificado este acuerdo, sin necesidad de nuevo proveído, archívense las actuaciones como asunto concluido, acuérdese lo conducente en el incidente de suspensión respectivo. De conformidad con el punto cuarto del capítulo segundo, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito y acorde con el punto vigésimo primero, fracción IV, del capítulo quinto del mencionado acuerdo y Manual Para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, "Diciembre 2012", se estima que el expediente en que se actúa, es de aquellos susceptibles de depuración, transcurridos cinco años contados a partir de la notificación de la presente determinación, lo que significa que únicamente se conservará la demanda y sentencia respectiva, destruyéndose el resto del expediente, pues no se considera de relevancia documental que amerite su conservación. NOTIFÍQUESE; y por oficio a las autoridades responsables...
- Principal
I. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo, además, en los artículos 73, 74, 75, 76, 124 y 219, de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: PRIMERO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a la quejosa Sucesión Testamentaria a bienes de Rosa María Alcalá Vázquez, por conducto de su albacea María Guadalupe Loya Alcalá, contra el acto y autoridad precisados en el resultando primero y de conformidad con las razones expuestas en el considerando cuarto de esta sentencia. SEGUNDO. En términos del último considerando de la presente resolución, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial. Notifíquese; personalmente a las partes y por oficio a las autoridades responsables. Así lo resolvió y firma, el Juez Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán, Rubén Olvera Arreola, hasta hoy ocho de marzo de dos mil dieciocho, en que lo permitieron las labores de este juzgado, quien actúa asistido de Julieta Franco Luna, secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
I. En veintidós de enero de dos mil dieciocho, el Secretario da cuenta al Juez, con el estado de autos que guarda el presente juicio, asimismo con la circunstancia de que se encuentra fijado el día de hoy para la celebración de la audiencia constitucional. Conste. URUAPAN, MICHOACÁN, A VEINTIDÓS DE ENERO DE DOS MIL DIECIOCHO. Del estado que guardan los autos se advierte que de la fecha en que se dio vista a las partes con el informe justificado rendido por el Juez Primero Menor Mixto de esta ciudad, (doce de enero) a la actual, fijada para la celebración de la audiencia constitucional, no ha transcurrido el plazo que refiere el artículo 117 de la Ley de Amparo, que establece que las autoridades responsables deberán rendir su informe justificado con la anticipación que permita su conocimiento por las partes, de al menos ocho días antes de la celebración de la audiencia de ley, para que estén en oportunidad de ofrecer las pruebas que a su juicio estimen pertinentes. Para dar margen a lo anterior, la audiencia constitucional fijada para el día de hoy, se difiere y se fijan las DOCE HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL VEINTIUNO DE FEBRERO DE DOS MIL DIECIOCHO, para su celebración. Apoya lo expuesto, la tesis de jurisprudencia número P. J. 54/2000, aprobada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión privada celebrada el veintiocho de marzo de dos mil, visible en la página 5, Tomo XI, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a abril de dos mil, del rubro: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. DEBE, EN PRINCIPIO, DIFERIRSE DE OFICIO CUANDO LOS INFORMES JUSTIFICADOS NO SE RINDAN CON OCHO DÍAS DE ANTICIPACIÓN A LA PRIMERA FECHA SEÑALADA PARA SU CELEBRACIÓN, SI EL QUEJOSO O EL TERCERO PERJUDICADO NO TIENEN CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO."
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