Maria Guadalupe Jiménez Morales

Expediente 171/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán. 5 actuaciones registradas, la última del 13 de junio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
171/2022
Año
2022
Actuaciones
5
Última actuación
13/06/2022

Partes del expediente

  • Maria Guadalupe Jiménez Morales

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Uruapan, Michoacán de Ocampo, trece de junio de dos mil veintidós. CAUSA ESTADO. Visto el estado que guardan los autos y la certificación de cuenta, de los que se desprende que la parte quejosa, no interpuso recurso de revisión contra el proveído que decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que el mismo ha causado estado, para los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. ARCHIVO. En consecuencia, una vez hechas las notificaciones respectivas, archívese el asunto como definitivamente concluido. VALOR DOCUMENTAL. Por lo anterior, y teniendo en cuenta que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente asunto, de conformidad con lo supuesto por el artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, este expediente es susceptible de ser destruido. Así, una vez que transcurra el plazo de tres años indicado en el Acuerdo de referencia, sin necesidad de ulterior proveído y siguiendo las directrices ahí detalladas, destrúyase el presente expediente y remítase el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General del Archivo y Documentación, para que en el ejercicio de sus funciones proceda como corresponda. En la inteligencia de que el expediente en que se actúa, NO SE CONSIDERA DE RELEVANCIA DOCUMENTAL, al no ubicarse en ninguno de los supuestos que señala el artículo 15 del propio Acuerdo General. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    Uruapan, Michoacán de Ocampo, veinticuatro de mayo de dos mil veintidós. SE AGREGA OFICIO. Agréguese a sus autos el oficio signado por la Presidenta de la Junta Especial Siete de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán de Ocampo, con sede en esta Ciudad, mediante el cual remite copia certificada del proveído de veinticinco de abril del año en curso, así como las notificaciones personales practicadas a las partes dentro del juicio ordinario J-VII-879/2019, de su estadística. PRUEBAS. De conformidad con lo dispuesto en el numeral 119 de la Ley de Amparo, téngase como pruebas de la citada autoridad responsable, las documentales que remite, mismas que se admiten y desahogan por su propia y especial naturaleza. ESTADO DE AUTOS. Del estado que guardan los presentes autos, particularmente del informe justificado rendido por la Junta Especial Siete de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán de Ocampo, con sede en esta Ciudad (Presidente, Representante Obrero y Representante Patronal), así como de las constancias que adjuntó en sustento de su información, se advierte la manifestación realizada en el sentido de que sí es cierto el acto reclamado; asimismo, de las citadas documentales se obtiene que en la especie se ha actualizado una causal de improcedencia del juicio. En efecto, de la literalidad del escrito de la demanda de garantías se obtiene, que la quejosa María Guadalupe Jiménez Morales, por conducto de sus apoderados jurídicos Adrián Mizraim García Paramo y Edwin Hernández Torres, textualmente reclama lo siguiente: "ACTO (S) RECLAMADO (S): DE LA JUNTA ESPECIAL NUMERO SIETE DE LA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE EN EL ESTADO SE RECLAMAN, dentro del juicio ordinario laboral registrado con el numero J-VII-879/2019 y que consiste en la omisión de la junta, de ajustar su actuar en los términos legales establecidos por la Ley Federal del Trabajo, dilatando el procedimiento en todas sus esferas desde la omisión de dictar un acuerdo respectivo a efectos de reconocer la personería que ostentamos y señalar nueva fecha de audiencia de conciliación, demanda y excepciones, y el excesivo tiempo entre una audiencia y otra, ordenar emplazar al demandado, así como de señalar fecha para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones.". Sin embargo, la autoridad responsable Junta Especial Siete de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán de Ocampo, con sede en esta Ciudad (Presidente, Representante Obrero y Representante Patronal), al rendir su informe de ley, exhibió copias certificadas del Juicio ordinario J-VII-879/2019, de su índice, de las que se advierte específicamente, que dictó los autos de seis de marzo de dos mil veinte y veinticinco de abril pasado, en los términos siguientes: "---En la ciudad de Uruapan, Michoacán, a 06 seis de marzo del año 2020 dos mil veinte----------------------------------------------------------------------------------------------- ---Se da cuenta con un escrito presentado en la oficialía de partes de esta Tribunal Laboral el día 15 quince de enero del 2020 dos mil veinte signado por los Licenciados ADRIÁN MIZRAIM GARCÍA PARAMO Y EDWIN HERNÁNDEZ TORRES quienes se ostentan apoderados de la parte actora, por lo que en atención a su contenido:--------------------------------------------------------------------------- ---LA JUNTA ACUERDA: I.- Se reconoce la personería de los licenciados ADRIÁN MIZRAIM GARCÍA PARAMO Y EDWIN HERNÁNDEZ TORRES en cuanto apoderados jurídicos de la parte actora ello en base a la carta poder simple que anexan y a los números de registro 229 y 3080 del sistema de registro público de cedulas profesionales y cartas de pasante que se lleva ante esta autoridad laboral ello de conformidad con el artículo 692 de la Ley Federal del Trabajo.". "--------URUAPAN, MICHOACÁN, 25 VEINTICINCO DE ABRIL DEL AÑO 2022 DOS MIL VEINTIDÓS.----------------------------------------------------------------------------- ---------Visto el estado procesal que guardan los autos del presente expediente en que se actúa, cuyo número y partes al rubro se indican, y en atención a ello:-- (.) ---II.- Vista la certificación que antecede se señalan las 10:30 diez horas con treinta MINUTOS DEL DÍA 12 DOCE DE AGOSTO DEL AÑO 2022, DOS MIL VEINTIDÓS para el desahogo de la audiencia prevista por el artículo 873 de la Ley Federal del Trabajo, en sus etapas de CONCILIACIÓN, DEMANDA Y EXCEPCIONES, CON EL APERCIBIMIENTO legal para las partes de que en caso de no comparecer a la audiencia señalada, se les tendrá por inconformes con todo arreglo conciliatorio; a la actora por ratificado su escrito inicial de reclamación; a la demandada por contestada en sentido afirmativo la demanda, salvo prueba en contrario; se exhorta a la demandada para que presente su contestación por escrito; III.- en relación a la lejanía de la fecha señalada para la celebración de la audiencia precitada, tal cuestión obedece al excesivo ingreso de asuntos a este órgano jurisdiccional, así como la desmedida carga de trabajo en aquellos que ya se encuentran en trámite ante este Tribunal, y quien resulta en desproporción a los recursos materiales y humanos con que se cuentan para atender la enorme demanda de juicios laborales, lo que se traduce en un rezago que impide actuar de manera expedida dentro de los términos previamente establecidos por la ley, no por negligencia, dolo o mala fe, sino por la naturaleza de la situación citada con anterioridad. Lo anterior se encuentra apoyo en los diversos criterios emitidos por el Pleno de nuestro máximo Tribunal de Justicia, localizable en la Octava Época, publicada en la Gaceta del Seminario Judicial de la Federación, del mes de Septiembre de 1992, tomo 57, página 18, cuyo rubro dicta lo siguiente: "TÉRMINOS PROCESALES PARA DETERMINAR SI UN FUNCIONARIO JUDICIAL AUTO INDEBIDAMENTE POR NO RESPETARLOS SE DEBE DE ATENDER AL PRESUPUESTO QUE CONSIDERO EL LEGISLADOR AL FIJARLOS Y A LAS CARACTERÍSTICAS DEL CASO"; IV.- Se REQUIERE a la parte DEMANDADA para que señale domicilio en esta ciudad capital para oír y recibir notificaciones personales, APERCIBIDA de que en caso de no hacerlo las subsecuentes aun las de carácter personal le correrán por medio de lista que se fija en los Estrados de este Tribunal Laboral, de conformidad con el artículo 739 de la Ley Federal del Trabajo.". SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA. Ante tal narrativa, se estima que en la especie se actualiza la hipótesis contenida en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, al haber cesado los efectos del acto reclamado, y por lo tanto, se SOBRESEE en este juicio fuera de audiencia. En efecto, el invocado precepto legal establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: I. XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." Cabe precisar, que la cesación de efectos significa que la autoridad que emitió el acto deja de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa al cesar su actuación, lo que implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia del presente juicio, no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos ni los surtirá, lo que se traduce en la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo. Reparación que consiste en la restitución a la parte agraviada de la garantía constitucional violada, para restablecer las cosas al estado que guardaban hasta antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo, y cuando sea de carácter negativo o implique una omisión, el de obligar a la autoridad responsable a que actúe en el sentido de respetar el derecho de que se trate y a cumplir por su parte, lo que la propia norma legal exija. Lo anterior, encuentra sustento en la tesis P.CL/97, aprobada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 71, del Semanario Judicial de la federación y su Gaceta, Novena Época, tomo VI, noviembre de mil novecientos noventa y siete, registro 197367, de rubro: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL." Asimismo, resulta aplicable al caso la jurisprudencia 2ª/J 59/1999, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL". En el caso, de la lectura íntegra de la demanda de amparo, se desprende que los actos reclamados en la presente instancia constitucional, como fue especificado, se hace consistir en la en la omisión de reconocer la personería que ostentan los promoventes del amparo, señalar nueva fecha de audiencia de conciliación, demanda y excepciones, ordenar emplazar al demandado, dentro del Juicio Ordinario J-VII-879/2019, del índice de la Junta Especial Siete de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán de Ocampo, con sede en esta Ciudad. Entonces, es evidente que la autoridad responsable, al haber emitido los acuerdos de seis de marzo de dos mil veinte y veinticinco de abril de dos mil veintidós, donde se les reconoció el carácter con el que se ostentan los promoventes, así como señalar fecha y hora para la audiencia de conciliación, demanda y excepciones y emplazar a la parte demandada, se pone de manifiesto que se destruyeron en forma total todos los efectos de tal acto de molestia; por lo que resultaría ocioso examinar la constitucionalidad de un acto que ya no surte efecto legal alguno. En tales condiciones, es inconcuso que el acto que reclama la parte quejosa y sus consecuencias legales, al quedar sin efectos, dejó de afectar su esfera jurídica; de ahí que, se actualice la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo; por ende, como fue anticipado, procede decretar el sobreseimiento en este juicio de garantías fuera de audiencia. Sobre el particular, cobra aplicación la tesis del epígrafe siguiente: Tesis: 2a./J. 10/2003 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época 184572 18 de 27 Segunda Sala Tomo XVII, Marzo de 2003 Pag. 386 Jurisprudencia(Común) SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. En consecuencia, se determina dejar sin efecto legal alguno la audiencia constitucional señalada para las DIEZ HORAS CON ONCE MINUTOS DEL VEINTICINCO DE MAYO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Lo anterior hágase del conocimiento de las partes para los efectos a que haya lugar y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Notifíquese personalmente a las partes y mediante oficio a la autoridad responsable.

  3. Principal

    Uruapan, Michoacán de Ocampo, once de mayo de dos mil veintidós. INFORME JUSTIFICADO. Agréguese a sus autos el oficio de cuenta, en atención a su contenido, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, téngase por rendido el informe justificado de la autoridad responsable Junta Especial Siete de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán de Ocampo, con sede en esta Ciudad (Presidente, Representante Obrero y Representante Patronal), con vista a las partes. CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. No se hace valer causa de improcedencia. CAUSAL DE SOBRESEIMIENTO. Sin que se haga valer alguna; sin que se estime necesario recabar constancia alguna. PRUEBAS. De conformidad con lo dispuesto en el numeral 119 de la ley de la materia, téngase como pruebas de la citada autoridad responsable las documentales que remite en copia certificada, mismas que se admiten y desahogan por su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de relacionarlas en la audiencia constitucional. Ahora, del contenido de las documentales que exhibe la autoridad responsable relativas al expediente J-VII-879/2019, de donde derivan los actos reclamados, se obtiene que no obra la constancia de notificación a la parte quejosa del proveído dictado por la misma el veinticinco de abril del año en curso. REQUERIMIENTO. Por tanto, con fundamento en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, requiérase a la citada autoridad responsable, para que dentro del término de tres días, remita copia certificada de la notificación del acuerdo de veinticinco de abril pasado, practicada a la parte quejosa, esto a fin de estar en aptitud de proveer lo conducente. APERCIBIMIENTO. Se apercibe a la autoridad que de hacer caso omiso al requerimiento en cuestión, se hará acreedora a la imposición de multa de cincuenta Unidades de Medida y Actualización, en términos de los numerales 26, Apartado B, párrafo Sexto y Séptimo, y párrafo primero de la fracción VI del apartado A del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y transitorios Segundo y Tercero del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la propia Constitución Federal, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en el Diario Oficial de la Federación vigente a partir del día siguiente en relación con los artículos 238 y 259 de la Ley de la materia en vigor. Se faculta a la autoridad remitir las documentales vía correo electrónico oficial 5jdo11cto@correo.cjf.gob.mx. NOTIFÍQUESE.

  4. Principal

    Uruapan, Michoacán de Ocampo, veintiuno de abril de dos mil veintidós. ESTADO DE AUTOS. Del estado que guardan los presentes autos, se advierte que mediante proveído de treinta de marzo de dos mil veintiuno, se previno a la quejosa María Guadalupe Jiménez Morales, por conducto de sus apoderados jurídicos Adrián Mizraim García Paramo y Edwin Hernández Torres, para que manifestara si era su deseo señalar como autoridad responsable al Auxiliar y Actuario adscritos a la Junta Especial número Siete de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán de Ocampo, con sede en esta ciudad, sin que lo haya hecho. SE HACE EFECTIVO APERCIBIMIENTO. Por tanto, hágase efectivo el apercibimiento contenido en el mencionado auto treinta de marzo pasado, y téngase únicamente como acto reclamado el señalado en el escrito inicial de demanda y como autoridad responsable a la Junta Especial número Siete de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán de Ocampo, con sede en esta ciudad (conformada por el Presidente de la Junta, Representante Obrero y Representante Patronal). ADMISIÓN. con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1°, 103, fracción I, 107, fracciones I, VII y XV, de la Constitución Federal; 1°, fracción I, 5, 35, 37, 107, 108, 112, 116 y relativos de la Ley de Amparo; se ADMITE a trámite la demanda de que se trata. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. Sin que haya lugar a tramitar el incidente de suspensión del acto reclamado, al no haber sido solicitado expresamente por la parte quejosa. AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Se señalan las DIEZ HORAS CON ONCE MINUTOS DEL VEINTICINCO DE MAYO DE DOS MIL VEINTIDÓS, para llevar a cabo la audiencia constitucional de este juicio. INFORME JUSTIFICADO. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, pídase el informe justificado a la autoridad señalada como responsable, quien deberá rendirlo por escrito dentro del término de quince días hábiles. El cual se computará a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos la notificación de este proveído, en el entendido que en dicho informe deberá exponer las razones y fundamentos que estime pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado, en la inteligencia que de no hacerlo o no acompañar copia debidamente autorizada de las constancias que avalen la existencia del acto reclamado y que soporten su emisión, completas, legibles, foliadas y ordenadas en forma secuencial, se hará acreedora a una multa equivalente a cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), conforme al cálculo que realice el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), de conformidad con los artículos 4 y 5 de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 260, fracción II y 238 de la Ley de Amparo. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 210-A, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se faculta a la autoridad responsable rendir su informe vía correo electrónico 5jdo11cto@correo.cjf.gob.mx. CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN QUE SE REMITA COMO APOYO AL INFORME JUSTIFICADO. Se hace del conocimiento de la autoridad responsable que en caso de que dentro de la información que remita como apoyo al informe justificado o sea requerida posteriormente, se envíe información que se encuentre clasificada como reservada, deberá remitir copia certificada del acta de clasificación a que se refiere el artículo 137 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, a efecto de este órgano jurisdiccional pueda constatar que el órgano competente emitió la declaratoria de clasificación correspondiente. Se apercibe a la responsable que de no remitir el acta de clasificación precisada en el párrafo anterior, la información remitida será considerada como de acceso público y con ese carácter se anexará al presente expediente. INTEGRACIÓN DEL JUICIO. De igual manera, en aras de agilizar el trámite del asunto aquí planteado, en atención al principio de expeditez de justicia y celeridad procesal, se solicita atentamente a la autoridad responsable, para que al momento de que rinda su informe justificado proporcione a éste órgano federal algún correo electrónico oficial, para garantizar a las partes el derecho fundamental a que se refiere el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Lo anterior, aunado a que mediante Acuerdo General 8/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y de medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19, se hizo incapié en que los órganos jurisdiccionales habrán de tomar todas las medidas necesarias a efecto de evitar riesgo de contagio, lo que conduce a emitir acciones orientadas a disminuir el contacto directo y personal entre las partes y los miembros de este Juzgado. DEVOLUCIÓN DE DOCUMENTOS. De ser el caso de que así lo soliciten las partes, se les anticipa que no se devolverán los documentos exhibidos y que con posterioridad alleguen las partes en original o copia certificada, en virtud de que los artículos 122 de la Ley de Amparo y 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia, establecen que los documentos pueden ser objetados por las partes, y que estos no podrán devolverse hasta en tanto no precluya el derecho de objetarlos, mientras no se haya resuelto definitivamente el punto relativo a las objeciones que se hayan formulado, o bien, mientras el juicio de amparo no haya sido resulto definitivamente. Sin embargo, se hace de su conocimiento que tienen expedito el derecho para solicitar copias certificadas de las documentales exhibidas o, en su caso, una vez que haya causado ejecutoria este asunto soliciten la devolución de los documentos mediante diversa promoción. Es aplicable la jurisprudencia de rubro: "DOCUMENTOS. SU OBJECIÓN PUEDE FORMULARSE ANTES O EN EL MOMENTO DE LA CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL". CUESTIÓN RELATIVA A EMPLAZAMIENTO DE TERCERO INTERESADO. A fin de tener certeza de integrar debidamente la relación jurídico-procesal, este juzgado se reserva acordar lo procedente respecto al emplazamiento de la parte tercera interesada en el presente juicio, hasta en tanto obren las constancias relativas al juicio de origen, con las que la autoridad responsable apoye su informe justificado, para así tener la plena certeza de a quién le resulta ese carácter. REQUIERE A LAS PARTES COMUNIQUEN LA POSIBLE ACTUALIZACIÓN DE CAUSAL DE IMPROCEDENCIA O SOBRESEIMIENTO. En otra línea, con fundamento en el artículo 64, de la ley de la materia, se requiere tanto a la autoridad señalada como responsable, como a la parte quejosa y, en su caso, a quien le revista el carácter de tercera interesada, para que comuniquen de inmediato a este juzgado si durante la secuela de este juicio se actualiza alguna causa de improcedencia o sobreseimiento, o bien, cuando por alguna cuestión tengan conocimiento de ello y; de ser posible acompañen las constancias que acrediten tal extremo. MULTA. En el entendido que de hacer caso omiso al presente requerimiento, si en el trámite o resolución del juicio se advierte una posible causal que las partes hayan sido omisas en comunicarlo a éste órgano, se les impondrá multa equivalente a treinta veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), conforme al cálculo que realice el Instituto nacional de Estadística y Geografía (INEGI), de conformidad con los artículos 4 y 5 de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 251 de la Ley de Amparo. FORMA DE REALIZAR LAS NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 26, 27 y 28 de la Ley de Amparo, se ordena notificar a la autoridad responsable y a las que tengan carácter de terceras interesadas a través de oficio con inserción completa del texto de los autos o resoluciones, únicamente aquellos actos procesales que por su trascendencia debe asegurarse que sean plenamente conocidos por las partes a fin de otorgar seguridad jurídica y oportunidad de defensa. Por tanto, todos aquellos acuerdos de mero trámite deberán notificarse por medio de lista; máxime que ésta se publica tanto en los estrados del juzgado, por disposición de la propia Ley de Amparo, como en la página de internet www.dgepj.cjf.gob.mx/internet/acuerdo/acuerd_ini.asp, con una síntesis del proveído dictado en cada caso, en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales. Lo anterior, con sustento en lo establecido en la jurisprudencia 2ª./J. 176/2012, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1253 del Libro XVI, Tomo 2, Enero de 2013, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, cuyo número de registro es el 2002576, de rubro siguiente: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS." PRUEBAS. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene por ofrecida y desahogada la prueba documental que se adjunta a la demanda, así como la instrumental de actuaciones, dada su naturaleza jurídica, sin perjuicio de su relación al celebrarse la audiencia constitucional. INTERVENCIÓN AL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL. Con base en lo que establece el artículo 5°, fracción IV, de la ley de Amparo, dese al Agente del Ministerio Público Federal adscrito, la intervención que le confiere la ley corriéndole traslado con la copia de la demanda. CAPTURA DE AUTORIDAD RESPONSABLE. Se instruye al analista jurídico encargado del SISE, para que realice la captura exacta de la autoridad responsable, tal y como se señaló en la demanda inicial, en el entendido que si durante el trámite del asunto se conoce que la denominación es correcta, inexistente, imprecisa, cambió o diversa cuestión que incida en el tema, deberá atenderlo puntual y oportunamente a la luz del acuerdo que se emita. Para lo cual, el secretario encargado de la mesa deberá verificar que la anterior instrucción se efectúe en sus términos. NOTIFÍQUESE; PERSONALMENTE AL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN Y MEDIANTE OFICIO A LA AUTORIDAD RESPONSABLE.

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