María Guadalupe López Olvera

Expediente 210/2022 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 35 actuaciones registradas, la última del 4 de octubre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
210/2022
Año
2022
Actuaciones
35
Última actuación
04/10/2022

Partes del expediente

  • María Guadalupe López Olvera y Otros.
  • María Guadalupe López Olvera
  • Leticia Martínez Lemus
  • Silvia Durán García

Actuaciones

Las 4 más recientes de 35.

  1. Principal

    Visto el estado que guardan los presentes autos, así como la certificación que antecede, se advierte que el auto en el que se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia del presente juicio de amparo, no fue recurrido dentro del término legal; por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que dicha resolución ha causado estado. Asimismo, en atención al sentido de la determinación mencionada en líneas precedentes, resulta innecesario hacer el cómputo para la totalidad de las partes; toda vez que se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia y dicha determinación no les irroga perjuicio. Háganse las anotaciones de ley en el libro de gobierno respectivo, así como en el sistema integral de seguimiento de expedientes (SISE) que se llevan en este juzgado. Archivo y clasificación del expediente. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como totalmente concluido, el cual no es de relevancia documental, dado que no se encuentra en alguna de las hipótesis previstas en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. En cumplimiento a los dispuesto en punto 7.4 del Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal que complementa el Acuerdo General citado en el párrafo que antecede, se determina que el presente expediente es susceptible de depuración, al haberse concedido la suspensión de plano.

  2. Principal

    Por recibido, el oficio que remite el apoderado legal de la Secretaría de Salud e Instituto de Salud Pública del estado de Guanajuato ISAPEG por sus siglas; a través del cual, pretende informar la fecha y lugar en la que los menores de edad de identidad reservada, aquí directos quejosos, deberán acudir para la aplicación de la segunda dosis de la vacuna de mérito. Sin que sea necesario hacer mayor pronunciamiento al respecto, toda vez que en auto de siete de septiembre actual, se decretó el sobreseimiento el presente juicio de amparo ante la omisión de la parte quejosa de cumplir con el requerimiento, por lo que se le tuvo por conforme con la omisión reclamada. Finalmente, se destaca que la misiva de cuenta fue recibida en el correo electrónico institucional de este órgano jurisdiccional sin evidencia criptográfica; sin embargo, en términos del artículo 28 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se privilegia el uso de medios electrónicos para la continuación de la secuela procesal en el presente asunto. Es orientadora al respecto, por analogía, la jurisprudencia I.3o.P. J/3 (10a.) emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, con número de registro digital 2016852, de la Décima Época, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 54, mayo de 2018, tomo III, página 2178, de rubro: "CORREO ELECTRÓNICO OFICIAL. LA INFORMACIÓN COMUNICADA A TRAVÉS DE DICHO MEDIO ENTRE LOS ÓRGANOS DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, SI ESTÁ CERTIFICADA LA HORA Y FECHA DE SU RECEPCIÓN, ASÍ COMO EL ÓRGANO QUE LA REMITE POR EL SECRETARIO DE ACUERDOS DEL TRIBUNAL JUDICIAL".

  3. Principal

    Visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que, en el presente juicio, se tuvo al apoderado legal de la Secretaría de Salud e Instituto de Salud Pública del estado de Guanajuato (ISAPEG por sus siglas), informando que las personas menores de edad quejosas cuya identidad se resguarda con las iniciales *****************., fueron inoculadas con la segunda dosis de la vacuna Pfizer contra el virus SARS-COV2; y al efecto, remitió los respectivos comprobantes expedidos a favor de cada una de ellas. Documentales que tienen valor probatorio pleno en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°. En ese sentido, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo, al haber cesado los efectos del acto reclamado consistente en la omisión de aplicar el esquema completo a los menores quejosos de iniciales ********************., de la vacuna Pfizer-BioNtech contra el virus SARS-CoV2. Asimismo, se advierte que en determinación de dieciocho de agosto pasado se requirió a la parte quejosa lo siguiente: "[.] En tal virtud, se requiere a la parte quejosa para que, dentro del plazo de tres días contado a partir de la legal notificación del presente proveído, manifieste si en la fecha aludida se inoculó a los menores con la segunda dosis del biológico respectivo. Se apercibe a la parte accionante que, de ser omisa en contestar el presente requerimiento, o de no haber realizado los actos conducentes para inocular a los infantes quejosos, o bien, de no acreditar el impedimento justificado para ello, se entenderá que hay desinterés para su vacunación y, por ende, su consentimiento respecto de la omisión reclamada a las autoridades responsables; lo que, en su caso, traerá como consecuencia el sobreseimiento de este asunto. Lo que precede releva la posible actualización de una causal de improcedencia, por lo cual se torna necesario recabar los medios de convicción conducentes para constatar su actualización. En apoyo a lo expuesto se invoca la jurisprudencia 1a./J. 163/2005, visible en la página 319 del Semanario Judicial de la Federación, tomo XXIII, enero de 2006, Novena Época, de rubro: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. ANTE LA EXISTENCIA DE ALGÚN INDICIO DE UNA CAUSAL DE ESA NATURALEZA, EL JUZGADOR DEBE INDAGAR O RECABAR DE OFICIO LAS PRUEBAS NECESARIAS PARA ASÍ ESTAR EN POSIBILIDAD DE DETERMINAR FEHACIENTEMENTE SI OPERA O NO ESA CAUSAL." [.]" Lo anterior, trae como consecuencia la actualización de la causal de improcedencia prevista en la fracción XIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, que dice: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XIII. Contra actos consentidos expresamente o por manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento. [.]" En relación con el citado supuesto, esto es, que la parte quejosa consintió el acto que reclama, éste impide examinar la constitucionalidad de un acto o norma general cuando ha mediado consentimiento del promovente, entendido como la expresión de conformidad que se evidencia a través de signos externos inequívocos. De manera que ese consentimiento no puede presumirse ni inducirse, sino que debe constar de forma indubitable. La anterior regla deriva del principio de certidumbre jurídica que busca evitar que la quejosa haga uso del juicio de amparo para desconocer la voluntad que externó libre y espontáneamente para patentizar su conformidad con los efectos normativos del acto reclamado de modo que es indispensable que concurran los elementos que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia ha precisado: La existencia del acto o ley reclamados Que el quejoso se haya conformado con el acto reclamado o haya realizado manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento. Ello, pues no podría expresarse el consentimiento de un acto que no se conoce y del que, por tanto, no se han ponderado los beneficios o perjuicios que puedan derivar, así como los fundamentos y motivos expresados en el acto de autoridad. Tal aceptación implica que el quejoso exprese, de manera clara e indiscutible, que está de acuerdo con el acto de autoridad, que lo aprueba o que da su anuencia respecto de sus consecuencias, o bien, que ejecute actos voluntarios que supongan ese consentimiento. Sentada la premisa normativa, es menester citar porqué se considera actualizada la causal de improcedencia aludida: En relación con el requisito identificado como a) relativo a la existencia de la omisión reclamada, debe decirse que se actualiza en la especie, pues al menos a la fecha de la presentación de la demanda (dieciséis de febrero del presente año), el grupo etario de niños entre cinco y once años, así como el diverso grupo de entre doce y diecisiete años, a los que pertenecen los infantes quejosos de iniciales: ********************** No eran considerados en la política nacional de vacunación como susceptibles de ser inoculados. Con lo que, para esta etapa procesal, se tiene por existente a la fecha de presentación de la demanda [dieciséis de febrero pasado], el acto reclamado, consistente en la omisión de aplicar el esquema completo a los menores quejosos de la vacuna Pfizer-BioNtech contra el virus SARS-CoV2, comúnmente conocido como COVID-19, ante el riesgo de que puedan enfermar gravemente, o incluso, perder la vida. Pues como se dijo, al momento de la interposición del ocurso constitucional que nos ocupa, los grupos etarios a los que pertenecen los menores quejosos no eran considerados como susceptibles de ser vacunados. Y aun cuando ambos grupos etarios ya fueron incluidos en la política nacional para ser inoculados, lo que es un hecho notorio en términos de lo dispuesto por el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, habida cuenta que de la consulta del boletín visible en la página https://boletines.guanajuato.gob.mx/2022/05/26/ssg-anuncia-vacunacion-para-menores-de-12-a-14-anos-en-los-46-municipios/ se desprende que inició la vacunación al grupo etario de doce a catorce años el veintisiete de mayo del presente año; mientras que del documento denominado "Política nacional de vacunación contra el virus SARS-CoV-2, para la prevención de la COVID-19 en México", versión 10.0, de quince de junio de dos mil veintidós, se obtiene la inclusión a la política de vacunación al diverso grupo etario de cinco a once años de edad; sin embargo, no existe certeza de que, al menos los aquí quejosos [con exclusión de los menores precisados en el primer párrafo de este auto], ya les fuera aplicado el esquema de vacunación completo. Por otro lado, el requisito identificado como b), también está satisfecho, pues con la omisión de la parte quejosa de atender el requerimiento de dieciocho de agosto del presente año, se entiende que hay desinterés para que los infantes quejosos les sea aplicado el esquema completo de vacunación, y por ende, su consentimiento respecto de la omisión reclamada a las autoridades responsables. Lo anterior, pone de manifiesto que la parte quejosa externó su conformidad de que a los infantes directos quejosos no le fueran aplicadas las dosis de la vacuna preventiva COVID-19 Pfizer-BioNtech. Por tanto, se sobresee en el presente juicio de conformidad con lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, ya que la causal de improcedencia invocada se configura de manera manifiesta e indudable y con ningún elemento podría desvirtuarse. Es aplicable en lo conducente, la jurisprudencia 10/2003, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 386, del tomo XVII, marzo de 2003, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, intitulada: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE." La anterior determinación se toma, debido a que a nada práctico conduciría continuar el asunto hasta el dictado de sentencia, en la que se determinaría lo mismo, en la medida en que se impusieron cargas procesales a la parte quejosa y fueron incumplidas; inclusive, se podría llegar al extremo de un fallo protector cuyo cumplimiento fuera irrealizable, debido a la falta de intención de quien promovió esta instancia. Atento a lo anterior, resulta innecesario celebrar la audiencia constitucional fijada en autos.

  4. Principal

    Agréguese a los autos el oficio remitido por el apoderado legal de la Secretaría de Salud del estado de Guanajuato y del Instituto de Salud Pública Estatal, por el cual, remite las constancias de las que se advierte que el diecinueve de agosto del año en curso, los menores de edad de iniciales ***************, recibieron la segunda dosis de la vacuna contra el virus SARS-COV2 (Pfizer). En mérito de lo anterior, dese vista a la parte quejosa con el oficio y anexo de cuenta, para que dentro del plazo genérico de tres días contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación que se le haga de este proveído, manifieste lo que a su interés convenga. Apercíbasele que, de no hacer manifestación alguna, se entenderá que los menores de edad quejosos sí recibieron la dosis en mención. Ahora, respecto a la constancia de vacunación correspondiente a la menor de edad de Iniciales **************,que remite la autoridad oficiante; agréguese a los autos únicamente para que conste, toda vez que la menor de referencia no funge como quejosa en el presente asunto. Por otra parte, atento a la solicitud de que se decrete el sobreseimiento en el presente juicio, debido a que los menores de edad quejosos se encuentran contemplados en la Política Nacional de Vacunación, dígasele que se acordará lo conducente en el momento procesal oportuno. Finalmente, se destaca que la misiva de cuanta fue recibida en el correo electrónico institucional de este órgano jurisdiccional sin evidencia criptográfica; sin embargo, en términos del artículo 28 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se privilegia el uso de medios electrónicos para la continuación de la secuela procesal en el presente asunto. Es orientadora al respecto, por analogía, la jurisprudencia I.3o.P. J/3 (10a.) emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, con número de registro digital 2016852, de la Décima Época, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 54, mayo de 2018, tomo III, página 2178, de rubro: "CORREO ELECTRÓNICO OFICIAL. LA INFORMACIÓN COMUNICADA A TRAVÉS DE DICHO MEDIO ENTRE LOS ÓRGANOS DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, SI ESTÁ CERTIFICADA LA HORA Y FECHA DE SU RECEPCIÓN, ASÍ COMO EL ÓRGANO QUE LA REMITE POR EL SECRETARIO DE ACUERDOS DEL TRIBUNAL JUDICIAL". Se deja a disposición de la parte quejosa, en la secretaría de este Juzgado, el oficio de cuenta, así como el anexo que adjuntó la autoridad responsable, a fin de que se imponga de su contenido.

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