María Guadalupe Juárez González

Expediente 972/2017 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 2 actuaciones registradas, la última del 31 de octubre de 2017.

Datos del expediente

Expediente
972/2017
Año
2017
Actuaciones
2
Última actuación
31/10/2017

Partes del expediente

  • María Guadalupe Juárez González

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el estado de los autos se advierte que transcurrió el término legal a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa recurriera la determinación de dieciséis de octubre del año en curso, que desechó de plano su demanda de amparo; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, según su artículo 2°, se declara que dicho acuerdo ha causado estado para todos los efectos legales conducentes. Archívese el presente asunto como totalmente concluido, el cual no es de relevancia documental, dado que no satisface las condiciones del último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Por otra parte, toda vez que obra un documento original, consistente en el instructivo de veintitrés de agosto del año en curso, acorde con lo previsto en el párrafo tercero del punto décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, prevéngase a la parte quejosa para dentro del plazo de noventa días, acuda a este juzgado a recogerlos; apercibida que de no hacerlo éstos podrán ser destruidos junto con el expediente.

  2. Principal

    Visto el escrito de demanda presentado por ************, contra actos del Juez Cuarto Menor Civil de esta ciudad y otra autoridad, por violaciones al artículo 14 Constitucional; fórmese expediente de amparo el cual se encuentra registrado en el libro de gobierno con el número 972/2017. Ahora bien, es menester establecer que en términos de lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se debe analizar la demanda para saber si existe o no un motivo manifiesto e indudable de improcedencia y, en tal supuesto, debe desecharse de plano la demanda. En efecto, el artículo 113 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." En esencia, lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda, mientras que lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultaría factible formarse convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Sobre el particular se aplica, la jurisprudencia I.1o.A. J/4, visible en la página 890 del Tomo VII, Mayo de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con número de registro 196196, que establece: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." En ese sentido, del contenido íntegro de la demanda de amparo se advierte que la quejosa reclama el requerimiento formulado a ************, en su calidad de depositaria de los bienes embargados en el juicio ejecutivo mercantil ************, para que haga entrega de los mismos al nuevo depositario, bajo apercibimiento que de no cumplir dentro del término de tres días, se procedería a ejecutar dicha orden haciendo uso de la fuerza pública. Bajo ese contexto, el suscrito estima que en el caso se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con en relación con la Jurisprudencia sustentada por el Pleno la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página doce, tomo VI, parte SCJN, materia común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación Compilación mil novecientos noventa y cinco, del rubro y texto siguiente: "ACTOS DERIVADOS DE ACTOS CONSENTIDOS. IMPROCEDENCIA. El amparo es improcedente cuando se endereza contra actos que no son sino una consecuencia de otros que la ley reputa como consentidos." Como se desprende de lo anterior, el juicio de amparo es improcedente cuando se promueva contra actos derivados de otros consentidos, que son aquellos que se ejecutan dentro del mismo procedimiento y que son consecuencia natural y legal del acto antecedente. Sobre el particular, nuestro Máximo Tribunal Constitucional ha sostenido que para considerar que un acto es derivado de otro consentido, deben concurrir dos elementos:  La existencia de un acto anterior consentido; y,  La existencia de un acto posterior que sea una consecuencia directa y necesaria de aquél. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 9, Materia Común, Séptima Época, del Semanario Judicial de la Federación, 217-228 Primera Parte, que a la letra dice: "ACTOS DERIVADOS DE ACTOS CONSENTIDOS. SUPUESTOS PARA QUE OPERE ESA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. De acuerdo con la jurisprudencia número 19 contenida en la página 38 de la Octava Parte del último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, los supuestos para que opere la causal de improcedencia cuando el amparo se endereza contra actos derivados de otros consentidos son, la existencia de un acto anterior consentido y la existencia de un acto posterior que sea una consecuencia directa y necesaria de aquél. Ahora, con el objeto de comprender por qué se estima que en el caso, se actualiza la causa de improcedencia referida, conviene relatar los antecedentes del acto reclamado que narró la promovente del amparo bajo protesta de decir verdad, siendo los siguientes: I. Que la quejosa es parte demandada en el juicio ejecutivo mercantil ************, del índice del Juzgado Cuarto Menor Civil de esta ciudad. II. Que se le requirió el pago de las prestaciones reclamadas y como no lo hizo, se embargaron los bienes muebles descritos en la misma, nombrándose como depositaria de los mismos a ************-madre de la quejosa-. III. Que dio contestación a la demanda instaurada en su contra y opuso excepciones y defensas, entre ellas la de pago, exhibiendo las constancias relativas, sin que fueran objetadas. IV. Posteriormente, el seis de octubre de dos mil diecisiete, ************-madre de la quejosa-, fue requerida por la entrega de los bienes embargados, con apercibimiento que si no lo hacía voluntariamente en el plazo de tres días, se haría uso de la fuerza pública. Lo que constituye el acto reclamado. De igual forma, de la constancia de notificación que la quejosa exhibe, se desprende que en el juicio de origen, por acuerdo de veintitrés de agosto del año en curso, a petición de la parte actora, se revocó el nombramiento de la depositaria primaria, para designarse como tal a ************. Asimismo, se determinó que una vez la nueva depositaria aceptara y protestara el desempeño del cargo conferido, la anterior depositaria, dentro del término de tres días, debía entregar los bienes embargados, bajo apercibimiento que de no cumplir con lo ordenado, se procedería a ejecutar tal determinación con el uso de la fuerza pública -dicho acuerdo fue notificado a las partes por medio de lista publicada el veinticuatro de agosto del año en curso (foja 7 vuelta), como se advierte del instructivo en mención. Ahora bien, la quejosa se duele que el requerimiento de cambio de depositario que reclama le causa agravio en virtud que el actor no ha otorgado garantía alguna para garantizar los posibles daños y perjuicios que se le pudieran ocasionar, en términos del numeral 1175 del Código de Comercio. De lo anterior se concluye que el requerimiento formulado el seis de octubre del año en curso a ************, depositaria de los bienes embargados, para que los entregara a la nueva depositaria, se realizó en cumplimiento al acuerdo emitido el ************. De ahí que sea dable afirmar que el acto de afectación primigenio y directo lo constituye el proveído de ************, pues fue cuando se revocó el nombramiento de depositaria a cargo de la mamá de la aquí quejosa y se autorizó como nueva depositaria a ************, ordenando la entrega de bienes embargados en un plazo de tres días, con el apercibimiento que de no hacerlo, se haría uso de la fuerza pública; por lo que desde ese momento se le causó el perjuicio del que ahora se duele la impetrante. Luego, si la quejosa no impugnó el auto de ************, ello implica que consintió dicho acto, de ahí que el requerimiento hecho el seis de octubre pasado a la depositaria anterior, es derivado de aquél que fue consentido, en virtud de que fue emitido con motivo del acuerdo referido, razón por la cual en el caso se actualiza la causa de improcedencia invocada con antelación. Cobra aplicación a lo anterior, la tesis sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 2060, Tomo XXVII, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguiente: "ACTOS DERIVADOS DE ACTOS CONSENTIDOS. Contra ellos es improcedente el amparo, debiendo sobreseerse." Consecuentemente, al quedar plenamente demostrada la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo procedente es DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO QUE SE ESTUDIA, con fundamento en el artículo 113 de la legislación en consulta. En apoyo a la conclusión anterior se invoca, por identidad de razones jurídicas, la jurisprudencia I.1º.A. J/4, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, página 890, Tomo VII, Mayo de 1998, Novena Época, que dice: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." Se hace del conocimiento de las partes, que el presente asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el nueve de mayo de dos mil dieciséis, en el entendido que, conforme sus artículos segundo y tercero transitorios, únicamente en cuanto hace a materia de datos personales y archivo, se actuará conforme a la normatividad hasta ahora existente, es decir, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como a lo establecido en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce; ello, hasta en tanto se emita o actualice la normatividad respectiva. En atención a lo anterior, como el artículo 8º de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, dispone que el Poder Judicial de la Federación deberá hacer públicas las sentencias que hayan causado estado o ejecutoria, y que las partes podrán oponerse a la publicación de sus datos personales; prevéngase a éstas para que manifiesten si se oponen a ello; en la inteligencia que de no hacerlo, se entenderá que aceptan la publicación de la sentencia respectiva con dichos datos. Por otra parte, se tiene a la promovente señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en calle ************ de esta ciudad, y autorizando en los términos limitados del artículo 12 de la Ley de Amparo a ************, en virtud de que no proporcionó los datos necesarios a efecto de que este juzgado verifique si cuentan con cédula profesional registrada en dicho Sistema, sin perjuicio de que una vez que los aporte se acuerde la autorización en términos amplios. Finalmente, se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales ordenadas en el juicio en que se actúa; incluyendo el emplazamiento, a cualesquiera de las partes que intervienen en la controversia constitucional y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, lo anterior previa razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal.

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