María Guadalupe Lara Díaz
Expediente 1612/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Hidalgo. 4 actuaciones registradas, la última del 20 de mayo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1612/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 20/05/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Hidalgo · Hidalgo
Partes del expediente
- María Guadalupe Lara Díaz
Actuaciones
- Principal
Pachuca de Soto, Hidalgo; veinte de mayo de dos mil veintidós. SE RECIBE RESOLUCIÓN. Téngase por recibida la ejecutoria de veintiocho de abril de dos mil veintidós, dictada en el recurso de queja 8/2022, del índice del Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito. Acúsese el recibo correspondiente. Hágase saber a las partes la recepción del testimonio aludido, del que se advierte que la superioridad resolvió lo siguiente: "ÚNICO. Es infundado el recurso de queja." Asimismo, háganse las anotaciones conducentes en el libro de gobierno correspondiente y la captura relativa en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). DESTINO DEL EXPEDIENTE. Toda vez que no existe actuación alguna por realizar o promoción pendiente por acordar, además de que el expediente electrónico coincide fiel e íntegramente con el expediente físico, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, remítase al archivo definitivo como asunto totalmente concluido el presente juicio. VALORACIÓN DOCUMENTAL. Con apoyo en lo dispuesto en los artículos 12, 14 y 20 fracción II, inciso a) y 21 inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, así como el punto 7.5.2 del Manual para Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, el presente expediente es destruibles..VIII
- Principal
Pachuca de Soto, Hidalgo; trece de enero de dos mil veintidós. ACUSA RECIBO E INFOMA ADMISIÓN DE RECURSO. Agréguese a los autos el oficio de cuenta, signado por el secretario del Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito, por medio del cual acusa recibo del diverso mediante el que se remitió copia certificada del juicio de amparo 1612/2021-VIII-A, para la substanciación del recurso de queja interpuesto por la solicitante de garantías María Guadalupe Lara Díaz, por conducto de su apoderado, contra el auto de catorce de diciembre de dos mil veintiuno, dictado en el presente juicio; asimismo, informa que se admitió el medio de impugnación y fue radicado bajo el número 8/2022....M-VIII
- Principal
Pachuca de Soto, Hidalgo; veintisiete de diciembre de dos mil veintiuno. SE INTERPONE RECURSO DE QUEJA. Téngase a María Guadalupe Lara Díaz, por conducto de su apoderado interponiendo recurso de queja en contra del auto catorce de diciembre de dos mil veintiuno. En consecuencia: Remítanse al Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito, en turno, las siguientes constancias: ?Informe sobre la materia de la queja; ?Original y copia del escrito en donde obra el medio de impugnación en cita; y, ?Copias certificadas del expediente en que se actúa. SE ORDENA GIRAR OFICIO A LA OFICINA DE CORRESPONDENCIA COMÚN PARA COMPENSACIÓN DE CARGAS DE TRABAJO. Por otra parte, toda vez que en autos no obra la papeleta de turno correspondiente al presente juicio, gírese oficio al Jefe de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Hidalgo, a fin de que remita la papeleta de turno correspondiente y realice la compensación respectiva...M-VIII
- Principal
...Pachuca de Soto, Hidalgo; catorce de diciembre de dos mil veintiuno. SE RECIBE COMUNICADO. Visto el oficio por medio del cual se remite copia de la demanda de amparo promovidas por María Guadalupe Lara Díaz, por medio del cual se desprende que se ordenó la separación de juicios en el diverso 1441/2021-V-A del índice de este juzgado federal; se acuerda: REGISTRO. Fórmese el cuaderno respectivo, regístrese en el libro de gobierno con el número 1612/2021-VIII, y dese de alta el expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). DESECHAMIENTO. De un análisis integral de la demanda se advierte la actualización de dos causales de improcedencia manifiestas e indudables; por lo tanto, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, lo procedente es desecharla de plano. En efecto, el precepto citado es del tenor siguiente: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De lo transcrito se advierte la obligación del juez de distrito de realizar un examen integral de la demanda de amparo, con la finalidad de determinar si el juicio de derechos fundamentales es procedente, pues de lo contrario dicha demanda debe ser desechada, ya que la acción constitucional sólo está reservada para aquellos casos previstos en el numeral 107 de la Ley de Amparo. Además, debe tenerse en cuenta que el diverso 62 del cuerpo de leyes en cita impone la obligación al juzgador de amparo de analizar oficiosamente las causas de improcedencia que advierta, pues estas son de orden público y por ello su estudio es imperativo. No obstante, es necesario aclarar que el desechamiento de la demanda de garantías se encuentra condicionado a que la actualización de la o las causales de improcedencia sea manifiesta e indudable, es decir, que debe ser clara, evidente por sí misma, y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio; tal como lo consideró el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, en la jurisprudencia número XVII.2o. J/11, emitida por publicado en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, Enero de 1999, página 648, Novena Época, cuyo rubro es: "DEMANDA DE AMPARO. DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". En la especie, se individualiza en forma manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el arábigo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, este último aplicado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo; toda vez que el acto reclamado no causan un perjuicio de imposible reparación a la promovente, por las siguientes consideraciones. Los preceptos citados establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [.]." De la lectura de los preceptos transcritos, se aprecia que tratándose de actos dictados dentro de un juicio, el amparo biinstancial únicamente procede cuando sean de imposible reparación; entendiéndose por ellos los que afectan materialmente y de manera actual derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Al respecto, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, analizando lo dispuesto en las fracciones III, inciso b), y V del artículo 107 de la Ley de Amparo, consideró que el legislador, mediante una definición legal, reiteró su propósito de que los actos dictados en juicio, para ser calificados como de imposible reparación, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos; esto es, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio a un derecho y no únicamente que produzca una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegara a trascender al resultado del fallo. Además, debían recaer sobre derechos cuyo significado rebase lo puramente procesal o procedimental, según se trate, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas aplicables. De ello, se obtienen las dos condiciones que el legislador dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: La primera consistente en la exigencia de que se trate de actos que afecten materialmente derechos; esto es, en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo. La segunda, se refiere a que los derechos afectados materialmente revistan la categoría de derechos sustantivos; expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Tales consideraciones están contenidas en el criterio jurisprudencial P./J. 37/2014 (10a.), sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, mismo que puede ser consultado en la página 39, Libro 7, Junio de 2014, Tomo I, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación; de rubro y contenido siguientes: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios." Ahora bien, una vez examinado el escrito inicial, se advierte que María Guadalupe Lara Díaz, instó la presente instancia para someter a escrutinio constitucional un acto de la Jueza Penal de Control y Tribunal de Enjuiciamiento adscrita al Primer Circuito Judicial de Pachuca de Soto, Hidalgo, consistente en plazo para el cierre de la investigación en la causa penal 843/2021. Como se adelantó, dicha determinación jurisdiccional no constituye un acto cuyos efectos sean de imposible reparación, pues de existir violaciones, sólo se refirieron a cuestiones procesales que, en su caso, afectan derechos adjetivos. Como se advierte, el acto reclamado no es de imposible reparación, ya que no vulnera los derechos sustantivos de la accionante; sino que, sus efectos, en su caso, sólo se traducen en violaciones procesales, susceptibles de ser reparadas al dictarse el auto de apertura a juicio, y en caso de que la violación trascienda en su perjuicio en la decisión de esa fase, puede reclamarse al impugnar el auto de apertura a juicio. Lo anterior, tiene como finalidad, por una parte, restringir el derecho a interponer recursos o medios de defensa en contra de cada una de las cuestiones accidentales o incidentales que surjan durante el procedimiento y, por otra, establecer medios de defensa en los que tales cuestiones puedan resolverse de manera simultánea, concentrando así el debate judicial. Sostener lo contrario, traería como consecuencia que el juicio de amparo indirecto se promueva tantas veces como violaciones procesales se cometieran en juicio, lo cual, en el caso que nos ocupa, implicaría la obstaculización de su curso natural. En efecto, el acuerdo mediante el cual, la Jueza Penal de Control y Tribunal de Enjuiciamiento adscrita al Primer Circuito Judicial de Pachuca de Soto, Hidalgo, determinó otorgar el plazo de cuatro meses para el cierre de la Investigación complementaria en la causa penal 843/2021, se trata de un acto procesal que no puede tener una afectación material a derechos sustantivos que justifiquen la procedencia del juicio de amparo indirecto, en tanto que las posibles afectaciones que genera se refieren sólo a cuestiones procesales; pues se trata de derechos adjetivos otorgados por leyes secundarias para que los procedimientos puedan desarrollarse de la mejor forma posible, aunado a que las afectaciones procesales, pueden, en su caso, reclamarse conjuntamente al impugnar el auto de apertura a juicio. Lo anterior es así, porque el fallo alegado únicamente trasciende a lo procesal, ya que la orden dictada el quince de octubre del año en curso, dentro de la causa penal antes mencionada, consistente en el plazo de investigación complementaria, la cual de ningún modo puede significar una afectación inmediata a un derecho sustantivo. Consecuentemente, no puede estimarse que contra el acto reclamado proceda el juicio de amparo indirecto, porque no afecta materialmente derechos sustantivos, pues sólo produce una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva. Asimismo, la jurisprudencia I.1o.A.E. J/5 (10a.), emitida por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México, antes Distrito Federal, y Jurisdicción en toda la República, visible en la página 1902, del Libro 29, Abril de 2016, Tomo III, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que dice: ACTOS DE EJECUCIÓN IRREPARABLE O DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. SUS CARACTERÍSTICAS PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado el criterio general de que los actos tienen una ejecución irreparable o de imposible reparación, cuando sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado que tutela la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y no cuando sólo afecten derechos adjetivos o procesales, porque la afectación irreparable o sus efectos no se destruyen con el solo hecho de que quien los sufre obtenga una sentencia definitiva en el procedimiento natural, favorable a sus pretensiones. En consecuencia, a contrario sensu, para efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto, conforme al artículo 107, fracción III, inciso b), de la ley de la materia, no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación llegan a extinguirse sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica, porque esa violación es susceptible de repararse posteriormente, al reclamar el acto terminal o resolución. En suma, al actualizarse de manera indudable la causal de improcedencia en estudio, se reitera el desechamiento de la demanda de mérito, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo. Apoya lo anterior, la tesis aislada IV.1o.P.27 P (10a.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro 71, Octubre de 2019, Tomo IV, página 3502, registro 2020733, de rubro: "ETAPA INTERMEDIA EN EL PROCEDIMIENTO PENAL ACUSATORIO. CONTRA LAS DETERMINACIONES DEL JUEZ DE CONTROL. EMITIDAS ANTES DE LA CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA RELATIVA, ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO". CONTINUIDAD DEL TRABAJO A DISTANCIA O TELETRABAJO. Para preservar la salud de los servidores públicos y usuarios, como regla general el personal de este juzgado continuará laborando de manera remota a través de medios electrónicos y solo por excepción lo hará de manera presencial. Esto significa que las partes únicamente tendrán acceso a las instalaciones judiciales cuando ello resulte estrictamente necesario y se haya agendado la cita correspondiente, sobre la base que para la atención al público no se dispone de la plantilla completa del personal. ATENCIÓN DE MANERA PRESENCIAL Y CON PREVIA CITA. La presencia física de las partes únicamente se admitirá: a) cuando el órgano jurisdiccional lo determine genere la cita correspondiente y b) cuando las partes gestionen y obtengan la cita respectiva. PUBLICACIÓN DE LISTAS. Dado que aún no se permitirá la entrada normal de las personas justiciables a los órganos jurisdiccionales, las listas de acuerdos se publicarán en internet, adicionalmente este juzgado remitirá por correo electrónico a la administración las listas a publicar las cuales serán colocadas en la entrada del edificio para consulta de los interesados. DOMICILIO PROCESAL. Se tiene a la quejosa señalando como lugar para oír y recibir notificaciones el ubicado en Privada de Albacian número 131, lote 2, Residencial de Bosques, entre boulevard Everardo Márquez, código postal 42094, en esta ciudad. AUTORIZADOS. Se tiene como autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Lay de Amparo a Nicolás Martín Mendoza y Natalia Hernández Delgado. NÚMERO TELEFÓNICO Y CORREO ELECTRÓNICO. Se tiene a la parte quejosa proporcionando los números telefónicos 7715662311, 5560927174 y 7721383998, así como las cuentas de correo electrónico clinicajuridicamartin@hotmail.com y lic.natali.32.hdez.@gmail.com para que, de ser necesario, este juzgado federal establezca comunicación. En el entendido de que dichos medios no sustituyen el lugar para recibir notificaciones, sino que conforme lo dispone el artículo 5, fracción I, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, únicamente son el medio para tener comunicación no procesal. HABILITACIÓN DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Con fundamento en el numeral 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para efectuar las notificaciones que se ordenen realizar en el presente juicio de amparo. GLOSA DE PROMOCIONES SIN ACUERDO. Para efecto de hacer efectiva la justicia pronta, rápida y expedita, se ordena a la secretaria que proceda, bajo criterio limitado y hábil, únicamente a certificar y agregar a los autos aquellas promociones donde resulte inútil dictar acuerdo. Lo anterior procederá solo en las siguientes hipótesis: a) promociones ya acordadas en autos; b) duplicación de informes o comunicaciones recibidas; y c) acuses de recibo. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS PARA LA REPRODUCCIÓN DEL EXPEDIENTE FÍSICO. En atención al principio de economía procesal y, de conformidad con la Circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, desde este momento se autoriza a las partes para hacer uso de cámaras fotográficas, lectores de láser u otros medios electrónicos, para la reproducción de los acuerdos y resoluciones dictados en el presente sumario. EXPEDICIÓN DE COPIAS. Desde este momento se autoriza la expedición de copias que se soliciten durante el trámite en el presente juicio, con independencia de que en solicitudes ulteriores se autorice a otras personas para recibirlas, distintas de las autorizadas para tales efectos en la demanda de amparo; lo anterior, con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente en vista de lo prevenido por el numeral 2 de la Ley de Amparo. En ese sentido, se hace del conocimiento de las partes que de conformidad con la fracción II, del artículo 6, del Acuerdo General 21/2020 antes citado, éstas o sus representantes y personas autorizadas, según las reglas de las leyes aplicables, podrán generar citas a través del sistema "Agenda OJ", para consultar expedientes, realizar el trámite correspondiente a la obtención de copias, así como desahogar requerimientos o comparecencia que les hayan sido exigidas por el órgano jurisdiccional. Esquema de trabajo que continuará en vigor hasta en tanto se emitan disposiciones generales en contrario o que modifiquen el modelo de atención presencial basado en citas contemplado en el precitado Acuerdo General..-. M -8
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