María Guadalupe Lara Díaz
Expediente 1441/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Hidalgo. 6 actuaciones registradas, la última del 22 de junio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1441/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 22/06/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Hidalgo · Hidalgo
Partes del expediente
- María Guadalupe Lara Díaz
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
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Pachuca de Soto, Hidalgo; veintidós de junio de dos mil veintidós. SE RECIBE RESOLUCIÓN. Agréguese a los autos el oficio signado por la Secretaria del Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito, por medio del cual remite copia certificada de la ejecutoria emitida en el recurso de queja 37/2022, misma que en su punto resolutivo único dice: "ÚNICO. Es infundado el recurso de queja". Confírmese la recepción de estilo correspondiente Háganse las anotaciones conducentes en el libro de gobierno que corresponde y la captura relativa en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). ARCHIVO Y VALORACIÓN. Con fundamento en el dispositivo 214 de la Ley de Amparo y ya que, de conformidad con el diverso 3, penúltimo párrafo, de la misma legislación, el expediente electrónico coincide con el expediente, en su oportunidad, archívese el presente juicio. Con apoyo en lo dispuesto en los artículos 12 y 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente expediente es destruible, al haberse desechado la demanda que le dio origen....M-V
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Pachuca de Soto, Hidalgo; veintiuno de febrero de dos mil veintidós. ADMITE QUEJA. Agréguese el oficio de cuenta. Se tiene al Secretario del Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito acusando recibo del oficio por el cual se rindió informe sobre la materia de la queja interpuesta por María Guadalupe Lara Díaz, contra el auto de treinta de noviembre de dos mil veintiuno. Asimismo, informa que dicho medio de impugnación fue admitido a trámite bajo el número 37/2022....M-V
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...Pachuca de Soto, Hidalgo; catorce de diciembre de dos mil veintiuno. SE TRAMITA RECURSO DE QUEJA. Visto el escrito de cuenta, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a), 98, 99, 100 y 101 de la Ley de Amparo, se acuerda: 1. Se tiene a la quejosa María Guadalupe Lara Díaz interponiendo recurso de queja en contra del auto de treinta de noviembre de dos mil veintiuno, en el que se desechó de plano su demanda. 2. Una vez que se notifique a la parte inconforme el presente auto y sin necesidad de acuerdo previo, envíense a la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados del Vigésimo Noveno Circuito, para que esta turne al órgano jurisdiccional que corresponda, las siguientes constancias: (i) informe sobre la materia de la queja, (ii) original y copia del escrito de agravios y (iii) copia certificada de la totalidad de las constancias que integran el presente juicio de amparo. Lo anterior, para la resolución del medio de impugnación interpuesto.-. M-V
- Principal
...Pachuca de Soto, Hidalgo; treinta de noviembre de dos mil veintiuno. CUMPLIMIENTO PREVENCIÓN. Agréguese a los autos los ocursos relatados en la cuenta secretarial; en su atención, se tiene a la quejosa María Guadalupe Lara Díaz dando cumplimiento a la prevención formulada en el presente sumario y aclarando que la solicitud de medida cautelar por parte de la fiscalía y su imposición por la autoridad jurisdiccional ocurrió el once y quince de octubre de dos mil veintiuno . En ese sentido, se acuerda: SEPARACIÓN DE JUICIOS. De la lectura integral de la demanda promovida por María Guadalupe Lara Díaz, se observa que reclama lo siguiente: Del Agente del Ministerio Público de la Unidad de Investigación IV, de la Fiscalía para la Atención de Delitos de Genero con sede en Pachuca de Soto, los actos consistentes en: a) La formulación de imputación; la solicitud de vinculación a proceso; y la solicitud de medida cautelar, realizadas en la causa penal 843/2021. De la Jueza Penal de Control del Primer Circuito Judicial del Estado de Hidalgo, adscrita al Distrito Judicial de Pachuca de Soto, los actos consistentes en: a) La calificación de legalidad de la detención y el auto de vinculación a proceso. b) La medida cautelar que le fue impuesta, consistente en la prisión preventiva oficiosa. c) El plazo para el cierre de la investigación. Luego, se considera que, respecto de los actos atribuidos a la jueza responsable es procedente decretar la separación de juicios, a fin de que se analicen en dos juicios autónomos. Cabe hacer mención que si bien es cierto la separación de juicios no se encuentra prevista en la Ley de Amparo, también es verídico que se encuentra contenida en la jurisprudencia, toda vez que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que partiendo de la base de que existe la posibilidad de acumular juicios de amparo a fin de evitar resoluciones contradictorias, cuando los actos reclamados en éstos se encuentran relacionados entre sí; resulta evidente que también, en sentido inverso, cuando en un mismo juicio se reclamen actos que no tienen esa vinculación, es procedente ordenar la separación de los autos para que se estudien en juicios por separado. Lo anterior encuentra apoyo en la jurisprudencia P./J. 76/97, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 118 del Tomo VI, Septiembre de 1997, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que establece: "SEPARACIÓN DE JUICIOS. SU PROCEDENCIA. Si en una demanda de amparo se reclaman actos emanados de juicios diversos, desvinculados entre sí, y dicha demanda ha sido admitida por el Juez de Distrito, o bien, tal circunstancia es advertida durante la tramitación del juicio (hasta antes de la celebración de la audiencia constitucional), con motivo de los informes justificados que rindan la o las autoridades responsables, podría iniciarse de oficio la separación de juicios, figura ésta, que al no estar específicamente regulada en la Ley de Amparo, debe por ello quedar contenida en la jurisprudencia, tomando como base el artículo 57 de esa ley, que establece la acumulación, deduciéndolo en sentido contrario, por lo que puede concluirse que, fuera de los casos que ahí se prevén, en cualquier otro supuesto se requiere hacer la separación." En la especie, la quejosa reclama actos que son autónomos entre sí y susceptibles de ser analizados en distintos juicios de amparo. Por tanto, el juicio de amparo 1441/2021-V-A sólo deberá seguirse tramitando por cuanto hace a los actos atribuidos al Agente del Ministerio Público de la Unidad de Investigación IV, de la Fiscalía para la Atención de Delitos de Genero con sede en Pachuca de Soto, Hidalgo, esto es la formulación de imputación; la solicitud de vinculación a proceso; y la solicitud de medida cautelar, realizadas en la causa penal 843/2021. En consecuencia, deben darse de alta como nuevas demandas de amparo, lo concerniente a los actos reclamados atribuidos a la Jueza Penal de Control del Primer Circuito Judicial del Estado de Hidalgo, adscrita al Distrito Judicial de Pachuca de Soto, que la quejosa hace consistir en: o La calificación de legalidad de la detención y el auto de vinculación a proceso. o La medida cautelar impuesta a la quejosa, consistente en la prisión preventiva oficiosa. o El plazo para el cierre de la investigación. Por lo anterior, gírense oficios a la oficialía de partes de este juzgado federal, a fin de que sean turnadas la demandas en cita en este mismo órgano jurisdiccional, acompañando para tal efecto copia certificada del presente juicio de amparo, haciéndose la precisión que, una vez que sean radicadas las demandas de mérito, deberá darse aviso a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, a efecto de que remita las boletas de turno que correspondan, se realice el registro respectivo, la compensación y se equilibren las cargas de trabajo. DESECHAMIENTO. Ahora bien, de un análisis integral de la demanda y escrito aclaratorio se advierte la actualización de una causal de improcedencia manifiesta e indudable; por lo tanto, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, lo procedente es desecharla de plano. En efecto, el precepto citado es del tenor siguiente: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De lo transcrito se advierte la obligación del juez de distrito de realizar un examen integral de la demanda de amparo, con la finalidad de determinar si el juicio de derechos fundamentales es procedente, pues de lo contrario dicha demanda debe ser desechada, ya que la acción constitucional sólo está reservada para aquellos casos previstos en el numeral 107 de la Ley de Amparo. Además, debe tenerse en cuenta que el diverso 62 del cuerpo de leyes en cita impone la obligación al juzgador de amparo de analizar oficiosamente las causas de improcedencia que advierta, pues estas son de orden público y por ello su estudio es imperativo. No obstante, es necesario aclarar que el desechamiento de la demanda de garantías se encuentra condicionado a que la actualización de la o las causales de improcedencia sea manifiesta e indudable, es decir, que debe ser clara, evidente por sí misma, y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio; tal como lo consideró el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, en la jurisprudencia número XVII.2o. J/11, emitida por publicado en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, Enero de 1999, página 648, Novena Época, cuyo rubro es: "DEMANDA DE AMPARO. DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". Lo anterior, porque en el caso se actualiza la causal de improcedencia del juicio de amparo prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos numerales 1, fracción I, y 5, fracción II, todos de la Ley de Amparo, como a continuación se expondrá. Los artículos 61, fracción XXIII, 1, fracción I y 5, fracción II, de la Ley de Amparo, textualmente indican: "Artículo 1o. El Juicio de Amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. [.]." "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: [.] II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. [.]." "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." De tales disposiciones normativas deriva que el juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen derechos humanos reconocidos por la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, así como los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. En ese sentido, conforme a la naturaleza jurídica del juicio de amparo, la procedencia de la acción constitucional requiere como presupuesto indispensable la existencia de un acto que provenga de una autoridad que afecte la esfera jurídica del gobernado. En ese sentido, conforme a la naturaleza jurídica del juicio de amparo, la acción constitucional únicamente procede contra actos de autoridad emitidos como unilaterales y que causan un menoscabo en la esfera jurídica de la parte quejosa, es decir, que con su emisión se vulneran los derechos fundamentales que asisten a los gobernados; por tanto, una interpretación contrario sensu, conduce a afirmar que cuando el acto que se reclama no le es atribuible a una autoridad en estricto sentido, el juicio de amparo que contra él se promueva resulta improcedente, pues escapa de la esfera de atribuciones de la autoridad judicial federal, sin que ello implique prejuzgar sobre la legalidad o ilegalidad de los actos reclamados, los que en su caso, pueden ser controvertidos en la vía idónea. Cabe señalar que, conforme al criterio del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es autoridad para los efectos del amparo aquella que a través de actos unilaterales crea, modifica o extingue por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los gobernados, sin necesidad de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado, ya que ejerce facultades decisorias que le están atribuidas en la ley. Dicho criterio dio origen a la tesis aislada de rubro y texto siguientes: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PÚBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURÍDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO. Este Tribunal Pleno considera que debe interrumpirse el criterio que con el número 300 aparece publicado en la página 519 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917- 1988, Segunda Parte, que es del tenor siguiente: "AUTORIDADES PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. El término 'autoridades' para los efectos del amparo, comprende a todas aquellas personas que disponen de la fuerza pública en virtud de circunstancias, ya legales, ya de hecho, y que, por lo mismo, estén en posibilidad material de obrar como individuos que ejerzan actos públicos, por el hecho de ser pública la fuerza de que disponen.", cuyo primer precedente data de 1919, dado que la realidad en que se aplica ha sufrido cambios, lo que obliga a esta Suprema Corte de Justicia, máximo intérprete de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a modificar sus criterios ajustándolos al momento actual. En efecto, las atribuciones del Estado Mexicano se han incrementado con el curso del tiempo, y de un Estado de derecho pasamos a un Estado social de derecho con una creciente intervención de los entes públicos en diversas actividades, lo que ha motivado cambios constitucionales que dan paso a la llamada rectoría del Estado en materia económica, que a su vez modificó la estructura estadual, y gestó la llamada administración paraestatal formada por los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal, que indudablemente escapan al concepto tradicional de autoridad establecido en el criterio ya citado. Por ello, la aplicación generalizada de éste en la actualidad conduce a la indefensión de los gobernados, pues estos organismos en su actuación, con independencia de la disposición directa que llegaren a tener o no de la fuerza pública, con fundamento en una norma legal pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los gobernados, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado. Esto es, ejercen facultades decisorias que les están atribuidas en la ley y que por ende constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable y que por tanto se traducen en verdaderos actos de autoridad al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. Por ello, este Tribunal Pleno considera que el criterio supracitado no puede ser aplicado actualmente en forma indiscriminada sino que debe atenderse a las particularidades de la especie o del acto mismo; por ello, el juzgador de amparo, a fin de establecer si a quien se atribuye el acto es autoridad para efectos del juicio de amparo, debe atender a la norma legal y examinar si lo faculta o no para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado, y que deben exigirse mediante el uso de la fuerza pública o bien a través de otras autoridades." Bajo los lineamientos antes expuestos, se reitera, para efectos del juicio de amparo, por autoridad debe entenderse aquella entidad que emite actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera legal de los gobernados, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales ni al consenso de la voluntad del afectado; es decir, autoridad es la que ejerce facultades decisorias que le están atribuidas en la ley y que, por ende, constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. Ahora bien, en el caso María Guadalupe Lara Días, reclama del Agente del Ministerio Público de la Unidad de Investigación IV, de la Fiscalía para la Atención de Delitos de Genero con sede en Pachuca de Soto, Hidalgo, la formulación de imputación; la solicitud de vinculación a proceso; y la solicitud de medida cautelar, realizadas en la causa penal 843/2021. Sin embargo, dichas actuaciones se ubican en una relación de coordinación entre la parte quejosa y la representación social, ya que como lo refiere en el capítulo de hechos y abstenciones que constituyen antecedentes del acto reclamado, tales acusaciones derivan de la causa penal 843/2021, seguida en su contra por el delito de trata de personas, en la que el agente del ministerio público responsable funge como parte acusadora dentro de dicho proceso penal, y si bien, no puede decirse que exista una relación entablada entre particulares, sí puede afirmarse que actúan en un mismo plano de igualdad, y no de supra a subordinación. Lo anterior es así, ya que de conformidad con los principios contenidos en el artículo 4 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el nuevo procedimiento penal es tipo acusatorio adversarial, debiendo garantizar a las partes condiciones de igualdad. En efecto, en el nuevo sistema de justicia penal, la institución del Ministerio Público goza de un doble carácter; ya que, en un primer momento dentro de la fase no judicializada de la investigación del delito (actuaciones realizadas en la carpeta de investigación correspondiente), cuando realiza labores de seguridad pública, ejecutando actos de prevención y persecución del delito, actúa en su carácter de autoridad, puesto que tiene el mando policiaco y goza de facultades para imponer actos unilaterales y obligatorios que crean o modifican circunstancias jurídicas en la esfera de los gobernados; así se colige del artículo 21 constitucional y del diverso numeral 211, fracción I, inciso a), del Código Nacional de Procedimientos Penales, que establecen: "Artículo 21. La investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las policías, las cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquél en el ejercicio de esta función. El ejercicio de la acción penal ante los tribunales corresponde al Ministerio Público. La ley determinará los casos en que los particulares podrán ejercer la acción penal ante la autoridad judicial. [.]." El Ministerio Público podrá considerar criterios de oportunidad para el ejercicio de la acción penal, en los supuestos y condiciones que fije la ley. [.] La seguridad pública es una función a cargo de la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios, que comprende la prevención de los delitos; la investigación y persecución para hacerla efectiva, así como la sanción de las infracciones administrativas, en los términos de la ley, en las respectivas competencias que esta Constitución señala. La actuación de las instituciones de seguridad pública se regirá por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos en esta Constitución. Las instituciones de seguridad pública serán de carácter civil, disciplinado y profesional. El Ministerio Público y las instituciones policiales de los tres órdenes de gobierno deberán coordinarse entre sí para cumplir los objetivos de la seguridad pública y conformarán el Sistema Nacional de Seguridad Pública, que estará sujeto a las siguientes bases mínimas: [.]." "Artículo 211. Etapas del procedimiento penal. El procedimiento penal comprende las siguientes etapas: I. La de investigación, que comprende las siguientes fases: a) Investigación inicial, que comienza con la presentación de la denuncia, querella u otro requisito equivalente y concluye cuando el imputado queda a disposición del Juez de control para que se le formule imputación, e [.]." Sin embargo, en un segundo momento, a partir de que el Ministerio Público decide formalizar un proceso penal en contra de un sujeto en particular, debe someter su actuación a la potestad de un juez de control, que realiza en supervisión del Ministerio Público, para revisar que sus actos se ajusten al texto constitucional. Lo anterior encuentra fundamento en lo dispuesto por los artículos 211, fracción II, 307 y 311 del código Nacional de Procedimientos Penales: "Artículo 211. Etapas del procedimiento penal. El procedimiento penal comprende las siguientes etapas: I. La de investigación, que comprende las siguientes fases: (.) II. La intermedia o de preparación del juicio, que comprende desde la formulación de la acusación hasta el auto de apertura del juicio, y [.]." "Artículo 307. Audiencia inicial. En la audiencia inicial se informarán al imputado sus derechos constitucionales y legales, si no se le hubiese informado de los mismos con anterioridad, se realizará el control de legalidad de la detención si correspondiere, se formulará la imputación, se dará la oportunidad de declarar al imputado, se resolverá sobre las solicitudes de vinculación a proceso y medidas cautelares y se definirá el plazo para el cierre de la investigación. En caso de que el Ministerio Público solicite la procedencia de prisión preventiva dicha cuestión deberá ser resuelta antes de que se dicte el auto de vinculación a proceso. A esta audiencia deberá concurrir el Ministerio Público, el imputado y su Defensor. La víctima u ofendido o su Asesor jurídico, podrán asistir si así lo desean, pero su presencia no será requisito de validez de la audiencia." "Artículo 311. Procedimiento para formular la imputación. Una vez que el imputado esté presente en la audiencia inicial, por haberse ordenado su comparecencia, por haberse ejecutado en su contra una orden de aprehensión o ratificado de legal la detención y después de haber verificado el Juez de control que el imputado conoce sus derechos fundamentales dentro del procedimiento penal o, en su caso, después de habérselos dado a conocer, se ofrecerá la palabra al agente del Ministerio Público para que éste exponga al imputado el hecho que se le atribuye, la calificación jurídica preliminar, la fecha, lugar y modo de su comisión, la forma de intervención que haya tenido en el mismo, así como el nombre de su acusador, salvo que, a consideración del Juez de control sea necesario reservar su identidad en los supuestos autorizados por la Constitución y por la ley." En ese orden de ideas, le corresponde al Ministerio la dirección del mismo, ya que será la autoridad jurisdiccional quien supervisará la actuación del representante social; por tanto, el fiscal se sitúa en un plano de igualdad procesal con el procesado, quien en este nuevo procedimiento, tendrá la oportunidad de debatir y cuestionar cada acción del hoy considerado como responsable. Sirve de base a lo anterior el artículo 20 constitucional, que establece las bases del nuevo procedimiento, que dirige el carácter de parte que le corresponde al Ministerio Público dentro del proceso penal. "Artículo 20. El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. A. De los principios generales: [.] IV. El juicio se celebrará ante un juez que no haya conocido del caso previamente. La presentación de los argumentos y los elementos probatorios se desarrollará de manera pública, contradictoria y oral; V. La carga de la prueba para demostrar la culpabilidad corresponde a la parte acusadora, conforme lo establezca el tipo penal. Las partes tendrán igualdad procesal para sostener la acusación o la defensa, respectivamente; VI. Ningún juzgador podrá tratar asuntos que estén sujetos a proceso con cualquiera de las partes sin que esté presente la otra, respetando en todo momento el principio de contradicción, salvo las excepciones que establece esta Constitución; [.]." De la lectura de los principios rectores del proceso penal se colige que en el mismo se altera la naturaleza de autoridad en sentido formal del agente del Ministerio Público, colocándolo en un plano de igualdad, con el quejoso, por lo cual su conducta no reviste las características de unilateralidad, coercibilidad e imperio, que se requieren para establecer el concepto de autoridad para los efectos del juicio de amparo. Por tanto, si en esta vía constitucional se reclama la formulación de imputación; la solicitud de vinculación a proceso; y la solicitud de medida cautelar, realizadas en la causa penal 843/2021; y de los antecedentes que, bajo protesta de decir verdad, se advierte que el quince de octubre de dos mil veintiuno, se celebró la continuación de la audiencia inicial en el mencionado proceso penal; por tanto, válidamente se puede afirmar que dichos actos fueron realizados dentro de la etapa intermedia, en la que la autoridad a quien se atribuyen los referidos actos reclamados no tiene carácter de autoridad para los efectos del juicio de amparo. En lo conducente tiene aplicación la tesis aislada sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 93, Volumen 43, Primera Parte, Séptima Época del Semanario Judicial de la Federación, que establece: "MINISTERIO PÚBLICO. CUANDO EJERCITA LA ACCIÓN PENAL NO ES AUTORIDAD. En la tesis jurisprudencial 190, consultable en la Segunda Parte de la última compilación al Semanario Judicial de la Federación, la Primera Sala ha resuelto esta cuestión correctamente y, por lo mismo, este Tribunal Pleno hace suyo dicho criterio, diciendo que: si el Ministerio Público ejercita la acción penal en un proceso, tiene el carácter de parte y no de autoridad, y, por lo mismo, contra sus actos, en tales casos, es improcedente el juicio de garantías, y por la misma razón, cuando se niega a ejercer la acción penal. Las facultades del Ministerio Público no son discrecionales, puesto que debe obrar de modo justificado y no arbitrario, y el sistema legal que garantice a la sociedad el recto ejercicio de las funciones de esa institución, puede consistir en la organización de la misma y en los medios de exigirle la responsabilidad consiguiente, y si los vacíos de la legislación lo impiden, esto no es motivo para que se viole lo mandado por el artículo 21 constitucional." Por ello, se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 113 de la Ley de Amparo, que permite desechar de plano la demanda de amparo indirecto al advertirse un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. NÚMERO TELEFÓNICO Y CORREO ELECTRÓNICO. Finalmente, se tiene a la parte quejosa proporcionando los números telefónicos 7715662311, 5560927174 y 7721383998, así como las cuentas de correo electrónico clinicajuridicamartin@hotmail.com y lic.Natali.32.hdez.@gmail.com para que, de ser necesario, este juzgado federal establezca comunicación. En el entendido de que dichos medios no sustituyen el lugar para recibir notificaciones, sino que conforme lo dispone el artículo 5, fracción I, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, únicamente son el medio para tener comunicación no procesal..-. M-V
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