María Guadalupe Jiménez Romero
Expediente 335/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán. 4 actuaciones registradas, la última del 16 de mayo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 335/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 16/05/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- María Guadalupe Jiménez Romero
Actuaciones
- Principal
1. CAUSA ESTADO. En virtud de que no fue impugnado el auto de nce de abril de dos mil veintidós, en el que se desechó de plano la demanda de amparo, con fundamento en el artículo 97 fracción I, inciso a) y 98 de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO. 2. ARCHIVO. Se ordena el archivo definitivo, para lo cual, se instruye al secretario encargado del asunto para que coteje que todas las constancias físicas, así como las que forman parte del expediente electrónico son coincidentes entre sí, situación que deberá ser certificada, hecho lo anterior, deberá ser entregado al área correspondiente para la anotación en el libro de gobierno y en los medios electrónicos. 2.1. VALORACIÓN. En términos del artículo 21, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN Y NO ES DE RELEVANCIA DOCUMENTAL. .
- Principal
POR ESTE MEDIO SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA EL CONTENIDO DEL SIGUIENTE PROVEÍDO...Morelia, Michoacán, once de abril de dos mil veintidós. En atención al contenido del Acuerdo General 1/2022, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se provee lo siguiente: 1. DETERMINACIONES ESPECÍFICAS EN RELACIÓN CON LA ACCIÓN DE AMPARO. Estas son las que se toman enseguida: 1.1. Desahogo de prevención. Visto lo de cuenta, se tiene al apoderado de María Guadalupe Jiménez Romero, desahogando la prevención formulada en autos y realizando la protesta de ley, respecto del carácter que ostenta. 2. Actualización de causa de improcedencia. En principio, debe destacarse que el artículo 113 de la Ley de Amparo impone al juzgador la obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se deseche de plano. Tal dispositivo señala que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que dicho motivo sea manifiesto, es decir, se advierta en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda y que sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia en cuestión sea operante en el caso concreto. Ahora, es necesario precisar que "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; y por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de alguna idea o hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. Cabe destacar que el estudio que se realiza de la demanda se efectúa en términos de la tesis de jurisprudencia P./J.40/2000, de la Novena Época, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que señala: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." En esas condiciones, este órgano jurisdiccional estima que en el asunto que nos ocupa se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, relacionado con el diverso 107/, fracción V, todos de la Ley de Amparo, respecto a los actos reclamados, por los motivos que se expondrán a continuación. En efecto, dichos numerales establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;". De la interpretación integral de los numerales citados se concluye que el juicio de amparo es improcedente cuando se reclamen actos en un procedimiento que no tengan sobre las personas o las cosas, una ejecución que sea de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos, tutelados por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. El artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, establece que la improcedencia del juicio puede derivar no sólo de las causas expresamente previstas en dicho artículo, sino también de los demás supuestos de improcedencia que provengan de la Ley de Amparo o la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En tanto que el 107, fracción V, del mismo ordenamiento legal, prevé que un acto de ejecución irreparable es aquel que afecte materialmente derechos sustantivos de la parte quejosa tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los Tratados internacionales. En otras palabras, el legislador acotó los supuestos de procedencia del juicio de amparo indirecto tratándose de este tipo de actos, pues respecto de la hipótesis prevista en la fracción V, especificó que los relativos a afectación de "imposible reparación" son los que materialmente atañen a derechos sustantivos. Lo anterior resulta relevante en el caso que nos ocupa, pues la distinción realizada por el legislador en las fracciones aludidas permite concluir que el amparo indirecto es procedente tratándose de actos en juicio, cuando éstos afecten derechos sustantivos y, respecto de derechos adjetivos o procesales, únicamente cuando se impugne la determinación de inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto. Así, debe indicarse que el acto reclamado de ninguna manera afecta, en forma directa, inmediata y material, los derechos sustantivos de la parte quejosa reconocidos en la Constitución o en los Tratados Internacionales; ello se afirma en virtud de que no afecta la libertad, propiedad, el derecho a la salud, el derecho de tránsito, etcétera. Lo expuesto permite concluir válidamente que el acto reclamado por la parte quejosa no puede impugnarse conforme al artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, ya que, si bien fue emitido dentro de un juicio, la realidad es que no afecta derecho sustantivo alguno. En otras palabras, se trata de un acto dictado en juicio que sólo entraña posibles infracciones a sus derechos adjetivos los cuales, únicamente, producen efectos de carácter formal, es decir, meramente procesales. Ahora, en el caso concreto, el acto reclamado se hace consistir en la omisión de la Oficialía de Partes Automatizada de Término del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, de no trasladar oportunamente el escrito presentado a las nueve horas con diez minutos del catorce de febrero de dos mil veintidós, a través del cual da contestación a la demanda con número de expediente 04/2022 del índice del Juzgado Séptimo de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Morelia. Establecido lo anterior, cabe señalar que los objetivos del Jefe de la Oficialía de Partes del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, contempladas en el apartado III, inciso B, del Manual de Organización, Funciones y Procedimientos de la Secretaría General de Acuerdos, es recibir, turnar y distribuir en tiempo y forma la documentación sustantiva de entada, a las diferentes salas y juzgados. Asimismo, conforme al apartado V, inciso E, de dicho ordenamiento, puntualiza las funciones de dicha autoridad, y específicamente en el numeral b, establece el distribuir oportunamente los documentos dirigidos a las salas y juzgados, según el turno autorizado por la Presidencia del Supremo Tribunal de Justicia del Estado. Por tanto, dicha omisión reclamada es atribuible a esa autoridad, por encontrarse en sus objetivos y funciones establecidas, sin embargo, para el juicio de origen sólo constituye una posible afectación a derechos adjetivos o meramente procesales y, para el caso de existir violación a algún derecho, sólo impactaría en la esfera jurídica del justiciable, hasta que el jugador de origen, ante el cual se tramita el juicio al cual dirigió la promoción y no fue allegada -a su consideración- en tiempo y forma, no obstante de así haberlo efectuado, hasta el momento en que emita sentencia, pero no implica que por sí misma tal determinación afecte un derecho sustantivo como patrimoniales, etcétera. Ello es así, pues la parte quejosa podría obtener sentencia favorable en el contradictorio de origen, ya que, según sus antecedentes, puede advertirse que el juicio subyacente se encuentra en trámite, por lo cual, ante la posibilidad de un fallo en favor de sus intereses, quedarían reparadas las posibles violaciones que se cometieran a causa de la omisión de no habérsele tenido por contestada la demanda. De ahí que se considere que el acto reclamado sólo implicaría violaciones formales reparables en la sentencia que llegue a dictarse en el precitado juicio de origen; aunado a que, puede reclamarse como una violación procesal. En ese orden de ideas, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 y 107, fracción V de la Ley de Amparo, por lo que ve a dicho acto. En tales condiciones, al actualizarse de manera notoria, manifiesta e indudable la causal de improcedencia invocada, pues, con ningún medio de prueba podría desvirtuarse, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA en estudio por notoriamente improcedente. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa; y publíquese en la página del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán, de conformidad con el artículo 3, fracciones I y VII, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; y en esos mismos términos firma también el Secretario Javier Ivan Contreras Osorio, que da fe. UBB
- Principal
Morelia, Michoacán, once de abril de dos mil veintidós. En atención al contenido del Acuerdo General 1/2022, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se provee lo siguiente: 1. DETERMINACIONES ESPECÍFICAS EN RELACIÓN CON LA ACCIÓN DE AMPARO. Estas son las que se toman enseguida: 1.1. Desahogo de prevención. Visto lo de cuenta, se tiene al apoderado de María Guadalupe Jiménez Romero, desahogando la prevención formulada en autos y realizando la protesta de ley, respecto del carácter que ostenta. 2. Actualización de causa de improcedencia. En principio, debe destacarse que el artículo 113 de la Ley de Amparo impone al juzgador la obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se deseche de plano. Tal dispositivo señala que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que dicho motivo sea manifiesto, es decir, se advierta en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda y que sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia en cuestión sea operante en el caso concreto. Ahora, es necesario precisar que "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; y por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de alguna idea o hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. Cabe destacar que el estudio que se realiza de la demanda se efectúa en términos de la tesis de jurisprudencia P./J.40/2000, de la Novena Época, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que señala: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." En esas condiciones, este órgano jurisdiccional estima que en el asunto que nos ocupa se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, relacionado con el diverso 107/, fracción V, todos de la Ley de Amparo, respecto a los actos reclamados, por los motivos que se expondrán a continuación. En efecto, dichos numerales establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;". De la interpretación integral de los numerales citados se concluye que el juicio de amparo es improcedente cuando se reclamen actos en un procedimiento que no tengan sobre las personas o las cosas, una ejecución que sea de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos, tutelados por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. El artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, establece que la improcedencia del juicio puede derivar no sólo de las causas expresamente previstas en dicho artículo, sino también de los demás supuestos de improcedencia que provengan de la Ley de Amparo o la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En tanto que el 107, fracción V, del mismo ordenamiento legal, prevé que un acto de ejecución irreparable es aquel que afecte materialmente derechos sustantivos de la parte quejosa tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los Tratados internacionales. En otras palabras, el legislador acotó los supuestos de procedencia del juicio de amparo indirecto tratándose de este tipo de actos, pues respecto de la hipótesis prevista en la fracción V, especificó que los relativos a afectación de "imposible reparación" son los que materialmente atañen a derechos sustantivos. Lo anterior resulta relevante en el caso que nos ocupa, pues la distinción realizada por el legislador en las fracciones aludidas permite concluir que el amparo indirecto es procedente tratándose de actos en juicio, cuando éstos afecten derechos sustantivos y, respecto de derechos adjetivos o procesales, únicamente cuando se impugne la determinación de inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto. Así, debe indicarse que el acto reclamado de ninguna manera afecta, en forma directa, inmediata y material, los derechos sustantivos de la parte quejosa reconocidos en la Constitución o en los Tratados Internacionales; ello se afirma en virtud de que no afecta la libertad, propiedad, el derecho a la salud, el derecho de tránsito, etcétera. Lo expuesto permite concluir válidamente que el acto reclamado por la parte quejosa no puede impugnarse conforme al artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, ya que, si bien fue emitido dentro de un juicio, la realidad es que no afecta derecho sustantivo alguno. En otras palabras, se trata de un acto dictado en juicio que sólo entraña posibles infracciones a sus derechos adjetivos los cuales, únicamente, producen efectos de carácter formal, es decir, meramente procesales. Ahora, en el caso concreto, el acto reclamado se hace consistir en la omisión de la Oficialía de Partes Automatizada de Término del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, de no trasladar oportunamente el escrito presentado a las nueve horas con diez minutos del catorce de febrero de dos mil veintidós, a través del cual da contestación a la demanda con número de expediente 04/2022 del índice del Juzgado Séptimo de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Morelia. Establecido lo anterior, cabe señalar que los objetivos del Jefe de la Oficialía de Partes del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, contempladas en el apartado III, inciso B, del Manual de Organización, Funciones y Procedimientos de la Secretaría General de Acuerdos, es recibir, turnar y distribuir en tiempo y forma la documentación sustantiva de entada, a las diferentes salas y juzgados. Asimismo, conforme al apartado V, inciso E, de dicho ordenamiento, puntualiza las funciones de dicha autoridad, y específicamente en el numeral b, establece el distribuir oportunamente los documentos dirigidos a las salas y juzgados, según el turno autorizado por la Presidencia del Supremo Tribunal de Justicia del Estado. Por tanto, dicha omisión reclamada es atribuible a esa autoridad, por encontrarse en sus objetivos y funciones establecidas, sin embargo, para el juicio de origen sólo constituye una posible afectación a derechos adjetivos o meramente procesales y, para el caso de existir violación a algún derecho, sólo impactaría en la esfera jurídica del justiciable, hasta que el jugador de origen, ante el cual se tramita el juicio al cual dirigió la promoción y no fue allegada -a su consideración- en tiempo y forma, no obstante de así haberlo efectuado, hasta el momento en que emita sentencia, pero no implica que por sí misma tal determinación afecte un derecho sustantivo como patrimoniales, etcétera. Ello es así, pues la parte quejosa podría obtener sentencia favorable en el contradictorio de origen, ya que, según sus antecedentes, puede advertirse que el juicio subyacente se encuentra en trámite, por lo cual, ante la posibilidad de un fallo en favor de sus intereses, quedarían reparadas las posibles violaciones que se cometieran a causa de la omisión de no habérsele tenido por contestada la demanda. De ahí que se considere que el acto reclamado sólo implicaría violaciones formales reparables en la sentencia que llegue a dictarse en el precitado juicio de origen; aunado a que, puede reclamarse como una violación procesal. En ese orden de ideas, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 y 107, fracción V de la Ley de Amparo, por lo que ve a dicho acto. En tales condiciones, al actualizarse de manera notoria, manifiesta e indudable la causal de improcedencia invocada, pues, con ningún medio de prueba podría desvirtuarse, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA en estudio por notoriamente improcedente. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa; y publíquese en la página del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán, de conformidad con el artículo 3, fracciones I y VII, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; y en esos mismos términos firma también el Secretario Javier Ivan Contreras Osorio, que da fe. UBB
- Principal
POR ESTE MEDIO SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA EL CONTENIDO DEL SIGUIENTE PROVEÍDO...En atención al contenido del Acuerdo General 1/2022, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por la enfermedad COVID-19, se provee lo siguiente: 1. Vías de cumplimiento. Visto lo de cuenta, se tiene a la Jefa del Área de lo Contencioso y Consultivo de la Delegación del Registro Agrario Nacional en el Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, informando que esa Delegación generó cita a la parte quejosa para que se presente en sus instalaciones el seis de abril de dos mil veintidós a las doce horas, a fin de que le sean notificadas las calificaciones respectivas a las solicitudes presentadas por la quejosa inherentes a este juicio. 1.1. Vista la parte quejosa. Por tanto, dése vista con lo anterior a la parte quejosa para que, por un lado, presente la documentación por cuya omisión de respuesta se otorgó la protección constitucional solicitada -ocurso recibido el diez de septiembre de dos mil dieciocho, a fin de darle el seguimiento correspondiente-; asimismo, para que se presente ante la responsable en la hora y día que se mencionan, a fin de que se le proporcione la información atinente a los trámites registrales que fueron motivo del fallo protector, o bien, manifieste el impedimento legal o material que tenga para ello; lo anterior, en el entendido que de ser omisa al respecto, se le tendrá por desinteresada en el cumplimiento de la sentencia y este juzgado realizará el pronunciamiento correspondiente con las constancias de autos. 1.2. Requerimiento. Por tanto, requiérase a la autoridad responsable para que dentro del término de tres días, posteriores al seis de abril próximo, informe si la parte quejosa acudió a sus oficinas y el resultado de su visita. 1.2.1. Apercibimiento. Apercibida que de no hacerlo, le será impuesta multa de cien Unidades de Medida y Actualización, en términos de los artículos 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo; asimismo, se dará inicio al procedimiento de inejecución establecido en el numeral 193 de la ley de la materia, el cual puede culminar con la separación de su cargo y su consignación ante la autoridad competente. 1.3. Domicilio y delegados. Finalmente, se tiene a la autoridad de cuenta, señalando domicilio para recibir notificaciones y en términos del artículo 9° de la Ley de Amparo, designando delegados.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán · 5,407 expedientes
- María Guadalupe Encarnación Aguirre822/2022
- María Guadalupe Escobedo Morales621/2021
- María Guadalupe Gámez Morales157/2022
- María Guadalupe Gaona Torres458/2021
- María Guadalupe González Gárnica733/2019
- María Guadalupe Huacuz Elías428/2018
- María Guadalupe Lara Rivera1351/2019
- María Guadalupe Medina López1010/2021
- María Guadalupe Molina Lezama840/2019
- María Guadalupe Moreno Ramos311/2021
- María Guadalupe Navarro Orozco870/2017
- María Guadalupe Ortiz Aguilar1018/2021