María Guadalupe Huacuz Elías
Expediente 428/2018 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán. 3 actuaciones registradas, la última del 4 de junio de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 428/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 04/06/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- María Guadalupe Huacuz Elías
Actuaciones
- Principal
Visto el oficio del secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, por el cual informa que dicho órgano jurisdiccional aceptó la competencia declinada en su favor y se avocó al conocimiento del juicio de amparo III-428/2018, promovido por Leonel Bladimir Alipio Jiménez y Josué Vázquez Manríquez, en cuanto apoderados jurídicos de María Guadalupe Huacuz Elías, Rocío Rosas Vargas, Benito Rodríguez Haros y Alejandro Martínez de la Rosa, quedando registrado en el índice del mencionado tribunal bajo el número 457/2018; de lo que se toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar. Ahora, visto el estado procesal que guardan los autos y toda vez que se trata de un asunto totalmente concluido, no existiendo acuerdo pendiente por dictar, se ordena su ARCHIVO definitivo, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno de este juzgado. Asimismo, conforme al prudente arbitrio de este juzgador este asunto no es de relevancia documental, en términos del último párrafo del artículo vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia de los expedientes generados en los juzgados de distrito, y el mismo encuadra en la hipótesis prevista por la fracción I de dicho precepto y debido a ello es susceptible de destrucción; en esa virtud, una vez que transcurran los tres años a que se refiere el punto décimo tercero de aquel ordenamiento, deberá ser trasferido al depósito documental que para tal efecto señale la Suprema Corte de Justicia de la Nación, debiendo generarse los documentos que esa disposición prevé. En términos del punto undécimo del acuerdo general en consulta, hágase constar en la carátula los datos precisados con antelación. Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico.
- Principal
Notifíquese personalmente.
- Principal
POR ESTE MEDIO SE NOTIFÍCA A LA PARTE QUEJOSA: MARÍA GUADALUPE HUACUZ ELÍAS, ROCÍO ROSAS VARGAS, BENITO RODRÍGUEZ HAROS, Y ALEJANDRO MARTÍNEZ DE LA ROSA. Demanda y radicación. Con la demanda de amparo de cuenta, Leonel Bladimir Alipio Jiménez y Josué Vázquez Manríquez, en cuanto apoderados jurídicos de María Guadalupe Huacuz Elías, Rocío Rosas Vargas, Benito Rodríguez Haros y Alejandro Martínez de la Rosa, solicitan el amparo y protección de la Justicia de la Unión, contra actos que atribuye a la Junta Especial Número Cinco de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad y otras autoridades. Fórmese expediente y regístrese con el número III-428/2018, tanto en el libro de gobierno de juicios de amparo, como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Consideraciones previas. Conviene asentar que la parte promovente señala como autoridades responsables a las siguientes: 1)Consejo Directivo de la Universidad Intercultural Indígena del Estado de Michoacán; 2) Universidad Intercultural Indígena del Estado de Michoacán; 3) Poder Ejecutivo del Estado de Michoacán; 4) Congreso del Estado de Michoacán; y, 5) Junta Especial Número Cinco de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Michoacán, Por los actos reclamados consistentes en lo siguiente: "4.-ACTO RECLAMADO: Por ser diversas las autoridades señaladas como responsables, se precisa que acto se reclama de cada una de ellas. a) Del 1.- H. Consejo Directivo de la Universidad Intercultural Indígena del Estado de Michoacán y de la Universidad Intercultural Indígena del Estado de Michoacán: a.1.- La OMISION DE DAR CUMPLIMIENTO a las disposiciones contenidas en los artículos 1°., 2°., 4 fracción XV, 10 bis, 17, 23, 27, 56, 57, 61, 66 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 1°., 2°, fracciones IX, XIX, XVI, XXXIII, 5 fracción III, 6, 8, 10 fracción I, inciso b), 13 fracción IV y 14 fracción I, de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios; 1°., 2°., fracciones XIII, XIV, XV, XVII, XXIII, XXVII, XLI, 3°., 13, 14, 16, 17, 18, 20 fracciones IX, XI, XII, XIII, XV, 36, 37, 38, 40, 41, 68, 69, 70 y 90 de la Ley de Planeación Hacendaria, Presupuesto, Gasto Público y Contabilidad Gubernamental del Estado de Michoacán, al momento de formular y presentar ante al Poder Ejecutivo del Estado de Michoacán, a quien corresponde hacer llegar al Congreso del Estado de Michoacán el Presupuesto de Egresos para el año 2018, al dejar de incluir el gasto devengado a cargo de la Entidad Universidad Intercultural Indígena de Michoacán (Organismo Público Descentralizado), derivado del laudo condenatorio dictado en los autos de los Juicios Acumulados J-V-15/2009 y J-V-142/2009 seguido por María Guadalupe Huacuz Elías, Rocío Rosas Vargas, Benito Rodríguez Haros y Alejandro Martínez de la Rosa, en contra de la citada Universidad. a.2.- OMISION de solicitar la ampliación de presupuesto correspondiente al ejercicio 2018, para cubrir el pago del gasto devengado a cargo de la Entidad Universidad Intercultural Indígena de Michoacán (Organismo Público Descentralizado), derivado del laudo condenatorio dictado en los autos de los Juicios Acumulados J-V-15/2009 y J-V-142/2009 seguido por María Guadalupe Huacuz Elías, Rocío Rosas Vargas, Benito Rodríguez Haros y Alejandro Martínez de la Rosa, en contra de la citada Universidad. a.3.- OMISION DE dar cumplimiento y pago del laudo condenatorio dictado en los autos de los Juicios Acumulados J-V-15/2009 y J-V-142/2009 seguido por María Guadalupe Huacuz Elías, Rocío Rosas Vargas, Benito Rodríguez Haros y Alejandro Martínez de la Rosa, en contra de la citada Universidad. b).- Del Poder Ejecutivo del Estado de Michoacán, se reclama la OMISION en que ha incurrido al no dar cumplimiento y aplicación de las disposiciones contenidas en los artículos 1°., 4 fracción XV, 10 bis, 56, 60, 61 y 66 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 1°., 2°, fracciones IX, XIX, XXVI, XXXIII, 5 fracción III, 6, 8, 10 fracción I, inciso b), 13 fracción IV y 14 fracción I, de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios; 1°., 2°., fracciones XIII, XIV, XV, XVII, XXIII, XXVII, XLI, 3°., 14, 16, 17, 18, 20 fracciones IX, XI, XII, XIII, XV, 36, 37, 38, 40, 41 y 90 de la Ley de Planeación Hacendaria, Presupuesto, Gasto Público y Contabilidad Gubernamental del Estado de Michoacán, al momento de formular y presentar ante el Congreso del Estado de Michoacán el Presupuesto de Egresos para el año 2018, al dejar de incluir el gasto devengado a cargo de la Entidad Universidad Intercultural Indígena de Michoacán (Organismo Público Descentralizado), derivado del laudo condenatorio dictado en los autos de los Juicios Acumulados J-V-15/2009 y J-V-142/2009 seguido por María Guadalupe Huacuz Elías, Rocío Rosas Vargas, Benito Rodríguez Haros y Alejandro Martínez de la Rosa, en contra de la citada Universidad. c).- De la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Michoacán, se reclama la omisión de dar cumplimiento y aplicación de las disposiciones contenidas en los artículos 1°., 57, 66 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 1°., 2°, fracciones IX, XIX, XXVI, XXXIII, 5 fracción III, 6, 8, 10 fracción I, inciso b), 13 fracción IV y 14 fracción I, de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios; 1°., 2°., fracciones 15, 17, 39, de la Ley de Planeación Hacendaria, Presupuesto, Gasto Público y Contabilidad Gubernamental del Estado de Michoacán, como consecuencia de la omisión que se reclama del Poder Ejecutivo del Estado, al dejar de incluir en el Presupuesto de Egresos para el año 2018 el gasto devengado a cargo de la Entidad Universidad Intercultural Indígena de Michoacán (Organismo Público Descentralizado), derivado del laudo condenatorio dictado en los autos de los Juicios Acumulados J-V-15/2009 y J-V-142/2009 seguido por María Guadalupe Huacuz Elías, Rocío Rosas Vargas, Benito Rodríguez Haros y Alejandro Martínez de la Rosa, en contra de la citada Universidad. d).- Del H. Congreso del Estado de Michoacán (poder Legislativo), ya que derivado de la omisión que se reclama de las anteriores autoridades señaladas como responsables, el H. Congreso del Estado dejó de autorizar en el presupuesto de egresos para el año 2018, el recurso correspondiente para el pago del gasto devengado a cargo de la Entidad Universidad Intercultural Indígena de Michoacán (Organismo Público Descentralizado), derivado del laudo condenatorio dittado en los autos de los Juicios Acumulados J-V-15/2009 y J-V-142/2009 seguido por María Guadalupe Huacuz Elías, Rocío Rosas Vargas, Benito Rodríguez Haros y Alejandro Martínez de la Rosa, en contra de la citada Universidad. e).- De la Junta Especial número Cinco de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, la omisión en que ha incurrido de dar cumplimiento con lo establecido en los artículos 685, 940 de la Ley Federal del trabajo, al dejar de dictar las medidas necesarias para que la ejecución y cumplimiento del laudo por ella pronunciado en los autos de los juicios laborales acumulados J-V-15/2009 y J-V-142/2009, mismos que constituyen cosa juzgada, sea plenamente ejecutada conforme a lo establecido en el sexto párrafo del artículo 17 constitucional.". Así, de la interpretación de la demanda de amparo y escrito aclaratorio se obtiene que, en esencia, la parte quejosa reclama de las autoridades responsables: a) La omisión de dar cumplimiento al laudo emitido en el juicio laboral J-V-15/2009 y su acumulado J-V-142/2009; b) La omisión de dar cumplimiento a lo dispuesto por los artículos: 1, 2, 4, fracción XV, 10 bis, 17, 23, 27, 56, 57, 61, 66 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 1, 2, fracciones IX, XIX, XXVI, XXXIII, 5, fracción III, 6, 8, 10, fracción I, inciso b), 13, fracción IV y 14, fracción I, de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios; 1, 2, fracciones XIII, XIV, XV, XVII, XXIII, XXVII y XLI, 3, 13, 14, 15, 17, 18 20, fracciones IX, XI, XII, XIII y XV, 36, 37, 38, 40, 41, 68, 69, 70 y 90 de la Ley de Planeación Hacendaria, Presupuesto, Gasto Público y Contabilidad Gubernamental del Estado de Michoacán. Todo ello, al momento de formular y presentar el Presupuesto de Egresos para el ejercicio dos mil dieciocho, para incluir el gasto devengado a cargo de la Universidad Intercultural Indígena de Michoacán (organismo público descentralizado), derivado del laudo condenatorio del citado juicio laboral J-V-15/2009 y su acumulado J-V-142/2009; y, c) La omisión de solicitar la ampliación del presupuesto correspondiente a este ejercicio fiscal para cumplir con el referido laudo. Asimismo, del capítulo de antecedentes de la demanda de cuenta, se obtiene que la parte quejosa indica que se han promovido los diversos juicios de amparo 880/2014 y 625/2015, del índice del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán, contra los actos que hizo consistir en diversas cuestiones emitidas dentro del juicio laboral J-V-15/2009 y su acumulado J-V-142/2009. Circunstancia que se debe atender por dos cuestiones. La primera, puesto que la parte quejosa ha narrado bajo protesta de decir verdad los hechos o abstenciones que constituyan los antecedentes de los actos reclamados. Así, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que la protesta de ley es un requisito que tiene como propósito que el juzgador de amparo pueda cumplir con todas las exigencias procesales y emitir las determinaciones correspondientes que establece la Ley de Amparo, en virtud de que se trata del único elemento con que inicialmente cuenta el órgano jurisdiccional para tomar las determinaciones que conlleva la admisión de la demanda. Así, tanto la narración de antecedentes que se haga bajo protesta de decir verdad crea certeza en el juez para que pueda tomar las determinaciones correspondientes y, a su vez, responsabiliza a quien formula las manifestaciones respecto de su falsedad u omisión de datos, con la finalidad de evitar el abuso del juicio de amparo y procurar el equilibrio de la responsabilidad entre todos aquellos que participan en el juicio . Ý la segunda razón consiste en que, como se obtiene de la certificación secretarial que antecede, una vez que se ingresó al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) se pudo constatar que las sentencias emitidas en los juicios de amparo 880/2014 y 625/2015 del índice del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, versaron sobre actos combatidos en el juicio laboral J-V-15/2009 y su acumulado J-V-142/2009. Lo que es un hecho notorio para este juzgador, en términos del numeral 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, ya que se trata de información auténtica y fidedigna. Orienta lo anterior la tesis aislada (V Región) 3o.2 K (10a.) emitida por el Tercer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, de rubro y texto siguientes: "HECHOS NOTORIOS. PUEDEN INVOCARSE COMO TALES, LOS AUTOS O RESOLUCIONES CAPTURADOS EN EL SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES (SISE), AL SER INFORMACIÓN FIDEDIGNA Y AUTÉNTICA. De acuerdo con la doctrina, cabe considerar notorios a aquellos hechos cuyo conocimiento forma parte de la cultura normal o general propia de un determinado círculo social en el tiempo en que se produce la decisión, excluyendo de éstos las características de universalidad, conocimientos absoluto y efectivo, así como la permanencia del hecho, pues no se requiere que éste sea objeto de un conocimiento multitudinario; resulta suficiente el conocimiento relativo, es decir, la posibilidad de verificar la existencia del hecho de que se trate mediante el auxilio de una simple información; es innecesaria la observación directa por todos los individuos pertenecientes al grupo social, y no obsta a la notoriedad de un hecho la circunstancia de haber acontecido con anterioridad, por considerarse que éste sea, al momento de desarrollarse el proceso, respectivamente. Por su parte, tratándose de los tribunales, los hechos notorios se definen como aquellos que el órgano judicial conoce institucionalmente con motivo de su propia actividad profesional; situación esta última que coincide con lo asentado en la ejecutoria de la contradicción de tesis 4/2007-PL, de la que derivó la jurisprudencia 2a./J. 103/2007, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXV, junio de 2007, página 285, de rubro: "HECHO NOTORIO. PARA QUE SE INVOQUE COMO TAL LA EJECUTORIA DICTADA CON ANTERIORIDAD POR EL PROPIO ÓRGANO JURISDICCIONAL, NO ES NECESARIO QUE LAS CONSTANCIAS RELATIVAS DEBAN CERTIFICARSE.", que determinó que un hecho notorio para un tribunal, es aquel del que conozca por razón de su propia actividad jurisdiccional y en la cual se dejó abierta la posibilidad de que un juzgador podía invocar como hecho notorio una ejecutoria recaída a un anterior juicio de amparo relacionado, pero del índice de un diverso órgano judicial, si se cuenta con la certificación previa de las constancias relativas, lo que permitiría sustentar una causa de improcedencia en la existencia de aquél. Ahora bien, en los Acuerdos Generales 28/2001 y 29/2007, emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se estableció la instauración del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), como programa automatizado de captura y reporte de datos estadísticos sobre el movimiento de los asuntos del conocimiento de los órganos jurisdiccionales y se indicó la obligatoriedad de utilizar el módulo "Sentencias" del referido sistema para la captura y consulta de las sentencias que dicten los Tribunales de Circuito y los Juzgados de Distrito, respectivamente, y señala con precisión que la captura se realizaría el mismo día de su publicación, y sería supervisada y certificada por el secretario que al efecto designaran los titulares; por tanto, se concluye que la captura obligatoria y consulta de la información que los tribunales federales realizan a dicho sistema electrónico, si bien no sustituye a las constancias que integran los expedientes en que éstas se dictan, lo cierto es que genera el conocimiento fidedigno y auténtico de que la información obtenida, ya sea que se trate de autos o sentencias, coincide fielmente con la agregada físicamente al expediente; de ahí que la información almacenada en dicha herramienta pueda ser utilizada en la resolución de asuntos relacionados pertenecientes a órganos jurisdiccionales distintos, contribuyendo así al principio de economía procesal que debe regir en el proceso, a fin de lograr el menor desgaste posible de la actividad judicial y, como consecuencia, evitar el dictado de sentencias contradictorias, máxime que la información objeto de consulta en el referido sistema reúne, precisamente, las características propias de los hechos notorios en general, pues ésta es del conocimiento de las partes intervinientes en el juicio; es posible su verificación a través de la consulta en dicho sistema automatizado; para su validez es innecesaria la observación o participación directa de todos los intervinientes; y su captura aconteció en el momento en que se produjo la decisión". ? Remisión del expediente por razón de turno. Por lo anterior se estima que se actualiza una de las hipótesis de los criterios generales de relación pues las cuestiones que se reclaman en este asunto tienen su origen del mismo procedimiento laboral; sumario en el que se han impugnado diversas cuestiones a través de los diversos juicios de amparo 880/2014 y 625/2015, del índice del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán. Derivado de lo expuesto y en atención al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma y adiciona el similar, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los Órganos Jurisdiccionales, en relación con el funcionamiento de las oficinas de correspondencia común, aprobado en sesión ordinaria de tres de febrero de dos mil dieciséis, se estima que el juicio de amparo en que se actúa, debe turnarse al juzgado que tuvo previo conocimiento de ello, esto es, al Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad. En efecto, el acuerdo referido, en sus artículos 45 y 46, señala lo siguiente: "Artículo 45. Los asuntos se turnarán mediante el sistema computarizado que determine la Secretaría Ejecutiva de Carrera Judicial y Creación de Nuevos Órganos, por conducto de la Dirección General de Estadística Judicial, previa aprobación de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos, de la siguiente manera: I. Forma Aleatoria: Una vez capturados los datos de registro del asunto que no cuente con antecedente alguno en el sistema computarizado, éste lo distribuirá aleatoriamente, y de manera equilibrada entre los órganos jurisdiccionales; y II. Forma Relacionada: Si al capturar los datos de registro del asunto, el sistema computarizado arroja un antecedente que lo vincule con otro registrado con anterioridad, ya sea por disposición expresa de la ley o conforme a un criterio de relación, general o específico, de los contenidos en el propio sistema, se turnará al mismo órgano jurisdiccional que conoce o conoció de aquél. Artículo 46. Son criterios generales de relación, en aplicación de los cuales un asunto de nuevo ingreso deberá turnarse a un órgano jurisdiccional determinado, por existir en el sistema un antecedente que hace procedente la vinculación, los siguientes: [..] II. El juicio de amparo directo o indirecto, promovido contra actos provenientes de un expediente administrativo o jurisdiccional, averiguación previa o ejercicio de la acción penal, se turnará al órgano jurisdiccional que haya conocido de otro amparo promovido contra actos derivados de esos mismos asuntos; [.] IV. Cuando se promuevan demandas de amparo o interpongan recursos, que se refieran a una misma averiguación previa o ejercicio de la acción penal o acto de autoridad, al que tenga el último antecedente del asunto, aunque las partes no sean las mismas; [.] XIII. [.] Cuando se turne un asunto al órgano jurisdiccional y éste estime que es a otro al que corresponde conocer del asunto por razón de turno, lo remitirá con sus anexos, al juzgado o tribunal que considere debe conocer; recibido dicho asunto por el órgano requerido éste decidirá si acepta o no el conocimiento del mismo. Si acepta, comunicará su resolución al requirente, previa notificación a las partes y dará aviso a la oficina de correspondencia común a fin de equilibrar las cargas de trabajo". De los preceptos transcritos se advierte que existen dos formas de turnar los asuntos, en forma aleatoria y relacionada, así como los criterios generales de relación. Por su parte, las fracciones II y IV del artículo 46 del citado Acuerdo Plenario establece que tratándose de juicios de amparo promovidos contra actos provenientes de un expediente administrativo o jurisdiccional, averiguación previa o ejercicio de la acción penal, se turnarán al órgano jurisdiccional que tenga el último antecedente del asunto, aunque las partes no sean las mismas. De la interpretación de dichos preceptos se advierte que sólo los asuntos que no tengan antecedentes, se turnarán en forma aleatoria por la Oficina de Correspondencia Común correspondiente. Fuera de dicha hipótesis, el encargado de la citada oficina verificará si un asunto está relacionado con otro por provenir de un expediente administrativo, jurisdiccional o averiguación previa identificado con el mismo número de índice y autoridad que otro ya asignado, para turnarlo al juzgado que haya tenido previo conocimiento. Entonces, si el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, conoció previamente de dos juicios de amparo que se reclamaron ciertas cuestiones relativas al juicio laboral J-V-15/2009 y su acumulado J-V-142/2009, de donde deriva el acto reclamado en el juicio de amparo en que se actúa y se trata del último antecedente de dicho asunto, resulta inconcuso que dicho Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, es quien debe conocer del presente juicio. En tal virtud, remítase este juicio de amparo con sus anexos al Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán, por tratarse de asuntos relacionados entre sí, donde el acto reclamado proviene de un mismo procedimiento administrativo, tramitado ante las mismas autoridades responsables, respecto del cual ya había conocido aquel órgano jurisdiccional; solicitando el acuse de recibo correspondiente. Fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo para los efectos legales a que haya lugar. ? Domicilio. Se tiene como domicilio de la quejosa para oír y recibir notificaciones, el que cita en el escrito inicial de demanda. Habilitación de horas inhábiles, anotaciones y capturas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y Expediente Electrónico. A fin de dar puntual cumplimiento al derecho fundamental establecido en el artículo 17 constitucional, con fundamento en el numeral 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que los Actuarios de la adscripción estén en posibilidad de realizar la práctica de todas aquellas diligencias de notificación que les sean encomendadas con motivo de la tramitación de este juicio. Se autoriza a los Secretarios de este Juzgado para firmar toda comunicación oficial que derive del presente juicio. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno y las capturas correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3 y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico.
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