Maria Guadalupe Ivette Villaseñor Sancen
Expediente 126/2019 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 3 actuaciones registradas, la última del 25 de noviembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 126/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 25/11/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Maria Guadalupe Ivette Villaseñor Sancen
Actuaciones
- Principal
Por recibido el oficio de la Jueza Segundo Civil de Partido, con residencia en esta ciudad, y en atención a su petición, dígasele que el juicio de amparo 1026/2019-II.1, se le informa que en el juicio de amparo 126/2019-II.1 de este índice, promovido por *** en fecha diecinueve de febrero de dos mil diecinueve, se desechó la demanda de amparo, la cual causó estado el cuatro de marzo del mismo año, ordenándose su archivo.
- Principal
Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, y en virtud que de la certificación que antecede se advierte que no fue recurrido dentro del término legal el desechamiento de diecinueve de febrero de dos mil diecinueve. Por tanto, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 97, fracción I, inciso a) y 98, ambos de la ley de amparo, en relación 356, fracción II, del código federal de procedimientos civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, de conformidad con el numeral 2°, se declara que dicho fallo ha causado estado. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y con fundamento en el numeral 214 de la ley de amparo, se ordena archivar el presente como asunto totalmente concluido. En estricto acatamiento a lo dispuesto por el Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, específicamente en los dispositivos Vigésimo y Vigésimo Primero, es de precisarse que este expediente NO es de RELEVANCIA DOCUMENTAL. Toda vez que se desechó la demanda con que se formó este juicio de amparo; el expediente en que se actúa será susceptible de DESTRUCCIÓN una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el punto vigésimo primero, fracción II, del Acuerdo citado en el párrafo que antecede. Toda vez que resulta innecesaria la retención de las constancias remitidas por el magistrado de la Primera Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con sede en Guanajuato, consistentes en un tomo del toca 640/2018; dos tomos del expediente C-92/2016, así como un sobre cerrado que contiene diversas documentales, se ordena devolverlos a la autoridad mencionada, solicitándole el acuse de recibo correspondiente.
- Principal
Por recibido el oficio signado por la secretaria de acuerdos del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimosexto Circuito, al cual adjuntó el original de la demanda de amparo promovida por ***, por conducto de su mandatario ***, siete copias de la misma; escrito de presentación de demanda; un sobre cerrado con diversos documentos; un legajo de constancias que contiene emplazamientos e informes justificados, así como oficio 134 en copia certificada; un tomo del toca original 640/2018; original del expediente C-92/2016 en dos tomos. Acúsese recibo. Se ordena formar tres tomos de pruebas con los expedientes referidos en el párrafo que antecede. Hágase del conocimiento de la superioridad declinante que en este juzgado federal acepta la competencia declinada y se avoca al conocimiento de la demanda de amparo de cuenta. Por ende, téngase por recibida la demanda de amparo signada por ***, por medio de la cual solicita el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos del magistrado de la Primera Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato, residente en dicha ciudad; y, juez Segundo Civil de partido, con residencia en Celaya, Guanajuato, fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos bajo el número 126/2019-II.1, anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este Juzgado, así como procédase a la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación, en el entendido de que aquéllas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento, o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la Secretaría de este Juzgado. Una vez analizada la demanda de amparo, se estima que debe desecharse por su notoria e indudable improcedencia en términos de lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, en virtud de que frente al acto reclamado se configura una causal de improcedencia; al efecto, dicho numeral señala: Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. Por su parte, los diversos numerales 61, fracción XXIII, y 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, textualmente dicen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 107. El amparo indirecto procede: V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. En efecto, el acto reclamado es el siguiente: De la ordenadora y ejecutora Ciudadano Magistrado propietario que integra la Primera Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato, reclamo la Resolución definitiva dentro del toca 640/2018 relativo a la resolución dictada de la apelación promovida por el C. LICENCIADO ***, en contra de la sentencia de fecha nueve de octubre de dos mil dieciocho, emitida dentro del proceso ordinario civil número C-92/2016, sobre reivindicatoria y otras prestaciones, dictada por la Juez Segundo Civil de Partido de Celaya, Guanajuato, en el Juicio Ordinario Civil C92/2016. De los tomos del juicio ordinario civil y toca que se anexan, se advierte que ***, demandó en la vía ordinaria civil a ***, la reivindicación del inmueble que refiere en su demanda es de su propiedad; así como el pago de diversas prestaciones ante el juzgado Segundo Civil de Partido, con residencia en Celaya, Guanajuato; y, que en fecha nueve de octubre de dos mil dieciocho, se dictó sentencia en el expediente C92/2017, en la que resolvió: PRIMERO.- Este Juzgado resultó competente para resolver este asunto, siendo correcta la vía ordinaria civil instaurada. SEGUNDO. Por lo considerado dada la solvencia de la excepción analizada y relativa a la posesión previa y justificada del bien reclamado se determina improcedente la acción reivindicatoria instada por *** respecto del inmueble sito en *** esta ciudad. Absolviéndose a *** de lo reclamado en la especie, y dejando a salvo los derechos de las partes para que mediante la acción idónea se determine el mejor derecho que tiene respecto del inmueble alegado. TERCERO. Se condena al actor a pagar al reo las costas procesales de la instancia a favor de las demandadas. Inconforme con dicha resolución ***, por conducto de su mandatario judicial, interpuso recurso de apelación, tocando conocer de dicho medio de impugnación a la Primera Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato; medio extraordinario de defensa el cual quedó registrado bajo el número de toca 640/2018; y el veintinueve de noviembre de dos mil dieciocho, se dictó resolución en la que el magistrado responsable revocó el fallo de primera instancia y ordenó la reposición del procedimiento a partir del auto de veintidós de junio de dos mil dieciocho, para que, previo a la admisión de la demanda reconvencional formulada por ***, se le previniera para que aclarara su demanda, así como para que la ampliara en contra de ***, y la presentara nuevamente (determinación que constituye el acto reclamado). En la sentencia que recae al recurso que es donde deriva el acto reclamado, el magistrado de la Primera Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato, revocó el fallo de primera instancia y ordenó la reposición del procedimiento a partir del auto de veintidós de junio de dos mil dieciocho, como al efecto se pude apreciar en la resolución siguiente: Por lo tanto, en acatamiento a las obligaciones de proteger, respetar y garantizar los derechos humanos, que en el artículo primero constitucional se imponen a este Tribunal, al ser fundado el agravio hecho valer por la recurrente, y en aras de procurar que no le sea vulnerado a las partes el derecho humano de acceso a la justicia, deviene necesario revocar la determinación apelada y ordenar la reposición del procedimiento a fin de que la violación sea subsanada por el tribunal de primer grado, y de esta manera, se emita un pronunciamiento con relación a la demanda reconvencional que *** acompañó a su escrito de contestación de demanda. En ese tenor, deviene innecesario abordar el estudio de los agravios formulados por ***, ya que han quedado sin materia, debido al sentido natural y alcance procesal de la presente resolución, pues los referidos conceptos de inconformidad se encaminaron a evidenciar la ilegalidad de la sentencia de primer grado, la cual quedó sin efecto al ordenarse la reposición del procedimiento. En tal virtud, se revoca la resolución del nueve de octubre de dos mil dieciocho, emitida por el Juez Segundo civil de Partido en Celaya, Guanajuato, dentro del proceso ordinario civil número C-92/2016, sobre acción reivindicatoria y otras prestaciones, promovido por ***, en contra de ***. Lo anterior, para el efecto de ordenar la reposición del procedimiento a partir del auto del veintidós de junio de dos mil dieciocho, y que previo a la admisión de la demanda reconvencional presentada por ***, con fundamento en las fracciones II, IV y VI del artículo 331, así como en los numerales 332 y 334, todos del código de procedimientos civiles, se le prevenga para que: A) Aclare su demanda, toda vez que es oscura en cuanto a las prestaciones que reclama, pues por un lado señala que pretende la nulidad de la escritura número 35,039, sobre prescripción adquisitiva, sin embargo, al respecto refiere como causa de nulidad que la acción procedente legalmente válida lo era la acción proforma, y por fraude procesal porque a través de falsas declaraciones la actora obtuvo sentencia favorable, de ahí que se estime que es oscura su demanda, ya que en dicha prestación no se establece con claridad si también reclama la nulidad del juicio de prescripción positiva que dio origen a la escritura que tilda de nula; por lo que deberá esclarecer esa circunstancia, precisando en su caso, en los hechos de su demanda, los datos concernientes al juicio que califica de fraudulento, y acompañando los documentos en que base tal pretensión, en términos del citado artículo 332 de la ley procesal civil. Lo anterior, con el fin de que su contraía pueda formular una adecuada defensa. B) Amplié su demanda en contra de ***, toda vez que con relación a ella se configura un litisconsorcio pasivo necesario, al haber sido parte demandada en el procedo del cual proviene el título cuya nulidad reclama, lo anterior con el fin de que quede debidamente integrada la Litis reconvencional. C) Por lo que deberá presentar nuevamente su demanda reconvencional, con las aclaraciones que se le requieren. Hecho lo cual, se continúe hasta su conclusión el procedimiento reconvencional que se instaure, debiendo quedar subsistente todo lo actuado dentro del proceso tramitado con relación a la demanda principal y su contestación hasta antes de la audiencia final, habida cuenta que el procedimiento únicamente se repone con relación a la controversia reconvencional planteada. Por lo anterior, se instruye al Juez de los autos para que dicte los acuerdos que se requieran para el cumplimiento de la presente determinación. Tal determinación implica que el tribunal de alzada, a través de la reposición en comento, no dejó insubsistente actuaciones que inciden o que afectan derechos sustantivos de la quejosa ***, sino que tiene los alcances dicha reposición de que previo a la admisión de la demanda reconvencional se prevenga a ***, para que aclarare dicho escrito; así como para que la ampliara en contra de la diversa demandada ***, y la presente nuevamente; hecho lo cual el juez podrá resolver el procedimiento reconvencional planteado. Haciendo la aclaración de que quedaba firme el procedimiento relacionado con la demanda principal. De todo lo antes resaltado, se desprende que el acto reclamado no se trata de un acto cuya ejecución sea de imposible reparación, en términos de lo dispuesto por el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo vigente, aplicado en forma contraria, para la procedencia del juicio de amparo por la vía biinstancial, pues no afecta derechos sustantivos, sino únicamente produce efectos intraprocesales, los cuales, en su caso, se traducen en violaciones a derechos de carácter adjetivo o procesal que pondrán ser alegadas y reparadas en un momento distinto, es decir, en sentencia, o bien, a través del fallo que se emita en contra del recurso que contra aquella llegue a promover la parte que se sienta afectada. Es aplicable al caso, por identidad jurídica sustancial, la tesis II.1o.C.4 K (10a.), del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, consultable en la página 2075, Libro 6, Mayo de 2014, Tomo III, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, de rubro y texto siguientes: LITISCONSORCIO PASIVO NECESARIO. ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE CONFIRMA EL PROVEÍDO QUE DETERMINA QUE NO SE ACTUALIZA DICHA INSTITUCIÓN, CONFORME A LA LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL TRES DE ABRIL DE DOS MIL TRECE [INAPLICABILIDAD DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 169/2012 (10a.)]. De conformidad con el artículo 107, fracción V, de la referida ley, el juicio de amparo indirecto procede "contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte", esto es, en dicho precepto se define el concepto de ese tipo de actos cuyas consecuencias son susceptibles de afectar algunos de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado, tutelados constitucional y convencionalmente, como son: la vida, la integridad personal, la libertad, la propiedad, etcétera, cuyos efectos no se destruyen con el solo hecho de que quien sufre la afectación obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. Ahora bien, el litisconsorcio pasivo necesario se actualiza cuando hay necesidad de que dos o más demandados tengan intervención en el proceso, en virtud de que la cuestión litigiosa la constituye cierta relación jurídica en la que aquéllos están interesados en forma indivisible y que, por ello, no admite resolverse por separado sin audiencia de todos ellos y en un mismo juicio, pues la sentencia que se dicte les puede deparar perjuicio, esto es, el objetivo de que exista dicha institución se concreta en que sólo pueda haber una sentencia válida cuando se llama a todos los litisconsortes, pues no sería posible condenar a una parte, sin que la condena alcanzara a la otra y, precisamente, por esa teleología, el litisconsorcio pasivo necesario constituye un presupuesto procesal que incluso debe analizarse de oficio por el juzgador. Así pues, se considera que la resolución que confirma la diversa por la cual se determina que no se actualiza el litisconsorcio pasivo necesario solicitado por el demandado, es una violación procesal que debe ser reclamable hasta que se dicte el fallo definitivo, a través del juicio de amparo directo, porque no constituye un acto dentro del juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, pues los actos de ejecución de esta resolución son reparables, y sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal, cuyas consecuencias se extinguen sin haber originado afectación alguna a los derechos sustantivos del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica. No es óbice a lo considerado la jurisprudencia 2a./J. 169/2012 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XVI, Tomo 2, enero de 2013, página 1230, de rubro: LITISCONSORCIO PASIVO NECESARIO EN EL JUICIO LABORAL. LA RESOLUCIÓN INTERLOCUTORIA QUE DETERMINA QUE NO SE ACTUALIZA DICHA INSTITUCIÓN ES IMPUGNABLE EN AMPARO INDIRECTO, pues dicho criterio se considera inaplicable en términos del artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, debido a que se integró conforme a la ley de la materia vigente hasta el dos de abril de dos mil trece, en donde se interpretaba el artículo 114, fracción IV, el cual no establecía lo que debía entenderse como un acto de ejecución de imposible reparación, mientras que en la ley vigente, el legislador decidió delimitar los alcances de ese término sólo para comprender los derechos sustantivos; además, si bien es cierto que en la jurisprudencia invocada se acepta que la figura del litisconsorcio pasivo necesario no sólo trasciende a aspectos procesales, sino que se extiende a la relación sustancial, también lo es que no se establece concretamente que se vulnere materialmente algún derecho sustantivo, por lo cual ya no resulta aplicable, al oponerse a la nueva legislación. También es aplicable el criterio sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, en la tesis de Jurisprudencia número IV.2°J/13, visible en la página 538, Tomo III, junio de mil novecientos noventa y seis, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, la cual es del tenor siguiente: AMPARO INDIRECTO, IMPROCEDENCIA DEL. CUANDO SE ALEGAN VIOLACIONES AL PROCEDIMIENTO, SU FUNDAMENTO NO RADICA EN QUE PUDIERAN SER MATERIA DE AMPARO DIRECTO, SINO EN QUE NO CONSTITUYEN ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. Cuando en la demanda de amparo indirecto se reclamen violaciones procesales, el fundamento de su improcedencia no radica en la posibilidad de plantearse como tales en el amparo directo, en los términos del artículo 159 de la Ley de Amparo, sino en el evento de que no se traten de actos dentro del juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, como lo previene el diverso artículo 114, en su fracción IV, del mismo ordenamiento, al contemplar precisamente los supuestos de procedencia del juicio bi-instancial. Y la tesis de jurisprudencia publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Octava Época, Tribunales Colegiados de Circuito, tomo IV, Primera Parte, Tesis 3ª./J 43 29/89, en la página 291, la cual es del tenor siguiente: EJECUCION DE IMPOSIBLE REPARACION. ALCANCES DEL ARTICULO 107, FRACCION III, INCISO B), CONSTITUCIONAL. De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos procede el amparo indirecto Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación... El alcance de tal disposición, obliga a precisar que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación, si sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente algunos de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado que tutela la Constitución por medio de las garantías individuales, porque la afectación o sus efectos no se destruyen con el sólo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. Por el contrario no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación se extinguen en la realidad, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica, porque tal violación es susceptible de ser reparada en amparo directo. En la inteligencia de que las tesis invocadas son aplicables de conformidad con el Artículo Sexto Transitorio de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, en vigor a partir del día siguiente a aquel en que fue publicada en el citado medio de difusión oficial nacional; en razón de que no se oponen a los postulados establecidos en la mencionada Ley, que a la letra dice: SEXTO. La jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior continuará en vigor en lo que no se oponga a la presente Ley. En esa tesitura, con apoyo en el numeral 113 de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 61, fracción XXIII, y 107, fracción V, del mismo ordenamiento legal, SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo promovida, por actualizarse el motivo manifiesto e indudable de improcedencia analizado. Ahora bien, en razón de que la parte quejosa expresamente señala los estrados para recibir notificaciones de carácter personal, siendo que éstos no constituyen un domicilio propiamente dicho, hasta en tanto se dé cumplimiento a lo establecido en el artículo 27 fracción I, de la Ley de Amparo, la notificación de este auto y las subsecuentes que tengan ese carácter practíquense al promovente (por conducto de su autorizado), por medio de lista que se fije y publique en los estrados de este órgano jurisdiccional, conforme a las reglas que al efecto establece el diverso numeral 29 de la invocada Ley. Se tiene como autorizados del accionista constitucional a los licenciados ***, así como a ***, en términos restringidos del artículo 12 de Ley de Amparo, toda vez que tienen registradas sus cédulas profesionales en la base de datos, instaurada en cumplimiento al Acuerdo General 24/2005, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece el Sistema Computacional para el Registro Único de Profesionales de Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día dieciocho de julio de dos mil cinco.
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