Maria Guadalupe Herrera Cruz
Expediente 856/2018 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 7 actuaciones registradas, la última del 18 de enero de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 856/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 18/01/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Maria Guadalupe Herrera Cruz
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
ESTADO DE AUTOS. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos a virtud que de la certificación que antecede, se advierte que no fue recurrida dentro del término legal la determinación de veinticuatro de diciembre de dos mil dieciocho, en el cual se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, por cesación de efectos de los actos reclamados. Por tanto, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 81 inciso d), y 86, de la Ley de Amparo, así como el ordinal 356, fracción I, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la ley de la materia, de conformidad con el numeral 2°, se declara que el referido sobreseimiento ha causado estado. Se precisa que el cómputo para interponer el recurso de revisión en cita, únicamente se realiza respecto de la parte quejosa y del agente del ministerio público de la federación adscrito, ya que es inadmisible la revisión intentada en contra de un fallo de sobreseimiento (como en la especie ocurre) por parte de las autoridades responsables, pues éste no les causa ningún Perjuicio. En tales condiciones el dictado de sobreseimiento, si bien puede resultar perjudicial para el quejoso, no así a las responsables, porque no vincula su actuación en algún sentido, y menos aún prejuzga sobre la constitucionalidad del acto reclamado. Tiene aplicación a lo anterior, la tesis de jurisprudencia XX J/74, consultable en la página 83, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Noviembre de 1994, Materia Común, Octava Época, Instancia de los Tribunales Colegiados de Circuito; del rubro siguiente: "AUTORIDAD RESPONSABLE. CARECE DE LEGITIMACION PARA INTERPONER EL RECURSO DE REVISION SI LA SENTENCIA PRONUNCIADA POR EL A QUO NO AFECTA DIRECTAMENTE AL ACTO QUE SE LE RECLAMÓ." ARCHIVO. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y con fundamento en el numeral 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente juicio de amparo, como asunto totalmente concluido. EXPEDIENTE NO ES RELEVANTE. En estricto acatamiento a lo dispuesto por el Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, específicamente en los dispositivos vigésimo y vigésimo primero, es de precisarse que este expediente no es de relevancia documental. DESTRUCCIÓN DEL EXPEDIENTE EN CINCO AÑOS. Por otra parte, toda vez que en el presente juicio se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia el mismo será susceptible de DESTRUCCIÓN una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el punto vigésimo primero, fracción II del acuerdo citado en el párrafo que antecede.
- Principal
Al no atender el aviso la parte quejosa, por este conducto se procede a notificar el proveído de veinticuatro de diciembre actual, que en lo conducente dice: ESTADO DE AUTOS. Visto el estado de autos se advierte que el once de octubre de dos mil dieciocho, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Guanajuato, con sede en Celaya, la quejosa ***, solicitó el amparo y protección de la Justicia de la Unión; demanda turnada ese mismo día a este juzgado federal, la cual se admitió únicamente contra los actos reclamados al director Local Guanajuato de la Comisión Nacional del Agua, con sede en Celaya, Guanajuato, que hizo consistir en lo siguiente: IV. 1.- De la primera, señalo como acto reclamado la omisión en dar respuesta definitiva a la Solicitud de transmisión de derechos, ingresada en fecha 29 de septiembre de 2016, la cual quedo registrada bajo el número de Folio 2305, para explotar aguas nacionales del subsuelo y resuelta favorablemente en oficio 002743 de fecha 15 de junio de 2018, quedando pendiente la debida emisión de título de transmisión de derechos realizando estas gestiones ante el Registro Público de Derechos de Agua su notificación a la suscrita. 2.- Del Gerente y Director del Registro Público de Derechos de Agua, la inscripción en el Registro Público de Derechos de Agua, del título de transmisión de derechos expedida por la Dirección Local Guanajuato de la Comisión Nacional del Agua, con motivo de la Solicitud de transmisión de derechos ingresada en fecha 29 de septiembre de 2016, la cual quedo registrada bajo el número de Folio 2305, para explotar aguas nacionales del subsuelo y resuelta favorablemente en oficio 002743 de fecha 15 de junio de 2018; se reclama a las dos autoridades del Registro Público de Derechos de Agua la inscripción del título de transmisión de derechos, sin tener conocimiento la cual de las dos corresponde inscribirla, ya que de manera indistinta la Dirección Local Guanajuato, envía a estas dos autoridades el título de transmisión de derechos para su inscripción y en ocasiones intervienen estas dos autoridades. Los cuales considero violatorios de sus derechos fundamentales consagrados en los artículos 8°, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos. En proveído de quince de octubre, se precisó que el acto reclamado se hacía consistir en la omisión de emitir el título de concesión derivado de la transmisión de derechos parcial y definitiva con relocalización del título número 08GUA111129/12AMGE99, derivado de la resolución favorable pronunciada el quince de junio de dos mil dieciocho, dentro del expediente GUA-L-2305-29-09-16. Una vez que el director Local Guanajuato de la Comisión Nacional del Agua, con sede en Celaya, Guanajuato, rindió su informe justificado en el sentido de que ya había remitido al Registro Público de Derechos de Agua, con sede en la Ciudad de México, el título de concesión correspondiente, se llamó como autoridad responsable a la gerencia del Registro Público de Derechos de Agua, con sede en la Ciudad de México. En atención a lo anterior, la gerente de lo Contencioso de la Comisión Nacional del Agua, órgano desconcentrado de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, en representación del Gerente del Registro Público de Derechos de Agua de la Comisión Nacional del Agua, con sede en la Ciudad de México, rindió su informe justificado, negando los actos que se le reclamaban; asimismo, informó que habían cesado los efectos del acto reclamado toda vez que el título de concesión 08GUA160440/12AMDL18 a nombre del quejoso, quedó debidamente inscrito en esa gerencia registral, adjuntando la hoja de sello de inscripción firmada electrónicamente por el gerente mencionado. A tal documental se le concede valor probatorio pleno conforme a los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2°; y, de las que se desprende que se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61 fracción XXI, así como la de sobreseimiento contenida en el 63, fracción IV ambos de la Ley de Amparo, los cuales establecen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; y, Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional. Lo anterior es así, toda vez que de la referida documental, se desprende que el dieciocho de octubre de dos mil dieciocho, el gerente de la Comisión Nacional del Agua, con sede en la Ciudad de México, registró el título de concesión número 08GUA160440/12AMDL18 en favor de la quejosa ***, con motivo de la resolución pronunciada el quince de junio de dos mil dieciocho, dentro del expediente número GUA-L-2305-29-09-16, en atención a la solicitud formulada el veintinueve de septiembre de dos mil dieciséis (título cuya omisión en emitir constituyó el acto reclamado). Determinación que le fue notificada a la parte quejosa por conducto de este tribunal federal en fecha dieciocho de diciembre de dos mil dieciocho; de ahí que no es obstáculo para concluir que la parte quejosa quedó enterada de tal circunstancia, el hecho de que la autoridad responsable no haya remitido la notificación correspondiente. Es aplicable por analogía la jurisprudencia 2ª./J.36/99, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Novena Época del Seminario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, mayo de 1999, página 469, del rubro siguientes: INEJECUCIÓN DE SENTENCIA QUE CONCEDIÓ EL AMPARO POR VIOLACIÓN AL DERECHO DE PETICIÓN. QUEDA SIN MATERIA AUNQUE LA AUTORIDAD RESPONSABLE NO HAYA NOTIFICADO LA CONTESTACIÓN, YA QUE EL QUEJOSO TENDRÁ CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO A TRAVÉS DE LA NOTIFICACIÓN DE LA EJECUTORIA. Con todo lo expuesto, es inconcuso que cesaron los efectos de los actos reclamados, toda vez que con la expedición del título de concesión expedido a favor de la parte quejosa e inscrito en el Registro Público de Derechos de Agua, con sede en la Ciudad de México, notificado a dicha quejosa por conducto de este tribunal federal, es válido concluir que han desaparecido las transgresiones que por esta vía se impugnan. Consecuentemente, se decreta el sobreseimiento del presente juicio de conformidad con el artículo 63, fracción V, en relación con el numeral 61, fracción XXI, ambos de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis 2a. XLIX/98, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo VIII, abril de 1988, materia Común, visible a página 242, del siguiente tenor: CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL.- De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. También resulta aplicable la tesis de jurisprudencia 2a./J.9/98, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo VIII, febrero de 1998, consultable en la página 210, del siguiente contenido: SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo. Igualmente, es aplicable la tesis del entonces Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, publicada en la Séptima Época del Semanario Judicial de la Federación, Tomo 91-96 Sexta Parte, página 163, que reza: PETICIÓN, AMPARO POR VIOLACIÓN AL DERECHO DE. SOBRESEIMIENTO. Si lo que pretendió la quejosa era que la responsable le resolviera una petición respetando el artículo 8o. constitucional, y esta última lo hizo antes de fallar el juicio de amparo, entonces resulta correcta la sentencia que lo sobreseyó, por haber sobrevenido la causal de improcedencia a que se refiere el artículo 73, fracción XVI, en relación con el 74, fracción III, de la Ley de Amparo, sin que importe que la petición se haya acordado meses después de formulada la demanda de garantías. De igual forma, resulta ilustrativa la tesis II.1o.C.T.217K, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Segundo Circuito, visible en la Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, Tomo XIV, octubre de 1994, página 313, de rubro y texto siguiente: INEXISTENCIA Y CESACIÓN DE EFECTOS CUANDO LO RECLAMADO ES LA FALTA DE CONTESTACIÓN A UN ESCRITO. Cuando lo que se reclama es la falta de contestación a un escrito formulado por el gobernado, entonces la inexistencia del acto reclamado provendrá o de que no existe la solicitud, o bien, que antes de interponerse la demanda ya se haya dado la respuesta por escrito a dicha solicitud; en cambio, si a la fecha de presentación de la demanda no se ha dado contestación a la solicitud del gobernado pero tal respuesta se produce con posterioridad, entonces no es dable concluir con la inexistencia del acto reclamado, sino con la improcedencia del juicio porque han cesado los efectos del acto negativo reclamado, en términos del artículo 73 fracción XVI de la Ley de Amparo. Al haberse actualizado la causa de sobreseimiento analizada, resulta innecesario abordar el estudio de la invocada en su informe justificado por parte de la gerente de lo Contencioso de la Comisión Nacional del Agua, órgano desconcentrado de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, en representación del Gerente del Registro Público de Derechos de Agua de la Comisión Nacional del Agua, con sede en la Ciudad de México, puesto que con independencia de que asista o no razón a la nombrada responsable, el sentido de la presente resolución no variaría. Además de que la misma es coincidente con la causal invocada por este tribunal federal. Sobre esto último, tiene aplicación la jurisprudencia 54/98, cuyos datos de localización son: Novena Época, Registro: 195744, Instancia: Segunda Sala, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VIII, Agosto de 1998, materia común, página 414, que dispone: SOBRESEIMIENTO. BASTA EL ESTUDIO DE UNA SOLA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. Al quedar demostrado que el juicio de garantías es improcedente y que debe sobreseerse con apoyo en los artículos relativos de la Ley de Amparo, el que opere, o no, alguna otra causal de improcedencia, es irrelevante, porque no cambiaría el sentido de la resolución. Además, no causa ningún agravio a la parte quejosa, ni se le priva de defensa cuando se decreta el sobreseimiento fuera de audiencia, siempre que derive de una causal notaria, manifiesta, e indudable de improcedencia del Juicio de Amparo, como lo es la cesación de efectos del acto reclamado, de suerte que ni aun celebrándose la audiencia constitucional podría ser desvirtuada con prueba alguna y el resultado del fallo siempre sería en el mismo sentido. Por consiguiente, cuando las causas de improcedencia son notorias e indudables, de modo que nada pueda impedir el sobreseimiento en el juicio, es posible hacerlo fuera de audiencia; además, tal proceder guarda consecuencia con el principio de celeridad procesal contenido en el artículo 17 constitucional. Resulta aplicable la jurisprudencia y tesis aislada, esta última aplicada a contrario sensu, números 2a./J. 10/2003 y VIII.2o.25 P, de la Novena Época, sustentadas respectivamente por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Segundo Tribunal Colegiado Del Octavo Circuito, visibles en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomos XVII, Marzo de 2003 y X, Noviembre de 1999, Páginas 386 y 1025, cuyo contenido reza lo siguiente: SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. SOBRESEIMIENTO DECRETADO ANTES DE QUE SE CELEBRE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, SIN CONSIDERAR ADEMÁS QUE UNA DE LAS RESPONSABLES ORDENADORAS NEGÓ EL ACTO RECLAMADO, DEJA SIN DEFENSA AL RECURRENTE.- Si del examen de las constancias que integran el expediente que se analiza, se advierte que una de las autoridades ordenadoras responsables negó la existencia del acto reclamado, mientras que la otra admitió la existencia de la orden de aprehensión y al mismo tiempo notificó al a quo el cambio de situación jurídica con motivo del dictado del auto de formal prisión, concluyendo el Juez de Amparo en sobreseer en el juicio respecto de ambas autoridades, antes de que tuviera verificativo la audiencia constitucional señalada, tal proceder se traduce en violación a las reglas fundamentales que rigen el procedimiento del juicio de garantías, que específicamente se contienen en los artículos 76 y 77 de la Ley de Amparo, en perjuicio del quejoso, al dejarlo en estado de indefensión, por dos razones: primero, porque al sobreseer respecto de ambas autoridades, siendo que una de ellas negó el acto reclamado, con ello no se deja oportunidad al quejoso de probar los hechos que afirma; y segundo, porque sobreseer antes de que se celebre la audiencia constitucional, sin estar en presencia de un desistimiento expreso del quejoso, su muerte o bien la cesación de efectos del acto reclamado, casos excepcionales en los que sí procede el sobreseimiento fuera de la audiencia constitucional, igual se le deja sin defensa; por tanto, lo procedente en este caso es revocar el auto recurrido y ordenar la reposición del procedimiento en términos del artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, para el efecto de que el Juez Federal señale nueva fecha para la celebración de la audiencia constitucional, y con plenitud de jurisdicción, tomando en cuenta lo que las autoridades responsables manifestaron en su informe justificado y, en su caso, las pruebas que las partes en el juicio aporten, resuelva lo que en derecho corresponda. A virtud de lo anterior, se deja sin efectos la fecha señalada para llevar a cabo la audiencia constitucional, la cual se había fijado para las nueve horas con diez minutos del treinta y uno de diciembre de dos mil dieciocho (foja 53 vuelta). Finalmente, se agrega sin mayor trámite el oficio signado por la gerente de lo Contencioso de la Comisión Nacional del Agua, órgano desconcentrado de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, en representación del Gerente del Registro Público de Derechos de Agua de la Comisión Nacional del Agua, con sede en la Ciudad de México, toda vez que el trece de diciembre actual, se recibió el mismo vía correo electrónico, acordándose sobre su contenido. Por lo expuesto y fundado, se: RESUELVE: ÚNICO.- SE SOBRESEE el presente juicio de amparo promovido por ***, por los actos reclamados a las autoridades señaladas como responsables, por las razones relatadas en la presente determinación.
- Principal
SE ACUERDA INFORME JUSTIFICADO. Visto el oficio signado por la gerente de lo Contencioso de la Comisión Nacional del Agua, órgano desconcentrado de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en representación del gerente del Registro Público de Derechos de Agua de la Comisión Nacional del Agua, con sede en la Ciudad de México, se le tiene rindiendo informe justificado, conforme al artículo 117 de la Ley de Amparo. Con lo anterior, dese vista a las partes para los efectos legales procedentes sin perjuicio de hacer relación nuevamente al momento del desahogo de la audiencia constitucional. Respecto de la causal de improcedencia que cita la autoridad oficiante, así como su solicitud de que por ello se decrete el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, dígasele que una vez que se emita la sentencia correspondiente se procederá al estudio mencionado. Se tienen como pruebas de su parte la documental que anexa a su oficio, así como la instrumental de actuaciones y la presuncional en su doble aspecto, legal y humano, las cuales se tienen por ofrecidas, admitidas y desahogadas, dada su propia y especial naturaleza, de conformidad con lo establecido en el artículo 119 de la Ley de Amparo. DELEGADOS. Se tienen como delegados de su parte a los profesionistas que para dicho efecto indica, en términos del artículo 9 de la ley de la materia, así como al pasante en derecho que menciona. DOMICILIO PROCESAL. Asimismo, se tiene como domicilio para recibir notificaciones el que señala siempre y cuando en ese lugar se encuentren las instalaciones propias de sus funciones como autoridad responsable, ello de conformidad con el artículo 28 de la citada ley. Por otra parte, se desprende que el informe de mérito no fue rendido con una anticipación de ocho días del señalado para la celebración de la audiencia constitucional en el presente juicio de amparo, para que las partes se impongan del contenido del mismo, de conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo, lo cual es necesario para la debida integración del presente asunto. Para dar margen a lo anterior se difiere la celebración de la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y en su lugar se fijan las nueve horas con diez minutos del treinta y uno de diciembre de dos mil dieciocho. Es aplicable la tesis visible en la página 409 del tomo VII, marzo de 1998, novena época, Pleno y Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, ello de conformidad con lo establecido en el artículo 6° Transitorio de la Ley de Amparo Vigente, ya que su contenido no se opone en lo sustancial con el citado cuerpo de leyes, que a la letra dice: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. DEBE DIFERIRSE DE OFICIO CUANDO LOS INFORMES JUSTIFICADOS NO SE RINDEN CON LA OPORTUNIDAD DEBIDA DE OCHO DIAS DE ANTICIPACION A LA PRIMERA FECHA SEÑALADA, Y NI EL QUEJOSO NI EL TERCERO PERJUDICADO TIENEN PLENO CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO.- Cuando la autoridad responsable no rinda su informe justificado al menos ocho días antes de la celebración de la audiencia, y el quejoso o el tercero perjudicado no comparezcan a solicitar su diferimiento o suspensión, no debe verificarse tal actuación con apoyo en una aplicación aislada y restringida de la parte final del párrafo primero del artículo 149 de la Ley de Amparo, sino que relacionándolo de una manera lógica, sistemática y armónica con el párrafo último del propio precepto el Juez de Distrito debe diferir, de oficio y por una sola vez, la celebración de la audiencia constitucional, con la finalidad de que las partes (principalmente el quejoso) se impongan del contenido del informe con justificación y estén en aptitud de preparar, ofrecer y desahogar las pruebas que en su caso estimen convenientes para desvirtuarlo. De esta manera se equilibra procesalmente a las partes y a la vez se podrá aplicar cabalmente el párrafo último del referido numeral de la ley de la materia, en virtud de que el Juez de Distrito al dictar la sentencia correspondiente, tomará en cuenta los informes justificados, aún cuando se hayan rendido sin la anticipación debida, pero ya con el pleno conocimiento del quejoso, y del tercero perjudicado que les haya permitido defenderse de resultar necesario. Razón por la que esta Sala no comparte el criterio sustentado por la Primera Sala de la anterior integración de la Suprema Corte, al resolver la contradicción de tesis 19/89".
- Principal
Al no atender el aviso la parte quejosa, por este conducto se procede a notificar el proveído de trece de diciembre actual, que en lo conducente dice: SE ACUERDA INFORME JUSTIFICADO. Visto el oficio signado por la gerente de lo Contencioso de la Comisión Nacional del Agua, órgano desconcentrado de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en representación del gerente del Registro Público de Derechos de Agua de la Comisión Nacional del Agua, con sede en la Ciudad de México, se le tiene rindiendo informe justificado, conforme al artículo 117 de la Ley de Amparo. Con lo anterior, dese vista a las partes para los efectos legales procedentes sin perjuicio de hacer relación nuevamente al momento del desahogo de la audiencia constitucional. Respecto de la causal de improcedencia que cita la autoridad oficiante, así como su solicitud de que por ello se decrete el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, dígasele que una vez que se emita la sentencia correspondiente se procederá al estudio mencionado. Se tienen como pruebas de su parte la documental que anexa a su oficio, así como la instrumental de actuaciones y la presuncional en su doble aspecto, legal y humano, las cuales se tienen por ofrecidas, admitidas y desahogadas, dada su propia y especial naturaleza, de conformidad con lo establecido en el artículo 119 de la Ley de Amparo. DELEGADOS. Se tienen como delegados de su parte a los profesionistas que para dicho efecto indica, en términos del artículo 9 de la ley de la materia, así como al pasante en derecho que menciona. DOMICILIO PROCESAL. Asimismo, se tiene como domicilio para recibir notificaciones el que señala siempre y cuando en ese lugar se encuentren las instalaciones propias de sus funciones como autoridad responsable, ello de conformidad con el artículo 28 de la citada ley. Por otra parte, se desprende que el informe de mérito no fue rendido con una anticipación de ocho días del señalado para la celebración de la audiencia constitucional en el presente juicio de amparo, para que las partes se impongan del contenido del mismo, de conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo, lo cual es necesario para la debida integración del presente asunto. Para dar margen a lo anterior se difiere la celebración de la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y en su lugar se fijan las nueve horas con diez minutos del treinta y uno de diciembre de dos mil dieciocho. Es aplicable la tesis visible en la página 409 del tomo VII, marzo de 1998, novena época, Pleno y Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, ello de conformidad con lo establecido en el artículo 6° Transitorio de la Ley de Amparo Vigente, ya que su contenido no se opone en lo sustancial con el citado cuerpo de leyes, que a la letra dice: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. DEBE DIFERIRSE DE OFICIO CUANDO LOS INFORMES JUSTIFICADOS NO SE RINDEN CON LA OPORTUNIDAD DEBIDA DE OCHO DIAS DE ANTICIPACION A LA PRIMERA FECHA SEÑALADA, Y NI EL QUEJOSO NI EL TERCERO PERJUDICADO TIENEN PLENO CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO.- Cuando la autoridad responsable no rinda su informe justificado al menos ocho días antes de la celebración de la audiencia, y el quejoso o el tercero perjudicado no comparezcan a solicitar su diferimiento o suspensión, no debe verificarse tal actuación con apoyo en una aplicación aislada y restringida de la parte final del párrafo primero del artículo 149 de la Ley de Amparo, sino que relacionándolo de una manera lógica, sistemática y armónica con el párrafo último del propio precepto el Juez de Distrito debe diferir, de oficio y por una sola vez, la celebración de la audiencia constitucional, con la finalidad de que las partes (principalmente el quejoso) se impongan del contenido del informe con justificación y estén en aptitud de preparar, ofrecer y desahogar las pruebas que en su caso estimen convenientes para desvirtuarlo. De esta manera se equilibra procesalmente a las partes y a la vez se podrá aplicar cabalmente el párrafo último del referido numeral de la ley de la materia, en virtud de que el Juez de Distrito al dictar la sentencia correspondiente, tomará en cuenta los informes justificados, aún cuando se hayan rendido sin la anticipación debida, pero ya con el pleno conocimiento del quejoso, y del tercero perjudicado que les haya permitido defenderse de resultar necesario. Razón por la que esta Sala no comparte el criterio sustentado por la Primera Sala de la anterior integración de la Suprema Corte, al resolver la contradicción de tesis 19/89".
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