María Guadalupe Estrada Rogel
Expediente 593/2023 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 26 de junio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 593/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 26/06/2023
Partes del expediente
- María Guadalupe Estrada Rogel
Actuaciones
- Principal
Toluca, Estado de México, veintiséis de junio de dos mil veintitrés. De la certificación de cuenta, se advierte que la parte quejosa, no recurrió dentro del plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, la sentencia de veinticinco de mayo de dos mil veintitrés, por el cual se sobreseyó en el presente juicio de amparo, en esas condiciones, se decreta que dicha sentencia ha causado ejecutoria; háganse las anotaciones en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). En otro orden, el estado procesal del presente juicio evidencia que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en la parte conducente del artículo 214 de la Ley de Amparo, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito. Luego, de conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, se determina que el presente asunto: a) De conformidad con el artículo 8, fracción I, del citado Acuerdo, corresponde a la clasificación de expedientes de trámite. b) En términos del artículo 20, fracción I, del referido acuerdo el cuaderno principal es destruible, al ser un juicio de amparo en el que se sobreseyó. c) A consideración de este Juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental; además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 de dicho Acuerdo. d) De igual forma, dado que en el presente asunto obran documentos originales, con fundamento en el artículo 20 del citado Acuerdo General, requiérase a la parte quejosa para que dentro del término de noventa días comparezca para recoger los mismos; apercibida que de no hacerlo así se procederá a su destrucción. Se comunica a las partes que, de conformidad con el artículo 20, párrafo primero del Acuerdo en comento, el presente expediente permanecerá en el archivo de este órgano de control de la constitucionalidad durante el lapso de tres años y, posteriormente, se procederá a su destrucción. Finalmente, de conformidad, con el artículo 34 del citado Acuerdo General se ordena hacer constar en la carátula de este expediente la clasificación realizada al mismo, a través de los sellos correspondientes. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma Juan Miguel Ortiz Marmolejo, Juez Noveno de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, asistido de José Miguel Castillo Pérez, secretario con quien actúa. Doy fe.
- Principal
En Toluca, Estado de México, a las once horas con cinco minutos del veinticinco de mayo de dos mil veintitrés, hora y día señalados para llevar a cabo la audiencia constitucional relativa al juicio de amparo 593/2023-II, promovido por Aldo Alexander Aguilar Sánchez, en su carácter de apoderado legal de la quejosa María Guadalupe Estrada Rogel, contra actos del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México y otra autoridad, en audiencia pública Juan Miguel Ortiz Marmolejo, Juez Noveno de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa con José Miguel Castillo Pérez, secretario que autoriza, firma y da fe, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, la declara abierta, sin asistencia de las partes. Relación de constancias A continuación el secretario procede a la relación de constancias de autos, para lo cual da lectura de las mismas, y en obvio de repeticiones innecesarias, se tienen por reproducidas todas y cada una de las constancias que obran en el expediente; sin que sea necesario que se haga mención expresa de cada una de ellas, en atención a la Jurisprudencia PC.II.P. J/8 K (10a.), sustentada por el Pleno en Materia Penal del Segundo Circuito, publicada en la página 1345, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Septiembre de 2018, Libro 58, Tomo II, Décima Época, de rubro y texto siguiente: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. PARA CUMPLIR EL REQUISITO FORMAL PREVISTO EN EL ARTÍCULO 124, PÁRRAFO PRIMERO, DE LA LEY DE AMPARO, QUE PREVÉ QUE "ABIERTA LA AUDIENCIA SE PROCEDERÁ A LA RELACIÓN DE CONSTANCIAS", BASTA QUE EN AQUÉLLA SE CERTIFIQUE QUE SE DIO LECTURA A LAS CONSTANCIAS DEL EXPEDIENTE: El artículo 124, párrafo primero, de la Ley de Amparo establece, en lo conducente, que "abierta la audiencia, se procederá a la relación de constancias". Si se parte de dicha referencia normativa, no puede afirmarse que se configure una transgresión a las formalidades esenciales del procedimiento en el juicio de amparo indirecto, cuando al celebrarse ese acto procesal únicamente se precise que se da lectura a las constancias del expediente y que se tienen por reproducidas, sin que queden plasmadas por escrito en esa diligencia, pues ello constituye un requerimiento extremo no previsto en los artículos 107, párrafo primero, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 124 indicado pues, por el contrario, si se atiende a los principios que emanan de los artículos 17, párrafos segundo y tercero, de la Constitución Federal, 2, numeral 3, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, así como 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, se concluye que en la resolución de los asuntos jurisdiccionales, las autoridades deben privilegiar, por encima de los aspectos formales, la resolución de fondo, toda vez que esta prevención evitará que en un juicio o procedimiento seguido en forma de juicio se impongan obstáculos entre la acción de las autoridades y las pretensiones de los justiciables, o bien, límites a las funciones de las autoridades en la decisión de fondo del conflicto; lo que deriva en que basta que en la audiencia constitucional se certifique que se dio lectura a las constancias del expediente para entender que fueron relacionadas dentro de esa actuación procesal. Además, lo trascendente es que los actos desarrollados en la primera fase del acto mencionado (invocación de constancias, pruebas, alegatos y la intervención de las partes) se vean asentados en forma congruente en el fallo que ponga fin al acto unitario (audiencia constitucional y sentencia)" Asimismo, el secretario certifica: Que feneció el plazo de cinco días contemplado en el artículo 98 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa pudiera interponer el recurso de queja, contra el auto de veintiuno de abril de dos mil veintitrés, por el cual se desechó parcialmente la demanda de amparo presentada, pues éste se le notificó el veinticuatro de abril del año en curso, y en términos del artículo 31, fracción II, de la Ley de Amparo, dicha notificación surtió efectos el veinticinco de abril siguiente, motivo por el cual, el plazo referido transcurrió del veintiséis de abril al tres de mayo de la presente anualidad, previo descuento de los días inhábiles contemplados por el artículo 19 de la Ley de Amparo. Lo que se hace constar para los efectos a que haya lugar. Doy fe. Secretario. En ese sentido, con fundamento en los artículos 98 de la Ley de Amparo y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria a la primera ley invocada, se declara que dicho auto por el que se desechó parcialmente la demanda de amparo ha causado estado; háganse las anotaciones en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Acto seguido el Juez acuerda: Con fundamento en lo establecido en el artículo 124 de la Ley de Amparo, téngase por hecha la relación de las constancias que antecede para los efectos legales a que haya lugar. Etapa de pruebas Enseguida, se abre el período probatorio, y el secretario da cuenta al Juez con las pruebas ofrecidas por la parte quejosa: La instrumental pública, consistente en todas y cada una de las actuaciones que integran el expediente del cual deviene el acto reclamado, en cuanto beneficie los intereses de la parte quejosa. La presuncional legal y humana, consistente en todas y cada una de las deducciones que de la ley y de lo actuado en este juicio, haga este Juzgado de Distrito, en cuanto beneficie a los intereses de la parte quejosa. Asimismo, da cuenta con la copia certificada consistente en el auto de veintiocho de abril del año en curso, emitido por Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje en el expediente 3119/2022 de su índice. Acto continuo el Juez acuerda: respecto de la prueba señalada con el numeral 1, se tiene por ofrecida, admitida y desahogada, dada su propia y especial naturaleza; en el entendido que, únicamente se admite por lo que hace a la constancia que remitió la autoridad responsable, pues ésta fue la que estimó pertinente para justificar la emisión del acto reclamado. De igual forma, por lo que hace a la constancia remitida por la autoridad responsable, se tiene por ofrecida, admitida y desahogada, dada su propia y especial naturaleza. Asimismo, tocante a la probanza reseñada en el arábigo 2, no se emite mayor pronunciamiento, en virtud de que en fecha veintiuno de abril de dos mil veintitrés, se proveyó lo conducente. Sin más medios de convicción por desahogar, se cierra esta etapa, y se tiene por precluido el derecho de las partes restantes para ofrecer pruebas. Etapa de alegatos A continuación, se abre el periodo de alegatos, y el secretario hace constar que ninguna de las partes formuló manifestaciones en ese sentido. Enseguida el Juez acuerda: Al no existir manifestaciones de alegatos de las partes, se cierra el periodo de alegatos. No habiendo escrito pendiente de acordar, se da por concluida esta audiencia y el Juez procede a dictar la resolución siguiente: VISTOS, para resolver los autos del juicio de amparo 593/2023-II, promovido por Aldo Alexander Aguilar Sánchez, en su carácter de apoderado legal de la quejosa María Guadalupe Estrada Rogel, contra actos del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México y otra autoridad; y, R E S U L T A N D O: 1. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado, el veinte de abril dos mil veintitrés, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, Aldo Alexander Aguilar Sánchez, en su carácter de apoderado legal de la quejosa María Guadalupe Estrada Rogel, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra las autoridades y por los actos que se mencionan a continuación: "IV. AUTORIDADES RESPONSABLES: H. TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL ESTADO DE MÉXICO, con domicilio ubicado en: CALLE RAFAEL M. HIDALGO OTE., NO. 301, ESQ. CON PROLONGACIÓN DE IGNACIO LÓPEZ RAYÓN, PLANTA BAJA, COL CUAUHTEMOC, TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO. EL JEFE DE LA SECCIÓN DE ACTUARIOS ADSCRITOS AL TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL ESTADO DE MÉXICO, tomando en cuenta que es el responsable de ordenar y coordinar al cuerpo de actuarios del propio Tribunal Responsable para el efecto de Ilevar a cabo las notificaciones y emplazamientos de Ley correspondientes, quien tiene su domicilio ubicado en: CALLE RAFAEL M. HIDALGO OTE., NO. 301, ESQ. CON PROLONGACIÓN DE IGNACIO LÓPEZ RAYÓN, PLANTA BAJA, COL CUAUHTEMOC, TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO. IV. ACTOS RECLAMADOS. La Omisión por parte de las Autoridades señaladas como responsables de notificar y emplazar a juicio a la parte demandada, así como de administrar una justicia pronto y expedita a mi representada, omitiendo don cumplimiento a los plazos y términos que para tal efecto establece el artículo 229 de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios, retardando con ello el desarrollo del procedimiento laboral correspondiente y pegándole a mi representada el acceso a la impartición de una justicia pronto y expedita. La Omisión por parte de la primera Autoridad señalada como responsable de administrar una justicia pronto y expedita a mi representada, omitiendo dar cumplimiento a los plazos y términos que para tal efecto establece el artículo 229 de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios, al no señalar día y hora p a que tenga verificativo la audiencia de Conciliación, Ofrecimiento y Admisión de Pruebas entro de los 10 diez hábiles posteriores a haber recibido la contestación de demanda, retar ando con ello el desarrollo del procedimiento laboral correspondiente y negándole a mi representada el acceso a la impartición de una justicia pronto y expedita (Sic) Actos reclamados que la quejosa señaló violaban los derechos fundamentales protegidos por los artículos 14, 16, 17 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 2. Trámite del juicio de amparo. Por acuerdo de veintiuno de abril de dos mil veintitrés, se admitió parcialmente a trámite la demanda de amparo, se solicitó su informe justificado a las autoridades responsables, y se dio la intervención que compete al Ministerio Público de la Federación adscrito. 3. Audiencia Constitucional. La audiencia constitucional tuvo verificativo en términos del acta que antecede, misma que forma parte de la presente sentencia; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Noveno de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, es competente para conocer y resolver del presente juicio de amparo indirecto, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 103 y 107, fracciones I y VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción IV, 35, 37 y 107, fracción II, de la Ley de Amparo; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en relación con el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana, y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, modificado por el diverso 12/2019 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al inicio de funciones de este Juzgado de Distrito, porque se reclama un acto proveniente de autoridad laboral cuya ejecución puede realizarse en el ámbito territorial donde este Juzgado ejerce competencia. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. En términos de lo dispuesto por los artículos 74, fracción I, y 75 de la Ley de Amparo, el acto reclamado se hace consistir en: La omisión de las autoridades responsables de notificar y emplazar a juicio a la parte demandada en el juicio 3119/2022, de su índice. TERCERO. Inexistencia del acto reclamado. el Presidente y el Jefe del Área Actuarial, ambos del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, al rendir sus informes justificados, manifestaron que el acto reclamado es parcialmente cierto; en virtud de que el veintiocho de abril de dos mil veintitrés se radicó el juicio laboral burocrático 3119/2022, en el cual se emitió el auto donde previenen a la parte quejosa a efecto de que aclare, precise y/o especifique datos inconsistentes que refirió en su escrito inicial de demanda. Aceptación parcial que se tiene por desvirtuada, toda vez que si bien, a la fecha de la presentación de la demanda no se había emplazado a la parte demandada del juicio laboral de origen, lo cierto es que no existe la obligación jurídica de la responsable de hacerlo, pues aún no se surte la hipótesis a que se refiere el artículo 229 de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios, esto es, que se haya admitido la demanda, dado el auto de prevención que anexó la responsable en su informe justificado, de ahí que el acto reclamado sea inexistente. Constancias indicadas, a las cuales se otorga valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, al tratarse de documental públicas lato sensu, expedidas por funcionario en ejercicio de sus funciones. Apoya lo anterior, la Jurisprudencia 226, publicada en la página ciento cuarenta y tres, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917-1995, Tomo VI, Materia Común, que establece lo siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." Lo anterior, sin que la parte quejosa ofreciera medios de convicción alguno con el que se controvirtiera dicha negativa del acto reclamado a las autoridades señaladas como responsables. En consecuencia, por las razones antes expuestas, respecto de las autoridades y acto reclamado antes precisados, este Juzgador estima que se está en el supuesto que al efecto establece la fracción IV, del artículo 63 de la Ley de Amparo; y, por lo tanto, lo que procede es sobreseer en el presente juicio de amparo, por inexistencia del acto reclamado a las autoridades antes indicadas. Ahora bien, no se soslaya que en el presente juicio de amparo se haya ordenado la búsqueda y localización de los terceros interesados de mérito; no obstante, en atención a lo resuelto con anterioridad, se estima innecesario llamarlos al presente sumario constitucional, ante la inexistencia del acto reclamado. CUARTO. Protección de información y datos personales. Aun cuando las partes no hicieron uso del derecho previsto en el artículo 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, relativo a la oposición a la publicación de sus datos personales en consulta o publicación de la presente sentencia, de conformidad con los artículos 6, apartado A., fracción II y 16, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 3, fracciones IX y X, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, y 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, dese cumplimiento a lo establecido en el diverso 118 de ley especial citada, suprímanse los datos sensibles que contenga la presente resolución. Lo anterior en atención al criterio emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, del rubro y texto siguiente: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACIÓN DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONAL NI A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 6º, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Estado, a través de las dependencias, entidades y organismos que lo integran, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y a los datos personales de los particulares. Por otro lado, los artículos 18º de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de dicha ley, prevén como información confidencial aquella cuya difusión, comercialización o distribución, requiere necesariamente del consentimiento expreso de las personas que son titulares de los datos, por lo que deberá protegerse dicha información en las constancias y actuaciones judiciales que se encuentren en los expedientes jurisdiccionales o administrativos, independientemente de que las partes hayan hecho valer el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos. En ese sentido la omisión de manifestar el consentimiento o la oposición, no exime a los órganos jurisdiccionales y a la unidades administrativas de suprimirlos en las sentencias, resoluciones y constancias que obren en los expedientes bajo su resguardo, y que fueron requeridas vía solicitud de acceso a la información, protegiendo así la privacidad y la vida íntima de los ciudadanos." Por lo expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 73, 74, 75, 76, 124 y 217 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E : ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Aldo Alexander Aguilar Sánchez, en su carácter de apoderado legal de la quejosa María Guadalupe Estrada Rogel, contra el acto y autoridades precisados y por los motivos expuestos en los Considerandos Segundo y Tercero de esta sentencia. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Juan Miguel Ortiz Marmolejo, Juez Noveno de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa asistido de José Miguel Castillo Pérez, secretario que autoriza, firma y da fe. Doy fe.
- Principal
Toluca, Estado de México, diez de mayo de dos mil veintitrés. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, téngase por recibido el oficio (con anexo) de cuenta; a través del cual, el Presidente y el Jefe del Área Actuarial, ambos del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, rinden su informe justificado. Por tanto, con su contenido dese vista a las partes para que en el término de ocho días, manifiesten lo que a su interés convenga; sin perjuicio de relacionarlos en la audiencia constitucional conforme al artículo 124 de la Ley de Amparo. Por otra parte, visto el estado que guardan los autos de juicio en que se actúa, se advierte que se encuentran señaladas las once horas con cinco minutos del diecinueve de mayo de esta anualidad, para la celebración de la audiencia constitucional; sin embargo, a fin de dar oportunidad a que las partes se impongan del informe justificado que se recibe, la misma se difiere anticipadamente y para su verificativo se establecen las once horas con cinco minutos del veinticinco de mayo de dos mil veintitrés. Notifíquese.
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