María Guadalupe Escobar Alanis
Expediente 159/2020 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 15 actuaciones registradas, la última del 5 de abril de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 159/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 15
- Última actuación
- 05/04/2022
Partes del expediente
- María Guadalupe Escobar Alanis
Actuaciones
Las 4 más recientes de 15.
- Principal
Toluca, Estado de México, cinco de abril de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta, se aprecia que la parte quejosa no hizo valer el recurso que contempla el artículo 202 de la Ley de Amparo, en contra del proveído de dos de septiembre de dos mil veintiuno, en esas condiciones, se decreta que ha causado estado. En ese sentido, del estado de autos se advierte que el presente sumario constitucional se encuentra debidamente integrado; por tanto, con apoyo en el artículo 214 de la Ley de Amparo, se ordena su archivo. En ese contexto, de conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se determina que el presente asunto: a) De conformidad con el artículo 8, fracción I, del citado Acuerdo, corresponde a la clasificación de expedientes de trámite. b) En términos del artículo 18 del referido acuerdo el cuaderno principal es depurable, toda vez que encuadra en la hipótesis del inciso b), de dicho numeral, al ser un juicio de amparo en el que se concedió el amparo de la justicia federal. c) A consideración de este Juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental; además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 de dicho Acuerdo. Se comunica a las partes que de conformidad con el artículo 18 del Acuerdo en comentario, el presente expediente permanecerá en el archivo de este órgano de control constitucional durante el lapso de tres años y dentro de los noventa días siguientes se depurará el expediente y terminado dicho proceso se solicitará o transferirá a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. Asimismo, se hace la precisión que una vez que obren las constancias de notificación del presente proveído, se enviará materialmente al archivo el expediente en que se actúa. Además, de conformidad, con el artículo 35 del citado Acuerdo General se ordena hacer constar en la carátula de este expediente la clasificación realizada al mismo, a través de los sellos correspondientes. Ahora bien, toda vez que el apoderado de la quejosa María Guadalupe Escobar Alanis, adjuntó a su escrito de demanda de amparo copias certificadas del expediente 0711/11 del índice del Juzgado Sexto Civil de Primera Instancia de Toluca, México, así como el poder general para pleitos y cobranzas, actos de administración, actos de dominio especial en cuanto a su objeto, que otorga María Guadalupe Escobar Alanis en favor de los señores Edgar García García, Dulce Belem Salazar Vega y Sergio Ruíz Peña, con número 64,575, volumen 1195, de la Notaría Pública 15 del Estado de México; en consecuencia, con fundamento en el artículo 18 del citado Acuerdo General, requiérase a la parte quejosa para que dentro del término de noventa días, comparezca a recoger la citada constancia; apercibida que de no hacerlo dentro de ese término, se procederá a destruirlo. En el entendido que, previo a acudir a este órgano jurisdiccional, la persona autorizada deberá realizar el trámite previsto en el Acuerdo General 21/2020, a fin de generar la cita correspondiente para recoger la documental en comento.
- Principal
SE NOTIFICA MEDIANTE LISTA DETERMINACION DE VEINTISÉIS DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIUNO, DICTADA EN EL JUICIO DE AMPARO 159/2020 A LA PARTE QUEJOSA, EN ATENCIÓN A QUE NO ACUDIÓ A LAS INSTALACIONES DE ESTE ÓRGANO JURIDICCIONAL A NOTIFICARSE DE MANERA PERSONAL, CON MOTIVO DEL AVISO QUE LE FUE FIJADO EN SU DOMICILIO EL VEINTISIETE DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIUNO, LA CUAL ES DEL CONTENIDO SIGUIENTE: Toluca, Estado de México, veintiséis de octubre de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede, se advierte que la notificación del acuerdo de dos de septiembre del año en curso, no fue realizada, dado que no fue reportado para que se publicara la lista en el referido día; por tanto, se ordena hacer la misma. Una vez hecho lo anterior, acuérdese lo que en derecho corresponda. ... Toluca, Estado de México, dos de septiembre de dos mil veintiuno. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, téngase por recibido el escrito de cuenta, a través del cual Sergio Ruiz Peña, apoderado legal de María Guadalupe Escobar Alanís, desahoga la vista realizada en auto de veinticinco de agosto pasado, manifestando su plena conformidad al respecto, toda vez que estima que se ha dado cumplimiento a la ejecutoria de amparo sin exceso ni defecto; por tanto, se procede a realizar el estudio de las constancias que integran este juicio para verificar el cumplimiento del fallo protector. En principio, es de puntualizarse que el acto reclamado se hizo consistir en: "La falta de emplazamiento o emplazamiento irregular en los autos del expediente 711/11, relativo al juicio ordinario civil de usucapión del índice de la autoridad responsable y en consecuencia la sentencia definitiva." Previa substanciación del juicio de amparo, el doce de enero del año que transcurre, se emitió la sentencia correspondiente, en la que se sobreseyó y negó el amparo y protección de la Justicia de la Unión a la quejosa. Luego, el once de marzo de la presente anualidad, Sergio Ruiz Peña, apoderado legal de María Guadalupe Escobar Alanís, interpuso recurso de revisión y realizó su expresión de agravios en contra de la sentencia en comento; recurso que le tocó conocer al Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, con residencia en esta ciudad, quien lo registró bajo el número 51/2021 de su índice. Así, por acuerdo de diecinueve de julio de este año, se tuvo por recibido el testimonio de la ejecutoria dictada por ese órgano colegiado, cuyos puntos resolutivos son del tenor literal siguiente: "PRIMERO. En la materia de esta revisión, se REVOCA la sentencia recurrida. SEGUNDO. La JUSTICIA DE LA UNIÓN AMPARA Y PROTEGE a MARÍA GUADALUPE ESCOBAR ALANÍS, a través de su apoderado SERGIO RUÍZ PEÑA, contra actos y las autoridades precisadas en los considerandos segundo y cuatro de la sentencia recurrida. El amparo se concede para los efectos de fondo precisados en la parte final de la presente ejecutoria." (sic) En ese sentido, de lo resuelto en dicha ejecutoria, se advierte que dicho órgano colegiado, concedió el amparo a María Guadalupe Escobar Alanís, para que el Juez Primero Mercantil de Primera Instancia de Toluca, Estado de México: Deje insubsistente todo lo actuado en el juicio natural, a partir de la diligencia de emplazamiento reclamada, incluyendo todos los actos de ejecución que se hubieren llevado a cabo. Por lo que, en el proveído indicado en párrafos precedentes, se requirió a la autoridad responsable su cumplimiento. Posteriormente, el dieciséis y veinticinco de agosto de este año, se tuvieron por recibidos los oficios 922 y 711/2011 (ambos con anexo), mediante los cuales el Juez Primero Mercantil de Toluca, Estado de México, remitió copias certificadas del auto de nueve de agosto del año en curso y actuaciones que acreditan su ejecución, así como copias certificadas de las constancias que acreditan el cumplimiento de la ejecutoria de amparo por parte del Instituto de la Función Registral, constancias que por ser documentos públicos tienen valor probatorio, de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo. De lo anterior, se advierte que la autoridad responsable cumplió con las directrices de la concesión del amparo, es decir, dejó insubsistente todo lo actuado en el juicio natural, a partir de la diligencia de emplazamiento reclamada, incluyendo todos los actos de ejecución que se hubieren llevado a cabo. Así pues, del análisis comparativo entre lo resuelto en la ejecutoria de amparo y la conducta desplegada por la responsable respecto de aquélla, se concluye que en el caso particular se ha dado cumplimiento al fallo protector, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo, y consecuentemente, se colige que se ha restituido a la quejosa en el goce de sus derechos humanos transgredidos, lo que constituye el fin último de la ejecutoria de amparo; por lo tanto, toda vez que la autoridad responsable no incurrió en defecto, al acatar los efectos de la sentencia amparadora; así como tampoco incurrió en exceso, ya que no se extralimitó de lo expresamente solicitado; se declara cumplida la sentencia. Es aplicable la Jurisprudencia 2a./J. 201/2009, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 301 del Tomo XXX, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, diciembre de 2009, Novena Época, materia común, con número de registro 165807, que establece: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO. El artículo 105 de la Ley de Amparo impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento, cuando no fueren obedecidas a pesar de los requerimientos formulados al efecto y de su párrafo tercero se deduce la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el indicado juzgador la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, deberá declararlo así en el proveído correspondiente de manera lisa y llana, y abstenerse de calificarlo con expresiones tales como "debido", "exacto", "cabal", u otras semejantes ya que ello implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente, si no se conformara con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial con la calificación y, además, podría llevar al propio juzgador a emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución." Previas anotaciones en el libro de gobierno, hágase del conocimiento de la quejosa la presente determinación, para los efectos del artículo 202 de la Ley de Amparo, quedando a salvo sus derechos para que los haga valer en la vía y forma que considere convenientes.
- Principal
Toluca, Estado de México, veintiséis de octubre de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede, se advierte que la notificación del acuerdo de dos de septiembre del año en curso, no fue realizada, dado que no fue reportado para que se publicara la lista en el referido día; por tanto, se ordena hacer la misma. Una vez hecho lo anterior, acuérdese lo que en derecho corresponda.
- Principal
Toluca, Estado de México, dos de septiembre de dos mil veintiuno. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, téngase por recibido el escrito de cuenta, a través del cual Sergio Ruiz Peña, apoderado legal de María Guadalupe Escobar Alanís, desahoga la vista realizada en auto de veinticinco de agosto pasado, manifestando su plena conformidad al respecto, toda vez que estima que se ha dado cumplimiento a la ejecutoria de amparo sin exceso ni defecto; por tanto, se procede a realizar el estudio de las constancias que integran este juicio para verificar el cumplimiento del fallo protector. En principio, es de puntualizarse que el acto reclamado se hizo consistir en: "La falta de emplazamiento o emplazamiento irregular en los autos del expediente 711/11, relativo al juicio ordinario civil de usucapión del índice de la autoridad responsable y en consecuencia la sentencia definitiva." Previa substanciación del juicio de amparo, el doce de enero del año que transcurre, se emitió la sentencia correspondiente, en la que se sobreseyó y negó el amparo y protección de la Justicia de la Unión a la quejosa. Luego, el once de marzo de la presente anualidad, Sergio Ruiz Peña, apoderado legal de María Guadalupe Escobar Alanís, interpuso recurso de revisión y realizó su expresión de agravios en contra de la sentencia en comento; recurso que le tocó conocer al Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, con residencia en esta ciudad, quien lo registró bajo el número 51/2021 de su índice. Así, por acuerdo de diecinueve de julio de este año, se tuvo por recibido el testimonio de la ejecutoria dictada por ese órgano colegiado, cuyos puntos resolutivos son del tenor literal siguiente: "PRIMERO. En la materia de esta revisión, se REVOCA la sentencia recurrida. SEGUNDO. La JUSTICIA DE LA UNIÓN AMPARA Y PROTEGE a MARÍA GUADALUPE ESCOBAR ALANÍS, a través de su apoderado SERGIO RUÍZ PEÑA, contra actos y las autoridades precisadas en los considerandos segundo y cuatro de la sentencia recurrida. El amparo se concede para los efectos de fondo precisados en la parte final de la presente ejecutoria." (sic) En ese sentido, de lo resuelto en dicha ejecutoria, se advierte que dicho órgano colegiado, concedió el amparo a María Guadalupe Escobar Alanís, para que el Juez Primero Mercantil de Primera Instancia de Toluca, Estado de México: Deje insubsistente todo lo actuado en el juicio natural, a partir de la diligencia de emplazamiento reclamada, incluyendo todos los actos de ejecución que se hubieren llevado a cabo. Por lo que, en el proveído indicado en párrafos precedentes, se requirió a la autoridad responsable su cumplimiento. Posteriormente, el dieciséis y veinticinco de agosto de este año, se tuvieron por recibidos los oficios 922 y 711/2011 (ambos con anexo), mediante los cuales el Juez Primero Mercantil de Toluca, Estado de México, remitió copias certificadas del auto de nueve de agosto del año en curso y actuaciones que acreditan su ejecución, así como copias certificadas de las constancias que acreditan el cumplimiento de la ejecutoria de amparo por parte del Instituto de la Función Registral, constancias que por ser documentos públicos tienen valor probatorio, de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo. De lo anterior, se advierte que la autoridad responsable cumplió con las directrices de la concesión del amparo, es decir, dejó insubsistente todo lo actuado en el juicio natural, a partir de la diligencia de emplazamiento reclamada, incluyendo todos los actos de ejecución que se hubieren llevado a cabo. Así pues, del análisis comparativo entre lo resuelto en la ejecutoria de amparo y la conducta desplegada por la responsable respecto de aquélla, se concluye que en el caso particular se ha dado cumplimiento al fallo protector, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo, y consecuentemente, se colige que se ha restituido a la quejosa en el goce de sus derechos humanos transgredidos, lo que constituye el fin último de la ejecutoria de amparo; por lo tanto, toda vez que la autoridad responsable no incurrió en defecto, al acatar los efectos de la sentencia amparadora; así como tampoco incurrió en exceso, ya que no se extralimitó de lo expresamente solicitado; se declara cumplida la sentencia. Es aplicable la Jurisprudencia 2a./J. 201/2009, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 301 del Tomo XXX, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, diciembre de 2009, Novena Época, materia común, con número de registro 165807, que establece: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO. El artículo 105 de la Ley de Amparo impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento, cuando no fueren obedecidas a pesar de los requerimientos formulados al efecto y de su párrafo tercero se deduce la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el indicado juzgador la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, deberá declararlo así en el proveído correspondiente de manera lisa y llana, y abstenerse de calificarlo con expresiones tales como "debido", "exacto", "cabal", u otras semejantes ya que ello implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente, si no se conformara con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial con la calificación y, además, podría llevar al propio juzgador a emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución." Previas anotaciones en el libro de gobierno, hágase del conocimiento de la quejosa la presente determinación, para los efectos del artículo 202 de la Ley de Amparo, quedando a salvo sus derechos para que los haga valer en la vía y forma que considere convenientes.
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