María Guadalupe Chávez Meza
Expediente 606/2022 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Sinaloa. 3 actuaciones registradas, la última del 6 de octubre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 606/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 06/10/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Sinaloa · Sinaloa
Partes del expediente
- María Guadalupe Chávez Meza
Actuaciones
- Principal
Téngase recibido el escrito signado por la quejosa María Guadalupe Chávez Meza, por medio del cual solicita la devolución de la escritura pública número 2,765 a cargo del protocolo del Notario Público Número Doscientos con ejercicio y residencia en esta ciudad; en atención a ello, dígale que se esté a lo acordado en proveído de veintidós de julio del año en curso, en el que se proveyó lo condúcente a la devolución del citado instrumento notarial. En el entendido que deberá realizar solicitud de una cita en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en el micrositio sobre "Servicios Jurisdiccionales", al que podrá acceder en el siguiente enlace: https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/Servicios Jurisdiccionales dentro del cual encontrara el sistema de "Agenda OJ", la generación de citas con la finalidad de consultar expedientes o desahogo de requerimientos o comparecencias exigidas por este juzgado, esto último, en los casos previstos en el numeral 6º del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Así también, dada la limitación del personal asignado para atención al público en el horario escalonado asignado para llevar a cabo la jornada presencial en este órgano jurisdiccional, la referida cita tendrá que programarse en día jueves de cualquier semana y de las ocho y media a diez de la mañana.
- Principal
Visto el estado de los autos y la certificación de cuenta; de la que se desprende que en el libro de registro de correspondencia que se lleva en el departamento de oficialía, no se encuentra registrada ninguna promoción que indique que la parte promovente recurrió el auto de tres de agosto de dos mil veintidós, en el que se desechó su demanda de garantías, dentro del término previsto por el artículo 98, de la Ley de Amparo, considerando que ésta fue notificada de manera personal el cinco de los que cursan, quedando comprendido dicho plazo del nueve al quince de agosto de la presente anualidad; en consecuencia, se declara que el aludido acuerdo HA CAUSADO ESTADO. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y, toda vez que en el expediente no obran documentos originales que deban ser devueltos a las partes, en su oportunidad, archívese como asunto definitivamente concluido. Por otra parte, en cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transparencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, en su artículo 21, inciso d), procede hacer la indicación en el sentido de que este expediente es DESTRUIBLE, una vez que transcurra el periodo de conservación; toda vez que se desechó de plano la demanda de amparo.
- Principal
ECEPCIÓN DE LA DEMANDA. Ténganse recibidos los escritos aclaratorios de demanda y el diverso en alcance del primero, suscritos por María Guadalupe Chávez Meza, contra los actos que reclama de la Administradora del Condominio denominado "El Faro Luxury Condos", con sede en esta ciudad y otros, el juez acuerda: IMPROCEDENCIA. En la especie, la parte quejosa señaló como acto reclamado el siguiente: "IV. La norma general, acto u omisión que de cada autoridad se reclame. El acto que se reclama de las autoridades responsables es REALIZAR Y AUTORIZAR UN ACTO JURÍDICO (sic) pasando por inadvertido el artículo 2, 5 fracción IV y 116 de la Ley de Notariado para el estado de Sinaloa, artículo 25 fracción IV, V y IX de la Ley Sobre el Régimen de Propiedad en Condominio de Inmuebles para el Estado de Sinaloa y en consecuencia de ello, realizan la afectación directa a mi Derecho Humano de Seguridad Jurídica, Libre personalidad y de 1 Artículo 114. El órgano jurisdiccional mandará requerir al promovente que aclare la demanda, señalando con precisión en el auto relativo las deficiencias, irregularidades u omisiones que deban corregirse, cuando: . IV. No se hubiere expresado con precisión el acto reclamado; y . Si no se subsanan las deficiencias, irregularidades u omisiones de la demanda dentro del plazo de cinco días, se tendrá por no presentada. Propiedad que tengo consagrando en los artículos 1, 14, 16 y 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 5.1; 8.1; 11.1; 11.2; 17.1; 17.2; 21.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, pues era obligación de la Administradora, Comité de Vigilancia respetar las formalidades de ley y del fedatario constatar que los actos de los que da fé son auténticos y no son contrarios a la ley; situación que fue contrario a dichas disposiciones, pues validó actos que no contaban con la formalización estipulada en la Ley Sobre el Régimen de Propiedad en Condominio de Inmuebles para el estado de Sinaloa, ya que no se convocó a la Asamblea cumplimiento los requisitos establecidos, no se atendieron y/o desahogaron las observaciones realizadas por la suscrita y se aprobaron acuerdos que restringen mis derechos fundamentales, además de ello, se me ha negado el derecho de entregar el instrumento jurídico realizado por el fedatario, argumentando que el instrumento ya fueron entregados a todos los vecinos y, que él no cuenta con copia del mismo, dejando a la suscrita en un total estado de indefensión y violentando nuevamente mi seguridad jurídica y debido proceso, pues la autoridad ha escondido información que sé y tengo conocimiento modifica mi esfera jurídica, sin embargo, a la fecha me encuentro en total estado de indefensión al dejarme en un total desconocimiento sobre los alcances que trajo la formalización del instrumento público, sin embargo, el Comité de Vigilancia y Administradora a la fecha me han informado de manera verbal que debo dejar de disfrutar mi propiedad a libre entereza, supeditando mi conducta a dicho reglamento, el cual me han negado, por lo que, no es posible anexar a la presente demanda constitucional y mucho menos ejercer las acciones civiles que correspondan, es por ello que la única vía legal con la que cuento para poder defenderme de los actos tiranos de los que me quejo, es acudir ante este honorable Tribunal Constitucional a pedir el amparo y protección de la justicia." Por auto de veintidós de julio de dos mil veintidós, se aclaró la demanda de amparo a la parte promovente a efecto de que indicara qué actos en específico reclama de cada una de las autoridades responsables que precisa. Sobre el particular, la promovente de amparo en su escrito aclaración de demanda precisa lo siguiente: La Administradora i. Se reclama la negativa de proporcionar a la suscrita la documentación relativa al desarrollo de la asamblea condominal, tales como: convocatorias, Fe de hechos del acta de la asamblea en primera convocatoria, Acta de la asamblea en primera convocatoria, Fe de hechos de la asamblea en segunda convocatoria, Acta de asamblea en segunda convocatoria, Lista de Asistencia, Documentos mediante los cuales los asistentes demostraron su personalidad, reglamento aprobado en la asamblea, y los que resulten. ii. La Negativa de exhibir los anexos relacionados a cada punto de las convocatorias, que contengan la firma de recibido de puño y letra de la quejosa. iii. Todas las acciones que han llevado a cabo mediante las cuales limita el libre acceso al condominio, así como el uso de las áreas comunes, en concordancia con los conceptos de violación desarrollados en el escrito de demanda. (2) El Comité de vigilancia i. La falta de notificación formal de sus integrantes. ii. Los actos de acoso hacía la suscrita, sus familiares y visitantes. iii. Los actos de discriminación de los que he sido objeto por parte de sus integrantes. (3) Del Notario Público 260, Lic. Daniel Dino Durán Ibarra i. Se reclama la negativa de proporcionar a la suscrita a mi costa, la documentación relativa al desarrollo de la asamblea condominal, tales como: convocatoria, Fe de hechos del acta de la asamblea en primera convocatoria, Acta de la asamblea en primera convocatoria, Fe de hechos de la asamblea en segunda convocatoria, Acta de asamblea en segunda convocatoria, Lista de Asistencia, Documentos mediante los cuales los asistentes demostraron su personalidad, el reglamento aprobado en la asamblea, y los que resulten. Para que la suscrita conociera el impacto y el alcance jurídico de lo que se aprobó. ii. Todas y cada una de las actuaciones del notario durante el desarrollo de la asamblea, como la autorización de un acta de asamblea sin la verificación previa de que lo aprobado se apegara a Derecho; La continuación del desarrollo de la asamblea aún y cuando no existía quórum; La autorización de que la asamblea aprobara un nuevo reglamento aún y cuando fuera contrario a Derecho; iii. La negativa a asentar en el acta que las votaciones fueran nominales, según lo mandata la Legislación condominal del estado. iv. La omisión de asentar en su fe de hechos las manifestaciones realizadas por la suscrita a través de su representante, respecto a la inexistencia de un documento comprobatorio de que fueron circulados los anexos de cada uno de los puntos de la asamblea, Asentar en la fe de hechos que pudo percatarse con sus sentidos que únicamente los convocantes conocían los documentos que serían discutidos en la asamblea. v. La negativa a asentar que no existía lugar alguno en el condominio en donde pudieran consultarse los anexos de los puntos a tratar durante la asamblea. vi. La autorización de los acuerdos de la asamblea tales como: La remoción de la C. Ana Marcela Machado como Administradora Condominal, nombrando a la C. Ana Paulina Lira Velarde como nueva administradora. b) La elección un nuevo Comité de Vigilancia Condominal. c) Fue Derogado el reglamento que todos suscribimos al momento de adquirir la unidad privativa en el condominio, modificando sustancialmente los términos a los que voluntariamente nos obligamos en la operación de compraventa del inmueble y contenidos en el Régimen de Propiedad en Condominio bajo la escritura pública 2353 volumen VIII a cargo del Lic. Pablo Tejeda Castillo, en la Ciudad de Escuinapa, Sinaloa, y registrado en el registro público de la propiedad y el comercio de Mazatlán, Sinaloa bajo el número 120, tomo 1341, sección I, de fecha 08 de octubre de 2020, y folio 88759, movimiento 1. d) Se impuso un reglamento que contiene disposiciones notoriamente violatorias de mis derechos humanos." En tales condiciones, una vez examinado los actos concretos de autoridad de los que se dice afectada la quejosa y los antecedentes plasmados en el escrito de demanda, es posible advertir en forma indudable y manifiesta, la actualización de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos numerales 1 y 5, fracción II, de la Ley de Amparo. Previo a la realización del estudio de la causa de improcedencia en concreto, en primer término, se considera pertinente reproducir el contenido de los artículos 112, en relación con el 113 ambos de la Ley de Amparo y que establecen lo siguiente: "Artículo 112. Dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue presentada, o en su caso turnada, el órgano jurisdiccional deberá resolver si desecha, previene o admite. En el supuesto de los artículos 15 y 20 de esta Ley deberá proveerse de inmediato. Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De los preceptos antes reproducidos, se deduce que el Juez Federal está obligado a resolver en el primer auto que recaiga a la demanda, si la admite, previene o desecha. En éste último, cuando advierta un motivo manifiesto e indudable de improcedencia; entendiéndose por "manifiesto", según lo que se observa en forma patente, notoria y absolutamente clara, y por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. Esos conceptos se definieron en la tesis 2a. LXXI/2002, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XVI, Julio de 2002, página 448, de rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO." Es decir, que sin ulterior comprobación surjan a la vista tales motivos que hagan inejercible la acción de amparo, que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido, o sea, que si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el citado artículo, por lo que es necesario admitir la demanda y seguir los trámites correspondientes para dar oportunidad a que mediante los informes de las autoridades responsables y las pruebas que rindan, puedan confirmarse o desvanecerse los posibles motivos de improcedencia advertidos desde la iniciación del juicio y, de esa manera, evitar perjuicios irreparables al quejoso. En esa tesitura, en el caso en particular, se tiene la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata, es operante en el caso concreto, de tal modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes. En efecto, en el caso concreto, como se indicó, el suscrito considera se actualiza de manera notoria y manifiesta la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos numerales 1 y 5, fracción II, de la Ley de Amparo, esto es, que los actos reclamados no provienen de una autoridad para efectos del juicio de amparo. En términos de la referida fracción II del artículo 5 de la Ley de Amparo, por autoridad responsable debe entenderse aquélla que, con independencia de su naturaleza formal, dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas; en la inteligencia de que los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de dicha fracción y cuyas funciones estén determinadas en una norma general. En concordancia con lo anterior, las tesis 2a./J. 164/2011 y 1a. XXI/2020 (10a.) -esta última que, contrario a lo referido por la parte recurrente, sí fue considerada en el auto recurrido- localizables, respectivamente, en la página 1089, Tomo XXXIV, septiembre de 2011, así como en la página 304, Tomo IV, agosto de 2020, ambas de la Novena Época del referido medio de publicación oficial, de rubros: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS." y "AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DE PARTICULARES. INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 5o., FRACCIÓN II, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA LEY DE AMPARO.", refieren que una autoridad para efectos del juicio de garantías es todo aquel ente de hecho o de derecho que emite actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera legal de los gobernados, sin requerir para ello de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado; es decir, que ejerce facultades decisorias que le están atribuidas en la ley y que, por ende, constituyen una potestad, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. Así, el juicio de amparo sólo procede contra actos u omisiones de los poderes públicos o de particulares que emitan actos de autoridad en los términos relatados y, en ese sentido, para distinguirlos de los actos de particulares en estricto sentido, se debe atender a la clasificación de las relaciones jurídicas de coordinación y supra a subordinación. Las relaciones de coordinación son las entabladas entre particulares, en las cuales actúan en un plano de igualdad y son reguladas por el derecho común o por acuerdos de voluntades pactados entre los gobernados, por lo que para dirimir sus diferencias, se crean en la ley los procedimientos ordinarios necesarios para resolverlas; la nota distintiva de este tipo de relaciones es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o contempladas por la ley, existiendo una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación. En cambio, las relaciones de supra a subordinación son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, por actuar los primeros en un plano superior a los segundos, en beneficio del orden público y del interés social; es decir, se caracterizan por la unilateralidad, lo que implica que la facultad de decisión de la autoridad no requiera de la autorización de un órgano jurisdiccional, ni precisa del consenso de la voluntad del afectado, razón por la cual la Constitución Federal prevé un catálogo de derechos, como limitaciones al actuar del gobernante. Por tanto, de no cumplirse con estos presupuestos, el juicio de amparo resultaría improcedente y, por ende, el particular debe acudir al medio de defensa ordinario previsto en la norma correspondiente. En el caso, se actualiza dicha causal de improcedencia toda vez que los actos reclamados en la demanda de amparo y su aclaración no fueron emitidos por autoridades para efectos del juicio biinstancial. Para explicar ese aserto, es necesario exponer el régimen legal al que se encuentran sometidos los condominios, como en el que se ubica el domicilio de la parte quejosa, previsto en la Ley Sobre el Régimen de Propiedad en Condominio de Inmuebles para el Estado de Sinaloa, al tenor del articulado siguiente: CAPITULO CUARTO De las Asambleas ARTICULO 25.- La Asamblea de Condóminos es el órgano supremo del condominio. Las Asambleas podrán ser de grupo de condóminos o generales. Serán de grupo de condóminos las convocadas para resolver casos como los previstos en el Artículo 33, las demás serán generales. Para unas y otras rigen las siguientes prevenciones: I.- Las generales deberán celebrarse cuando menos una vez por año y las de grupo cuantas veces sea necesario, de acuerdo con esta Ley y el Reglamento del Condominio; II.- Cada condómino gozará de un número de votos igual al porcentaje del valor que su departamento, vivienda, casa o local, represente en el total del condominio; III.- En el caso de condóminos que hayan celebrado contrato con garantía hipotecaria o compra-venta con reserva de dominio en virtud del cual de cumplirse en sus términos lleguen a ser propietarios, gozarán de un número de votos proporcional al precio que hubieren pagado y corresponderá al acreedor la otra proporción del porcentaje. Esta prevención sólo regirá si los acreedores asisten a la Asamblea; IV.- La votación será personal, nominal y directa, pudiéndose delegar la representación y determinar otras formas y procedimientos, si el Reglamento del Condominio lo permite; V.- Las resoluciones de la Asamblea se tomarán por mayoría simple de votos, excepto en los casos en que esta Ley y el Reglamento del Condominio prescriba una mayoría especial; VI.- Cuando un solo condómino represente más del 50% de los votos, se requerirá, además, el 50% de los votos restantes, para que sean válidos los acuerdos; VII.- Las Asambleas serán presididas por quien designe el Reglamento del Condominio. El Administrador fungirá como Secretario si es persona física y en caso de ser persona moral, por un representante de ésta; VIII.- Los condóminos y acreedores registrados podrán convocar a Asamblea sin intervención del Administrador y del Comité de Vigilancia, cuando acrediten ante Notario Público o Juez competente, que representan como mínimo la cuarta parte del valor del condominio; y, IX.- Las actas de la Asamblea serán autorizadas por Notario Público, así como por los Presidentes de la Asamblea y del Comité de Vigilancia. ARTICULO 26.- Cuando la asamblea se celebre en virtud de primera convocatoria, se requerirá un quórum del 90% de votantes. Cuando se realice por segunda convocatoria, el quórum será cuando menos del 51% de votantes. Si la Asamblea se efectuare en razón de tercera convocatoria, las resoluciones se adoptarán por la mayoría de los presentes. Las determinaciones adoptadas por la Asamblea en los términos de esta Ley, el Reglamento del Condominio y demás disposiciones aplicables, obligan a todos los condóminos, incluyendo a los ausentes o disidentes. ARTICULO 27.- La Asamblea tendrá las siguientes facultades y obligaciones: I.- Nombrar y remover libremente al Administrador, en los términos del Reglamento del Condominio, excepto a los que funjan por el primer año, que serán designados por quienes otorguen la escritura constitutiva del condominio. El Administrador podrá ser alguno de los condóminos y la Asamblea fijará la remuneración correspondiente, que será renunciable, si éste acepta servir gratuitamente el cargo; II.- Precisar las responsabilidades del Administrador frente a terceros y las que corran a cargo de los condóminos, por actos de aquél, ejecutados en el desempeño de su cargo; III.- Nombrar y remover libremente al Comité de Vigilancia; IV.- Resolver sobre la clase y monto de garantía que deba otorgar el Administrador, respecto del fiel desempeño de su encargo y el manejo de los fondos a su cuidado, tanto para el mantenimiento y administración del condominio, como el de reserva para la reposición de implementos; V.- Examinar y aprobar el estado de cuenta anual que presente el Administrador; VI.- Discutir y aprobar el presupuesto de gastos para cada año; VII.- Establecer las cuotas a cargo de los condóminos para constituir un fondo destinado a los gastos de mantenimiento y administración, y otro fondo de reserva, para la adquisición o reparación de implementes (sic) y maquinaria con que deba contar el condominio. El pago podrá dividirse en mensualidades, que deberán cubrirse por adelantado. El monto de estos fondos se integrará en proporción al valor de cada departamento, vivienda, casa o local, de acuerdo con lo dispuesto por el Artículo 3o., Fracción V de esta Ley. Las primeras aportaciones para la constitución de ambos fondos, serán determinadas en el Reglamento del Condominio. El fondo de mantenimiento y administración deberá ser suficiente para contar anticipadamente con el numerario que cubra los gastos de tres meses. El fondo de reserva, mientras no se aplique, deberá invertirse en valores de renta fija, redimibles a la vista; VIII.- Promover lo procedente ante las autoridades competentes, cuando el Administrador infrinja esta Ley, la escritura constitutiva, el Reglamento del Condominio, así como cualquier disposición legal aplicable; IX.- Adoptar las medidas conducentes sobre los asuntos de interés común que no se encuentren comprendidos dentro de las atribuciones del Administrador; X.- Modificar la escritura constitutiva y el Reglamento del Condominio, en los casos y condiciones que ambos prevean, de acuerdo con las disposiciones legales aplicables; y XI.- Las demás que le confiera esta Ley, la escritura constitutiva, el Reglamento del Condominio y demás preceptos legales aplicables. CAPITULO QUINTO Del Administrador ARTICULO 28.- Los condominios serán administrados por la persona física o moral que designe la Asamblea de condóminos, en los términos de esta Ley, la escritura constitutiva y el Reglamento del Condominio. ARTICULO 29.- El Administrador del condominio tendrá las siguientes facultades y obligaciones: I.- Llevar debidamente autorizados por la Secretaría del Ayuntamiento del Municipio donde se encuentre ubicado el condominio, un libro de actas de las Asambleas y un libro de registro de los acreedores que manifiesten, dentro del primer mes de constituidos los créditos, o en el de enero de cada año, su decisión de concurrir a las Asambleas. En este registro se anotarán la conformidad de acreedor y deudor, sobre los saldos pendientes de cubrirse y en caso de discrepancia o de renuncia del deudor a expresar su voluntad se asentarán los saldos que determine el Comité de Vigilancia, indicándose la proporción correspondiente al acreedor y al deudor, respecto de los votos atribuidos al departamento, vivienda, casa o local de que se trate. Para los efectos de votación previstos en esta fracción, estas inscripciones sólo tendrán validez por el trimestre en que se practiquen, de los cuales el Administrador expedirá constancia al acreedor interesado; II.- Cuidar y vigilar los bienes del condominio y los servicios comunes, promoviendo la integración, organización y desarrollo de la comunidad. Entre los servicios comunes están comprendidos los que a su vez sean comunes con otros condóminos o con vecinos de casas unifamiliares, cuando estén ubicados dentro de un conjunto o unidad urbana habitacional, o constituyan edificios, alas o secciones de una construcción vasta (sic); III.- Llevar y conservar los libros y documentación relacionados con el condominio, los cuales en todo tiempo deberán estar a disposición de los condóminos y acreedores registrados, para su consulta; IV.- Realizar todos los actos de administración y conservación del condominio; V.- Atender la operación y mantenimiento de las instalaciones y servicios generales; VI.- Ejecutar los acuerdos de la Asamblea; VII.- Recaudar de los condóminos la cuota que a cada uno corresponda aportar para los fondos de mantenimiento y administración, y de reserva; VIII.- Efectuar los gastos de mantenimiento y administración del condominio con cargo al fondo correspondiente, en los términos del Reglamento del Condominio; IX.- Otorgar recibo a cada uno de los condóminos por las cantidades que hayan aportado en el mes anterior para los fondos de mantenimiento y administración, y de reserva. Dichos recibos expresarán en su caso, los saldos a cargo de cada condómino; X.- Entregar mensualmente a cada condómino, recabando constancia de quien lo reciba, un estado de cuenta que comprenda: a).- Relación pormenorizada de los gastos del mes anterior, efectuados con cargo al fondo de mantenimiento y administración; b).- Estado consolidado que muestre los montos de las aportaciones y cuotas pendientes de cubrirse. El Administrador tendrá a disposición de los condóminos que quieran consultarlo, una relación del mismo en que consten las cantidades que cada uno aportó para los fondos de mantenimiento y administración, y de reserva, con expresión de saldos de cuotas pendientes de cubrirse; y, c).- Saldo del fondo de mantenimiento y administración y fines para el que se destinará en el mes subsiguiente o, en su caso, monto y relación de adeudos por cubrirse. El condómino tendrá un plazo de cinco días contados a partir de la fecha de entrega de dicha documentación, para formular las observaciones u objeciones que considere pertinentes. Transcurrido dicho plazo, se considerará que está de acuerdo con la misma, a reserva de la aprobación por parte de la Asamblea; XI.- Convocar a Asamblea, cuando menos con diez días de anticipación a la fecha en que pretenda celebrarse, indicando lugar dentro del condominio o el que se haya fijado en el Reglamento del Condominio, así como la hora en que deba verificarse, con inclusión de la orden del día. Los condóminos y acreedores registrados o sus representantes serán notificados en el lugar que para tal efecto hayan señalado, mediante nota por escrito; Además del envío de la nota anterior, el Administrador colocará la convocatoria en uno o más lugares visibles del condominio. En caso de urgencia se convocará a Asamblea con la anticipación que las circunstancias determinen; XII.- Exigir la responsabilidad en que incurran los condóminos, por infracción a lo dispuesto en el Artículo 17 de esta Ley; y, XIII.- Desempeñar las demás funciones y cumplir con las obligaciones inherentes a su cargo y vigilar la debida observancia de esta Ley, la escritura constitutiva, el Reglamento del Condominio, los acuerdos de la Asamblea, del Comité de Vigilancia y demás disposiciones legales aplicables. ARTICULO 30.- En relación a los bienes comunes, el Administrador tendrá las facultades y obligaciones de un apoderado general de los condóminos, para administrar bienes, así como para pleitos y cobranzas, con facultad para articular y absolver posiciones. El otorgamiento de otras facultades especiales y las que requieran cláusula especial, necesitarán acuerdo de la Asamblea, con mayoría del 51% de los condóminos. Las medidas que adopte y disposiciones que dicte el Administrador dentro de sus atribuciones y con base en la Ley y el Reglamento del Condominio, serán obligatorias para todos los condóminos. La Asamblea, por mayoría que fije el Reglamento, podrá modificarlas y revocarlas. CAPITULO SEXTO Del Comité de Vigilancia ARTICULO 31.- El Comité de Vigilancia se integrará con tres miembros y tendrá las siguientes facultades y obligaciones: I.- Cerciorarse de que el Administrador cumpla con los acuerdos de la Asamblea General, así como los demás deberes que le impone esta Ley, la escritura constitutiva y el Reglamento del Condominio; II.- Verificar los estados de cuenta que debe rendir el Administrador ante la Asamblea; III.- Constatar las inversiones de los fondos de mantenimiento y administración, y de reserva; IV.- Dar cuenta a la Asamblea de sus observaciones sobre la Administración del condominio; V.- Informar a la Asamblea sobre el incumplimiento de las obligaciones de los condóminos con que dé cuenta el Administrador; VI.- Coadyuvar con el Administrador en observaciones a los condóminos sobre el cumplimiento de sus obligaciones; VII.- Convocar a Asamblea de condóminos cuando a su requerimiento al Administrador no lo haga dentro de los tres días siguientes. Asimismo, cuando a su juicio sea necesario informar a la Asamblea de las irregularidades en que haya incurrido el Administrador, con notificación a éste para que comparezca ante la Asamblea; y, VIII.- Las demás que deriven de esta Ley, la escritura constitutiva y el Reglamento del Condominio. CAPITULO SEPTIMO Del Reglamento del Condominio ARTICULO 32.- El Reglamento del Condominio contendrá, cuando menos, lo siguiente: I.- Los derechos y obligaciones de los condóminos, respecto de los bienes de uso común, especificando las limitaciones a que queda sujeto el ejercicio del derecho de usar tales bienes, así como los propios; II.- Las medidas que deban tomarse para la mejor administración, mantenimiento y operación del condominio; III.- Las disposiciones necesarias que propicien la integración, organización y desarrollo de la comunidad de condóminos; IV.- Forma de convocar a Asamblea de condóminos y quien debe presidirla; V.- Forma de designar al Administrador, los requisitos que debe reunir, así como su remuneración, reproduciendo además, las facultades y obligaciones que le confieren esta Ley, la escritura constitutiva y los casos en que proceda su remoción; VI.- Forma de designar el Comité de Vigilancia, los requisitos que deban reunir sus miembros, su remuneración y los casos en que proceda su remoción; y, VII.- Las materias que le reserven la escritura constitutiva y la presente Ley. (.)" Como se observa, el régimen de propiedad en condominio es el acto jurídico, protocolizado ante notario público, a través del cual los propietarios de un bien inmueble -teniendo un derecho privado-, lo afectan voluntariamente con esa modalidad de propiedad, con el fin de utilizar y compartir áreas y bienes de uso y propiedad común, que les permiten satisfacer diversas necesidades, sin demérito de su unidad de propiedad privada y se constituye cuando -como en el caso-, los propietarios decidan administrar en conjunto, entre otros, derechos de paso o vialidades comunes y servicios; por lo que, esa forma de propiedad puede, de igual forma, extinguirse voluntariamente, a través del acuerdo de los condóminos. Aunado a lo anterior, los referidos artículos prevén que cuando un asentamiento se constituye como un condominio, debe contar para su funcionamiento y administración con una asamblea general, un comité de vigilancia y un reglamento interno. En relación con la asamblea general, la referida norma prevé que es el órgano máximo de gobierno del condominio, conformado por los condóminos del asentamiento, en el que se discuten los temas propios de ese régimen de propiedad, facultado (entre otras cosas), para aprobar y modificar el reglamento interno, uso de áreas comunes, así como las medidas de seguridad y vigilancia para favorecer la convivencia; además, refiere que las determinaciones de ese órgano son aprobadas por la mayoría de los condóminos, a través de su voto libre y voluntario, por lo que son obligatorias para estos. Así mismo, el régimen legal del condominio instituye que esos asentamientos cuentan con un comité de vigilancia que es el órgano de control y vigilancia integrado por condóminos electos en la asamblea general, facultado -entre otras cosas-para ejecutar los acuerdos y decisiones aprobados por la referida asamblea en relación a los asuntos comunes del condominio y administrar la totalidad de los bienes de uso común del conjunto condominal, por lo que estará conformado por un presidente, un secretario y un tesorero. Aunado a ello, el condominio debe contar con un reglamento interno que es el instrumento normativo, creado por acuerdo de los condóminos, que establece las bases de la sana convivencia al interior del asentamiento, que complementa y especifica las disposiciones la Ley Sobre el Régimen de Propiedad en Condominio de Inmuebles para el Estado de Sinaloa, así como de la escritura constitutiva del régimen, por lo que regula -entre otros supuestos-, los derechos y obligaciones de los habitantes del condominio, las medidas necesarias para su administración y mantenimiento y el procedimiento de cobro de las cuotas establecidas por la asamblea, por lo que resulta vinculante para los habitantes del fraccionamiento o condominio. Además, el citado régimen legal del condominio prevé que los condóminos y poseedores en esos asentamientos, se someten voluntariamente a su ordenamiento interno y a las decisiones de sus órganos de control, entre las que se encuentra la remoción de la Administradora, la elección de un nuevo comité de vigilancia, la derogación del reglamento y la imposición de uno nuevo. Finalmente, considerando que la quejosa se duele de la irregularidad en la celebración de la asamblea condominal, su actuación por parte del Notario Público y los acuerdos tomados en ésta, cabe precisar que el procedimiento de solución de conflictos por la inobservancia de las disposiciones de la Ley Sobre el Régimen de Propiedad en Condominio de Inmuebles para el Estado de Sinaloa, de la escritura constitutiva del régimen y el reglamento interno, se tramitará ante los tribunales del orden común, de acuerdo con lo que dispone el artículo 38 de la citada ley y el propio reglamento del condominio. Ese régimen jurídico evidencia que ni los habitantes de un condominio, de forma particular, ni los órganos de control interno, como lo son la asamblea general y el comité de vigilancia, la administradora y el Notario Público, tienen el carácter de autoridades para efectos del juicio de amparo. Lo anterior porque, entre los condóminos y entre estos y los referidos órganos internos, no existe una relación de supra a subordinación, toda vez que estos sujetos se encuentran en un plano de igualdad, en tanto todas las determinaciones y actos relacionados con el funcionamiento del asentamiento dependen, necesariamente, de un acuerdo de voluntades entre sus integrantes. Es decir, la relación que se crea entre los habitantes de un condominio y entre estos y sus órganos de administración se desarrolla en un plano de igualdad ante la ley, porque son los propios particulares quienes, a través de la manifestación de su voluntad, deciden afectar un bien con la modalidad de propiedad de condominio, o bien, adquirir un inmueble que ya se encuentra regulado por ese régimen; además, son los condóminos quienes integran la asamblea general, que -como ya se dijo-, es el órgano de gobierno del asentamiento cuyas decisiones dependen de la manifestación de la voluntad de estos particulares a través de la emisión de su voto; asimismo, son los habitantes de los fraccionamientos quienes eligen al comité de vigilancia, reconociendo sus facultades para llevar a cabo sus funciones relacionadas con la administración del asentamiento y, finalmente, son los condóminos quienes, de igual forma, a través de la manifestación de su voluntad, crean y modifican el reglamento interno del fraccionamiento, aceptando los derechos y obligaciones que en este se instituyan. Por lo que no puede concluirse que con motivo de esa relación, los sujetos involucrados emiten actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extingan por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los demás habitantes, porque -se insiste-, para que un particular que tenga la calidad de condómino o poseedor en un fraccionamiento, o bien alguno de los referidos órganos internos de control, puedan llevar a cabo un acto, tomar decisiones o imponer alguna sanción, en relación con el funcionamiento del condominio, requieren del consenso y autorización de los demás habitantes. Además, esa relación no tiene su origen en una norma de derecho público, que dota a los condóminos o los órganos de administración del fraccionamiento de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, pues -como se precisó anteriormente-, la creación de los fraccionamientos, su regulación, la facultad de autorregularse, los derechos y obligaciones de sus habitantes y las facultades de sus asociaciones de control, están previstas en la Ley Sobre el Régimen de Propiedad en Condominio de Inmuebles para el Estado de Sinaloa, que es una norma de derecho común, así como en su reglamento interno, que -como ya se dijo-, es una norma de carácter privado, en tanto su creación, validez y aplicación depende, necesariamente, de su apego a la referida Ley de Propiedad y de la manifestación de la voluntad y aprobación de los condóminos. Asimismo esas normas no dotan a los condóminos ni a los órganos internos del fraccionamiento de facultades administrativas, pues la propia Ley de Propiedad antes mencionada, reconoce que los condominios están supeditados a la potestad común. . Es decir, el Estado no deposita sus potestades en los condóminos o en los órganos administrativos del asentamiento, sino que -se insiste-, permite que estos establezcan, a través del consenso, una serie de reglas que favorezcan el orden y la convivencia dentro del régimen del condominio, pero mantiene su control y supervisión en relación con estas medidas, permitiendo que los particulares acudan a impugnarlas en caso de que se suscite alguna controversia. Finalmente, se patentiza que los actos emitidos por los condóminos y los referidos órganos internos del condominio, están sometidos al control de autoridades jurisdiccionales, en tanto la mencionada Ley Sobre el Régimen de Propiedad en Condominio de Inmuebles para el Estado de Sinaloa, prevé que las resoluciones de conflictos serán tramitadas ante un juez Civil. Consecuentemente, ni la Administradora, la asamblea, el comité de vigilancia ni el Notario Público, tienen el carácter de autoridades responsables para efectos del juicio de amparo y, por tanto, la presente instancia constitucional es improcedente. DESECHAMIENTO. Así, al no actualizarse en perjuicio de la quejosa una violación en grado predominante o superior que amerite la intervención del órgano de impartición de Justicia Federal, se actualiza la causa de improcedencia prevista en en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos numerales 1 y 5, fracción II, de la Ley de Amparo, por lo que con fundamento en el diverso 63, fracción V, del invocado cuerpo normativo, se desecha la demanda de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, consultable en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, cuyo rubro dice: "DEMANDA DE AMPARO. DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA." Se precisa que los criterios en que se sustentó la presente determinación anteriores a la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación, no contravienen lo previsto en la Ley de Amparo, por lo que conservan su vigencia, de conformidad con el artículo sexto transitorio del decreto que expidió la referida ley reglamentaria. .
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