María Guadalupe Castro González

Expediente 344/2021 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Sinaloa. 3 actuaciones registradas, la última del 2 de julio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
344/2021
Año
2021
Actuaciones
3
Última actuación
02/07/2021

Partes del expediente

  • María Guadalupe Castro González y Otros.
  • María Guadalupe Castro González

Actuaciones

  1. Principal

    Con fundamento en los ordinales 354, 355 y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia, por disposición expresa de su arábigo 2°, se declara que HA CAUSADO ESTADO, el auto de sobreseimiento de referencia. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y, en su oportunidad, archívese el presente juicio como asunto definitivamente concluido. Por otra parte, en cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, en su artículo 21, procede hacer la indicación en el sentido de que este expediente es depurable, toda vez que se concedió la suspensión de plano.

  2. Principal

    Visto el estado de los autos, de los que se advierte la razón levantada el día de hoy, por el actuario adscrito a este órgano jurisdiccional, de la que se desprende que la directa agraviada Kenia Carolina Tirado Castro, ratificó la demanda promovida en su favor por María Guadalupe Castro González; en consecuencia, con fundamento en el párrafo tercero del arábigo 15 de la Ley de Amparo, se admite la demanda de amparo, misma que se ordena proseguir en todos sus trámites. Por otra parte, de conformidad con el artículo 126 de la Ley de Amparo, se recibe el oficio JCM/457/2021, signado por el Juez Cívico y por el Coordinador de Jueces del Juzgado Cívico del Ayuntamiento de Mazatlán, Sinaloa, con residencia en esta ciudad, por medio del cual rinden informe en relación a la suspensión de plano; memorial que se ordena agregar al presente sumario para que obre como corresponda, cuyo contenido se hace del conocimiento de las partes para los efectos legales a que haya lugar. Asimismo, con fundamento en el numeral 119 del citado ordenamiento legal, se reciben las pruebas documentales que anexa la autoridad oficiante señalada en el párrafo que antecede. Ahora bien, de las citadas probanzas el suscrito advierte de manera oficiosa que en la especie sobreviene la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, en relación con el diverso numeral 63, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, por las siguientes razones: Del análisis practicado a las citadas constancias se obtiene que, el acto reclamado no es factible examinarlo en razón de que ya no puede surtir efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular. Por consiguiente, la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá. Acude en apoyo de la anterior consideración, la tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro es el siguiente: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS, PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO EN QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL." Así también, tiene aplicación en la especie, la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, intitulada: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO." Se explica. En la demanda de amparo que dio origen a este juicio, la directa quejosa reclamó la detención e incomunicación de la que dijo ser objeto por parte de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, con sede en esta ciudad. Y de las constancias aportada por las autoridades oficiantes, se advierten destacadamente las siguientes: 1. Acta de remisión de detenido con folio 5335, elaborado a la una hora con veintitrés minutos del nueve de junio de dos mil veintiuno, correspondiente a la quejosa para su internamiento en el Tribunal de Barandilla, por "infracciones contra la tranquilidad y seguridad de las personas". 2. Examen médico practicado a la quejosa por el Doctor Enrique Calderón Lizalde (cédula profesional 1625998), en el que se determinó: "IDX clínicamente: No se encuentra bajo efectos de droga y Escoriación esternón." 3. Informe policial homologado en el que se pone a la quejosa a disposición del Juez de Barandilla, por "infracciones contra la moral pública y las buenas costumbres del orden familiar". 4. Boleta de libertad con número de folio 474423, de la que se desprende que a las ocho horas con diez minutos del diez de junio de dos mil veintiuno, se liberó a la quejosa. Así, de la valoración conjunta de las documentales públicas de mérito -las cuales merecen valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo conforme a su numeral 2°- se desprende que la quejosa fue detenida a la una con veintitrés minutos del nueve de junio de dos mil veintiuno, por "infracciones contra la tranquilidad y seguridad de las personas" y al ingresar al Juzgado Cívico se le realizó nota médica en la que se determinó que únicamente presentaba una escoriación en el esternón; asimismo, se advierte que la quejosa fue puesta en libertad a las ocho horas con diez minutos de esta fecha. En esa tesitura, la obtención de libertad por parte de la directa quejosa, pone de manifiesto la cesación en los efectos de la detención e incomunicación reclamadas, lo cual hace improcedente la acción de amparo porque incluso de otorgarse la protección constitucional, por la propia naturaleza de esos actos, la sentencia carecería de efectos prácticos, por no ser factible restablecer las cosas al estado que guardaban antes de la violación, ni restituir a la quejosa en el pleno goce del derecho violado. Por consiguiente, resulta innecesario esperar a la fecha en que tenga verificativo la audiencia constitucional, para efectuar el estudio de la causa de improcedencia que se examinó; por ende, de conformidad con el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo en vigor, lo procedente es SOBRESEER en el presente asunto respecto del acto que en esta vía se reclama, y dejar sin efecto las providencias aquí decretadas, así como la citación para la celebración de la audiencia constitucional.

  3. Principal

    Vista la demanda de amparo promovida por María Guadalupe Castro González, en favor de la directa quejosa Kenia Carolina Tirado Castro, contra actos del Coordinador de Jueces del Juzgado Cívico del H. Ayuntamiento de Mazatlán, Sinaloa, con residencia en esta ciudad (en su denominación correcta), y otra autoridad. Con fundamento en lo previsto en los artículos 3°, 20 y 21 de la Ley de Amparo, fórmense los expedientes impreso y electrónico; así también, radíquense éstos con el número 344/2021-IV. Presentación de la demanda de amparo. Con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I, VII y XV, constitucionales; 1º, fracción I, 15, 20, 37, 107, 108, 115 y 117 de la Ley de Amparo, SE TIENE POR PRESENTADA LA DEMANDA EN SUS TÉRMINOS, en la inteligencia que una vez que la directa agraviada, en su caso, la ratifique, se proseguirá con el trámite del juicio conforme a lo establecido en el numeral 15 del propio ordenamiento legal. Notificaciones en materia penal. Dada la naturaleza de los actos de autoridad que constituyen la materia de reclamo en el presente juicio instrúyase al actuario de la adscripción para que la práctica de las notificaciones que se ordenen durante la tramitación de este asunto se ajuste al plazo previsto por el primer párrafo del artículo 24 de la Ley de Amparo. Exhortación a las partes. Tomando en consideración que la tramitación del juicio no es ajena a la contingencia establecida en materia de salud por la epidemia de enfermedad generada por el virus SARS-CoV2 (COVID19), y por tanto, el riesgo sanitario será constante en los meses por venir, deberán efectivizarse los medios de comunicación entre este órgano jurisdiccional y las partes de este juicio, con el propósito de evitar cualquier tipo de contagio derivado del desplazamiento innecesario de éstas así como de los servidores públicos que atenderán los procedimientos correspondientes, por lo que de conformidad con el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, con vigencia de operatividad del tres de agosto al treinta y uno de octubre de dos mil veinte, se exhorta a las partes, con la finalidad de que realicen los trámites necesarios para continuar el presente sumario bajo el esquema de "juicio en línea"; así también, para que proporcionen una cuenta de correo electrónico y número telefónico, o bien, propongan formas especiales o expeditas de contacto, a través de las cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales; al igual que, previo acuerdo de su realización, la práctica de notificaciones, siempre que ello se estime pertinente para el éxito de la diligencia y la seguridad de quienes intervengan en la misma. Estudio del escrito inicial de demanda. Del contenido integral del libelo constitucional, se desprende lo siguiente: 1. La demanda de amparo es promovida por conducto de una tercera persona. 2. Se reclama que la directa quejosa Kenia Carolina Tirado Castro se encuentra incomunicada y privada de su libertad fuera de procedimiento judicial en las separos del Juzgado Cívico del H. Ayuntamiento de Mazatlán, Sinaloa, con residencia en esta ciudad. En consecuencia, atendiendo a las manifestaciones que bajo protesta de decir verdad formuló la promovente, se presume la privación de la libertad fuera de procedimiento judicial de la que podría ser objeto la directa agraviada; acto que se encuentra comprendido en el artículo 15, primer párrafo, de la Ley de Amparo y 22 constitucional; por tanto, con fundamento en el numeral 126 de la Ley de Amparo, SE DECRETA DE OFICIO Y DE PLANO LA SUSPENSIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS, por lo que las autoridades responsables deberán SUSPENDER INMEDIATAMENTE cualquier acto de incomunicación, malos tratos y tortura, en su contra, de ser el caso. Asimismo, de encontrarse Kenia Carolina Tirado Castro en calidad de detenida en relación con la comisión de un delito, deberá cesar su detención, (i) poniéndola en libertad o (ii) a disposición del Agente del Ministerio Público respectivo sin dilación, para que éste último determine lo que en derecho corresponda respecto de su libertad o retención, dentro del plazo y en los términos que el párrafo décimo del numeral 16 constitucional lo permite; o bien, sea consignada a las autoridades judiciales competentes para la incoación del proceso criminal relativo, dejándola a su disposición en las instalaciones del centro penitenciario que corresponda. De lo contrario, si la detención de la directa quejosa no tiene relación con la comisión de un delito, las responsables deberán ponerla en INMEDIATA LIBERTAD, de conformidad con el ordinal 164 de la Ley de Amparo. En el entendido de que si su detención deriva de un acto emitido en un proceso penal y/o ejecución de pena de prisión, la suspensión únicamente tendrá por efecto que cese la incomunicación, tortura y malos tratos en caso de que exista. Solicitud de informe de suspensión de plano. Como lo establece el artículo 209 de la ley de la materia, las autoridades señaladas como responsables deberán informar sobre el cumplimiento dado a esta determinación, dentro del término de VEINTICUATRO HORAS, contadas a partir de que reciban el oficio que derive del presente acuerdo. Bajo apercibimiento que de no hacerlo así, se harán acreedoras a una multa equivalente a treinta veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización que tenga al momento en que se emite el presente proveído, anteriormente reseñada. Con la finalidad de agilizar el expediente en que se actúa, hágase del conocimiento de las autoridades responsables que pueden remitir el informe que les fue requerido vía correo electrónico oficial a la dirección electrónica 8jdo12cto@correo.cjf.gob.mx. Asimismo, se comisiona al actuario adscrito a este juzgado, para que haga del conocimiento del directo agraviado el presente proveído, para lo cual deberá constituirse en los separos de la Secretaría de Seguridad Pública, con residencia en esta ciudad, a fin de lograr su comparecencia y en el acto de la diligencia, lo requiera para que manifieste si es su voluntad ratificar la demanda presentada en su favor, o bien, lo haga por escrito en el término de tres días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos su notificación, conforme a lo previsto en el artículo 15 de la misma Ley de Amparo, bajo apercibimiento que, de no hacerlo, se tendrá por no presentada su demanda, y quedarán sin efecto las providencias dictadas, conforme a lo previsto en los propios precepto y ordenamiento legal invocados. Del mismo modo, el diligenciario judicial deberá dar fe del estado físico de la directa agraviada y, de ser el caso, permitirle que exponga las manifestaciones que estime. En la inteligencia de que en caso de no encontrar a Kenia Carolina Tirado Castro en el lugar donde se indica, el actuario deberá agotar los medios a su alcance para constatar si en los libros de gobierno internos de las autoridades responsables, existe registro a nombre del directo quejoso, y en caso de no hallarlo, deberá constituirse en cualquier dependencia y centro de reclusión que cuente con celdas o separos dentro de esta localidad, a fin de llevar a cabo lo encomendado en este auto. Pruebas. No se ofrecieron pruebas al escrito inicial demanda. Delegados y domicilio de las autoridades responsables. Con apoyo en los numerales 9º, párrafo primero y 28, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, ténganse por delegados a las personas que, en su caso, nombren las autoridades responsables y por indicado el domicilio para oír y recibir notificaciones que señalen. Obligación de recibir oficios. Se hace saber a las autoridades señaladas como responsables que tienen la obligación de recibir los oficios aun cuando su denominación no sea la actual pero lleven a cabo las funciones de la autoridad que señale la parte quejosa, en el entendido de que negarse a recibir los oficios se harán acreedoras a una multa de cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización al momento en que se emite el presente proveído, el cual fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero de dos mil diecinueve. Notificaciones a las autoridades responsables. Se les hace de su conocimiento que en términos de los artículos 26 y 28 de la Ley de Amparo, solo deberán notificarse por oficio en su residencia oficial, además del auto de inicio, las resoluciones que por su importancia y trascendencia así lo ameriten, conforme a las reglas previstas para la práctica de las notificaciones de carácter personal. De manera que los autos, resoluciones, decretos o providencias que no reúnan esos requisitos, se notificarán por medio de lista que se fije en los estrados de este Juzgado, tal como lo dispone el artículo 29 de la propia legislación. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 2ª./J. 176/2012 (10ª.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, enero de 2013, de rubro: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS". Denominación de las autoridades responsables. Se hace del conocimiento de la parte quejosa, que se corregirá sin mayor proveído la denominación de aquellas autoridades responsables que hayan sido señaladas de manera incorrecta, siempre que su denominación correcta sea de obvia y evidente constatación, o cuando la autoridad responsable informe su denominación o domicilio correcto; circunstancia que guarda armonía con lo establecido en el artículo 17 Constitucional, que procura el acceso a la tutela jurisdiccional de manera pronta y expedita. Sirve de apoyo a lo anterior, por las consideraciones jurídicas que informa, la tesis XXVII.3o.17 K (10a.), sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, mayo de 2014, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "AUTORIDADES RESPONSABLES. AUN CUANDO EL QUEJOSO LAS MENCIONE INCORRECTAMENTE O CON IMPRECISIONES, SI ELLO NO IMPIDE AL JUEZ DE DISTRITO IDENTIFICARLAS DEBERÁ CORREGIRSE OFICIOSAMENTE ESE ERROR Y TENERLAS POR SEÑALADAS CON SU DENOMINACIÓN CORRECTA, A FIN DE NO INTERPRETAR LA DEMANDA CON RIGORISMOS FORMALISTAS QUE OBSTRUYAN LOS DERECHOS DE ACCESO A LA JUSTICIA Y A UN RECURSO EFECTIVO" Domicilio y autorizados. Con apoyo en el ordinal 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte promovente el ubicado en calle Naranjas, número 18200, fraccionamiento Villa Universidad 94, en esta ciudad, y como autorizado en los términos amplios del artículo 12 de la ley de la materia, al licenciado Juan Manuel Rodríguez Santiago, quien tiene su cedula profesional 5832382, reconocida en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho. Uso de medios electrónicos. Las partes podrán imponerse de autos mediante el empleo de cámaras fotográficas o cualquier otro dispositivo electrónico, en aras del ejercicio de sus derechos procesales con mayor celeridad y sencillez; empero, con la salvedad de aquellas piezas documentales que sean clasificadas por sus emisores como confidenciales o reservadas en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública o cualquier otro ordenamiento de naturaleza análoga, caso en el cual, quien esto provee, previo análisis de la información de que se trate en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo, podrá permitir el acceso a las partes, exclusivamente respecto de aquélla que se considere esencial para su defensa, sin que de ser el supuesto, ésta última pueda ser transmitida, copiada, fotografiada, escaneada o reproducida por cualquier medio. Resulta orientador al respecto el criterio sustentado por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 17, abril de dos mil quince, tomo II, página 1830, registro 2008986, del rubro: "REPRODUCCIÓN DE CONSTANCIAS DEL EXPEDIENTE DE AMPARO. LAS PARTES Y SUS AUTORIZADOS PARA IMPONERSE DE LOS AUTOS, PUEDEN EMPLEAR CÁMARAS FOTOGRÁFICAS U OTROS MEDIOS ELECTRÓNICOS, SIN QUE DEBAN LIMITARSE A LOS PROVEÍDOS DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)." Autorización de copias. Con fundamento en los artículos 278 y 279, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, se autoriza la expedición de copias simples y/o certificadas que solicite cualquier interesado con personalidad jurídica reconocida en este expediente, de las constancias que obren el mismo, previa razón de recibo que se deje en autos, salvo que se trate de información clasificada como reservada o confidencial, en términos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la cual no podrá ser transmitida, copiada, fotografiada, escaneada o reproducida por cualquier medio. Devolución de documentos. Asimismo, con fundamento en el artículo 280, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, una vez que cause ejecutoria la sentencia que se dicte en el juicio de amparo en que se actúa, se autoriza la devolución de los documentos exhibidos en este expediente, por las partes correspondientes, previa copia certificada y razón que de su recibo se deje en autos; sin que la presente autorización sustituya la valoración documental y subsecuente vista personal, para que dentro del plazo de noventa días recojan los documentos originales que exhiban en el juicio, la que deberá realizarse al ordenar el archivo del expediente. Integración del expediente electrónico. Por otra parte, en términos del artículo 3º, de la Ley de Amparo, se instruye al Secretario encargado del trámite del presente juicio para que dé fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso sean incorporadas todas las promociones, documentos, autos y resoluciones que lleguen a pronunciarse o a presentarse en el expediente en que se actúa, así como en el incidente de suspensión o cualquier otro cuaderno o procedimiento incidental que llegara a derivar del mismo, a fin de que ambos coincidan en su totalidad; dicha instrucción también se hace extensiva a los actuarios adscritos a este Juzgado de Distrito, en relación con las actuaciones que les correspondan realizar. Servicios jurisdiccionales. Por último, se hace del conocimiento de las partes, que a partir del tres de agosto de este año, está disponible en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, un micrositio sobre "Servicios Jurisdiccionales", al que podrán acceder en el siguiente enlace: https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/ServiciosJurisdiccionales, dentro del cual encontraran la información de contacto con este órgano jurisdiccional, así como, las listas de acuerdos y el sistema de "Agenda OJ", para la generación de citas con la finalidad de consultar expedientes o desahogo de requerimientos o comparecencias exigidas por este juzgado, esto último, en los casos previstos en el numeral 6º del Acuerdo General 21/2020. Ingreso a las instalaciones. En otro aspecto, hágase saber a las partes que para poder ingresar a las instalaciones de este órgano jurisdiccional a efecto de consultar físicamente el expediente en que se actúa e imponerse de los informes, así como para diverso tramite que necesariamente implique que deban acudir presencialmente ante este juzgado, deberán agendar una cita en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en el apartado "Servicios Jurisdiccionales", en términos de los Acuerdos Generales 21/2020, artículo 3° y 25/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativos a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales, ante la contingencia por el virus covid-19. Autorización para la firma de oficios. Se autoriza al Actuario a firmar los oficios que deriven de la tramitación de este asunto. Transparencia y acceso a la información pública. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en concordancia con los puntos décimo quinto y décimo sexto del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la mencionada ley, publicado en el Diario Oficial de la Federación de cuatro de abril de dos mil cuatro, vigente a partir del cinco del mismo mes y año, dígase a las partes que las sentencias ejecutorias dictadas en expedientes bajo el resguardo del Poder Judicial de la Federación, deberán hacerse públicas sin supresión de datos, a menos que las partes se opongan a la publicación de sus datos personales, cuando se refieran a expedientes que contengan información reservada y confidencial en los términos del artículo 24, fracción VI, de la citada ley, cuando pongan en riesgo la vida, la seguridad o la salud de las partes, en cuyo caso, los datos serán confidenciales, acorde a lo dispuesto en el numeral 113 de la legislación en comento. Manifestación que deberá realizarse dentro del presente juicio, hasta antes que se dicte el fallo; en la inteligencia que será facultad de la unidad administrativa correspondiente determinar si tal oposición surte sus efectos, cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o pruebas y constancias que obren en el expediente, ello de conformidad con lo señalado por el artículo 8º del citado Reglamento, en la medida en que no se impida conocer el criterio sostenido por el órgano jurisdiccional.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Sinaloa · 7,966 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano