María Guadalupe Arciniega Rodríguez

Expediente 1007/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 11 actuaciones registradas, la última del 30 de marzo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1007/2022
Año
2022
Actuaciones
11
Última actuación
30/03/2023

Partes del expediente

  • María Guadalupe Arciniega Rodríguez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 11.

  1. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; treinta de marzo de dos mil veintitrés. Declaratoria de ejecutoria Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el término de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes hayan recurrido la sentencia de veintisiete de febrero del año en curso. En consecuencia, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria, con fundamento en la fracción II del artículo 356, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la legislación de la materia, por mandato expreso de su artículo 2. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Resguardo de archivo de trámite Este expediente se considera un asunto concluido ya que no existe actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, por lo que, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia durante tres años contados a partir de esta data, donde será resguardado como archivo de trámite, según lo dispuesto en los artículos 8, fracción I, 9 y 35, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Valoración del expediente Ahora, se establece que, el expediente no tiene valor jurídico, ni valor histórico y carece de relevancia documental, por no encuadrar en alguno de los supuestos del artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Este expediente es depurable, dado que, se trata de un juicio de amparo en el que se negó el amparo y protección de la justicia federal, de conformidad con lo establecido en el inciso b), fracción II, del Artículo 18 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. De este modo, atento a que la Dirección General de Archivo y Documentación determinó que aquellos expedientes que se encuentren bajo resguardo de los órganos jurisdiccionales y que actualmente cuenten con más de tres años de haberse acordado su archivo como asunto concluido, en términos del punto vigésimo primero de cualquiera de los Acuerdos Generales Conjuntos de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los órganos jurisdiccionales, será el propio órgano el encargado de realizar las actividades de depuración o destrucción, según corresponda, toda vez que han alcanzado la temporalidad que estipula dicho numeral para ejecutar su valoración documental. Por tanto, una vez concluido el plazo de tres años, este órgano jurisdiccional deberá depurar el presente expediente, conservando la demanda, las resoluciones recurridas y la resolución que puso fin al asunto; la resolución que otorga autoridad de cosa juzgada; este proveído en que se acuerda el archivo como asunto concluido; y los demás documentos que considere la titular de este juzgado, la justificación de esto último deberá constar en el acuerdo de desincorporación. En atención a la certificación de cuenta, esta juzgadora califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 43 y 47 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el artículo 110 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y las partes no entregaron información con carácter de confidencial de la que se detalla en el numeral 113 de la legislación en comento. Además, se hace constar que, no obran documentos originales exhibidos por la parte quejosa, por lo que, es innecesaria la notificación personal de este auto. Finalmente, las constancias que integran el expediente electrónico coinciden en su totalidad con el expediente impreso, ello, en términos del artículo 35 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Notifíquese por lista electrónica y cúmplase. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.

  2. Principal

    VISTA LA RAZÓN DE LA ACTUARIA JUDICIAL ADSCRITA, SE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO Y SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA, A LA PARTE TERCERO INTERESADO LA SENTENCIA DE VEINTISIETE DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTITRÉS, QUE A LA LETRA DICE: SENTENCIACiudad Juárez, Chihuahua, a veintisiete de febrero de dos mil veintitrés. Visto para resolver el juicio de amparo 1007/2021-VI, promovido por *******.Resultando Primero. Presentación de la demanda. Mediante escrito recibido el siete de noviembre de dos mil veintidós, en la Oficina de Correspondencia Común, turnado a este juzgado en esa misma data, ******* solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal en contra del Juez de Primera Instancia del Sistema Penal Acusatorio del Distrito Judicial Bravos, con residencia en esta ciudad.Segundo. Derechos constitucionales que se estimaron violentados. La quejosa señaló como derechos vulnerados, los contenidos en los artículos 14, 16 y 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.Tercero. Tramitación de la demanda. Mediante auto de ocho de noviembre de dos mil veintidós, se admitió la demanda, se solicitó informe justificado a la autoridad señalada como responsable, se ordenó emplazar a los terceros interesados, se dio vista al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y se señalaron día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se llevó a cabo al tenor del acta que antecede y concluye con el dictado de esta sentencia. Cuarto. Notificación a las partes de la adscripción a este juzgado de la actual Titular. Mediante proveído de veintitrés de noviembre de dos mil veintidós, se ordenó notificar mediante lista a la totalidad de las partes y por oficio a las autoridades responsables, el oficio SEADS/698/2022, de veintiséis de octubre de dos mil veintidós, suscrito por la Secretaria Ejecutiva de la Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, a través del cual informó que fue acordada la adscripción de la Jueza Claudia López López, a este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, con efectos a partir del dieciséis de noviembre de dos mil veintidós, para que, de estimarlo prudente, procedieran con lo que establece el artículo 52, segundo párrafo, de la Ley de Amparo; sin que hayan efectuado manifestación alguna.Considerando Primero. Competencia. Este Juzgado de Distrito es legalmente competente por razón de materia, grado y territorio, para resolver el presente juicio de amparo, conforme a lo dispuesto en los artículos 94, 103, fracción I y 107, fracciones I y VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo; 49, 124 y 125 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como el Acuerdo General 03/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. Segundo. Fijación del acto reclamado. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, de la totalidad de constancias que integran el presente juicio, se desprende que la quejosa reclamó al Juez de Primera Instancia del Sistema Penal Acusatorio del Distrito Judicial Bravos, con residencia en esta ciudad, lo siguiente: El auto de vinculación a proceso dictado en su contra el veintiuno de octubre de dos mil veintidós, en la causa penal *******, por su probable responsabilidad en la comisión del hecho que la ley señala como delito de DAÑOS IMPRUDENCIALES, previsto y sancionado por los artículos 236, primer párrafo, y 73, en relación con el 18 fracción II, del Código Penal del Estado de Chihuahua. Tercero. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto combatido por el accionante del amparo, pues así lo señaló el Juez de Primera Instancia del Sistema Penal Acusatorio del Distrito Judicial Bravos, con residencia en esta ciudad, al rendir su informe con justificación; remitiendo para tal efecto copia certificada del auto de vinculación a proceso dictado el veintiuno de octubre de dos mil veintidós, en la causa penal *******. Documental que posee valor probatorio pleno conforme a los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, pues fue expedida por un funcionario dotado de fe pública, como lo es el propio Juez responsable, quien actuó en ejercicio de sus funciones, de conformidad con el artículo 83 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Chihuahua. Al respecto, cabe precisar que la información contenida en los discos compactos, también se valora como una prueba documental pública, la cual se tuvo por desahogada desde el momento en que fue remitida por la responsable, sin necesidad de fijar una audiencia especial para su desahogo, y a fin de brindar certeza jurídica a las partes, se ordenó dar vista oportunamente con ella y con el contenido del informe justificado emitido por la Juez responsable. Al respecto, es aplicable la Jurisprudencia 43/2013 (10ª), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la Contradicción de Tesis 455/2012, visible en la página 703, Libro XXIII, Tomo 1, Agosto de 2013, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro señala: VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. Por lo tanto, se tiene por acreditada la existencia del acto atribuido por la quejosa, a la autoridad en cita. Lo previo, encuentra sustento en la jurisprudencia 278, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Quinta Época, tomo VI, materia común, página 231, que dice: INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto. Cuarto. Procedencia. Previo al estudio de los conceptos de violación, procede analizar si se actualiza alguna causal de improcedencia, por ser una cuestión de orden público cuyo análisis procede de oficio y previo al fondo del asunto, conforme se dispone en el artículo 62 de la Ley de Amparo. Las partes legitimadas en este juicio de amparo no alegan la actualización de hipótesis de improcedencia, ni quien suscribe advierte que se actualice alguna, por lo que, se procede al análisis de los conceptos de violación expresados por la quejosa, los cuales no se transcribirán en obvio de innecesarias repeticiones, según lo determinado en la jurisprudencia 58/2010, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 830 del tomo XXXI, correspondiente al mes de mayo de dos mil diez, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia Común, Novena Época, registro 164618, del rubro: CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. Quinto. Determinación que adopta este Juzgado. Los conceptos de violación expresados por la parte quejosa son infundados sin que se advierta deficiencia de la queja que suplir, en términos del artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, y su estudio se realizará en orden diverso al propuesto. Por ello, el análisis de la constitucionalidad del auto de vinculación que por esta vía se reclama, se realizará a la luz del artículo 19 constitucional, del que se deduce que los requisitos que deben reunirse para emitir un auto de vinculación a proceso son la expresión de: El delito que se impute al acusado; El lugar, tiempo y circunstancias de ejecución; y, Los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Solamente mediante el cumplimiento de estos requisitos se podrá justificar la emisión del auto de vinculación a proceso. Por su parte el artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, para el mismo efecto precisa, además de los anteriores requisitos, los siguientes: I. Se haya formulado la imputación; II. Se haya otorgado al imputado la oportunidad para declarar; III. De los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público, se desprendan datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Se entenderá que obran datos que establecen que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito cuando existan indicios razonables que así permitan suponerlo, y IV. Que no se actualice una causa de extinción de la acción penal o excluyente del delito. Cabe precisar que en esta clase de actos también pueden transgredirse derechos distintos a los consagrados en el artículo 19 constitucional, en virtud de que, si bien, dicho precepto contiene los requisitos de forma y fondo que un mandato de tal naturaleza debe contener, ello no significa que para su emisión sólo deba cumplirse con lo previsto en dicho artículo. Ello es así, pues el mencionado acto debe reunir, además de los requisitos citados, todas aquellas exigencias y condiciones contenidas en los principios de seguridad jurídica que consagra la ley suprema de nuestro país, entre otras: a) que en el dictado de dicha resolución se cumplan las formalidades esenciales que regulan el procedimiento; b) que se respeten los principios rectores sobre valoración de pruebas; y, c) que se encuentre debidamente fundada y motivada; derechos que ante la imposibilidad material de encontrarse contenidos en un sólo cardinal, deben ser aplicados armónicamente, a fin de dar certidumbre y protección al gobernado. Apoya lo anterior, por identidad de razón, la tesis aislada XIII.P.A.30 P, que sustentó el Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Tercer Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, tomo XXXIII, de abril de 2001, materia constitucional, página 1228, del tenor siguiente: AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. EN SU DICTADO PUEDEN VIOLARSE DERECHOS PÚBLICOS SUBJETIVOS DISTINTOS A LOS CONSAGRADOS EN EL ARTÍCULO 19 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, REFORMADO MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 18 DE JUNIO DE 2008 (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN EL ESTADO DE OAXACA). El hecho de que el citado precepto constitucional establezca los requisitos de fondo y forma que todo auto de vinculación a proceso puede contener, no significa que para su dictado sólo deba cumplirse con dicho artículo. Ello es así, pues para que la afectación que sufre el gobernado en sus intereses, con motivo de ese acto de autoridad, pueda considerarse como válida, debe reunir, además de los mencionados requisitos, todas aquellas exigencias y condiciones contenidas en las garantías de seguridad jurídica consagradas en la Carta Magna, entre otras, que dicho auto conste por escrito, proceda de una autoridad judicial y se encuentre fundado y motivado; garantías que ante la imposibilidad material de encontrarse contenidas en un solo artículo, deben ser aplicadas armónicamente, a fin de dar certidumbre y protección al particular. En tal virtud se concluye que en el dictado del auto de vinculación a que se refiere el título octavo, Etapas del proceso, capítulo I, Etapa preliminar, sección 8, Vinculación del imputado a proceso, del Código Procesal Penal para el Estado de Oaxaca, pueden violarse derechos públicos subjetivos diversos a los que consagra el aludido precepto constitucional, lo que dependerá de que las autoridades cumplan o no con todas y cada una de las referidas garantías. Dicho lo anterior, en el cometido de tener o no por cumplidos los requisitos que debe contener un auto de vinculación a proceso y que ya fueron señalados con antelación, se establece lo siguiente: I. Formulación de la imputación. En audiencia de dieciocho de octubre de dos mil veintidós, con fundamento en los artículos 309 y 311 del Código Nacional de Procedimientos Penales, estando presente *******, acompañada de su defensor particular, ante el Juez de Control del Distrito Judicial Bravos, la agente Ministerio Público formuló imputación en contra de la quejosa. II. Rendición de la declaración de la imputada o que se encuentre asentado su deseo de negarse a declarar. En la audiencia de ley, celebrada el dieciocho de octubre de dos mil veintidós, la imputada asistida de su defensor particular se reservó el derecho a emitir declaración en relación a los hechos que se le atribuyen. III. 1. Que de los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público, se desprendan datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito. Con relación a este tópico, atendiendo al criterio sustentado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es oportuno destacar que el texto constitucional contiene los lineamientos que marcan la transición de un sistema de justicia penal mixto hacia otro de corte acusatorio, adversarial y oral, como lo revela la sustitución, en los requisitos aludidos, de las expresiones -comprobar- por -establecer- y -cuerpo del delito- por -hecho que la ley señala como delito-, las cuales denotan un cambio de paradigma en la forma de administrar justicia en materia penal, pues acorde con las razones que el propio Poder Constituyente registró en el proceso legislativo, con la segunda expresión ya no se requiere de -pruebas- ni se exige -comprobar- que ocurrió un hecho ilícito, con lo cual se evita que en el plazo constitucional se adelante el juicio, esto es, ya no es permisible que en la etapa preliminar de la investigación se configuren pruebas por el Ministerio Público, por sí y ante sí -como sucede en el sistema mixto-, con lo cual se elimina el procedimiento unilateral de obtención de elementos probatorios y, consecuentemente, se fortalece el juicio, única etapa procesal en la que, con igualdad de condiciones, se realiza la producción probatoria de las partes y se demuestran los hechos objeto del proceso. De ahí que con la segunda expresión la norma constitucional ya no exija que el objeto de prueba recaiga sobre el denominado -cuerpo del delito-, entendido como la acreditación de los elementos objetivos, normativos y/o subjetivos de la descripción típica del delito correspondiente, dado que ese ejercicio, identificado como juicio de tipicidad, sólo es exigible para el dictado de una sentencia, pues es en esa etapa donde el juez decide si el delito quedó o no acreditado. En ese sentido, para dictar un auto de vinculación a proceso y establecer que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito, basta con que el juez encuadre la conducta a la norma penal, que permita identificar, independientemente de la metodología que adopte, el tipo penal aplicable. Este nivel de exigencia es acorde con los efectos que genera dicha resolución, los cuales se traducen en la continuación de la investigación en su fase judicializada, es decir, a partir de la cual interviene el juez para controlar las actuaciones que pudieran derivar en la afectación de un derecho fundamental. Además, a diferencia del sistema tradicional, su emisión no condiciona la clasificación jurídica del delito, porque este elemento será determinado en el escrito de acusación, a partir de toda la información que derive de la investigación, no sólo de la fase inicial, sino también de la complementaria, ni equivale a un adelanto del juicio, porque los antecedentes de investigación y elementos de convicción que sirvieron para fundarlo, por regla general, no deben considerarse para el dictado de la sentencia, salvo las excepciones establecidas en la ley. Corrobora lo antes expuesto, la jurisprudencia 1a./J. 35/2017 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación, Libro 45, Agosto de 2017, Tomo I, página: 36, cuyo rubro es el siguiente: AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. PARA SATISFACER EL REQUISITO RELATIVO A QUE LA LEY SEÑALE EL HECHO IMPUTADO COMO DELITO, BASTA CON QUE EL JUEZ ENCUADRE LA CONDUCTA A LA NORMA PENAL, DE MANERA QUE PERMITA IDENTIFICAR LAS RAZONES QUE LO LLEVAN A DETERMINAR EL TIPO PENAL APLICABLE (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL). Precisado lo anterior, este tribunal de amparo analizará si el Juez de Primera Instancia del Sistema Penal Acusatorio del Distrito Judicial Bravos, encuadró la conducta a lo previsto por los artículos 236, primer párrafo y 73, en relación con el 18 fracción II, del Código Penal del Estado de Chihuahua, los cuales establecen lo siguiente: Artículo 236. A quien destruya o deteriore una cosa ajena o una propia en perjuicio de otro, se le impondrán las siguientes penas: . Artículo 73. Punibilidad del delito imprudencial En los casos de delitos imprudenciales, se impondrán de seis meses a cinco años de prisión; multa hasta de ochenta veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización y suspensión de seis meses hasta diez años del derecho relacionado con la conducta punible, con excepción de aquellos para los que la ley señale una pena específica. Artículo 18. Dolo e imprudencia Las acciones u omisiones delictivas pueden ser: . II. Imprudenciales. Obra imprudencialmente el que produce el resultado típico, que no previó siendo previsible, o previó confiando en que no se produciría, o cuando se produce por impericia, en virtud de la violación de un deber de cuidado que objetivamente era necesario observar. En la especie, el juez responsable consideró que existían hechos constitutivos del delito de daños imprudenciales, previsto y sancionado por el artículo 236, primer párrafo, en relación con el 18 fracción II, del Código Penal del Estado de Chihuahua, toda vez que tuvo por acreditado que a las dieciséis horas con treinta minutos del trece de septiembre de dos mil diecinueve, en la confluencia de las calles *******, el sujeto activo dañó un vehículo marca *******, *******, modelo *******, con número de serie en terminación *******, propiedad de *******, en virtud de la violación de un deber de cuidado que objetivamente era necesario observar, consistente en la preferencia de paso, toda vez que al ir circulando en sentido de norte a sur, sobre la calle ******* (vía secundaria), y llegar a la calle ******* (vía principal), intentó incorporarse a la calle *******, impactando con la parte frontal derecha del vehículo que circulaba de oriente a poniente, Marca *******, *******, color *******, modelo *******, con número de serie en terminación *******, la parte frontal izquierda el vehículo del sujeto pasivo. Tal conclusión se estima apegada a derecho, porque desde el estándar que amerita el examen del auto de vinculación a proceso, se colige que el Juez de Control estableció acertadamente que los datos de investigación que se pusieron bajo su conocimiento permitían establecer que sí existían hechos que el Código Penal del Estado de Chihuahua, considera como delito de DAÑOS IMPRUDENCIALES, previsto y sancionado por los artículos 236 primer párrafo y 73, en relación con el 18 fracción II, del Código Penal del Estado de Chihuahua, en perjuicio de *******, porque en el tamiz constitucional que debe practicarse en esa etapa del proceso penal, este Juzgado de Distrito comparte la determinación a la que arribó la responsable, debido a que existen datos que permiten vislumbrar la existencia de hechos constitutivos del delito precisado. En esta tesitura, en cuanto a la configuración de los hechos constitutivos del delito atribuido a la quejosa, esta Juzgadora no advierte lesión a los derechos de la imputada; por lo cual debe permanecer firme lo considerado por el Juez de Primera Instancia del Sistema Penal Acusatorio del Distrito Judicial Bravos, en ese aspecto. III.2. Que de los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público, se desprendan datos de prueba que establezcan la probabilidad de que la imputada lo cometió o participó en su comisión. Con relación a este elemento, es decir, a la probabilidad de que la imputada participó en la comisión de los hechos que la ley reputa como delito, es necesario partir de que en el sistema de justicia penal vigente, uno de los requisitos para el dictado del auto de vinculación a proceso es que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión; por tanto, esta determinación debe dictarse únicamente a partir de los datos de investigación que refirió el Ministerio Público en la audiencia de vinculación a proceso y las pruebas que se desahogaron en ella -salvo los supuestos de excepción en donde esos datos se formalizan-; por ende, basta que existan indicios de que la ahora quejosa haya intervenido en los hechos que la ley prevé como delito, para que sea legal la determinación de vincularlo a proceso. En el caso, el Juez responsable consideró que se encontraba acreditada la probable participación de la imputada en la comisión del hecho que se identificó en líneas previas, estimando lo siguiente: Estos mismos medios de convicción justipreciados al tener de esa metodología también son aptos, suficientes y pertinentes para poder establecer la probabilidad de que *******, lo cometió. Se arriba a esta conclusión en virtud de que el acta de aviso de hechos probablemente delictuosos al cargo de *******, tiene valor determinante para este Juzgador, puesto que fue realizado por un agente de Vialidad en cumplimiento y en ejercicio de las funciones que le son inherentes en términos del artículo 132 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en relación con el artículo 1, 2, 3, 4 y 5 del Reglamento de Vialidad y siguientes, donde se establecen las obligaciones de los agentes de Vialidad adscritos a este Municipio de tomar la debida nota y hacerse cargo de los incidentes viales que pueden ser constitutivos de un hecho delictivo y así también lo impone el articulo 132 en relación con el articulo 21 y 16 Constitucionales, pues con tal carácter tienen la obligación de evitar que los incidentes viales lleguen a ulteriores consecuencias, y detener flagrancia aquellas personas que están inmiscuidos bajo los supuestos constitucionales y legales para tal efecto. Y nos es útil para poder establecer que el día trece de septiembre del año dos mil diecinueve, se hicieron cargo de un incidente vial que ellos califican como choque, que había sucedido aproximadamente a las dieciséis treinta horas, y ellos arriban hasta la confluencia de las rúas denominadas calle *******, donde ahí se imponen de dos automotores y dicen los agentes de vialidad que están inmiscuidos el primero de ellos es un *******, la cual circulaba por la calle ******* en un sentido de norte a sur y al llegar al cruce con la calle *******, omite un deber de cuidado, pues corta la preferencia de paso vehicular, impactando con la parte lateral frontal derecha con la parte J frontal izquierda del vehículo marca *******, propiedad de *******, y que, la conductora del primero de los automotores era *******, y el conductor del segundo automotor era *******. Que además se le causaron daños a dichos automotores y que según su juicio es atribuible la imprudencia a la conductora *******, pues cortó la preferencia de paso, omitiendo el deber de cuidado defensivo, pues cortó la preferencia de paso del automotor línea *******, modelo *******, en términos de lo que dispone el artículo 116, 117 y 120 del Reglamento de Vialidad y Tránsito municipal, por lo cual elaboraron el croquis primario donde gráficamente plasman lo que narran en su acta de aviso de hechos para ilustrar debidamente la mecánica el supuesto fáctico. Además se cuenta con el parte de accidente realizado por el perito en materia de Tránsito Terrestre, *******, quien se impone de la información llevada a cabo por *******, y toma como base también el croquis primario y de acuerdo con la metodología que ella utiliza con su experticia en materia de vialidad concluye al igual que la agente de vialidad que el vehículo número uno, que circulaba por la calle ******* en un sentido de norte a sur y llega a la calle ******* e impacta al ******* quien circulaba en un sentido de oriente a poniente, por el primer carril, cortándole también la preferencia de paso e impactándolo de manera frontal conduciendo con falta de precaución, pues omite el deber de cuidado que legalmente le era exigible, pues así lo prevén los artículos 116,117 y 120 del Reglamento de Vialidad. También se cuenta con la pericial en materia de tránsito terrestre a cargo de *******, quien también concluye en los mismos términos que la Agente del Vialidad y el diverso perito. Por lo cual me remito a las mismas consideraciones a que hizo mención y estas dos periciales se realizaron cumplimento con los parámetros de los artículos 271 y 272 ya que son expertos en la disciplina de tránsito terrestre, utilizaron la metodología adecuada y además llevaron a cabo el soporte de la información de acuerdo con el informe de vialidad tanto en el parte correspondiente como en el croquis primario, de ahí que sus conclusiones sean también determinantes en auxilio de este Juzgador para poder establecer la mecánica en que acaeció el supuesto factico que dio origen a la formulación de la imputación; esto se encuentra adminiculado con la formal querella que se convierte en el requisito de procedibilidad, en términos de lo que dispone el artículo 98 del Código Penal vigente en el estado, pues *******, acredita la propiedad del automotor *******, con la factura ******* expedida por *******, así como con la tarjeta de circulación y esta documentales son idóneas para poder establecer dicha propiedad, pues una corresponde a una documental privada y la segunda una documental pública expedida por la oficina rentística en esta ciudad, en términos de lo que dispone el artículo 380 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Y el señor ******* hace saber no nada más que es propietario de dicho automotor línea ******* sino también que el día de los hechos circulaba con preferencia de paso por la calle ******* y que repentinamente sale el automotor que venía por la calle ******* y lo impacta causándole daños severos a su automotor; y que este automotor era conducido por *******. Y para darle correspondencia a la aseveración de los daños causados, se cuenta con la pericial en materia de fotografía forense, donde el perito *******, ilustra los daños de dicho automotor con ocho fotografías y el perito en materia de avalúos el *******, considera que los daños que se le causaron a dicho automotor conducido por el sujeto pasivo el día de los hechos, ascienden a la cantidad de $******* pesos, pues de acuerdo a la naturaleza y magnitud de los daños, estos son tan severos que es indispensable la reposición del automóvil, pues sale más caro repararlo que sustituirlo por otro y ambas periciales también cumplieron con las exigencias de las normas que rigen este tipo de avalúos, en términos del artículo 271 y 272 pues uno es perito en materia de fotografía forense y el otro en la disciplina de avalúos y utilizaron la metodología adecuada, además ilustraron sus conclusiones con las fotografías correspondientes, por lo cual también es susceptible de adminicularse con el caudal de los medios de convicción ya hechos saber y justo y preciados. (sic) De ahí que la queja formal de *******, sea también creíble, veras y digna de confianza, no se advierte que este contando mentiras, las circunstancias de modo, tiempo y lugar que él manifiesta a través de su queja formal ante el Ministerio Público, deviene de que estuvo presente en el lugar de los hechos aprecio sensorialmente los mismos y sufrió la cometida del hecho delictivo; y además es el propietario de dicho automotor y no se advierte mendacidad ni tampoco que la versión del señor *******, este aislada o sea singular, pues está respaldada por el caudal de los demás medios de convicción que ya se ha hecho que sea justo y preciado debidamente. De ahí pues que si adminiculamos en conjunto todos y cada uno de estos medios de convicción, llegamos al razonamiento valido y legal de que el día trece de septiembre del año dos mil diecinueve aproximadamente a las 16:30 horas, *******, conducía un vehículo de la marca *******, circulando a través de la rúa ******* en un sentido de norte a sur y al llegar al cruce con la calle ******* cortó la preferencia de paso vehicular, impactando con la parte frontal derecha con la parte frontal izquierda del vehículo de la marca ******* propiedad de *******, causándole severos daños a este último automotor, hasta por una cantidad de $******* pesos y de ello se concluye en términos de lo que dispone el artículo 18 fracción II, que el sujeto activo actuó de manera imprudencial, pues omitió su manejo defensivo al cortar la preferencia de paso vehicular ya que circulaba por una vía secundaria, al tratar de incorporarse a la principal rebasa zona de seguridad delimitada e imaginaria e impacta al vehículo del sujeto pasivo. Además, la imprudencia se concibe en términos de lo que dispone el artículo 18 en su fracción II, del Código Penal y el legislador establece que obre imprudencialmente quien produce el resultado típico, que no previó siendo previsible o previo confiando en que no se produciría o esto según la hipótesis cuando se produce por imprudencia en virtud de la violación e un deber de cuidado que objetivamente era necesario observar. Y al respecto este Juzgador considera que el sujeto activo obró imprudencialmente pues llevo a cabo la conducción de su vehículo ******* de manera imprudente o con falta de pericia, pues no respetó ni se ajustó a lo dispuesto en los artículos 116, 117 y 120 del Reglamento de Tránsito y Vialidad para esta ciudad que impone a los conductores la obligación de dar preferencia de paso y no cortar la circulación cuando uno circula por una rúa secundaria y que llega a un cruce con una rúa principal, independientemente de cualquier señalamiento grafico o no; estos dispositivos establecen que siendo una rúa secundaria tiene la obligación de hacer alto y respetar la preferencia de paso que tiene la rúa principal; y de acuerdo al conocimiento factico que tiene este Juzgador, pues la calle ******* es una rúa principal y las arterias son rúas secundarias; al menos hasta este momento. De ahí que el sujeto activo violó este deber de cuidado previsto en la norma reglamentaria ya manifestada, al llevar a cabo una conducta que trajo como consecuencia daños en la propiedad del sujeto pasivo. Y además esa conducta era objetivamente previsible y razonablemente evitable, si el sujeto activo se acoge a guiar guiar su automotor con la debida pericia; cumpliendo y acatando las normas que regulan la conducción de vehículos, ya mencionados, por lo tanto, eso trae como consecuencia la acción imprudencial mencionada. Para tal efecto me hago cargo de la teoría del caso del señor defensor quien sustenta que este Juzgador no puede entrar al análisis de esta formulación de imputación, porque se alteraron los hechos, a ese respecto este Juzgador con todo respeto disiente del señor defensor, puesto que no hay alteración de los hechos y la circunstancia de que en la formulación de la imputación en el parte se haga mención a un vehículo ******* y en la formulación de la imputación se haga mención a un vehículo *******, y en los demás medios de convicción se menciona el *******, no incide dentro del aspecto central, esencial y neurálgico de la formulación de la imputación, ya que como atinadamente dijo la señorita Agente del Ministerio Público no se varió la serie, no se variaron las placas no se varió el modelo, ni la marca, tan solo que uno era ******* y otro ******* esos son errores al menos para este Juzgador, periféricos, que no dañan la entraña de la formulación de la imputación, y como bien dice el señor defensor, el articulo 316 en su párrafo Cuarto establece la obligación de emitir en su caso el auto de vinculación a proceso tan solo por aquellos hechos motivo de la formulación de imputación pero en esto no se cambiaron los hechos, los hechos son concebidos como las circunstancias de modo, tiempo y lugar y el sujeto activo y el sujeto pasivo, así como los medios comisivos y la evidencia que se hace mención en la formulación de la imputación y en este caso la identificación del automotor corresponde a un *******, independientemente de que se haya mencionado en un error por parte de *******, que era *******, cuando los peritos establecen que es un *******, y la tarjeta de circulación corresponde a un *******, la factura corresponde a un *******, entonces no tiene trascendencia al menos para este Juzgador en el sentido de que se hayan alterado o variado la substancia de los hechos, por eso no hay impedimento legal ni factico para que este Juzgador se pronuncie al respecto. La acción desplegada por parte del sujeto activo violento el bien jurídico o daño el bien jurídicamente tutelado que es el patrimonio de las personas y además actuó de manera imprudencial, pues como dijimos actuó con falta de pericia, pues no acató un deber de cuidado impuesto por parte del reglamento de tránsito de darle preferencia de paso a un automotor que circulaba por una vía principal y el sujeto activo en una vía secundaria ajustándose a lo que dispone el artículo 18 fracción II con un desarrollo de consumación instantánea con una forma de intervención de autoría material o directa pues realizó la acción en términos de lo que dispone también el artículo 18 fracción II y 17 fracción I y 21 fracción I, del Código Penal vigente en el estado. *******, también actuó de manera antijurídica al menos en términos materiales, pues siendo una persona mayor de edad tenía el conocimiento de la potencialidad de sus actos y omitió el deber de cuidado que legalmente le era exigible y condujo con falta de pericia al conducir su automotor y causarle daños al automotor del sujeto pasivo, y por estas conductas es de pensar ordinario de que son penadas por la ley, y debió reflexionar en ese sentido. Ahora bien la probabilidad de que *******, cometió el hecho que la ley señala como delito de DAÑOS IMPRUDENCIALES, previstos en el artículo 18 fracción II en relación con el articulo 236 primer párrafo y punibilizado por el artículo 73 del Código Penal vigente en el estado, cometido en contra de ******* deriva de la imputación precisamente de *******, quien dice que la persona que conducía el automotor que le causó daños al suyo, p era (sic) *******, así lo señalan los agentes de tránsito, la agente de vialidad *******, se impone de este evento y además afirma que efectivamente ******* era la que conducía dicho automotor, así se establecido el en croquis primario la pericial en materia de tránsito terrestre a cargo de *******, en la pericial en materia de fotografía forense, así como la pericial en materia de avalúos y en la pericial en materia de tránsito terrestre a cargo del *******, así con el parte de accidente a cargo *******, y adminiculados esta imputación personal, directa y sin lugar a reticencias que le hace *******, y la versión de ******* y los demás medios de convicción, nos lleva a establecer con alto grado de probabilidad que *******, cometió el hecho que la ley señala como delito de DAÑOS IMPRUDENCIALES, ya mencionados y al haber verificado que no exista una causa de extinción de la acción penal ni una que excluya el delito, da mérito para resolver le siguiente; . Por tanto, este Juzgado Federal comulga con la autoridad responsable, en el sentido de que los datos de prueba que narró el agente del Ministerio Público y que se tomaron en cuenta para la emisión del acto reclamado, permiten establecer que existe la probabilidad de que *******, cometió el hecho configurativo del delito de daños imprudenciales, y atento a los datos de prueba aportados con base en los cuales se determinó que la imputada fue la persona que el día trece de septiembre de dos mil diecinueve, a las dieciséis horas con treinta minutos en la confluencia de las calles *******, dañó un vehículo marca *******, línea *******, modelo *******, con número de serie *******, propiedad de *******, en virtud de la violación de un deber de cuidado que objetivamente era necesario observar; lo cual evidencia su participación en el hecho delictivo, al menos hasta la etapa procesal que nos ocupa. Además, el juez responsable consideró que sí existen datos de prueba suficientes, idóneos y pertinentes para tener por establecido que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito, en el particular el delito de daños imprudenciales, con base en el acta de aviso de hechos elaborada por *******; parte de accidente realizado por *******, perito en materia de tránsito terrestre; pericial en materia de tránsito terrestre a cargo del *******; pericial en materia de fotografía forense, a cargo de *******; pericial en materia de avalúos a cargo del *******; y la querella de *******, realizada ante el Ministerio Público. Datos de prueba de los que debidamente el juez responsable, consideró que revelaban que se cometió un hecho que la ley señala como daños imprudenciales, y que existía la probabilidad de que la imputada participó en su comisión. Asimismo, el Juez de origen atendiendo a lo argumentado por la defensa, en relación a que en la formulación de imputación se mencionó que el vehículo que conducía la activa era un ******* y no un *******, el juez responsable, acertadamente precisó que no había alteración de los hechos y que la circunstancia de que en la formulación de la imputación, se hiciera mención a un vehículo ******* y en la formulación de la imputación se hiciera mención a un vehículo *******, y en los demás medios de convicción se mencionara el *******, no incidía dentro del aspecto central, esencial y neurálgico de la formulación de la imputación; dado que la Agente del Ministerio Público no varió la serie, placas, modelo y marca; que ese error al menos para ese Juzgador, era periférico, y no dañaba la entraña de la formulación de la imputación. También, el juez de origen adicionó que dicha imprecisión no cambiaba los hechos concebidos como las circunstancias de modo, tiempo, lugar, y sujeto activo y pasivo, así como los medios comisivos y la evidencia que se hizo mención en la formulación de la imputación; y que en ese caso, como la identificación del automotor correspondía a un *******, independientemente de que se haya mencionado por error que era un *******, si los peritos establecieron que era un *******, y la tarjeta de circulación y la factura corresponde a un *******; no tenía trascendencia al menos para ese Juzgador; y que por esa razón, no había impedimento legal, ni factico, para que ese Juzgador se pronunciara al respecto. Por otra parte, la quejosa al esgrimir sus conceptos de violación refiere que el juez responsable al interpretar el artículo 314 del Código Nacional de Procedimientos Penales, y negarle el desahogo de los medios de prueba ofrecidos en la audiencia inicial dentro del plazo constitucional, vulneró en su perjuicio el contenido de los artículos 14, 19 y 20 Constitucionales. Sentado lo anterior, debe tenerse presente el artículo 14, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que se transcribe enseguida: Artículo 14. (.) Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho. El citado dispositivo constitucional prevé que se podrá imponer un acto privativo de derechos, sólo a través de un juicio en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento, lo que se conoce como derecho fundamental al debido proceso y se compone precisamente de esas formalidades, cuyo primer núcleo (o núcleo duro), se compone de: La notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias. La oportunidad de ofrecer y desahogar pruebas. La oportunidad de alegar. El dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas. Ese primer núcleo, se complementa además con las garantías mínimas del debido proceso -llamadas -garantías judiciales- en el artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos-, las cuales deben otorgarse a toda persona cuya esfera jurídica pretenda modificarse mediante la actividad punitiva del Estado, destacando, entre ellas, el derecho a la defensa adecuada, libremente escogida, consagrado en el artículo 20, apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; tal numeral, es del siguiente contenido: Artículo 20. El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. (.) B. De los derechos de toda persona imputada: I. A que se presuma su inocencia mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por el juez de la causa; II. A declarar o a guardar silencio. Desde el momento de su detención se le harán saber los motivos de la misma y su derecho a guardar silencio, el cual no podrá ser utilizado en su perjuicio. Queda prohibida y será sancionada por la ley penal, toda incomunicación, intimidación o tortura. La confesión rendida sin la asistencia del defensor carecerá de todo valor probatorio; III. A que se le informe, tanto en el momento de su detención como en su comparecencia ante el Ministerio Público o el juez, los hechos que se le imputan y los derechos que le asisten. Tratándose de delincuencia organizada, la autoridad judicial podrá autorizar que se mantenga en reserva el nombre y datos del acusador. La ley establecerá beneficios a favor del inculpado, procesado o sentenciado que preste ayuda eficaz para la investigación y persecución de delitos en materia de delincuencia organizada; IV. Se le recibirán los testigos y demás pruebas pertinentes que ofrezca, concediéndosele el tiempo que la ley estime necesario al efecto y auxiliándosele para obtener la comparecencia de las personas cuyo testimonio solicite, en los términos que señale la ley; V. Será juzgado en audiencia pública por un juez o tribunal. La publicidad sólo podrá restringirse en los casos de excepción que determine la ley, por razones de seguridad nacional, seguridad pública, protección de las víctimas, testigos y menores, cuando se ponga en riesgo la revelación de datos legalmente protegidos, o cuando el tribunal estime que existen razones fundadas para justificarlo. En delincuencia organizada, las actuaciones realizadas en la fase de investigación podrán tener valor probatorio, cuando no puedan ser reproducidas en juicio o exista riesgo para testigos o víctimas. Lo anterior sin perjuicio del derecho del inculpado de objetarlas o impugnarlas y aportar pruebas en contra; VI. Le serán facilitados todos los datos que solicite para su defensa y que consten en el proceso. El imputado y su defensor tendrán acceso a los registros de la investigación cuando el primero se encuentre detenido y cuando pretenda recibírsele declaración o entrevistarlo. Asimismo, antes de su primera comparecencia ante juez podrán consultar dichos registros, con la oportunidad debida para preparar la defensa. A partir de este momento no podrán mantenerse en reserva las actuaciones de la investigación, salvo los casos excepcionales expresamente señalados en la ley cuando ello sea imprescindible para salvaguardar el éxito de la investigación y siempre que sean oportunamente revelados para no afectar el derecho de defensa; VII. Será juzgado antes de cuatro meses si se tratare de delitos cuya pena máxima no exceda de dos años de prisión, y antes de un año si la pena excediere de ese tiempo, salvo que solicite mayor plazo para su defensa; VIII. Tendrá derecho a una defensa adecuada por abogado, al cual elegirá libremente incluso desde el momento de su detención. Si no quiere o no puede nombrar un abogado, después de haber sido requerido para hacerlo, el juez le designará un defensor público. También tendrá derecho a que su defensor comparezca en todos los actos del proceso y éste tendrá obligación de hacerlo cuantas veces se le requiera, y IX. En ningún caso podrá prolongarse la prisión o detención, por falta de pago de honorarios de defensores o por cualquiera otra prestación de dinero, por causa de responsabilidad civil o algún otro motivo análogo. La prisión preventiva no podrá exceder del tiempo que como máximo de pena fije la ley al delito que motivare el proceso y en ningún caso será superior a dos años, salvo que su prolongación se deba al ejercicio del derecho de defensa del imputado. Si cumplido este término no se ha pronunciado sentencia, el imputado será puesto en libertad de inmediato mientras se sigue el proceso, sin que ello obste para imponer otras medidas cautelares. En toda pena de prisión que imponga una sentencia, se computará el tiempo de la detención. Ese derecho fundamental (adecuada defensa), tutelado dentro del sistema de justicia penal acusatorio, en lo que aquí interesa, consiste en el derecho de toda persona imputada a que se le reciban los testigos y demás pruebas pertinentes que ofrezca, concediéndosele el tiempo que la ley estime necesario al efecto y auxiliándosele para obtener la comparecencia de las personas cuyo testimonio solicite, en los términos que señale la ley. Al respecto, es oportuno invocar que en el amparo en revisión 1070/2019 la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, precisamente al realizar un análisis del artículo 314 del Código Nacional de Procedimientos Penales, destacó que con la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de junio de dos mil ocho, el texto del artículo 19 de la Constitución Federal tuvo que adecuarse a la implementación del sistema de justicia penal acusatorio y oral, estableciendo el auto de vinculación a proceso, bajo el siguiente contenido: -Artículo 19. Ninguna detención ante autoridad judicial podrá exceder del plazo de setenta y dos horas, a partir de que el indiciado sea puesto a su disposición, sin que se justifique con un auto de vinculación a proceso en el que se expresará: el delito que se impute al acusado; el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución, así como los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. El Ministerio Público sólo podrá solicitar al juez la prisión preventiva cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad, así como cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso. El juez ordenará la prisión preventiva, oficiosamente, en los casos de delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestro, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, así como delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad y de la salud. La ley determinará los casos en los cuales el juez podrá revocar la libertad de los individuos vinculados a proceso. El plazo para dictar el auto de vinculación a proceso podrá prorrogarse únicamente a petición del indiciado, en la forma que señale la ley. La prolongación de la detención en su perjuicio será sancionada por la ley penal. La autoridad responsable del establecimiento en el que se encuentre internado el indiciado, que dentro del plazo antes señalado no reciba copia autorizada del auto de vinculación a proceso y del que decrete la prisión preventiva, o de la solicitud de prórroga del plazo constitucional, deberá llamar la atención del juez sobre dicho particular en el acto mismo de concluir el plazo y, si no recibe la constancia mencionada dentro de las tres horas siguientes, pondrá al indiciado en libertad. Todo proceso se seguirá forzosamente por el hecho o hechos delictivos señalados en el auto de vinculación a proceso. Si en la secuela de un proceso apareciere que se ha cometido un delito distinto del que se persigue, deberá ser objeto de investigación separada, sin perjuicio de que después pueda decretarse la acumulación, si fuere conducente. Si con posterioridad a la emisión del auto de vinculación a proceso por delincuencia organizada el inculpado evade la acción de la justicia o es puesto a disposición de otro juez que lo reclame en el extranjero, se suspenderá el proceso junto con los plazos para la prescripción de la acción penal. Todo mal tratamiento en la aprehensión o en las prisiones, toda molestia que se infiera sin motivo legal, toda gabela o contribución, en las cárceles, son abusos que serán corregidos por las leyes y reprimidos por las autoridades-. En congruencia con la reserva de ley que se hizo en el párrafo cuarto, de dicho numeral, en los artículos 313, 314, 315, 316, 317, 318 y 319 del Código Nacional de Procedimientos Penales, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el cinco de marzo de dos mil catorce, se estableció: -Artículo 313. Oportunidad para resolver la solicitud de vinculación a proceso Después de que el imputado haya emitido su declaración, o manifestado su deseo de no hacerlo, el agente del Ministerio Público solicitará al Juez de control la oportunidad para discutir medidas cautelares, en su caso, y posteriormente solicitar la vinculación a proceso. Antes de escuchar al agente del Ministerio Público, el Juez de control se dirigirá al imputado y le explicará los momentos en los cuales puede resolverse la solicitud que desea plantear el Ministerio Público. El Juez de control cuestionará al imputado si desea que se resuelva sobre su vinculación a proceso en esa audiencia dentro del plazo de setenta y dos horas o si solicita la ampliación de dicho plazo. En caso de que el imputado no se acoja al plazo constitucional ni solicite la duplicidad del mismo, el Ministerio Público deberá solicitar y motivar la vinculación del imputado a proceso, exponiendo en la misma audiencia los datos de prueba con los que considera que se establece un hecho que la ley señale como delito y la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. El Juez de control otorgará la oportunidad a la defensa para que conteste la solicitud y si considera necesario permitirá la réplica y contrarréplica. Hecho lo anterior, resolverá la situación jurídica del imputado. Si el imputado manifestó su deseo de que se resuelva sobre su vinculación a proceso dentro del plazo de setenta y dos horas o solicita la ampliación de dicho plazo, el Juez deberá señalar fecha para la celebración de la audiencia de vinculación a proceso dentro de dicho plazo o su prórroga. La audiencia de vinculación a proceso deberá celebrarse, según sea el caso, dentro de las setenta y dos o ciento cuarenta y cuatro horas siguientes a que el imputado detenido fue puesto a su disposición o que el imputado compareció a la audiencia de formulación de la imputación. Si el imputado requiere del auxilio judicial para citar testigos o peritos a la audiencia de vinculación a proceso, deberá solicitar dicho auxilio al menos con cuarenta y ocho horas de anticipación a la hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia. En caso contrario, deberá presentar sus medios de prueba a la audiencia de vinculación a proceso. El Juez de control deberá informar a la autoridad responsable del establecimiento en el que se encuentre internado el imputado si al resolverse su situación jurídica además se le impuso como medida cautelar la prisión preventiva o si se solicita la duplicidad del plazo constitucional. Si transcurrido el plazo constitucional el Juez de control no informa a la autoridad responsable, ésta deberá llamar su atención sobre dicho particular en el acto mismo de concluir el plazo y, si no recibe la constancia mencionada dentro de las tres horas siguientes, deberá poner al imputado en libertad. Artículo 314. Incorporación de medios de prueba en el plazo constitucional o su ampliación El imputado o su Defensor podrán, en el plazo constitucional o su ampliación, solicitar el desahogo de medios de prueba que consideren necesarios ante el Juez de control. Artículo 315. Continuación de la audiencia inicial La continuación de la audiencia inicial comenzará, en su caso, con el desahogo de los medios de prueba que el imputado hubiese ofrecido o presentado en la misma. Para tal efecto, se seguirán en lo conducente las reglas previstas para el desahogo de pruebas en la audiencia de debate de juicio oral. Desahogada la prueba, si la hubo, se le concederá la palabra en primer término al Ministerio Público y luego al imputado. Agotado el debate, el Juez resolverá sobre la vinculación o no del imputado a proceso. En casos de extrema complejidad, el Juez de control podrá decretar un receso que no podrá exceder de dos horas, antes de resolver sobre la situación jurídica del imputado. Artículo 316. Requisitos para dictar el auto de vinculación a proceso El Juez de control, a petición del agente del Ministerio Público, dictará el auto de vinculación del imputado a proceso, siempre que: I. Se haya formulado la imputación; II. Se haya otorgado al imputado la oportunidad para declarar; III. De los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público, se desprendan datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Se entenderá que obran datos que establecen que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito cuando existan indicios razonables que así permitan suponerlo, y IV. Que no se actualice una causa de extinción de la acción penal o excluyente del delito. El auto de vinculación a proceso deberá dictarse por el hecho o hechos que fueron motivo de la imputación, el Juez de control podrá otorgarles una clasificación jurídica distinta a la asignada por el Ministerio Público misma que deberá hacerse saber al imputado para los efectos de su defensa. El proceso se seguirá forzosamente por el hecho o hechos delictivos señalados en el auto de vinculación a proceso. Si en la secuela de un proceso apareciere que se ha cometido un hecho delictivo distinto del que se persigue, deberá ser objeto de investigación separada, sin perjuicio de que después pueda decretarse la acumulación si fuere conducente. Artículo 317. Contenido del auto de vinculación a proceso El auto de vinculación a proceso deberá contener: I. Los datos personales del imputado; II. Los fundamentos y motivos por los cuales se estiman satisfechos los requisitos mencionados en el artículo anterior, y III. El lugar, tiempo y circunstancias de ejecución del hecho que se imputa. Artículo 318. Efectos del auto de vinculación a proceso El auto de vinculación a proceso establecerá el hecho o los hechos delictivos sobre los que se continuará el proceso o se determinarán las formas anticipadas de terminación del proceso, la apertura a juicio o el sobreseimiento. Artículo 319. Auto de no vinculación a proceso En caso de que no se reúna alguno de los requisitos previstos en este Código, el Juez de control dictará un auto de no vinculación del imputado a proceso y, en su caso, ordenará la libertad inmediata del imputado, para lo cual revocará las providencias precautorias y las medidas cautelares anticipadas que se hubiesen decretado. El auto de no vinculación a proceso no impide que el Ministerio Público continúe con la investigación y posteriormente formule nueva imputación, salvo que en el mismo se decrete el sobreseimiento-. Con relación a la figura del auto de vinculación a proceso, cabe destacar que en la exposición de motivos que presentó la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, de treinta de abril de dos mil trece, y que dio origen a los numerales de referencia, en lo conducente, se precisó: -.Después de haber otorgado al imputado la oportunidad para declarar, el juez de control permitirá que el Ministerio Público solicite la vinculación a proceso. La resolución de plazo constitucional se debe emitir en la misma audiencia inicial, cuando el imputado renuncia al plazo de 72 horas, computadas a partir de que se encuentra a disposición del juez; en caso contrario, se deberá resolver la situación jurídica conforme al referido plazo o la prórroga solicitada por el imputado, con lo que, dicha prórroga podrá ser de hasta el duplo de aquéllas, pudiendo ser menor en tiempo, según lo solicite el imputado. El imputado o su defensor, podrán solicitar la práctica de medios de prueba dentro del plazo constitucional que se hubiere prorrogado y éstos deberán de ser desahogados en presencia judicial. Al formular la solicitud de vinculación a proceso, el Ministerio Público deberá proporcionar datos que establezcan un hecho que la ley señala como delito, y que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Al debatir, el imputado y su defensor podrán incorporar información contenida en datos de prueba de la investigación realizada por el Ministerio Público; o bien, de los medios de prueba que ofreció la defensa y que fueron desahogados en audiencia. El nuevo estándar que se exige para vincular a proceso es un concepto procesal y no de la teoría del delito. La determinación sobre la existencia de datos, no se desprende de la discusión dogmática sobre la existencia del delito, la cual tendrá lugar en la etapa de juicio, sino de la presentación de indicios que permitan razonablemente suponer la existencia del hecho y la probable participación del imputado en él. Se trata de una resolución sustentada en la probabilidad, no de decidir en definitiva sobre la responsabilidad penal del imputado que era lo que en la práctica ocurría en el procedimiento mixto, preponderantemente inquisitivo, en demérito de los derechos del imputado y de las condiciones para una persecución penal eficaz. Si bien es cierto, la vinculación a proceso es un auto dictado en el plazo constitucional, su naturaleza procesal no corresponde a la del auto de formal prisión que existió en el procedimiento anterior. Concluido el debate sobre la vinculación a proceso, el juez determinará la decisión que corresponda. Si dicta auto de vinculación a proceso, se abrirá debate sobre la necesidad de aplicar alguna medida cautelar, en aquellos casos en los que no proceda oficiosamente la prisión preventiva; sin embargo, si el juez determina no vincular a proceso, dispondrá la libertad inmediata del imputado en caso de que se encuentre detenido. El auto de no vinculación a proceso no impide que el Ministerio Público continúe con la investigación, y si encuentra elementos posteriores que lo justifiquen, formule otra imputación y una nueva solicitud de vinculación a proceso. Dictado el auto de vinculación a proceso, el juez de control abrirá debate sobre el plazo para el cierre de la investigación. Esta decisión se tomará sobre la base de los argumentos que viertan las partes en torno a las necesidades probatorias, así como a la complejidad del caso y siempre que no se rebasen los límites señalados para la duración de la investigación complementaria. Después de haber determinado el plazo judicial para el cierre de la investigación, los intervinientes podrán realizar nuevas solicitudes y una vez que el juez las ha atendido, cerrará la audiencia. Después de lo anterior, dará inicio la investigación complementaria.- Luego, en Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, el diecisiete de junio de dos mil dieciséis, se reformaron los artículos 314 y 315 del Código Nacional de Procedimientos Penales. En la exposición de motivos que presentó la Cámara de Senadores, de veinticinco de noviembre de dos mil catorce, se señaló: -Por otra parte, en las reformas propuestas a los artículos 314, 315 y 320, se determina que en el caso en que el imputado decida aportar medios de prueba durante el plazo constitucional, estos deberán ser aportados a la carpeta de investigación lo cual se hará a través del Ministerio Público, ello en razón de que se ha podido advertir que en los casos en que el imputado desahoga medios de prueba durante esta fase procedimental, se genera un importante desequilibrio entre las partes, atentando contra los principios de igualdad y de contradicción que caracterizan al sistema de justicia penal acusatorio, toda vez que, implica una seria desventaja para el Ministerio Público en el litigio al incorporar a su argumento de solicitud de vinculación a proceso únicamente datos de prueba mientras que la defensa lo haría con pruebas propiamente, y el juez al tener que valorar datos de prueba contra pruebas, en un ejercicio de imparcialidad; ya que el desahogo de medios de prueba tiene una influencia distinta frente a la exposición de los datos de prueba por parte del acusador, lo cual, en la mayoría de los casos genera inequidad en la apreciación objetiva e imparcial del juzgador. Cabe referir que el derecho que otorga la constitución al imputado de ampliar el plazo constitucional, para defenderse, puede ser ejercido aportando medios probatorios directamente a la investigación por conducto del Ministerio Público quien dirige e integra la misma. Lo anterior, atendiendo la propia dinámica del proceso penal acusatorio y particularmente el diseño constitucional de roles del Ministerio Público y el juez, pues el juez de control no desahoga pruebas de fondo salvo que sea anticipada, y el Ministerio Público objetivamente es quien debe encargarse de recabar los medios de convicción necesarios para integrar la investigación convirtiendo estos en datos de prueba. En ese sentido, es importante señalar que el plazo constitucional deviene de una tradición jurídica del sistema inquisitivo-mixto y que no tiene correspondencia en ninguno de los sistemas acusatorios a nivel internacional, por lo tanto el desahogo de medios de prueba ante el juez por parte de la defensa en esta etapa, corresponde a la lógica de que los elementos aportados por el Ministerio Público hacían las veces de prueba plena, por lo que era necesario que la defensa pudiera desvirtuarlos mediante el desahogo de pruebas, sin embargo, esta figura debe adecuarse a la luz del nuevo sistema de justicia penal acusatorio, es decir que, en virtud de que el Ministerio Público ya no expone prueba plena, sino datos de prueba que obran en la carpeta de investigación lo adecuado es que la defensa de igual forma exponga medios de prueba, mismos que previamente podrá esgrimir en la carpeta de investigación, a fin de con ello establecer parámetros claros de la esencia de la vinculación a proceso y sus efectos, así como evitar el desarrollo de 'mini juicios' que transgreden el principio de igualdad entre las partes. ARTÍCULO PRIMERO.- Se REFORMAN los artículos. todos del Código Nacional de Procedimientos Penales para quedar de la siguiente manera: Artículo 314. Incorporación de medios de prueba en el plazo constitucional o su ampliación. El imputado o su Defensor podrán, en el plazo constitucional o su ampliación, incorporar a los registros de la investigación los datos de prueba que consideren necesarios, con el fin de que puedan ser presentados ante el Juez de control en dichos plazos. El Ministerio Público deberá incorporar todos los datos de prueba aportados por el imputado o su defensor y en caso de que estos no sean incorporados, el imputado o su defensor, podrán solicitar audiencia, a fin de que el Juez de control, escuchando a las partes, pueda determinar la vista al superior jerárquico del Ministerio Público y ordenar que estos sean incorporados de inmediato. En este caso la audiencia deberá llevarse a cabo a más tardar dentro de las seis horas siguientes a su solicitud. Artículo 315. Continuación de la audiencia inicial. La continuación de la audiencia inicial comenzará con la presentación de los registros de la investigación de investigación aportados por las partes. Agotado el debate, el Juez resolverá sobre la vinculación o no del imputado a proceso.-. En el dictamen que presentó la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, de veintiocho de abril de dos mil dieciséis, con relación a los numerales en estudio, se destacó: -.O C T A V A: Ahora bien, para efectos de ordenar el estudio de la minuta, esta dictaminadora ha separado los ordenamientos jurídicos para una mejor explicación con el fin de tener una mayor claridad respecto de la reforma y la razón que motivó a realizarla, mismo que se comenta a continuación: Continuación de la audiencia inicial. Se reforma el artículo 315, para generar una lógica de desarrollo de la audiencia más adecuada a los propósitos del debido proceso legal y el ejercicio de la defensa, tomando en consideración que para este momento ya se formuló la imputación, y que tanto la defensa como la fiscalía conocen los medios de prueba contenidos en la carpeta de investigación, y asimismo se establece una secuencia de la intervención de la defensa, el fiscal y el asesor jurídico de la víctima que le permite al juzgador un conocimiento más amplio de las pretensiones de las partes. En la discusión de la propuesta de reforma y sus modificaciones, en la Cámara de Diputados, de veintiocho de abril de dos mil dieciséis, en lo conducente a los numerales en estudio, se estableció: -.Con la finalidad de fortalecer el código adjetivo en su carácter adversarial y contradictorio, se propone una serie de cambios al Código Nacional de Procedimientos Penales. Se trata, por ejemplo, de garantizar a la defensa el pleno acceso a las constancias de investigación que hoy padece por actitudes discrecionales del Ministerio Público. No queremos dejar de señalar que fuimos parte de los cambios que se generaron en el presente dictamen y en su proceso de elaboración fuimos insistentes en fortalecer los derechos de la defensa para que se encuentre en igualdad de circunstancias con el ministerio público. Las y los diputados integrantes de la Comisión de Justicia hicimos una revisión exhaustiva de la minuta procedente del Senado, denominada Miscelánea Penal. Destaco algunas de las virtudes de la misma. La armonización integral de diversos ordenamientos con el objeto de que los términos empleados, las funciones, competencias e incluso las conductas sancionables guarden correspondencia con las figuras procesales del sistema acusatorio. Garantiza también la igualdad del proceso entre las partes, respetando el derecho de defensa del imputado. Ahora el imputado podrá presentar medios probatorios durante el plazo constitucional para que se le resuelva su situación jurídica directamente ante el juez de control, ya que el objeto de presentar tales elementos probatorios es que el juez los conozca a fin de tomar la decisión más justa al momento de resolver la situación jurídica del imputado-. En el dictamen de las Comisiones Unidad de Justicia y Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, de catorce de junio de dos mil dieciséis, se precisó: -.Caso distinto, es de los artículos 174, 187, 311, 314, 315 y 320, en los que estas Comisiones Dictaminadoras consideran modificar el texto aprobado por la colegisladora a efecto de precisar los supuestos contenidos en ellos. De igual forma, los textos vigentes de los artículos, 314, 315 y 320, estas Comisiones Unidas estiman que debe de permitirse el desahogo de los medios de prueba en la audiencia inicial dentro del plazo constitucional o su ampliación, ello en virtud de que se estima que el artículo 19 constitucional en su cuarto párrafo dispone que la solicitud de prórroga para ampliar el plazo constitucional tiene como finalidad el que puedan desahogarse medios de prueba, pues de otro modo no tendría sentido la solicitud del imputado para prorrogar el término; en consecuencia de lo anterior, en el artículo 314 se adiciona un segundo párrafo en el que se establece que solo en los casos de delitos que ameriten la imposición de medida cautelar de prisión preventiva u otra personal, el juez de control podrá admitir el desahogo de medios de prueba por parte del imputado o su defensor cuando en la audiencia o su continuación justifique su pertinencia. En ese orden se estima que el artículo 315 debe ser modificado en su redacción, a fin de precisar que para el desahogo de los medios de prueba que hubiesen ofrecido y justificada el imputado o su defensa en términos del artículo 314 seguirán, en lo conducente las reglas para el desahogo de pruebas en la audiencia de juicio oral.-. Con motivo de lo anterior, se propuso también la reforma al cuarto párrafo, del artículo 313 del Código Nacional de Procedimientos Penales, para prescindir de su parte final, que era del tenor literal siguiente: -.Si el imputado requiere del auxilio judicial para citar testigos o peritos a la audiencia de vinculación a proceso, deberá solicitar dicho auxilio al menos con cuarenta y ocho horas de anticipación a la hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia. En caso contrario, deberá presentar sus medios de prueba a la audiencia de vinculación a proceso.-. -.Por otra parte, es de señalarse que estas Comisiones Dictaminadoras estiman correcta la modificación del cuarto párrafo del artículo 313, en el que se precisa, que la audiencia de vinculación deberá celebrarse según el caso, dentro de las setenta y dos horas o ciento cuarenta y cuatro horas siguientes a que el imputado o detenido fue pues a disposición del Juez de control o compareció a la audiencia de formulación de la imputación, lo que da mayor certeza jurídica no solo al imputado si no a las demás partes respecto al momento en que tendrá verificativo la audiencia de vinculación.-. Así, los preceptos en cita, quedaron redactados en los términos siguientes: -Artículo 313. Oportunidad para resolver la solicitud de vinculación a proceso . . . La audiencia de vinculación a proceso deberá celebrarse, según sea el caso, dentro de las setenta y dos o ciento cuarenta y cuatro horas siguientes a que el imputado detenido fue puesto a su disposición o que el imputado compareció a la audiencia de formulación de la imputación. Artículo 314. Incorporación de datos y medios de prueba en el plazo constitucional o su ampliación El imputado o su Defensor podrán, durante el plazo constitucional o su ampliación, presentar los datos de prueba que consideren necesarios ante el Juez de control. Exclusivamente en el caso de delitos que ameriten la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa u otra personal, de conformidad con lo previsto en este Código, el Juez de control podrá admitir el desahogo de medios de prueba ofrecidos por el imputado o su Defensor, cuando, al inicio de la audiencia o su continuación, justifiquen que ello resulta pertinente. Artículo 315. Continuación de la audiencia inicial La continuación de la audiencia inicial comenzará con la presentación de los datos de prueba aportados por las partes o, en su caso, con el desahogo de los medios de prueba que hubiese ofrecido y justificado el imputado o su defensor en términos del artículo 314 de este Código. Para tal efecto, se seguirán en lo conducente las reglas previstas para el desahogo de pruebas en la audiencia de debate de juicio oral. Desahogada la prueba, si la hubo, se le concederá la palabra en primer término al Ministerio Público, al asesor jurídico de la víctima y luego al imputado. Agotado el debate, el Juez resolverá sobre la vinculación o no del imputado a proceso. En casos de extrema complejidad, el Juez de control podrá decretar un receso que no podrá exceder de dos horas, antes de resolver sobre la situación jurídica del imputado-. Como puede advertirse de lo anterior, en la iniciativa de reforma que presentó la Cámara de Senadores, respecto de los artículos 314 y 315 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se pretendía condicionar que el aporte de datos o medios de prueba por parte del imputado o su defensa, se hiciera en la correspondiente carpeta de investigación, a efecto de que en su momento se sometieran a la ponderación del juez de control, dentro del plazo constitucional de setenta y dos horas o su duplicidad; y de esa manera existiera equilibrio procesal, igualdad y contradicción entre los datos de prueba que aportaba el Ministerio Público y los correspondientes a la defensa. Ello, bajo la idea que, de proceder de otra manera, ubicaría en desventaja al Ministerio Público en el litigio, quien acusaba únicamente con datos de prueba, mientras que la defensa incorporaba propiamente pruebas. Sin embargo, la propuesta al modificarse por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, dio prevalencia al fortalecimiento de los derechos de la defensa, a efecto de que se encontrara en igualdad de circunstancias con el Ministerio Público. Así se propuso que el imputado de delito que amerite la imposición de medida cautelar de prisión preventiva u otra personal pudiera presentar directamente ante el juez de control -medios probatorios- durante el inicio o continuación de la audiencia de vinculación a proceso, para que se resuelva su situación jurídica de la manera más justa posible. Dicha modificación fue posteriormente avalada por la Cámara de Senadores, a efecto de ser congruentes con lo dispuesto en el artículo 19 constitucional, que permitía el desahogo de medios de prueba en la audiencia inicial, dentro del plazo constitucional o su ampliación; pues de otra manera, la solicitud de prórroga del plazo por parte del imputado, no tendría ningún sentido. Lo expuesto, permite considerar que el legislador federal, en congruencia con el artículo 19 constitucional, ajustó el procedimiento relativo a la vinculación a proceso, a efecto de garantizar, dentro del mismo, el derecho de defensa del imputado, a través del reconocimiento expreso de su facultad para ofrecer datos de prueba como regla general y medios de prueba, para aquellos imputados cuya solicitud de vinculación a proceso sea por un delito que desde la Constitución Federal se ordena la imposición en automático o de oficio de la prisión preventiva como medida cautelar; datos y/o medios de prueba que deberán ser ponderados por el juez de control, al resolver la situación jurídica dentro del plazo constitucional de setenta y dos horas o su duplicidad, con apego a justicia. En efecto, el párrafo segundo, del artículo 314 del Código Nacional de Procedimientos Penales, establece que durante el plazo constitucional o su ampliación (audiencia inicial y su continuación), únicamente podrán presentar medios de prueba ante el juez de control, las personas a las que se les impute un delito que tenga como consecuencia la imposición de prisión preventiva oficiosa como medida cautelar, u otra de carácter personal, siempre y cuando justifique su pertinencia; mientras que el primer párrafo del aludido precepto (el cual no fue controvertido), establece que quienes no se encuentren en dicho supuesto, podrán a su vez, presentar datos de prueba. Como puede advertirse, lo que la norma aplicada por el juez de origen es una directiva aplicable a aquellas personas que pueden ser vinculadas a proceso, con motivo de la imputación de algún delito. En primer lugar, es claro que la finalidad del artículo 314 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en general, es garantizar que las personas a las que se les impute un delito y se solicite su vinculación a proceso, tengan la oportunidad de ofrecer datos y/o medios de pruebas dentro del plazo constitucional para garantizar su derecho de defensa; es decir, sea cual fuese las circunstancias particulares de cada individuo -o el actuar de las autoridades. Al respecto, debe tenerse en cuenta que un dato de prueba, es la referencia al contenido de un determinado medio de convicción aún no desahogado ante el Órgano jurisdiccional, pero es idóneo y pertinente para establecer razonablemente la existencia de un hecho delictivo y la probable participación del imputado; en tanto que un medio de prueba es toda fuente de información que permite reconstruir los hechos, los cuales deben ser desahogados ante el juez de control siguiendo las reglas previstas para el desahogo de pruebas en juicio oral. Debe señalarse que en términos del artículo 315 del Código Nacional en cita se indica que la continuación de la audiencia inicial comenzará con la presentación de los datos de prueba aportados por las partes o, en su caso, con el desahogo de los medios de prueba que hubiese ofrecido y justificado el imputado o su defensor en términos del artículo 314 de ese Código. Para tal efecto, señala, se seguirán en lo conducente las reglas previstas para el desahogo de pruebas en la audiencia de debate de juicio oral. Desahogada la prueba, si la hubo, se le concederá la palabra en primer término al Ministerio Público, al asesor jurídico de la víctima y luego al imputado. Agotado el debate, el Juez resolverá sobre la vinculación o no del imputado a proceso. Ahora, si bien existen diferencias entre personas imputadas que por el delito que se les puede vincular a proceso sólo podrán presentar datos de prueba y aquellas a quienes, por el tipo de delito, se les puede vincular a proceso permitiéndoles ofrecer -medios de prueba-, se considera que esta interpretación realizada por el juzgador del origen respecto al segundo párrafo del precepto en comento, se encuentra debidamente justificada, si se considera que este último grupo de personas se les vinculará a proceso por un delito que tiene como consecuencia la imposición de la prisión preventiva en forma automática como medida cautelar; es evidente que su libertad personal será restringida durante todo el proceso penal, de ahí la posibilidad de presentar directamente ante el juez de control medios de prueba (testimoniales, periciales, documentales, etc.) que deben desahogarse en su presencia, ello con el objeto de evitar la privación de su libertad personal por el tiempo que dure el proceso. En efecto, el derecho humano de libertad personal es reconocido como de primer rango y sólo puede ser limitado bajo determinados supuestos de excepcionalidad, en armonía con la Constitución Federal y los instrumentos internacionales en la materia, de manera que se salvaguarde su reconocimiento y protección de la manera más amplia, precisamente, bajo el establecido eje rector del primer precepto constitucional -principio pro persona-. En la contradicción de tesis 64/2017, la Primera Sala determinó que, lo que se prioriza en el sistema penal acusatorio, es tener en cuenta la exclusión de la calificación legislativa de la gravedad de un delito, para optar por un catálogo restrictivo de prisión preventiva oficiosa. Ello, con la finalidad de cambiar la idea de que el proceso penal se debe instruir necesariamente con la persona privada de su libertad preventivamente, lo que además es acorde con el derecho humano de presunción de inocencia, en relación con la excepcionalidad de la prisión preventiva frente al carácter de regla que derivaba de la calificación normativa de la gravedad del delito y el acceso a la jurisdicción del Estado para que se revise el estatus de restricción de libertad en que permanecen las personas sujetas a un proceso penal. En ese sentido, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación consideró que la referida norma parte de distinguir supuestos entre imputados de delito por el que una vez que se le vincula a proceso en automático o de oficio la medida cautelar a imponer es la prisión preventiva, respecto a imputados de delito por el que no se establece esa medida de forma oficiosa. Esta distinción establecida por el legislador federal se consideró objetiva y válida en la medida que encuentra justificación constitucional, si consideramos que las personas que sean vinculadas a proceso por delitos que desde la Constitución Federal ordena imponer prisión preventiva de manera oficiosa o cualquier otra medida cautelar que sea de carácter personal (como podría ser la restricción de libertad domiciliaria) perderán su libertad personal y llevarán su proceso en reclusión. De ahí que resulte adecuada la medida al establecer una excepción a la regla, sólo en aquéllos casos en qué esté en juego la pérdida de su libertad personal, se otorga la posibilidad de que la defensa presente -medios de prueba-, es decir, cualquier fuente de información que permita reconstruir los hechos ante el juez de control a efecto de que sean desahogados en su presencia, ello, con la finalidad de evitar su vinculación a proceso cuya consecuencia inmediata es la privación de la libertad como medida cautelar. Por lo que, dicha excepción no genera sobreinclusión ni subinclusión, pues sólo está dirigida a imputados por un tipo de delito que desde la Constitución Federal se ordena la restricción de libertad como medida cautelar. Debe recordarse que la citada norma es una excepción a la regla general, siendo ésta que todos los imputados de delito pueden aportar -datos de prueba- ante el juez de control, conforme a los lineamientos que el Código Nacional establece, con la evidente posibilidad de que una vez vinculados llevaran su proceso en libertad, bajo alguna otra medida que no implique restricción de su persona, como sí sucede con los imputados a que se refiere el segundo párrafo (la excepción), los que una vez vinculados a proceso se dictará de oficio, en su contra, la prisión preventiva como medida cautelar; por ello, se considera que para efecto de salvaguardar un bien tan preciado como es la libertad personal resulte proporcional se les otorgue la posibilidad de ofrecer medios de prueba, que deben desahogarse en presencia del juez de control para evitar su vinculación a proceso e inminente reclusión en forma preventiva. Por tanto, la excepción establecida por el legislador descansa en la base objetiva de que hay delitos que implican una vinculación aparejada a la pérdida de libertad personal. Ante ello, no asiste la razón al aquí quejosa, y sus argumentos devienen infundados, toda vez que este Juzgado Federal comulga con la autoridad responsable, en el sentido de que el segundo párrafo del artículo 314 del Código Nacional de Procedimientos Penales, establece que únicamente a quienes se les impute un delito que tenga como consecuencia la imposición de prisión preventiva como medida cautelar, u otra de carácter personal, puedan ofrecer medios de prueba ante el juez de control, cuando justifiquen su pertinencia. Corrobora lo antes expuesto, la tesis 1a. XX/2020 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación. Libro 77, Agosto de 2020, Tomo IV, página 3053, que establece lo siguiente: IGUALDAD. EL ARTÍCULO 314, PÁRRAFO SEGUNDO, DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES NO VIOLA ESTE PRINCIPIO. Hechos: La quejosa reclamó la inconstitucionalidad del artículo 314, párrafo segundo, del Código Nacional de Procedimientos Penales, por ser contrario al principio de igualdad, toda vez que su primer párrafo prevé que tratándose de la audiencia inicial y su ampliación en el sistema penal acusatorio y oral, el imputado o su defensor podrá presentar los datos de prueba que considere necesarios ante el Juez de Control; mientras que en términos del segundo párrafo, para el caso de delitos que ameriten la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa u otra personal, dicha autoridad podrá admitir el desahogo de medios de prueba ofrecidos por esa parte procesal cuando, al inicio de la audiencia o su continuación, justifique que ello resulta pertinente. Criterio jurídico: Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que el segundo párrafo del artículo 314 del ordenamiento en cita es constitucional, ya que no viola el principio de igualdad establecido en el artículo 1o. de la Constitución Federal. Justificación: Lo anterior, en virtud de que el hecho de que el segundo párrafo de dicho precepto legal establezca que únicamente a quienes se les impute un delito que tenga como consecuencia la imposición de prisión preventiva oficiosa como medida cautelar, u otra de carácter personal, pueden ofrecer medios de prueba ante el Juez de Control -cuando justifiquen su pertinencia-, no implica un trato desigual con las personas a quienes se les pretenda vincular a proceso por un delito que no tenga el juzgador la obligación de imponer dicha medida cautelar, pues la diferencia se fundamenta en que las personas que se encuentran en la excepción del segundo párrafo, serán privadas de su libertad durante todo su proceso penal. Además, porque el derecho humano a la libertad personal es reconocido como de primer rango y sólo puede ser limitado bajo determinados supuestos de excepcionalidad, en armonía con la Constitución Federal y los instrumentos internacionales en la materia, de manera que se salvaguarde su reconocimiento y protección de la manera más amplia. Máxime que la finalidad de dicho precepto, en general, es garantizar que las personas a las que se les impute un delito y se solicite su vinculación a proceso, tengan la oportunidad de ofrecer datos y/o medios de prueba dentro del plazo constitucional para garantizar su derecho de defensa; es decir, sean cuales fuesen las circunstancias particulares de cada individuo -o el actuar de las autoridades-, la norma en sí, no restringe ese derecho protegido por la Constitución Federal. Ahora, si bien existen diferencias entre las personas imputadas que por el delito que se les puede vincular a proceso sólo podrán presentar -datos de prueba- y aquellas a quienes, por el tipo de delito, se les puede vincular a proceso permitiéndoles ofrecer -medios de prueba-, se considera que esta distinción a la que alude el segundo párrafo del precepto controvertido, se encuentra debidamente justificada, si se toma en cuenta que a este último grupo de personas se le vinculará a proceso por un delito que tiene como consecuencia la imposición de la prisión preventiva en forma automática como medida cautelar, siendo evidente que su libertad personal será restringida durante todo el proceso penal, de ahí la posibilidad de presentar directamente ante el Juez de Control medios de prueba (testimoniales, periciales, documentales, etcétera) que deben desahogarse en su presencia, ello con el objeto de evitar la privación de su libertad personal por el tiempo que dure el proceso.IV. Que no se actualice una causa de extinción de la acción penal o excluyente del delito.Finalmente, en lo relativo a que para el libramiento del auto de vinculación a proceso es necesario que no se actualice una causa de extinción de la acción penal o excluyente del delito, conviene precisar que las partes no adujeron la actualización de alguna hipótesis que se configurara en el presente caso, la quejosa tampoco la hizo valer en sus conceptos de violación y este Juzgado Federal no advierte que se actualice en el presente caso; por tanto, resulta innecesario hacer mayor pronunciamiento sobre este aspecto. En tal orden de ideas, hasta ese estado procesal, con independencia de que durante la secuela del mismo se demuestre lo contrario, se encuentra acreditada la existencia de un hecho descrito por la ley penal como delito de daños imprudenciales, previsto y sancionado por los artículos 236, primer párrafo y 73, del Código Penal del Estado de Chihuahua, en perjuicio de *******, y la probabilidad de que la imputada, aquí quejosa, lo realizó, con lo que se cumple con los requisitos que exige para la emisión de la vinculación a proceso el artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales.Por tanto, al haber realizado un estudio oficioso de las constancias que conforman el presente juicio de amparo, de acuerdo a lo que consagra el artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, este Juzgado de Distrito advierte que se respetaron y garantizaron los derechos fundamentales de la quejosa y ante lo infundado de los conceptos de violación expresados, sin advertir deficiencia de la queja que suplir; por tanto, lo procedente es negar el amparo y protección de la justicia federal solicitados.En mérito de lo antes expuesto y con fundamento en los artículos 73, 74 y 217 de la Ley de Amparo, se resuelve:ÚNICO. La justicia de la unión no ampara ni protege a *******, contra el acto del Juez de Primera Instancia del Sistema Penal Acusatorio del Distrito Judicial Bravos, consistente en el auto de vinculación a proceso de veintiuno de octubre de dos mil veintidós, pronunciado en la causa penal *******, en los términos precisados en el último considerando de esta sentencia.Notifíquese por lista electrónica, personalmente a las partes y por oficio a las responsables.Lo resolvió y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******, hoy veintisiete de febrero de dos mil veintitrés, en que lo permitieron las labores del Juzgado. Doy fe.

  3. Principal

    VISTA LA RAZON DEL ACTUARIO SE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO Y SE ORDENA NOTIFICAR POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA DE LA SENTENCIA DE VEINTISIETE DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTITRÉS QUE DICE: SENTENCIACiudad Juárez, Chihuahua, a veintisiete de febrero de dos mil veintitrés.Visto para resolver el juicio de amparo 1007/2021-VI, promovido por *******.Resultando Primero. Presentación de la demanda. Mediante escrito recibido el siete de noviembre de dos mil veintidós, en la Oficina de Correspondencia Común, turnado a este juzgado en esa misma data, ******* solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal en contra del Juez de Primera Instancia del Sistema Penal Acusatorio del Distrito Judicial Bravos, con residencia en esta ciudad.Segundo. Derechos constitucionales que se estimaron violentados. La quejosa señaló como derechos vulnerados, los contenidos en los artículos 14, 16 y 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.Tercero. Tramitación de la demanda. Mediante auto de ocho de noviembre de dos mil veintidós, se admitió la demanda, se solicitó informe justificado a la autoridad señalada como responsable, se ordenó emplazar a los terceros interesados, se dio vista al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y se señalaron día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se llevó a cabo al tenor del acta que antecede y concluye con el dictado de esta sentencia. Cuarto. Notificación a las partes de la adscripción a este juzgado de la actual Titular. Mediante proveído de veintitrés de noviembre de dos mil veintidós, se ordenó notificar mediante lista a la totalidad de las partes y por oficio a las autoridades responsables, el oficio SEADS/698/2022, de veintiséis de octubre de dos mil veintidós, suscrito por la Secretaria Ejecutiva de la Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, a través del cual informó que fue acordada la adscripción de la Jueza Claudia López López, a este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, con efectos a partir del dieciséis de noviembre de dos mil veintidós, para que, de estimarlo prudente, procedieran con lo que establece el artículo 52, segundo párrafo, de la Ley de Amparo; sin que hayan efectuado manifestación alguna.Considerando Primero. Competencia. Este Juzgado de Distrito es legalmente competente por razón de materia, grado y territorio, para resolver el presente juicio de amparo, conforme a lo dispuesto en los artículos 94, 103, fracción I y 107, fracciones I y VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo; 49, 124 y 125 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como el Acuerdo General 03/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. Segundo. Fijación del acto reclamado. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, de la totalidad de constancias que integran el presente juicio, se desprende que la quejosa reclamó al Juez de Primera Instancia del Sistema Penal Acusatorio del Distrito Judicial Bravos, con residencia en esta ciudad, lo siguiente: El auto de vinculación a proceso dictado en su contra el veintiuno de octubre de dos mil veintidós, en la causa penal *******, por su probable responsabilidad en la comisión del hecho que la ley señala como delito de DAÑOS IMPRUDENCIALES, previsto y sancionado por los artículos 236, primer párrafo, y 73, en relación con el 18 fracción II, del Código Penal del Estado de Chihuahua. Tercero. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto combatido por el accionante del amparo, pues así lo señaló el Juez de Primera Instancia del Sistema Penal Acusatorio del Distrito Judicial Bravos, con residencia en esta ciudad, al rendir su informe con justificación; remitiendo para tal efecto copia certificada del auto de vinculación a proceso dictado el veintiuno de octubre de dos mil veintidós, en la causa penal *******. Documental que posee valor probatorio pleno conforme a los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, pues fue expedida por un funcionario dotado de fe pública, como lo es el propio Juez responsable, quien actuó en ejercicio de sus funciones, de conformidad con el artículo 83 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Chihuahua. Al respecto, cabe precisar que la información contenida en los discos compactos, también se valora como una prueba documental pública, la cual se tuvo por desahogada desde el momento en que fue remitida por la responsable, sin necesidad de fijar una audiencia especial para su desahogo, y a fin de brindar certeza jurídica a las partes, se ordenó dar vista oportunamente con ella y con el contenido del informe justificado emitido por la Juez responsable. Al respecto, es aplicable la Jurisprudencia 43/2013 (10ª), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la Contradicción de Tesis 455/2012, visible en la página 703, Libro XXIII, Tomo 1, Agosto de 2013, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro señala: VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. Por lo tanto, se tiene por acreditada la existencia del acto atribuido por la quejosa, a la autoridad en cita. Lo previo, encuentra sustento en la jurisprudencia 278, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Quinta Época, tomo VI, materia común, página 231, que dice: INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto. Cuarto. Procedencia. Previo al estudio de los conceptos de violación, procede analizar si se actualiza alguna causal de improcedencia, por ser una cuestión de orden público cuyo análisis procede de oficio y previo al fondo del asunto, conforme se dispone en el artículo 62 de la Ley de Amparo. Las partes legitimadas en este juicio de amparo no alegan la actualización de hipótesis de improcedencia, ni quien suscribe advierte que se actualice alguna, por lo que, se procede al análisis de los conceptos de violación expresados por la quejosa, los cuales no se transcribirán en obvio de innecesarias repeticiones, según lo determinado en la jurisprudencia 58/2010, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 830 del tomo XXXI, correspondiente al mes de mayo de dos mil diez, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia Común, Novena Época, registro 164618, del rubro: CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. Quinto. Determinación que adopta este Juzgado. Los conceptos de violación expresados por la parte quejosa son infundados sin que se advierta deficiencia de la queja que suplir, en términos del artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, y su estudio se realizará en orden diverso al propuesto. Por ello, el análisis de la constitucionalidad del auto de vinculación que por esta vía se reclama, se realizará a la luz del artículo 19 constitucional, del que se deduce que los requisitos que deben reunirse para emitir un auto de vinculación a proceso son la expresión de: El delito que se impute al acusado; El lugar, tiempo y circunstancias de ejecución; y, Los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Solamente mediante el cumplimiento de estos requisitos se podrá justificar la emisión del auto de vinculación a proceso. Por su parte el artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, para el mismo efecto precisa, además de los anteriores requisitos, los siguientes: I. Se haya formulado la imputación; II. Se haya otorgado al imputado la oportunidad para declarar; III. De los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público, se desprendan datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Se entenderá que obran datos que establecen que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito cuando existan indicios razonables que así permitan suponerlo, y IV. Que no se actualice una causa de extinción de la acción penal o excluyente del delito. Cabe precisar que en esta clase de actos también pueden transgredirse derechos distintos a los consagrados en el artículo 19 constitucional, en virtud de que, si bien, dicho precepto contiene los requisitos de forma y fondo que un mandato de tal naturaleza debe contener, ello no significa que para su emisión sólo deba cumplirse con lo previsto en dicho artículo. Ello es así, pues el mencionado acto debe reunir, además de los requisitos citados, todas aquellas exigencias y condiciones contenidas en los principios de seguridad jurídica que consagra la ley suprema de nuestro país, entre otras: a) que en el dictado de dicha resolución se cumplan las formalidades esenciales que regulan el procedimiento; b) que se respeten los principios rectores sobre valoración de pruebas; y, c) que se encuentre debidamente fundada y motivada; derechos que ante la imposibilidad material de encontrarse contenidos en un sólo cardinal, deben ser aplicados armónicamente, a fin de dar certidumbre y protección al gobernado. Apoya lo anterior, por identidad de razón, la tesis aislada XIII.P.A.30 P, que sustentó el Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Tercer Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, tomo XXXIII, de abril de 2001, materia constitucional, página 1228, del tenor siguiente: AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. EN SU DICTADO PUEDEN VIOLARSE DERECHOS PÚBLICOS SUBJETIVOS DISTINTOS A LOS CONSAGRADOS EN EL ARTÍCULO 19 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, REFORMADO MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 18 DE JUNIO DE 2008 (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN EL ESTADO DE OAXACA). El hecho de que el citado precepto constitucional establezca los requisitos de fondo y forma que todo auto de vinculación a proceso puede contener, no significa que para su dictado sólo deba cumplirse con dicho artículo. Ello es así, pues para que la afectación que sufre el gobernado en sus intereses, con motivo de ese acto de autoridad, pueda considerarse como válida, debe reunir, además de los mencionados requisitos, todas aquellas exigencias y condiciones contenidas en las garantías de seguridad jurídica consagradas en la Carta Magna, entre otras, que dicho auto conste por escrito, proceda de una autoridad judicial y se encuentre fundado y motivado; garantías que ante la imposibilidad material de encontrarse contenidas en un solo artículo, deben ser aplicadas armónicamente, a fin de dar certidumbre y protección al particular. En tal virtud se concluye que en el dictado del auto de vinculación a que se refiere el título octavo, Etapas del proceso, capítulo I, Etapa preliminar, sección 8, Vinculación del imputado a proceso, del Código Procesal Penal para el Estado de Oaxaca, pueden violarse derechos públicos subjetivos diversos a los que consagra el aludido precepto constitucional, lo que dependerá de que las autoridades cumplan o no con todas y cada una de las referidas garantías. Dicho lo anterior, en el cometido de tener o no por cumplidos los requisitos que debe contener un auto de vinculación a proceso y que ya fueron señalados con antelación, se establece lo siguiente: I. Formulación de la imputación. En audiencia de dieciocho de octubre de dos mil veintidós, con fundamento en los artículos 309 y 311 del Código Nacional de Procedimientos Penales, estando presente *******, acompañada de su defensor particular, ante el Juez de Control del Distrito Judicial Bravos, la agente Ministerio Público formuló imputación en contra de la quejosa. II. Rendición de la declaración de la imputada o que se encuentre asentado su deseo de negarse a declarar. En la audiencia de ley, celebrada el dieciocho de octubre de dos mil veintidós, la imputada asistida de su defensor particular se reservó el derecho a emitir declaración en relación a los hechos que se le atribuyen. III. 1. Que de los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público, se desprendan datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito. Con relación a este tópico, atendiendo al criterio sustentado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es oportuno destacar que el texto constitucional contiene los lineamientos que marcan la transición de un sistema de justicia penal mixto hacia otro de corte acusatorio, adversarial y oral, como lo revela la sustitución, en los requisitos aludidos, de las expresiones -comprobar- por -establecer- y -cuerpo del delito- por -hecho que la ley señala como delito-, las cuales denotan un cambio de paradigma en la forma de administrar justicia en materia penal, pues acorde con las razones que el propio Poder Constituyente registró en el proceso legislativo, con la segunda expresión ya no se requiere de -pruebas- ni se exige -comprobar- que ocurrió un hecho ilícito, con lo cual se evita que en el plazo constitucional se adelante el juicio, esto es, ya no es permisible que en la etapa preliminar de la investigación se configuren pruebas por el Ministerio Público, por sí y ante sí -como sucede en el sistema mixto-, con lo cual se elimina el procedimiento unilateral de obtención de elementos probatorios y, consecuentemente, se fortalece el juicio, única etapa procesal en la que, con igualdad de condiciones, se realiza la producción probatoria de las partes y se demuestran los hechos objeto del proceso. De ahí que con la segunda expresión la norma constitucional ya no exija que el objeto de prueba recaiga sobre el denominado -cuerpo del delito-, entendido como la acreditación de los elementos objetivos, normativos y/o subjetivos de la descripción típica del delito correspondiente, dado que ese ejercicio, identificado como juicio de tipicidad, sólo es exigible para el dictado de una sentencia, pues es en esa etapa donde el juez decide si el delito quedó o no acreditado. En ese sentido, para dictar un auto de vinculación a proceso y establecer que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito, basta con que el juez encuadre la conducta a la norma penal, que permita identificar, independientemente de la metodología que adopte, el tipo penal aplicable. Este nivel de exigencia es acorde con los efectos que genera dicha resolución, los cuales se traducen en la continuación de la investigación en su fase judicializada, es decir, a partir de la cual interviene el juez para controlar las actuaciones que pudieran derivar en la afectación de un derecho fundamental. Además, a diferencia del sistema tradicional, su emisión no condiciona la clasificación jurídica del delito, porque este elemento será determinado en el escrito de acusación, a partir de toda la información que derive de la investigación, no sólo de la fase inicial, sino también de la complementaria, ni equivale a un adelanto del juicio, porque los antecedentes de investigación y elementos de convicción que sirvieron para fundarlo, por regla general, no deben considerarse para el dictado de la sentencia, salvo las excepciones establecidas en la ley. Corrobora lo antes expuesto, la jurisprudencia 1a./J. 35/2017 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación, Libro 45, Agosto de 2017, Tomo I, página: 36, cuyo rubro es el siguiente: AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. PARA SATISFACER EL REQUISITO RELATIVO A QUE LA LEY SEÑALE EL HECHO IMPUTADO COMO DELITO, BASTA CON QUE EL JUEZ ENCUADRE LA CONDUCTA A LA NORMA PENAL, DE MANERA QUE PERMITA IDENTIFICAR LAS RAZONES QUE LO LLEVAN A DETERMINAR EL TIPO PENAL APLICABLE (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL). Precisado lo anterior, este tribunal de amparo analizará si el Juez de Primera Instancia del Sistema Penal Acusatorio del Distrito Judicial Bravos, encuadró la conducta a lo previsto por los artículos 236, primer párrafo y 73, en relación con el 18 fracción II, del Código Penal del Estado de Chihuahua, los cuales establecen lo siguiente: Artículo 236. A quien destruya o deteriore una cosa ajena o una propia en perjuicio de otro, se le impondrán las siguientes penas: . Artículo 73. Punibilidad del delito imprudencial En los casos de delitos imprudenciales, se impondrán de seis meses a cinco años de prisión; multa hasta de ochenta veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización y suspensión de seis meses hasta diez años del derecho relacionado con la conducta punible, con excepción de aquellos para los que la ley señale una pena específica. Artículo 18. Dolo e imprudencia Las acciones u omisiones delictivas pueden ser: . II. Imprudenciales. Obra imprudencialmente el que produce el resultado típico, que no previó siendo previsible, o previó confiando en que no se produciría, o cuando se produce por impericia, en virtud de la violación de un deber de cuidado que objetivamente era necesario observar. En la especie, el juez responsable consideró que existían hechos constitutivos del delito de daños imprudenciales, previsto y sancionado por el artículo 236, primer párrafo, en relación con el 18 fracción II, del Código Penal del Estado de Chihuahua, toda vez que tuvo por acreditado que a las dieciséis horas con treinta minutos del trece de septiembre de dos mil diecinueve, en la confluencia de las calles *******, el sujeto activo dañó un vehículo marca *******, *******, modelo *******, con número de serie en terminación *******, propiedad de *******, en virtud de la violación de un deber de cuidado que objetivamente era necesario observar, consistente en la preferencia de paso, toda vez que al ir circulando en sentido de norte a sur, sobre la calle ******* (vía secundaria), y llegar a la calle ******* (vía principal), intentó incorporarse a la calle *******, impactando con la parte frontal derecha del vehículo que circulaba de oriente a poniente, Marca *******, *******, color *******, modelo *******, con número de serie en terminación *******, la parte frontal izquierda el vehículo del sujeto pasivo. Tal conclusión se estima apegada a derecho, porque desde el estándar que amerita el examen del auto de vinculación a proceso, se colige que el Juez de Control estableció acertadamente que los datos de investigación que se pusieron bajo su conocimiento permitían establecer que sí existían hechos que el Código Penal del Estado de Chihuahua, considera como delito de DAÑOS IMPRUDENCIALES, previsto y sancionado por los artículos 236 primer párrafo y 73, en relación con el 18 fracción II, del Código Penal del Estado de Chihuahua, en perjuicio de *******, porque en el tamiz constitucional que debe practicarse en esa etapa del proceso penal, este Juzgado de Distrito comparte la determinación a la que arribó la responsable, debido a que existen datos que permiten vislumbrar la existencia de hechos constitutivos del delito precisado. En esta tesitura, en cuanto a la configuración de los hechos constitutivos del delito atribuido a la quejosa, esta Juzgadora no advierte lesión a los derechos de la imputada; por lo cual debe permanecer firme lo considerado por el Juez de Primera Instancia del Sistema Penal Acusatorio del Distrito Judicial Bravos, en ese aspecto. III.2. Que de los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público, se desprendan datos de prueba que establezcan la probabilidad de que la imputada lo cometió o participó en su comisión. Con relación a este elemento, es decir, a la probabilidad de que la imputada participó en la comisión de los hechos que la ley reputa como delito, es necesario partir de que en el sistema de justicia penal vigente, uno de los requisitos para el dictado del auto de vinculación a proceso es que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión; por tanto, esta determinación debe dictarse únicamente a partir de los datos de investigación que refirió el Ministerio Público en la audiencia de vinculación a proceso y las pruebas que se desahogaron en ella -salvo los supuestos de excepción en donde esos datos se formalizan-; por ende, basta que existan indicios de que la ahora quejosa haya intervenido en los hechos que la ley prevé como delito, para que sea legal la determinación de vincularlo a proceso. En el caso, el Juez responsable consideró que se encontraba acreditada la probable participación de la imputada en la comisión del hecho que se identificó en líneas previas, estimando lo siguiente: Estos mismos medios de convicción justipreciados al tener de esa metodología también son aptos, suficientes y pertinentes para poder establecer la probabilidad de que *******, lo cometió. Se arriba a esta conclusión en virtud de que el acta de aviso de hechos probablemente delictuosos al cargo de *******, tiene valor determinante para este Juzgador, puesto que fue realizado por un agente de Vialidad en cumplimiento y en ejercicio de las funciones que le son inherentes en términos del artículo 132 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en relación con el artículo 1, 2, 3, 4 y 5 del Reglamento de Vialidad y siguientes, donde se establecen las obligaciones de los agentes de Vialidad adscritos a este Municipio de tomar la debida nota y hacerse cargo de los incidentes viales que pueden ser constitutivos de un hecho delictivo y así también lo impone el articulo 132 en relación con el articulo 21 y 16 Constitucionales, pues con tal carácter tienen la obligación de evitar que los incidentes viales lleguen a ulteriores consecuencias, y detener flagrancia aquellas personas que están inmiscuidos bajo los supuestos constitucionales y legales para tal efecto. Y nos es útil para poder establecer que el día trece de septiembre del año dos mil diecinueve, se hicieron cargo de un incidente vial que ellos califican como choque, que había sucedido aproximadamente a las dieciséis treinta horas, y ellos arriban hasta la confluencia de las rúas denominadas calle *******, donde ahí se imponen de dos automotores y dicen los agentes de vialidad que están inmiscuidos el primero de ellos es un *******, la cual circulaba por la calle ******* en un sentido de norte a sur y al llegar al cruce con la calle *******, omite un deber de cuidado, pues corta la preferencia de paso vehicular, impactando con la parte lateral frontal derecha con la parte J frontal izquierda del vehículo marca *******, propiedad de *******, y que, la conductora del primero de los automotores era *******, y el conductor del segundo automotor era *******. Que además se le causaron daños a dichos automotores y que según su juicio es atribuible la imprudencia a la conductora *******, pues cortó la preferencia de paso, omitiendo el deber de cuidado defensivo, pues cortó la preferencia de paso del automotor línea *******, modelo *******, en términos de lo que dispone el artículo 116, 117 y 120 del Reglamento de Vialidad y Tránsito municipal, por lo cual elaboraron el croquis primario donde gráficamente plasman lo que narran en su acta de aviso de hechos para ilustrar debidamente la mecánica el supuesto fáctico. Además se cuenta con el parte de accidente realizado por el perito en materia de Tránsito Terrestre, *******, quien se impone de la información llevada a cabo por *******, y toma como base también el croquis primario y de acuerdo con la metodología que ella utiliza con su experticia en materia de vialidad concluye al igual que la agente de vialidad que el vehículo número uno, que circulaba por la calle ******* en un sentido de norte a sur y llega a la calle ******* e impacta al ******* quien circulaba en un sentido de oriente a poniente, por el primer carril, cortándole también la preferencia de paso e impactándolo de manera frontal conduciendo con falta de precaución, pues omite el deber de cuidado que legalmente le era exigible, pues así lo prevén los artículos 116,117 y 120 del Reglamento de Vialidad. También se cuenta con la pericial en materia de tránsito terrestre a cargo de *******, quien también concluye en los mismos términos que la Agente del Vialidad y el diverso perito. Por lo cual me remito a las mismas consideraciones a que hizo mención y estas dos periciales se realizaron cumplimento con los parámetros de los artículos 271 y 272 ya que son expertos en la disciplina de tránsito terrestre, utilizaron la metodología adecuada y además llevaron a cabo el soporte de la información de acuerdo con el informe de vialidad tanto en el parte correspondiente como en el croquis primario, de ahí que sus conclusiones sean también determinantes en auxilio de este Juzgador para poder establecer la mecánica en que acaeció el supuesto factico que dio origen a la formulación de la imputación; esto se encuentra adminiculado con la formal querella que se convierte en el requisito de procedibilidad, en términos de lo que dispone el artículo 98 del Código Penal vigente en el estado, pues *******, acredita la propiedad del automotor *******, con la factura ******* expedida por *******, así como con la tarjeta de circulación y esta documentales son idóneas para poder establecer dicha propiedad, pues una corresponde a una documental privada y la segunda una documental pública expedida por la oficina rentística en esta ciudad, en términos de lo que dispone el artículo 380 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Y el señor ******* hace saber no nada más que es propietario de dicho automotor línea ******* sino también que el día de los hechos circulaba con preferencia de paso por la calle ******* y que repentinamente sale el automotor que venía por la calle ******* y lo impacta causándole daños severos a su automotor; y que este automotor era conducido por *******. Y para darle correspondencia a la aseveración de los daños causados, se cuenta con la pericial en materia de fotografía forense, donde el perito *******, ilustra los daños de dicho automotor con ocho fotografías y el perito en materia de avalúos el *******, considera que los daños que se le causaron a dicho automotor conducido por el sujeto pasivo el día de los hechos, ascienden a la cantidad de $******* pesos, pues de acuerdo a la naturaleza y magnitud de los daños, estos son tan severos que es indispensable la reposición del automóvil, pues sale más caro repararlo que sustituirlo por otro y ambas periciales también cumplieron con las exigencias de las normas que rigen este tipo de avalúos, en términos del artículo 271 y 272 pues uno es perito en materia de fotografía forense y el otro en la disciplina de avalúos y utilizaron la metodología adecuada, además ilustraron sus conclusiones con las fotografías correspondientes, por lo cual también es susceptible de adminicularse con el caudal de los medios de convicción ya hechos saber y justo y preciados. (sic) De ahí que la queja formal de *******, sea también creíble, veras y digna de confianza, no se advierte que este contando mentiras, las circunstancias de modo, tiempo y lugar que él manifiesta a través de su queja formal ante el Ministerio Público, deviene de que estuvo presente en el lugar de los hechos aprecio sensorialmente los mismos y sufrió la cometida del hecho delictivo; y además es el propietario de dicho automotor y no se advierte mendacidad ni tampoco que la versión del señor *******, este aislada o sea singular, pues está respaldada por el caudal de los demás medios de convicción que ya se ha hecho que sea justo y preciado debidamente. De ahí pues que si adminiculamos en conjunto todos y cada uno de estos medios de convicción, llegamos al razonamiento valido y legal de que el día trece de septiembre del año dos mil diecinueve aproximadamente a las 16:30 horas, *******, conducía un vehículo de la marca *******, circulando a través de la rúa ******* en un sentido de norte a sur y al llegar al cruce con la calle ******* cortó la preferencia de paso vehicular, impactando con la parte frontal derecha con la parte frontal izquierda del vehículo de la marca ******* propiedad de *******, causándole severos daños a este último automotor, hasta por una cantidad de $******* pesos y de ello se concluye en términos de lo que dispone el artículo 18 fracción II, que el sujeto activo actuó de manera imprudencial, pues omitió su manejo defensivo al cortar la preferencia de paso vehicular ya que circulaba por una vía secundaria, al tratar de incorporarse a la principal rebasa zona de seguridad delimitada e imaginaria e impacta al vehículo del sujeto pasivo. Además, la imprudencia se concibe en términos de lo que dispone el artículo 18 en su fracción II, del Código Penal y el legislador establece que obre imprudencialmente quien produce el resultado típico, que no previó siendo previsible o previo confiando en que no se produciría o esto según la hipótesis cuando se produce por imprudencia en virtud de la violación e un deber de cuidado que objetivamente era necesario observar. Y al respecto este Juzgador considera que el sujeto activo obró imprudencialmente pues llevo a cabo la conducción de su vehículo ******* de manera imprudente o con falta de pericia, pues no respetó ni se ajustó a lo dispuesto en los artículos 116, 117 y 120 del Reglamento de Tránsito y Vialidad para esta ciudad que impone a los conductores la obligación de dar preferencia de paso y no cortar la circulación cuando uno circula por una rúa secundaria y que llega a un cruce con una rúa principal, independientemente de cualquier señalamiento grafico o no; estos dispositivos establecen que siendo una rúa secundaria tiene la obligación de hacer alto y respetar la preferencia de paso que tiene la rúa principal; y de acuerdo al conocimiento factico que tiene este Juzgador, pues la calle ******* es una rúa principal y las arterias son rúas secundarias; al menos hasta este momento. De ahí que el sujeto activo violó este deber de cuidado previsto en la norma reglamentaria ya manifestada, al llevar a cabo una conducta que trajo como consecuencia daños en la propiedad del sujeto pasivo. Y además esa conducta era objetivamente previsible y razonablemente evitable, si el sujeto activo se acoge a guiar guiar su automotor con la debida pericia; cumpliendo y acatando las normas que regulan la conducción de vehículos, ya mencionados, por lo tanto, eso trae como consecuencia la acción imprudencial mencionada. Para tal efecto me hago cargo de la teoría del caso del señor defensor quien sustenta que este Juzgador no puede entrar al análisis de esta formulación de imputación, porque se alteraron los hechos, a ese respecto este Juzgador con todo respeto disiente del señor defensor, puesto que no hay alteración de los hechos y la circunstancia de que en la formulación de la imputación en el parte se haga mención a un vehículo ******* y en la formulación de la imputación se haga mención a un vehículo *******, y en los demás medios de convicción se menciona el *******, no incide dentro del aspecto central, esencial y neurálgico de la formulación de la imputación, ya que como atinadamente dijo la señorita Agente del Ministerio Público no se varió la serie, no se variaron las placas no se varió el modelo, ni la marca, tan solo que uno era ******* y otro ******* esos son errores al menos para este Juzgador, periféricos, que no dañan la entraña de la formulación de la imputación, y como bien dice el señor defensor, el articulo 316 en su párrafo Cuarto establece la obligación de emitir en su caso el auto de vinculación a proceso tan solo por aquellos hechos motivo de la formulación de imputación pero en esto no se cambiaron los hechos, los hechos son concebidos como las circunstancias de modo, tiempo y lugar y el sujeto activo y el sujeto pasivo, así como los medios comisivos y la evidencia que se hace mención en la formulación de la imputación y en este caso la identificación del automotor corresponde a un *******, independientemente de que se haya mencionado en un error por parte de *******, que era *******, cuando los peritos establecen que es un *******, y la tarjeta de circulación corresponde a un *******, la factura corresponde a un *******, entonces no tiene trascendencia al menos para este Juzgador en el sentido de que se hayan alterado o variado la substancia de los hechos, por eso no hay impedimento legal ni factico para que este Juzgador se pronuncie al respecto. La acción desplegada por parte del sujeto activo violento el bien jurídico o daño el bien jurídicamente tutelado que es el patrimonio de las personas y además actuó de manera imprudencial, pues como dijimos actuó con falta de pericia, pues no acató un deber de cuidado impuesto por parte del reglamento de tránsito de darle preferencia de paso a un automotor que circulaba por una vía principal y el sujeto activo en una vía secundaria ajustándose a lo que dispone el artículo 18 fracción II con un desarrollo de consumación instantánea con una forma de intervención de autoría material o directa pues realizó la acción en términos de lo que dispone también el artículo 18 fracción II y 17 fracción I y 21 fracción I, del Código Penal vigente en el estado. *******, también actuó de manera antijurídica al menos en términos materiales, pues siendo una persona mayor de edad tenía el conocimiento de la potencialidad de sus actos y omitió el deber de cuidado que legalmente le era exigible y condujo con falta de pericia al conducir su automotor y causarle daños al automotor del sujeto pasivo, y por estas conductas es de pensar ordinario de que son penadas por la ley, y debió reflexionar en ese sentido. Ahora bien la probabilidad de que *******, cometió el hecho que la ley señala como delito de DAÑOS IMPRUDENCIALES, previstos en el artículo 18 fracción II en relación con el articulo 236 primer párrafo y punibilizado por el artículo 73 del Código Penal vigente en el estado, cometido en contra de ******* deriva de la imputación precisamente de *******, quien dice que la persona que conducía el automotor que le causó daños al suyo, p era (sic) *******, así lo señalan los agentes de tránsito, la agente de vialidad *******, se impone de este evento y además afirma que efectivamente ******* era la que conducía dicho automotor, así se establecido el en croquis primario la pericial en materia de tránsito terrestre a cargo de *******, en la pericial en materia de fotografía forense, así como la pericial en materia de avalúos y en la pericial en materia de tránsito terrestre a cargo del *******, así con el parte de accidente a cargo *******, y adminiculados esta imputación personal, directa y sin lugar a reticencias que le hace *******, y la versión de ******* y los demás medios de convicción, nos lleva a establecer con alto grado de probabilidad que *******, cometió el hecho que la ley señala como delito de DAÑOS IMPRUDENCIALES, ya mencionados y al haber verificado que no exista una causa de extinción de la acción penal ni una que excluya el delito, da mérito para resolver le siguiente; . Por tanto, este Juzgado Federal comulga con la autoridad responsable, en el sentido de que los datos de prueba que narró el agente del Ministerio Público y que se tomaron en cuenta para la emisión del acto reclamado, permiten establecer que existe la probabilidad de que *******, cometió el hecho configurativo del delito de daños imprudenciales, y atento a los datos de prueba aportados con base en los cuales se determinó que la imputada fue la persona que el día trece de septiembre de dos mil diecinueve, a las dieciséis horas con treinta minutos en la confluencia de las calles *******, dañó un vehículo marca *******, línea *******, modelo *******, con número de serie *******, propiedad de *******, en virtud de la violación de un deber de cuidado que objetivamente era necesario observar; lo cual evidencia su participación en el hecho delictivo, al menos hasta la etapa procesal que nos ocupa. Además, el juez responsable consideró que sí existen datos de prueba suficientes, idóneos y pertinentes para tener por establecido que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito, en el particular el delito de daños imprudenciales, con base en el acta de aviso de hechos elaborada por *******; parte de accidente realizado por *******, perito en materia de tránsito terrestre; pericial en materia de tránsito terrestre a cargo del *******; pericial en materia de fotografía forense, a cargo de *******; pericial en materia de avalúos a cargo del *******; y la querella de *******, realizada ante el Ministerio Público. Datos de prueba de los que debidamente el juez responsable, consideró que revelaban que se cometió un hecho que la ley señala como daños imprudenciales, y que existía la probabilidad de que la imputada participó en su comisión. Asimismo, el Juez de origen atendiendo a lo argumentado por la defensa, en relación a que en la formulación de imputación se mencionó que el vehículo que conducía la activa era un ******* y no un *******, el juez responsable, acertadamente precisó que no había alteración de los hechos y que la circunstancia de que en la formulación de la imputación, se hiciera mención a un vehículo ******* y en la formulación de la imputación se hiciera mención a un vehículo *******, y en los demás medios de convicción se mencionara el *******, no incidía dentro del aspecto central, esencial y neurálgico de la formulación de la imputación; dado que la Agente del Ministerio Público no varió la serie, placas, modelo y marca; que ese error al menos para ese Juzgador, era periférico, y no dañaba la entraña de la formulación de la imputación. También, el juez de origen adicionó que dicha imprecisión no cambiaba los hechos concebidos como las circunstancias de modo, tiempo, lugar, y sujeto activo y pasivo, así como los medios comisivos y la evidencia que se hizo mención en la formulación de la imputación; y que en ese caso, como la identificación del automotor correspondía a un *******, independientemente de que se haya mencionado por error que era un *******, si los peritos establecieron que era un *******, y la tarjeta de circulación y la factura corresponde a un *******; no tenía trascendencia al menos para ese Juzgador; y que por esa razón, no había impedimento legal, ni factico, para que ese Juzgador se pronunciara al respecto. Por otra parte, la quejosa al esgrimir sus conceptos de violación refiere que el juez responsable al interpretar el artículo 314 del Código Nacional de Procedimientos Penales, y negarle el desahogo de los medios de prueba ofrecidos en la audiencia inicial dentro del plazo constitucional, vulneró en su perjuicio el contenido de los artículos 14, 19 y 20 Constitucionales. Sentado lo anterior, debe tenerse presente el artículo 14, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que se transcribe enseguida: Artículo 14. (.) Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho. El citado dispositivo constitucional prevé que se podrá imponer un acto privativo de derechos, sólo a través de un juicio en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento, lo que se conoce como derecho fundamental al debido proceso y se compone precisamente de esas formalidades, cuyo primer núcleo (o núcleo duro), se compone de: La notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias. La oportunidad de ofrecer y desahogar pruebas. La oportunidad de alegar. El dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas. Ese primer núcleo, se complementa además con las garantías mínimas del debido proceso -llamadas -garantías judiciales- en el artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos-, las cuales deben otorgarse a toda persona cuya esfera jurídica pretenda modificarse mediante la actividad punitiva del Estado, destacando, entre ellas, el derecho a la defensa adecuada, libremente escogida, consagrado en el artículo 20, apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; tal numeral, es del siguiente contenido: Artículo 20. El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. (.) B. De los derechos de toda persona imputada: I. A que se presuma su inocencia mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por el juez de la causa; II. A declarar o a guardar silencio. Desde el momento de su detención se le harán saber los motivos de la misma y su derecho a guardar silencio, el cual no podrá ser utilizado en su perjuicio. Queda prohibida y será sancionada por la ley penal, toda incomunicación, intimidación o tortura. La confesión rendida sin la asistencia del defensor carecerá de todo valor probatorio; III. A que se le informe, tanto en el momento de su detención como en su comparecencia ante el Ministerio Público o el juez, los hechos que se le imputan y los derechos que le asisten. Tratándose de delincuencia organizada, la autoridad judicial podrá autorizar que se mantenga en reserva el nombre y datos del acusador. La ley establecerá beneficios a favor del inculpado, procesado o sentenciado que preste ayuda eficaz para la investigación y persecución de delitos en materia de delincuencia organizada; IV. Se le recibirán los testigos y demás pruebas pertinentes que ofrezca, concediéndosele el tiempo que la ley estime necesario al efecto y auxiliándosele para obtener la comparecencia de las personas cuyo testimonio solicite, en los términos que señale la ley; V. Será juzgado en audiencia pública por un juez o tribunal. La publicidad sólo podrá restringirse en los casos de excepción que determine la ley, por razones de seguridad nacional, seguridad pública, protección de las víctimas, testigos y menores, cuando se ponga en riesgo la revelación de datos legalmente protegidos, o cuando el tribunal estime que existen razones fundadas para justificarlo. En delincuencia organizada, las actuaciones realizadas en la fase de investigación podrán tener valor probatorio, cuando no puedan ser reproducidas en juicio o exista riesgo para testigos o víctimas. Lo anterior sin perjuicio del derecho del inculpado de objetarlas o impugnarlas y aportar pruebas en contra; VI. Le serán facilitados todos los datos que solicite para su defensa y que consten en el proceso. El imputado y su defensor tendrán acceso a los registros de la investigación cuando el primero se encuentre detenido y cuando pretenda recibírsele declaración o entrevistarlo. Asimismo, antes de su primera comparecencia ante juez podrán consultar dichos registros, con la oportunidad debida para preparar la defensa. A partir de este momento no podrán mantenerse en reserva las actuaciones de la investigación, salvo los casos excepcionales expresamente señalados en la ley cuando ello sea imprescindible para salvaguardar el éxito de la investigación y siempre que sean oportunamente revelados para no afectar el derecho de defensa; VII. Será juzgado antes de cuatro meses si se tratare de delitos cuya pena máxima no exceda de dos años de prisión, y antes de un año si la pena excediere de ese tiempo, salvo que solicite mayor plazo para su defensa; VIII. Tendrá derecho a una defensa adecuada por abogado, al cual elegirá libremente incluso desde el momento de su detención. Si no quiere o no puede nombrar un abogado, después de haber sido requerido para hacerlo, el juez le designará un defensor público. También tendrá derecho a que su defensor comparezca en todos los actos del proceso y éste tendrá obligación de hacerlo cuantas veces se le requiera, y IX. En ningún caso podrá prolongarse la prisión o detención, por falta de pago de honorarios de defensores o por cualquiera otra prestación de dinero, por causa de responsabilidad civil o algún otro motivo análogo. La prisión preventiva no podrá exceder del tiempo que como máximo de pena fije la ley al delito que motivare el proceso y en ningún caso será superior a dos años, salvo que su prolongación se deba al ejercicio del derecho de defensa del imputado. Si cumplido este término no se ha pronunciado sentencia, el imputado será puesto en libertad de inmediato mientras se sigue el proceso, sin que ello obste para imponer otras medidas cautelares. En toda pena de prisión que imponga una sentencia, se computará el tiempo de la detención. Ese derecho fundamental (adecuada defensa), tutelado dentro del sistema de justicia penal acusatorio, en lo que aquí interesa, consiste en el derecho de toda persona imputada a que se le reciban los testigos y demás pruebas pertinentes que ofrezca, concediéndosele el tiempo que la ley estime necesario al efecto y auxiliándosele para obtener la comparecencia de las personas cuyo testimonio solicite, en los términos que señale la ley. Al respecto, es oportuno invocar que en el amparo en revisión 1070/2019 la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, precisamente al realizar un análisis del artículo 314 del Código Nacional de Procedimientos Penales, destacó que con la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de junio de dos mil ocho, el texto del artículo 19 de la Constitución Federal tuvo que adecuarse a la implementación del sistema de justicia penal acusatorio y oral, estableciendo el auto de vinculación a proceso, bajo el siguiente contenido: -Artículo 19. Ninguna detención ante autoridad judicial podrá exceder del plazo de setenta y dos horas, a partir de que el indiciado sea puesto a su disposición, sin que se justifique con un auto de vinculación a proceso en el que se expresará: el delito que se impute al acusado; el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución, así como los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. El Ministerio Público sólo podrá solicitar al juez la prisión preventiva cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad, así como cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso. El juez ordenará la prisión preventiva, oficiosamente, en los casos de delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestro, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, así como delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad y de la salud. La ley determinará los casos en los cuales el juez podrá revocar la libertad de los individuos vinculados a proceso. El plazo para dictar el auto de vinculación a proceso podrá prorrogarse únicamente a petición del indiciado, en la forma que señale la ley. La prolongación de la detención en su perjuicio será sancionada por la ley penal. La autoridad responsable del establecimiento en el que se encuentre internado el indiciado, que dentro del plazo antes señalado no reciba copia autorizada del auto de vinculación a proceso y del que decrete la prisión preventiva, o de la solicitud de prórroga del plazo constitucional, deberá llamar la atención del juez sobre dicho particular en el acto mismo de concluir el plazo y, si no recibe la constancia mencionada dentro de las tres horas siguientes, pondrá al indiciado en libertad. Todo proceso se seguirá forzosamente por el hecho o hechos delictivos señalados en el auto de vinculación a proceso. Si en la secuela de un proceso apareciere que se ha cometido un delito distinto del que se persigue, deberá ser objeto de investigación separada, sin perjuicio de que después pueda decretarse la acumulación, si fuere conducente. Si con posterioridad a la emisión del auto de vinculación a proceso por delincuencia organizada el inculpado evade la acción de la justicia o es puesto a disposición de otro juez que lo reclame en el extranjero, se suspenderá el proceso junto con los plazos para la prescripción de la acción penal. Todo mal tratamiento en la aprehensión o en las prisiones, toda molestia que se infiera sin motivo legal, toda gabela o contribución, en las cárceles, son abusos que serán corregidos por las leyes y reprimidos por las autoridades-. En congruencia con la reserva de ley que se hizo en el párrafo cuarto, de dicho numeral, en los artículos 313, 314, 315, 316, 317, 318 y 319 del Código Nacional de Procedimientos Penales, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el cinco de marzo de dos mil catorce, se estableció: -Artículo 313. Oportunidad para resolver la solicitud de vinculación a proceso Después de que el imputado haya emitido su declaración, o manifestado su deseo de no hacerlo, el agente del Ministerio Público solicitará al Juez de control la oportunidad para discutir medidas cautelares, en su caso, y posteriormente solicitar la vinculación a proceso. Antes de escuchar al agente del Ministerio Público, el Juez de control se dirigirá al imputado y le explicará los momentos en los cuales puede resolverse la solicitud que desea plantear el Ministerio Público. El Juez de control cuestionará al imputado si desea que se resuelva sobre su vinculación a proceso en esa audiencia dentro del plazo de setenta y dos horas o si solicita la ampliación de dicho plazo. En caso de que el imputado no se acoja al plazo constitucional ni solicite la duplicidad del mismo, el Ministerio Público deberá solicitar y motivar la vinculación del imputado a proceso, exponiendo en la misma audiencia los datos de prueba con los que considera que se establece un hecho que la ley señale como delito y la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. El Juez de control otorgará la oportunidad a la defensa para que conteste la solicitud y si considera necesario permitirá la réplica y contrarréplica. Hecho lo anterior, resolverá la situación jurídica del imputado. Si el imputado manifestó su deseo de que se resuelva sobre su vinculación a proceso dentro del plazo de setenta y dos horas o solicita la ampliación de dicho plazo, el Juez deberá señalar fecha para la celebración de la audiencia de vinculación a proceso dentro de dicho plazo o su prórroga. La audiencia de vinculación a proceso deberá celebrarse, según sea el caso, dentro de las setenta y dos o ciento cuarenta y cuatro horas siguientes a que el imputado detenido fue puesto a su disposición o que el imputado compareció a la audiencia de formulación de la imputación. Si el imputado requiere del auxilio judicial para citar testigos o peritos a la audiencia de vinculación a proceso, deberá solicitar dicho auxilio al menos con cuarenta y ocho horas de anticipación a la hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia. En caso contrario, deberá presentar sus medios de prueba a la audiencia de vinculación a proceso. El Juez de control deberá informar a la autoridad responsable del establecimiento en el que se encuentre internado el imputado si al resolverse su situación jurídica además se le impuso como medida cautelar la prisión preventiva o si se solicita la duplicidad del plazo constitucional. Si transcurrido el plazo constitucional el Juez de control no informa a la autoridad responsable, ésta deberá llamar su atención sobre dicho particular en el acto mismo de concluir el plazo y, si no recibe la constancia mencionada dentro de las tres horas siguientes, deberá poner al imputado en libertad. Artículo 314. Incorporación de medios de prueba en el plazo constitucional o su ampliación El imputado o su Defensor podrán, en el plazo constitucional o su ampliación, solicitar el desahogo de medios de prueba que consideren necesarios ante el Juez de control. Artículo 315. Continuación de la audiencia inicial La continuación de la audiencia inicial comenzará, en su caso, con el desahogo de los medios de prueba que el imputado hubiese ofrecido o presentado en la misma. Para tal efecto, se seguirán en lo conducente las reglas previstas para el desahogo de pruebas en la audiencia de debate de juicio oral. Desahogada la prueba, si la hubo, se le concederá la palabra en primer término al Ministerio Público y luego al imputado. Agotado el debate, el Juez resolverá sobre la vinculación o no del imputado a proceso. En casos de extrema complejidad, el Juez de control podrá decretar un receso que no podrá exceder de dos horas, antes de resolver sobre la situación jurídica del imputado. Artículo 316. Requisitos para dictar el auto de vinculación a proceso El Juez de control, a petición del agente del Ministerio Público, dictará el auto de vinculación del imputado a proceso, siempre que: I. Se haya formulado la imputación; II. Se haya otorgado al imputado la oportunidad para declarar; III. De los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público, se desprendan datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Se entenderá que obran datos que establecen que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito cuando existan indicios razonables que así permitan suponerlo, y IV. Que no se actualice una causa de extinción de la acción penal o excluyente del delito. El auto de vinculación a proceso deberá dictarse por el hecho o hechos que fueron motivo de la imputación, el Juez de control podrá otorgarles una clasificación jurídica distinta a la asignada por el Ministerio Público misma que deberá hacerse saber al imputado para los efectos de su defensa. El proceso se seguirá forzosamente por el hecho o hechos delictivos señalados en el auto de vinculación a proceso. Si en la secuela de un proceso apareciere que se ha cometido un hecho delictivo distinto del que se persigue, deberá ser objeto de investigación separada, sin perjuicio de que después pueda decretarse la acumulación si fuere conducente. Artículo 317. Contenido del auto de vinculación a proceso El auto de vinculación a proceso deberá contener: I. Los datos personales del imputado; II. Los fundamentos y motivos por los cuales se estiman satisfechos los requisitos mencionados en el artículo anterior, y III. El lugar, tiempo y circunstancias de ejecución del hecho que se imputa. Artículo 318. Efectos del auto de vinculación a proceso El auto de vinculación a proceso establecerá el hecho o los hechos delictivos sobre los que se continuará el proceso o se determinarán las formas anticipadas de terminación del proceso, la apertura a juicio o el sobreseimiento. Artículo 319. Auto de no vinculación a proceso En caso de que no se reúna alguno de los requisitos previstos en este Código, el Juez de control dictará un auto de no vinculación del imputado a proceso y, en su caso, ordenará la libertad inmediata del imputado, para lo cual revocará las providencias precautorias y las medidas cautelares anticipadas que se hubiesen decretado. El auto de no vinculación a proceso no impide que el Ministerio Público continúe con la investigación y posteriormente formule nueva imputación, salvo que en el mismo se decrete el sobreseimiento-. Con relación a la figura del auto de vinculación a proceso, cabe destacar que en la exposición de motivos que presentó la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, de treinta de abril de dos mil trece, y que dio origen a los numerales de referencia, en lo conducente, se precisó: -.Después de haber otorgado al imputado la oportunidad para declarar, el juez de control permitirá que el Ministerio Público solicite la vinculación a proceso. La resolución de plazo constitucional se debe emitir en la misma audiencia inicial, cuando el imputado renuncia al plazo de 72 horas, computadas a partir de que se encuentra a disposición del juez; en caso contrario, se deberá resolver la situación jurídica conforme al referido plazo o la prórroga solicitada por el imputado, con lo que, dicha prórroga podrá ser de hasta el duplo de aquéllas, pudiendo ser menor en tiempo, según lo solicite el imputado. El imputado o su defensor, podrán solicitar la práctica de medios de prueba dentro del plazo constitucional que se hubiere prorrogado y éstos deberán de ser desahogados en presencia judicial. Al formular la solicitud de vinculación a proceso, el Ministerio Público deberá proporcionar datos que establezcan un hecho que la ley señala como delito, y que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Al debatir, el imputado y su defensor podrán incorporar información contenida en datos de prueba de la investigación realizada por el Ministerio Público; o bien, de los medios de prueba que ofreció la defensa y que fueron desahogados en audiencia. El nuevo estándar que se exige para vincular a proceso es un concepto procesal y no de la teoría del delito. La determinación sobre la existencia de datos, no se desprende de la discusión dogmática sobre la existencia del delito, la cual tendrá lugar en la etapa de juicio, sino de la presentación de indicios que permitan razonablemente suponer la existencia del hecho y la probable participación del imputado en él. Se trata de una resolución sustentada en la probabilidad, no de decidir en definitiva sobre la responsabilidad penal del imputado que era lo que en la práctica ocurría en el procedimiento mixto, preponderantemente inquisitivo, en demérito de los derechos del imputado y de las condiciones para una persecución penal eficaz. Si bien es cierto, la vinculación a proceso es un auto dictado en el plazo constitucional, su naturaleza procesal no corresponde a la del auto de formal prisión que existió en el procedimiento anterior. Concluido el debate sobre la vinculación a proceso, el juez determinará la decisión que corresponda. Si dicta auto de vinculación a proceso, se abrirá debate sobre la necesidad de aplicar alguna medida cautelar, en aquellos casos en los que no proceda oficiosamente la prisión preventiva; sin embargo, si el juez determina no vincular a proceso, dispondrá la libertad inmediata del imputado en caso de que se encuentre detenido. El auto de no vinculación a proceso no impide que el Ministerio Público continúe con la investigación, y si encuentra elementos posteriores que lo justifiquen, formule otra imputación y una nueva solicitud de vinculación a proceso. Dictado el auto de vinculación a proceso, el juez de control abrirá debate sobre el plazo para el cierre de la investigación. Esta decisión se tomará sobre la base de los argumentos que viertan las partes en torno a las necesidades probatorias, así como a la complejidad del caso y siempre que no se rebasen los límites señalados para la duración de la investigación complementaria. Después de haber determinado el plazo judicial para el cierre de la investigación, los intervinientes podrán realizar nuevas solicitudes y una vez que el juez las ha atendido, cerrará la audiencia. Después de lo anterior, dará inicio la investigación complementaria.- Luego, en Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, el diecisiete de junio de dos mil dieciséis, se reformaron los artículos 314 y 315 del Código Nacional de Procedimientos Penales. En la exposición de motivos que presentó la Cámara de Senadores, de veinticinco de noviembre de dos mil catorce, se señaló: -Por otra parte, en las reformas propuestas a los artículos 314, 315 y 320, se determina que en el caso en que el imputado decida aportar medios de prueba durante el plazo constitucional, estos deberán ser aportados a la carpeta de investigación lo cual se hará a través del Ministerio Público, ello en razón de que se ha podido advertir que en los casos en que el imputado desahoga medios de prueba durante esta fase procedimental, se genera un importante desequilibrio entre las partes, atentando contra los principios de igualdad y de contradicción que caracterizan al sistema de justicia penal acusatorio, toda vez que, implica una seria desventaja para el Ministerio Público en el litigio al incorporar a su argumento de solicitud de vinculación a proceso únicamente datos de prueba mientras que la defensa lo haría con pruebas propiamente, y el juez al tener que valorar datos de prueba contra pruebas, en un ejercicio de imparcialidad; ya que el desahogo de medios de prueba tiene una influencia distinta frente a la exposición de los datos de prueba por parte del acusador, lo cual, en la mayoría de los casos genera inequidad en la apreciación objetiva e imparcial del juzgador. Cabe referir que el derecho que otorga la constitución al imputado de ampliar el plazo constitucional, para defenderse, puede ser ejercido aportando medios probatorios directamente a la investigación por conducto del Ministerio Público quien dirige e integra la misma. Lo anterior, atendiendo la propia dinámica del proceso penal acusatorio y particularmente el diseño constitucional de roles del Ministerio Público y el juez, pues el juez de control no desahoga pruebas de fondo salvo que sea anticipada, y el Ministerio Público objetivamente es quien debe encargarse de recabar los medios de convicción necesarios para integrar la investigación convirtiendo estos en datos de prueba. En ese sentido, es importante señalar que el plazo constitucional deviene de una tradición jurídica del sistema inquisitivo-mixto y que no tiene correspondencia en ninguno de los sistemas acusatorios a nivel internacional, por lo tanto el desahogo de medios de prueba ante el juez por parte de la defensa en esta etapa, corresponde a la lógica de que los elementos aportados por el Ministerio Público hacían las veces de prueba plena, por lo que era necesario que la defensa pudiera desvirtuarlos mediante el desahogo de pruebas, sin embargo, esta figura debe adecuarse a la luz del nuevo sistema de justicia penal acusatorio, es decir que, en virtud de que el Ministerio Público ya no expone prueba plena, sino datos de prueba que obran en la carpeta de investigación lo adecuado es que la defensa de igual forma exponga medios de prueba, mismos que previamente podrá esgrimir en la carpeta de investigación, a fin de con ello establecer parámetros claros de la esencia de la vinculación a proceso y sus efectos, así como evitar el desarrollo de 'mini juicios' que transgreden el principio de igualdad entre las partes. ARTÍCULO PRIMERO.- Se REFORMAN los artículos. todos del Código Nacional de Procedimientos Penales para quedar de la siguiente manera: Artículo 314. Incorporación de medios de prueba en el plazo constitucional o su ampliación. El imputado o su Defensor podrán, en el plazo constitucional o su ampliación, incorporar a los registros de la investigación los datos de prueba que consideren necesarios, con el fin de que puedan ser presentados ante el Juez de control en dichos plazos. El Ministerio Público deberá incorporar todos los datos de prueba aportados por el imputado o su defensor y en caso de que estos no sean incorporados, el imputado o su defensor, podrán solicitar audiencia, a fin de que el Juez de control, escuchando a las partes, pueda determinar la vista al superior jerárquico del Ministerio Público y ordenar que estos sean incorporados de inmediato. En este caso la audiencia deberá llevarse a cabo a más tardar dentro de las seis horas siguientes a su solicitud. Artículo 315. Continuación de la audiencia inicial. La continuación de la audiencia inicial comenzará con la presentación de los registros de la investigación de investigación aportados por las partes. Agotado el debate, el Juez resolverá sobre la vinculación o no del imputado a proceso.-. En el dictamen que presentó la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, de veintiocho de abril de dos mil dieciséis, con relación a los numerales en estudio, se destacó: -.O C T A V A: Ahora bien, para efectos de ordenar el estudio de la minuta, esta dictaminadora ha separado los ordenamientos jurídicos para una mejor explicación con el fin de tener una mayor claridad respecto de la reforma y la razón que motivó a realizarla, mismo que se comenta a continuación: Continuación de la audiencia inicial. Se reforma el artículo 315, para generar una lógica de desarrollo de la audiencia más adecuada a los propósitos del debido proceso legal y el ejercicio de la defensa, tomando en consideración que para este momento ya se formuló la imputación, y que tanto la defensa como la fiscalía conocen los medios de prueba contenidos en la carpeta de investigación, y asimismo se establece una secuencia de la intervención de la defensa, el fiscal y el asesor jurídico de la víctima que le permite al juzgador un conocimiento más amplio de las pretensiones de las partes. En la discusión de la propuesta de reforma y sus modificaciones, en la Cámara de Diputados, de veintiocho de abril de dos mil dieciséis, en lo conducente a los numerales en estudio, se estableció: -.Con la finalidad de fortalecer el código adjetivo en su carácter adversarial y contradictorio, se propone una serie de cambios al Código Nacional de Procedimientos Penales. Se trata, por ejemplo, de garantizar a la defensa el pleno acceso a las constancias de investigación que hoy padece por actitudes discrecionales del Ministerio Público. No queremos dejar de señalar que fuimos parte de los cambios que se generaron en el presente dictamen y en su proceso de elaboración fuimos insistentes en fortalecer los derechos de la defensa para que se encuentre en igualdad de circunstancias con el ministerio público. Las y los diputados integrantes de la Comisión de Justicia hicimos una revisión exhaustiva de la minuta procedente del Senado, denominada Miscelánea Penal. Destaco algunas de las virtudes de la misma. La armonización integral de diversos ordenamientos con el objeto de que los términos empleados, las funciones, competencias e incluso las conductas sancionables guarden correspondencia con las figuras procesales del sistema acusatorio. Garantiza también la igualdad del proceso entre las partes, respetando el derecho de defensa del imputado. Ahora el imputado podrá presentar medios probatorios durante el plazo constitucional para que se le resuelva su situación jurídica directamente ante el juez de control, ya que el objeto de presentar tales elementos probatorios es que el juez los conozca a fin de tomar la decisión más justa al momento de resolver la situación jurídica del imputado-. En el dictamen de las Comisiones Unidad de Justicia y Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, de catorce de junio de dos mil dieciséis, se precisó: -.Caso distinto, es de los artículos 174, 187, 311, 314, 315 y 320, en los que estas Comisiones Dictaminadoras consideran modificar el texto aprobado por la colegisladora a efecto de precisar los supuestos contenidos en ellos. De igual forma, los textos vigentes de los artículos, 314, 315 y 320, estas Comisiones Unidas estiman que debe de permitirse el desahogo de los medios de prueba en la audiencia inicial dentro del plazo constitucional o su ampliación, ello en virtud de que se estima que el artículo 19 constitucional en su cuarto párrafo dispone que la solicitud de prórroga para ampliar el plazo constitucional tiene como finalidad el que puedan desahogarse medios de prueba, pues de otro modo no tendría sentido la solicitud del imputado para prorrogar el término; en consecuencia de lo anterior, en el artículo 314 se adiciona un segundo párrafo en el que se establece que solo en los casos de delitos que ameriten la imposición de medida cautelar de prisión preventiva u otra personal, el juez de control podrá admitir el desahogo de medios de prueba por parte del imputado o su defensor cuando en la audiencia o su continuación justifique su pertinencia. En ese orden se estima que el artículo 315 debe ser modificado en su redacción, a fin de precisar que para el desahogo de los medios de prueba que hubiesen ofrecido y justificada el imputado o su defensa en términos del artículo 314 seguirán, en lo conducente las reglas para el desahogo de pruebas en la audiencia de juicio oral.-. Con motivo de lo anterior, se propuso también la reforma al cuarto párrafo, del artículo 313 del Código Nacional de Procedimientos Penales, para prescindir de su parte final, que era del tenor literal siguiente: -.Si el imputado requiere del auxilio judicial para citar testigos o peritos a la audiencia de vinculación a proceso, deberá solicitar dicho auxilio al menos con cuarenta y ocho horas de anticipación a la hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia. En caso contrario, deberá presentar sus medios de prueba a la audiencia de vinculación a proceso.-. -.Por otra parte, es de señalarse que estas Comisiones Dictaminadoras estiman correcta la modificación del cuarto párrafo del artículo 313, en el que se precisa, que la audiencia de vinculación deberá celebrarse según el caso, dentro de las setenta y dos horas o ciento cuarenta y cuatro horas siguientes a que el imputado o detenido fue pues a disposición del Juez de control o compareció a la audiencia de formulación de la imputación, lo que da mayor certeza jurídica no solo al imputado si no a las demás partes respecto al momento en que tendrá verificativo la audiencia de vinculación.-. Así, los preceptos en cita, quedaron redactados en los términos siguientes: -Artículo 313. Oportunidad para resolver la solicitud de vinculación a proceso . . . La audiencia de vinculación a proceso deberá celebrarse, según sea el caso, dentro de las setenta y dos o ciento cuarenta y cuatro horas siguientes a que el imputado detenido fue puesto a su disposición o que el imputado compareció a la audiencia de formulación de la imputación. Artículo 314. Incorporación de datos y medios de prueba en el plazo constitucional o su ampliación El imputado o su Defensor podrán, durante el plazo constitucional o su ampliación, presentar los datos de prueba que consideren necesarios ante el Juez de control. Exclusivamente en el caso de delitos que ameriten la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa u otra personal, de conformidad con lo previsto en este Código, el Juez de control podrá admitir el desahogo de medios de prueba ofrecidos por el imputado o su Defensor, cuando, al inicio de la audiencia o su continuación, justifiquen que ello resulta pertinente. Artículo 315. Continuación de la audiencia inicial La continuación de la audiencia inicial comenzará con la presentación de los datos de prueba aportados por las partes o, en su caso, con el desahogo de los medios de prueba que hubiese ofrecido y justificado el imputado o su defensor en términos del artículo 314 de este Código. Para tal efecto, se seguirán en lo conducente las reglas previstas para el desahogo de pruebas en la audiencia de debate de juicio oral. Desahogada la prueba, si la hubo, se le concederá la palabra en primer término al Ministerio Público, al asesor jurídico de la víctima y luego al imputado. Agotado el debate, el Juez resolverá sobre la vinculación o no del imputado a proceso. En casos de extrema complejidad, el Juez de control podrá decretar un receso que no podrá exceder de dos horas, antes de resolver sobre la situación jurídica del imputado-. Como puede advertirse de lo anterior, en la iniciativa de reforma que presentó la Cámara de Senadores, respecto de los artículos 314 y 315 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se pretendía condicionar que el aporte de datos o medios de prueba por parte del imputado o su defensa, se hiciera en la correspondiente carpeta de investigación, a efecto de que en su momento se sometieran a la ponderación del juez de control, dentro del plazo constitucional de setenta y dos horas o su duplicidad; y de esa manera existiera equilibrio procesal, igualdad y contradicción entre los datos de prueba que aportaba el Ministerio Público y los correspondientes a la defensa. Ello, bajo la idea que, de proceder de otra manera, ubicaría en desventaja al Ministerio Público en el litigio, quien acusaba únicamente con datos de prueba, mientras que la defensa incorporaba propiamente pruebas. Sin embargo, la propuesta al modificarse por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, dio prevalencia al fortalecimiento de los derechos de la defensa, a efecto de que se encontrara en igualdad de circunstancias con el Ministerio Público. Así se propuso que el imputado de delito que amerite la imposición de medida cautelar de prisión preventiva u otra personal pudiera presentar directamente ante el juez de control -medios probatorios- durante el inicio o continuación de la audiencia de vinculación a proceso, para que se resuelva su situación jurídica de la manera más justa posible. Dicha modificación fue posteriormente avalada por la Cámara de Senadores, a efecto de ser congruentes con lo dispuesto en el artículo 19 constitucional, que permitía el desahogo de medios de prueba en la audiencia inicial, dentro del plazo constitucional o su ampliación; pues de otra manera, la solicitud de prórroga del plazo por parte del imputado, no tendría ningún sentido. Lo expuesto, permite considerar que el legislador federal, en congruencia con el artículo 19 constitucional, ajustó el procedimiento relativo a la vinculación a proceso, a efecto de garantizar, dentro del mismo, el derecho de defensa del imputado, a través del reconocimiento expreso de su facultad para ofrecer datos de prueba como regla general y medios de prueba, para aquellos imputados cuya solicitud de vinculación a proceso sea por un delito que desde la Constitución Federal se ordena la imposición en automático o de oficio de la prisión preventiva como medida cautelar; datos y/o medios de prueba que deberán ser ponderados por el juez de control, al resolver la situación jurídica dentro del plazo constitucional de setenta y dos horas o su duplicidad, con apego a justicia. En efecto, el párrafo segundo, del artículo 314 del Código Nacional de Procedimientos Penales, establece que durante el plazo constitucional o su ampliación (audiencia inicial y su continuación), únicamente podrán presentar medios de prueba ante el juez de control, las personas a las que se les impute un delito que tenga como consecuencia la imposición de prisión preventiva oficiosa como medida cautelar, u otra de carácter personal, siempre y cuando justifique su pertinencia; mientras que el primer párrafo del aludido precepto (el cual no fue controvertido), establece que quienes no se encuentren en dicho supuesto, podrán a su vez, presentar datos de prueba. Como puede advertirse, lo que la norma aplicada por el juez de origen es una directiva aplicable a aquellas personas que pueden ser vinculadas a proceso, con motivo de la imputación de algún delito. En primer lugar, es claro que la finalidad del artículo 314 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en general, es garantizar que las personas a las que se les impute un delito y se solicite su vinculación a proceso, tengan la oportunidad de ofrecer datos y/o medios de pruebas dentro del plazo constitucional para garantizar su derecho de defensa; es decir, sea cual fuese las circunstancias particulares de cada individuo -o el actuar de las autoridades. Al respecto, debe tenerse en cuenta que un dato de prueba, es la referencia al contenido de un determinado medio de convicción aún no desahogado ante el Órgano jurisdiccional, pero es idóneo y pertinente para establecer razonablemente la existencia de un hecho delictivo y la probable participación del imputado; en tanto que un medio de prueba es toda fuente de información que permite reconstruir los hechos, los cuales deben ser desahogados ante el juez de control siguiendo las reglas previstas para el desahogo de pruebas en juicio oral. Debe señalarse que en términos del artículo 315 del Código Nacional en cita se indica que la continuación de la audiencia inicial comenzará con la presentación de los datos de prueba aportados por las partes o, en su caso, con el desahogo de los medios de prueba que hubiese ofrecido y justificado el imputado o su defensor en términos del artículo 314 de ese Código. Para tal efecto, señala, se seguirán en lo conducente las reglas previstas para el desahogo de pruebas en la audiencia de debate de juicio oral. Desahogada la prueba, si la hubo, se le concederá la palabra en primer término al Ministerio Público, al asesor jurídico de la víctima y luego al imputado. Agotado el debate, el Juez resolverá sobre la vinculación o no del imputado a proceso. Ahora, si bien existen diferencias entre personas imputadas que por el delito que se les puede vincular a proceso sólo podrán presentar datos de prueba y aquellas a quienes, por el tipo de delito, se les puede vincular a proceso permitiéndoles ofrecer -medios de prueba-, se considera que esta interpretación realizada por el juzgador del origen respecto al segundo párrafo del precepto en comento, se encuentra debidamente justificada, si se considera que este último grupo de personas se les vinculará a proceso por un delito que tiene como consecuencia la imposición de la prisión preventiva en forma automática como medida cautelar; es evidente que su libertad personal será restringida durante todo el proceso penal, de ahí la posibilidad de presentar directamente ante el juez de control medios de prueba (testimoniales, periciales, documentales, etc.) que deben desahogarse en su presencia, ello con el objeto de evitar la privación de su libertad personal por el tiempo que dure el proceso. En efecto, el derecho humano de libertad personal es reconocido como de primer rango y sólo puede ser limitado bajo determinados supuestos de excepcionalidad, en armonía con la Constitución Federal y los instrumentos internacionales en la materia, de manera que se salvaguarde su reconocimiento y protección de la manera más amplia, precisamente, bajo el establecido eje rector del primer precepto constitucional -principio pro persona-. En la contradicción de tesis 64/2017, la Primera Sala determinó que, lo que se prioriza en el sistema penal acusatorio, es tener en cuenta la exclusión de la calificación legislativa de la gravedad de un delito, para optar por un catálogo restrictivo de prisión preventiva oficiosa. Ello, con la finalidad de cambiar la idea de que el proceso penal se debe instruir necesariamente con la persona privada de su libertad preventivamente, lo que además es acorde con el derecho humano de presunción de inocencia, en relación con la excepcionalidad de la prisión preventiva frente al carácter de regla que derivaba de la calificación normativa de la gravedad del delito y el acceso a la jurisdicción del Estado para que se revise el estatus de restricción de libertad en que permanecen las personas sujetas a un proceso penal. En ese sentido, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación consideró que la referida norma parte de distinguir supuestos entre imputados de delito por el que una vez que se le vincula a proceso en automático o de oficio la medida cautelar a imponer es la prisión preventiva, respecto a imputados de delito por el que no se establece esa medida de forma oficiosa. Esta distinción establecida por el legislador federal se consideró objetiva y válida en la medida que encuentra justificación constitucional, si consideramos que las personas que sean vinculadas a proceso por delitos que desde la Constitución Federal ordena imponer prisión preventiva de manera oficiosa o cualquier otra medida cautelar que sea de carácter personal (como podría ser la restricción de libertad domiciliaria) perderán su libertad personal y llevarán su proceso en reclusión. De ahí que resulte adecuada la medida al establecer una excepción a la regla, sólo en aquéllos casos en qué esté en juego la pérdida de su libertad personal, se otorga la posibilidad de que la defensa presente -medios de prueba-, es decir, cualquier fuente de información que permita reconstruir los hechos ante el juez de control a efecto de que sean desahogados en su presencia, ello, con la finalidad de evitar su vinculación a proceso cuya consecuencia inmediata es la privación de la libertad como medida cautelar. Por lo que, dicha excepción no genera sobreinclusión ni subinclusión, pues sólo está dirigida a imputados por un tipo de delito que desde la Constitución Federal se ordena la restricción de libertad como medida cautelar. Debe recordarse que la citada norma es una excepción a la regla general, siendo ésta que todos los imputados de delito pueden aportar -datos de prueba- ante el juez de control, conforme a los lineamientos que el Código Nacional establece, con la evidente posibilidad de que una vez vinculados llevaran su proceso en libertad, bajo alguna otra medida que no implique restricción de su persona, como sí sucede con los imputados a que se refiere el segundo párrafo (la excepción), los que una vez vinculados a proceso se dictará de oficio, en su contra, la prisión preventiva como medida cautelar; por ello, se considera que para efecto de salvaguardar un bien tan preciado como es la libertad personal resulte proporcional se les otorgue la posibilidad de ofrecer medios de prueba, que deben desahogarse en presencia del juez de control para evitar su vinculación a proceso e inminente reclusión en forma preventiva. Por tanto, la excepción establecida por el legislador descansa en la base objetiva de que hay delitos que implican una vinculación aparejada a la pérdida de libertad personal. Ante ello, no asiste la razón al aquí quejosa, y sus argumentos devienen infundados, toda vez que este Juzgado Federal comulga con la autoridad responsable, en el sentido de que el segundo párrafo del artículo 314 del Código Nacional de Procedimientos Penales, establece que únicamente a quienes se les impute un delito que tenga como consecuencia la imposición de prisión preventiva como medida cautelar, u otra de carácter personal, puedan ofrecer medios de prueba ante el juez de control, cuando justifiquen su pertinencia. Corrobora lo antes expuesto, la tesis 1a. XX/2020 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación. Libro 77, Agosto de 2020, Tomo IV, página 3053, que establece lo siguiente: IGUALDAD. EL ARTÍCULO 314, PÁRRAFO SEGUNDO, DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES NO VIOLA ESTE PRINCIPIO. Hechos: La quejosa reclamó la inconstitucionalidad del artículo 314, párrafo segundo, del Código Nacional de Procedimientos Penales, por ser contrario al principio de igualdad, toda vez que su primer párrafo prevé que tratándose de la audiencia inicial y su ampliación en el sistema penal acusatorio y oral, el imputado o su defensor podrá presentar los datos de prueba que considere necesarios ante el Juez de Control; mientras que en términos del segundo párrafo, para el caso de delitos que ameriten la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa u otra personal, dicha autoridad podrá admitir el desahogo de medios de prueba ofrecidos por esa parte procesal cuando, al inicio de la audiencia o su continuación, justifique que ello resulta pertinente. Criterio jurídico: Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que el segundo párrafo del artículo 314 del ordenamiento en cita es constitucional, ya que no viola el principio de igualdad establecido en el artículo 1o. de la Constitución Federal. Justificación: Lo anterior, en virtud de que el hecho de que el segundo párrafo de dicho precepto legal establezca que únicamente a quienes se les impute un delito que tenga como consecuencia la imposición de prisión preventiva oficiosa como medida cautelar, u otra de carácter personal, pueden ofrecer medios de prueba ante el Juez de Control -cuando justifiquen su pertinencia-, no implica un trato desigual con las personas a quienes se les pretenda vincular a proceso por un delito que no tenga el juzgador la obligación de imponer dicha medida cautelar, pues la diferencia se fundamenta en que las personas que se encuentran en la excepción del segundo párrafo, serán privadas de su libertad durante todo su proceso penal. Además, porque el derecho humano a la libertad personal es reconocido como de primer rango y sólo puede ser limitado bajo determinados supuestos de excepcionalidad, en armonía con la Constitución Federal y los instrumentos internacionales en la materia, de manera que se salvaguarde su reconocimiento y protección de la manera más amplia. Máxime que la finalidad de dicho precepto, en general, es garantizar que las personas a las que se les impute un delito y se solicite su vinculación a proceso, tengan la oportunidad de ofrecer datos y/o medios de prueba dentro del plazo constitucional para garantizar su derecho de defensa; es decir, sean cuales fuesen las circunstancias particulares de cada individuo -o el actuar de las autoridades-, la norma en sí, no restringe ese derecho protegido por la Constitución Federal. Ahora, si bien existen diferencias entre las personas imputadas que por el delito que se les puede vincular a proceso sólo podrán presentar -datos de prueba- y aquellas a quienes, por el tipo de delito, se les puede vincular a proceso permitiéndoles ofrecer -medios de prueba-, se considera que esta distinción a la que alude el segundo párrafo del precepto controvertido, se encuentra debidamente justificada, si se toma en cuenta que a este último grupo de personas se le vinculará a proceso por un delito que tiene como consecuencia la imposición de la prisión preventiva en forma automática como medida cautelar, siendo evidente que su libertad personal será restringida durante todo el proceso penal, de ahí la posibilidad de presentar directamente ante el Juez de Control medios de prueba (testimoniales, periciales, documentales, etcétera) que deben desahogarse en su presencia, ello con el objeto de evitar la privación de su libertad personal por el tiempo que dure el proceso.IV. Que no se actualice una causa de extinción de la acción penal o excluyente del delito.Finalmente, en lo relativo a que para el libramiento del auto de vinculación a proceso es necesario que no se actualice una causa de extinción de la acción penal o excluyente del delito, conviene precisar que las partes no adujeron la actualización de alguna hipótesis que se configurara en el presente caso, la quejosa tampoco la hizo valer en sus conceptos de violación y este Juzgado Federal no advierte que se actualice en el presente caso; por tanto, resulta innecesario hacer mayor pronunciamiento sobre este aspecto. En tal orden de ideas, hasta ese estado procesal, con independencia de que durante la secuela del mismo se demuestre lo contrario, se encuentra acreditada la existencia de un hecho descrito por la ley penal como delito de daños imprudenciales, previsto y sancionado por los artículos 236, primer párrafo y 73, del Código Penal del Estado de Chihuahua, en perjuicio de *******, y la probabilidad de que la imputada, aquí quejosa, lo realizó, con lo que se cumple con los requisitos que exige para la emisión de la vinculación a proceso el artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales.Por tanto, al haber realizado un estudio oficioso de las constancias que conforman el presente juicio de amparo, de acuerdo a lo que consagra el artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, este Juzgado de Distrito advierte que se respetaron y garantizaron los derechos fundamentales de la quejosa y ante lo infundado de los conceptos de violación expresados, sin advertir deficiencia de la queja que suplir; por tanto, lo procedente es negar el amparo y protección de la justicia federal solicitados.En mérito de lo antes expuesto y con fundamento en los artículos 73, 74 y 217 de la Ley de Amparo, se resuelve:ÚNICO. La justicia de la unión no ampara ni protege a *******, contra el acto del Juez de Primera Instancia del Sistema Penal Acusatorio del Distrito Judicial Bravos, consistente en el auto de vinculación a proceso de veintiuno de octubre de dos mil veintidós, pronunciado en la causa penal *******, en los términos precisados en el último considerando de esta sentencia.Notifíquese por lista electrónica, personalmente a las partes y por oficio a las responsables.Lo resolvió y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******, hoy veintisiete de febrero de dos mil veintitrés, en que lo permitieron las labores del Juzgado. Doy fe.

  4. Principal

    SENTENCIACiudad Juárez, Chihuahua, a veintisiete de febrero de dos mil veintitrés.Visto para resolver el juicio de amparo 1007/2021-VI, promovido por *******.Resultando Primero. Presentación de la demanda. Mediante escrito recibido el siete de noviembre de dos mil veintidós, en la Oficina de Correspondencia Común, turnado a este juzgado en esa misma data, ******* solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal en contra del Juez de Primera Instancia del Sistema Penal Acusatorio del Distrito Judicial Bravos, con residencia en esta ciudad.Segundo. Derechos constitucionales que se estimaron violentados. La quejosa señaló como derechos vulnerados, los contenidos en los artículos 14, 16 y 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.Tercero. Tramitación de la demanda. Mediante auto de ocho de noviembre de dos mil veintidós, se admitió la demanda, se solicitó informe justificado a la autoridad señalada como responsable, se ordenó emplazar a los terceros interesados, se dio vista al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y se señalaron día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se llevó a cabo al tenor del acta que antecede y concluye con el dictado de esta sentencia. Cuarto. Notificación a las partes de la adscripción a este juzgado de la actual Titular. Mediante proveído de veintitrés de noviembre de dos mil veintidós, se ordenó notificar mediante lista a la totalidad de las partes y por oficio a las autoridades responsables, el oficio SEADS/698/2022, de veintiséis de octubre de dos mil veintidós, suscrito por la Secretaria Ejecutiva de la Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, a través del cual informó que fue acordada la adscripción de la Jueza Claudia López López, a este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, con efectos a partir del dieciséis de noviembre de dos mil veintidós, para que, de estimarlo prudente, procedieran con lo que establece el artículo 52, segundo párrafo, de la Ley de Amparo; sin que hayan efectuado manifestación alguna.Considerando Primero. Competencia. Este Juzgado de Distrito es legalmente competente por razón de materia, grado y territorio, para resolver el presente juicio de amparo, conforme a lo dispuesto en los artículos 94, 103, fracción I y 107, fracciones I y VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo; 49, 124 y 125 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como el Acuerdo General 03/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. Segundo. Fijación del acto reclamado. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, de la totalidad de constancias que integran el presente juicio, se desprende que la quejosa reclamó al Juez de Primera Instancia del Sistema Penal Acusatorio del Distrito Judicial Bravos, con residencia en esta ciudad, lo siguiente: El auto de vinculación a proceso dictado en su contra el veintiuno de octubre de dos mil veintidós, en la causa penal *******, por su probable responsabilidad en la comisión del hecho que la ley señala como delito de DAÑOS IMPRUDENCIALES, previsto y sancionado por los artículos 236, primer párrafo, y 73, en relación con el 18 fracción II, del Código Penal del Estado de Chihuahua. Tercero. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto combatido por el accionante del amparo, pues así lo señaló el Juez de Primera Instancia del Sistema Penal Acusatorio del Distrito Judicial Bravos, con residencia en esta ciudad, al rendir su informe con justificación; remitiendo para tal efecto copia certificada del auto de vinculación a proceso dictado el veintiuno de octubre de dos mil veintidós, en la causa penal *******. Documental que posee valor probatorio pleno conforme a los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, pues fue expedida por un funcionario dotado de fe pública, como lo es el propio Juez responsable, quien actuó en ejercicio de sus funciones, de conformidad con el artículo 83 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Chihuahua. Al respecto, cabe precisar que la información contenida en los discos compactos, también se valora como una prueba documental pública, la cual se tuvo por desahogada desde el momento en que fue remitida por la responsable, sin necesidad de fijar una audiencia especial para su desahogo, y a fin de brindar certeza jurídica a las partes, se ordenó dar vista oportunamente con ella y con el contenido del informe justificado emitido por la Juez responsable. Al respecto, es aplicable la Jurisprudencia 43/2013 (10ª), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la Contradicción de Tesis 455/2012, visible en la página 703, Libro XXIII, Tomo 1, Agosto de 2013, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro señala: VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. Por lo tanto, se tiene por acreditada la existencia del acto atribuido por la quejosa, a la autoridad en cita. Lo previo, encuentra sustento en la jurisprudencia 278, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Quinta Época, tomo VI, materia común, página 231, que dice: INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto. Cuarto. Procedencia. Previo al estudio de los conceptos de violación, procede analizar si se actualiza alguna causal de improcedencia, por ser una cuestión de orden público cuyo análisis procede de oficio y previo al fondo del asunto, conforme se dispone en el artículo 62 de la Ley de Amparo. Las partes legitimadas en este juicio de amparo no alegan la actualización de hipótesis de improcedencia, ni quien suscribe advierte que se actualice alguna, por lo que, se procede al análisis de los conceptos de violación expresados por la quejosa, los cuales no se transcribirán en obvio de innecesarias repeticiones, según lo determinado en la jurisprudencia 58/2010, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 830 del tomo XXXI, correspondiente al mes de mayo de dos mil diez, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia Común, Novena Época, registro 164618, del rubro: CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. Quinto. Determinación que adopta este Juzgado. Los conceptos de violación expresados por la parte quejosa son infundados sin que se advierta deficiencia de la queja que suplir, en términos del artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, y su estudio se realizará en orden diverso al propuesto. Por ello, el análisis de la constitucionalidad del auto de vinculación que por esta vía se reclama, se realizará a la luz del artículo 19 constitucional, del que se deduce que los requisitos que deben reunirse para emitir un auto de vinculación a proceso son la expresión de: El delito que se impute al acusado; El lugar, tiempo y circunstancias de ejecución; y, Los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Solamente mediante el cumplimiento de estos requisitos se podrá justificar la emisión del auto de vinculación a proceso. Por su parte el artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, para el mismo efecto precisa, además de los anteriores requisitos, los siguientes: I. Se haya formulado la imputación; II. Se haya otorgado al imputado la oportunidad para declarar; III. De los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público, se desprendan datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Se entenderá que obran datos que establecen que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito cuando existan indicios razonables que así permitan suponerlo, y IV. Que no se actualice una causa de extinción de la acción penal o excluyente del delito. Cabe precisar que en esta clase de actos también pueden transgredirse derechos distintos a los consagrados en el artículo 19 constitucional, en virtud de que, si bien, dicho precepto contiene los requisitos de forma y fondo que un mandato de tal naturaleza debe contener, ello no significa que para su emisión sólo deba cumplirse con lo previsto en dicho artículo. Ello es así, pues el mencionado acto debe reunir, además de los requisitos citados, todas aquellas exigencias y condiciones contenidas en los principios de seguridad jurídica que consagra la ley suprema de nuestro país, entre otras: a) que en el dictado de dicha resolución se cumplan las formalidades esenciales que regulan el procedimiento; b) que se respeten los principios rectores sobre valoración de pruebas; y, c) que se encuentre debidamente fundada y motivada; derechos que ante la imposibilidad material de encontrarse contenidos en un sólo cardinal, deben ser aplicados armónicamente, a fin de dar certidumbre y protección al gobernado. Apoya lo anterior, por identidad de razón, la tesis aislada XIII.P.A.30 P, que sustentó el Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Tercer Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, tomo XXXIII, de abril de 2001, materia constitucional, página 1228, del tenor siguiente: AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. EN SU DICTADO PUEDEN VIOLARSE DERECHOS PÚBLICOS SUBJETIVOS DISTINTOS A LOS CONSAGRADOS EN EL ARTÍCULO 19 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, REFORMADO MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 18 DE JUNIO DE 2008 (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN EL ESTADO DE OAXACA). El hecho de que el citado precepto constitucional establezca los requisitos de fondo y forma que todo auto de vinculación a proceso puede contener, no significa que para su dictado sólo deba cumplirse con dicho artículo. Ello es así, pues para que la afectación que sufre el gobernado en sus intereses, con motivo de ese acto de autoridad, pueda considerarse como válida, debe reunir, además de los mencionados requisitos, todas aquellas exigencias y condiciones contenidas en las garantías de seguridad jurídica consagradas en la Carta Magna, entre otras, que dicho auto conste por escrito, proceda de una autoridad judicial y se encuentre fundado y motivado; garantías que ante la imposibilidad material de encontrarse contenidas en un solo artículo, deben ser aplicadas armónicamente, a fin de dar certidumbre y protección al particular. En tal virtud se concluye que en el dictado del auto de vinculación a que se refiere el título octavo, Etapas del proceso, capítulo I, Etapa preliminar, sección 8, Vinculación del imputado a proceso, del Código Procesal Penal para el Estado de Oaxaca, pueden violarse derechos públicos subjetivos diversos a los que consagra el aludido precepto constitucional, lo que dependerá de que las autoridades cumplan o no con todas y cada una de las referidas garantías. Dicho lo anterior, en el cometido de tener o no por cumplidos los requisitos que debe contener un auto de vinculación a proceso y que ya fueron señalados con antelación, se establece lo siguiente: I. Formulación de la imputación. En audiencia de dieciocho de octubre de dos mil veintidós, con fundamento en los artículos 309 y 311 del Código Nacional de Procedimientos Penales, estando presente *******, acompañada de su defensor particular, ante el Juez de Control del Distrito Judicial Bravos, la agente Ministerio Público formuló imputación en contra de la quejosa. II. Rendición de la declaración de la imputada o que se encuentre asentado su deseo de negarse a declarar. En la audiencia de ley, celebrada el dieciocho de octubre de dos mil veintidós, la imputada asistida de su defensor particular se reservó el derecho a emitir declaración en relación a los hechos que se le atribuyen. III. 1. Que de los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público, se desprendan datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito. Con relación a este tópico, atendiendo al criterio sustentado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es oportuno destacar que el texto constitucional contiene los lineamientos que marcan la transición de un sistema de justicia penal mixto hacia otro de corte acusatorio, adversarial y oral, como lo revela la sustitución, en los requisitos aludidos, de las expresiones -comprobar- por -establecer- y -cuerpo del delito- por -hecho que la ley señala como delito-, las cuales denotan un cambio de paradigma en la forma de administrar justicia en materia penal, pues acorde con las razones que el propio Poder Constituyente registró en el proceso legislativo, con la segunda expresión ya no se requiere de -pruebas- ni se exige -comprobar- que ocurrió un hecho ilícito, con lo cual se evita que en el plazo constitucional se adelante el juicio, esto es, ya no es permisible que en la etapa preliminar de la investigación se configuren pruebas por el Ministerio Público, por sí y ante sí -como sucede en el sistema mixto-, con lo cual se elimina el procedimiento unilateral de obtención de elementos probatorios y, consecuentemente, se fortalece el juicio, única etapa procesal en la que, con igualdad de condiciones, se realiza la producción probatoria de las partes y se demuestran los hechos objeto del proceso. De ahí que con la segunda expresión la norma constitucional ya no exija que el objeto de prueba recaiga sobre el denominado -cuerpo del delito-, entendido como la acreditación de los elementos objetivos, normativos y/o subjetivos de la descripción típica del delito correspondiente, dado que ese ejercicio, identificado como juicio de tipicidad, sólo es exigible para el dictado de una sentencia, pues es en esa etapa donde el juez decide si el delito quedó o no acreditado. En ese sentido, para dictar un auto de vinculación a proceso y establecer que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito, basta con que el juez encuadre la conducta a la norma penal, que permita identificar, independientemente de la metodología que adopte, el tipo penal aplicable. Este nivel de exigencia es acorde con los efectos que genera dicha resolución, los cuales se traducen en la continuación de la investigación en su fase judicializada, es decir, a partir de la cual interviene el juez para controlar las actuaciones que pudieran derivar en la afectación de un derecho fundamental. Además, a diferencia del sistema tradicional, su emisión no condiciona la clasificación jurídica del delito, porque este elemento será determinado en el escrito de acusación, a partir de toda la información que derive de la investigación, no sólo de la fase inicial, sino también de la complementaria, ni equivale a un adelanto del juicio, porque los antecedentes de investigación y elementos de convicción que sirvieron para fundarlo, por regla general, no deben considerarse para el dictado de la sentencia, salvo las excepciones establecidas en la ley. Corrobora lo antes expuesto, la jurisprudencia 1a./J. 35/2017 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación, Libro 45, Agosto de 2017, Tomo I, página: 36, cuyo rubro es el siguiente: AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. PARA SATISFACER EL REQUISITO RELATIVO A QUE LA LEY SEÑALE EL HECHO IMPUTADO COMO DELITO, BASTA CON QUE EL JUEZ ENCUADRE LA CONDUCTA A LA NORMA PENAL, DE MANERA QUE PERMITA IDENTIFICAR LAS RAZONES QUE LO LLEVAN A DETERMINAR EL TIPO PENAL APLICABLE (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL). Precisado lo anterior, este tribunal de amparo analizará si el Juez de Primera Instancia del Sistema Penal Acusatorio del Distrito Judicial Bravos, encuadró la conducta a lo previsto por los artículos 236, primer párrafo y 73, en relación con el 18 fracción II, del Código Penal del Estado de Chihuahua, los cuales establecen lo siguiente: Artículo 236. A quien destruya o deteriore una cosa ajena o una propia en perjuicio de otro, se le impondrán las siguientes penas: . Artículo 73. Punibilidad del delito imprudencial En los casos de delitos imprudenciales, se impondrán de seis meses a cinco años de prisión; multa hasta de ochenta veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización y suspensión de seis meses hasta diez años del derecho relacionado con la conducta punible, con excepción de aquellos para los que la ley señale una pena específica. Artículo 18. Dolo e imprudencia Las acciones u omisiones delictivas pueden ser: . II. Imprudenciales. Obra imprudencialmente el que produce el resultado típico, que no previó siendo previsible, o previó confiando en que no se produciría, o cuando se produce por impericia, en virtud de la violación de un deber de cuidado que objetivamente era necesario observar. En la especie, el juez responsable consideró que existían hechos constitutivos del delito de daños imprudenciales, previsto y sancionado por el artículo 236, primer párrafo, en relación con el 18 fracción II, del Código Penal del Estado de Chihuahua, toda vez que tuvo por acreditado que a las dieciséis horas con treinta minutos del trece de septiembre de dos mil diecinueve, en la confluencia de las calles *******, el sujeto activo dañó un vehículo marca *******, *******, modelo *******, con número de serie en terminación *******, propiedad de *******, en virtud de la violación de un deber de cuidado que objetivamente era necesario observar, consistente en la preferencia de paso, toda vez que al ir circulando en sentido de norte a sur, sobre la calle ******* (vía secundaria), y llegar a la calle ******* (vía principal), intentó incorporarse a la calle *******, impactando con la parte frontal derecha del vehículo que circulaba de oriente a poniente, Marca *******, *******, color *******, modelo *******, con número de serie en terminación *******, la parte frontal izquierda el vehículo del sujeto pasivo. Tal conclusión se estima apegada a derecho, porque desde el estándar que amerita el examen del auto de vinculación a proceso, se colige que el Juez de Control estableció acertadamente que los datos de investigación que se pusieron bajo su conocimiento permitían establecer que sí existían hechos que el Código Penal del Estado de Chihuahua, considera como delito de DAÑOS IMPRUDENCIALES, previsto y sancionado por los artículos 236 primer párrafo y 73, en relación con el 18 fracción II, del Código Penal del Estado de Chihuahua, en perjuicio de *******, porque en el tamiz constitucional que debe practicarse en esa etapa del proceso penal, este Juzgado de Distrito comparte la determinación a la que arribó la responsable, debido a que existen datos que permiten vislumbrar la existencia de hechos constitutivos del delito precisado. En esta tesitura, en cuanto a la configuración de los hechos constitutivos del delito atribuido a la quejosa, esta Juzgadora no advierte lesión a los derechos de la imputada; por lo cual debe permanecer firme lo considerado por el Juez de Primera Instancia del Sistema Penal Acusatorio del Distrito Judicial Bravos, en ese aspecto. III.2. Que de los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público, se desprendan datos de prueba que establezcan la probabilidad de que la imputada lo cometió o participó en su comisión. Con relación a este elemento, es decir, a la probabilidad de que la imputada participó en la comisión de los hechos que la ley reputa como delito, es necesario partir de que en el sistema de justicia penal vigente, uno de los requisitos para el dictado del auto de vinculación a proceso es que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión; por tanto, esta determinación debe dictarse únicamente a partir de los datos de investigación que refirió el Ministerio Público en la audiencia de vinculación a proceso y las pruebas que se desahogaron en ella -salvo los supuestos de excepción en donde esos datos se formalizan-; por ende, basta que existan indicios de que la ahora quejosa haya intervenido en los hechos que la ley prevé como delito, para que sea legal la determinación de vincularlo a proceso. En el caso, el Juez responsable consideró que se encontraba acreditada la probable participación de la imputada en la comisión del hecho que se identificó en líneas previas, estimando lo siguiente: Estos mismos medios de convicción justipreciados al tener de esa metodología también son aptos, suficientes y pertinentes para poder establecer la probabilidad de que *******, lo cometió. Se arriba a esta conclusión en virtud de que el acta de aviso de hechos probablemente delictuosos al cargo de *******, tiene valor determinante para este Juzgador, puesto que fue realizado por un agente de Vialidad en cumplimiento y en ejercicio de las funciones que le son inherentes en términos del artículo 132 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en relación con el artículo 1, 2, 3, 4 y 5 del Reglamento de Vialidad y siguientes, donde se establecen las obligaciones de los agentes de Vialidad adscritos a este Municipio de tomar la debida nota y hacerse cargo de los incidentes viales que pueden ser constitutivos de un hecho delictivo y así también lo impone el articulo 132 en relación con el articulo 21 y 16 Constitucionales, pues con tal carácter tienen la obligación de evitar que los incidentes viales lleguen a ulteriores consecuencias, y detener flagrancia aquellas personas que están inmiscuidos bajo los supuestos constitucionales y legales para tal efecto. Y nos es útil para poder establecer que el día trece de septiembre del año dos mil diecinueve, se hicieron cargo de un incidente vial que ellos califican como choque, que había sucedido aproximadamente a las dieciséis treinta horas, y ellos arriban hasta la confluencia de las rúas denominadas calle *******, donde ahí se imponen de dos automotores y dicen los agentes de vialidad que están inmiscuidos el primero de ellos es un *******, la cual circulaba por la calle ******* en un sentido de norte a sur y al llegar al cruce con la calle *******, omite un deber de cuidado, pues corta la preferencia de paso vehicular, impactando con la parte lateral frontal derecha con la parte J frontal izquierda del vehículo marca *******, propiedad de *******, y que, la conductora del primero de los automotores era *******, y el conductor del segundo automotor era *******. Que además se le causaron daños a dichos automotores y que según su juicio es atribuible la imprudencia a la conductora *******, pues cortó la preferencia de paso, omitiendo el deber de cuidado defensivo, pues cortó la preferencia de paso del automotor línea *******, modelo *******, en términos de lo que dispone el artículo 116, 117 y 120 del Reglamento de Vialidad y Tránsito municipal, por lo cual elaboraron el croquis primario donde gráficamente plasman lo que narran en su acta de aviso de hechos para ilustrar debidamente la mecánica el supuesto fáctico. Además se cuenta con el parte de accidente realizado por el perito en materia de Tránsito Terrestre, *******, quien se impone de la información llevada a cabo por *******, y toma como base también el croquis primario y de acuerdo con la metodología que ella utiliza con su experticia en materia de vialidad concluye al igual que la agente de vialidad que el vehículo número uno, que circulaba por la calle ******* en un sentido de norte a sur y llega a la calle ******* e impacta al ******* quien circulaba en un sentido de oriente a poniente, por el primer carril, cortándole también la preferencia de paso e impactándolo de manera frontal conduciendo con falta de precaución, pues omite el deber de cuidado que legalmente le era exigible, pues así lo prevén los artículos 116,117 y 120 del Reglamento de Vialidad. También se cuenta con la pericial en materia de tránsito terrestre a cargo de *******, quien también concluye en los mismos términos que la Agente del Vialidad y el diverso perito. Por lo cual me remito a las mismas consideraciones a que hizo mención y estas dos periciales se realizaron cumplimento con los parámetros de los artículos 271 y 272 ya que son expertos en la disciplina de tránsito terrestre, utilizaron la metodología adecuada y además llevaron a cabo el soporte de la información de acuerdo con el informe de vialidad tanto en el parte correspondiente como en el croquis primario, de ahí que sus conclusiones sean también determinantes en auxilio de este Juzgador para poder establecer la mecánica en que acaeció el supuesto factico que dio origen a la formulación de la imputación; esto se encuentra adminiculado con la formal querella que se convierte en el requisito de procedibilidad, en términos de lo que dispone el artículo 98 del Código Penal vigente en el estado, pues *******, acredita la propiedad del automotor *******, con la factura ******* expedida por *******, así como con la tarjeta de circulación y esta documentales son idóneas para poder establecer dicha propiedad, pues una corresponde a una documental privada y la segunda una documental pública expedida por la oficina rentística en esta ciudad, en términos de lo que dispone el artículo 380 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Y el señor ******* hace saber no nada más que es propietario de dicho automotor línea ******* sino también que el día de los hechos circulaba con preferencia de paso por la calle ******* y que repentinamente sale el automotor que venía por la calle ******* y lo impacta causándole daños severos a su automotor; y que este automotor era conducido por *******. Y para darle correspondencia a la aseveración de los daños causados, se cuenta con la pericial en materia de fotografía forense, donde el perito *******, ilustra los daños de dicho automotor con ocho fotografías y el perito en materia de avalúos el *******, considera que los daños que se le causaron a dicho automotor conducido por el sujeto pasivo el día de los hechos, ascienden a la cantidad de $******* pesos, pues de acuerdo a la naturaleza y magnitud de los daños, estos son tan severos que es indispensable la reposición del automóvil, pues sale más caro repararlo que sustituirlo por otro y ambas periciales también cumplieron con las exigencias de las normas que rigen este tipo de avalúos, en términos del artículo 271 y 272 pues uno es perito en materia de fotografía forense y el otro en la disciplina de avalúos y utilizaron la metodología adecuada, además ilustraron sus conclusiones con las fotografías correspondientes, por lo cual también es susceptible de adminicularse con el caudal de los medios de convicción ya hechos saber y justo y preciados. (sic) De ahí que la queja formal de *******, sea también creíble, veras y digna de confianza, no se advierte que este contando mentiras, las circunstancias de modo, tiempo y lugar que él manifiesta a través de su queja formal ante el Ministerio Público, deviene de que estuvo presente en el lugar de los hechos aprecio sensorialmente los mismos y sufrió la cometida del hecho delictivo; y además es el propietario de dicho automotor y no se advierte mendacidad ni tampoco que la versión del señor *******, este aislada o sea singular, pues está respaldada por el caudal de los demás medios de convicción que ya se ha hecho que sea justo y preciado debidamente. De ahí pues que si adminiculamos en conjunto todos y cada uno de estos medios de convicción, llegamos al razonamiento valido y legal de que el día trece de septiembre del año dos mil diecinueve aproximadamente a las 16:30 horas, *******, conducía un vehículo de la marca *******, circulando a través de la rúa ******* en un sentido de norte a sur y al llegar al cruce con la calle ******* cortó la preferencia de paso vehicular, impactando con la parte frontal derecha con la parte frontal izquierda del vehículo de la marca ******* propiedad de *******, causándole severos daños a este último automotor, hasta por una cantidad de $******* pesos y de ello se concluye en términos de lo que dispone el artículo 18 fracción II, que el sujeto activo actuó de manera imprudencial, pues omitió su manejo defensivo al cortar la preferencia de paso vehicular ya que circulaba por una vía secundaria, al tratar de incorporarse a la principal rebasa zona de seguridad delimitada e imaginaria e impacta al vehículo del sujeto pasivo. Además, la imprudencia se concibe en términos de lo que dispone el artículo 18 en su fracción II, del Código Penal y el legislador establece que obre imprudencialmente quien produce el resultado típico, que no previó siendo previsible o previo confiando en que no se produciría o esto según la hipótesis cuando se produce por imprudencia en virtud de la violación e un deber de cuidado que objetivamente era necesario observar. Y al respecto este Juzgador considera que el sujeto activo obró imprudencialmente pues llevo a cabo la conducción de su vehículo ******* de manera imprudente o con falta de pericia, pues no respetó ni se ajustó a lo dispuesto en los artículos 116, 117 y 120 del Reglamento de Tránsito y Vialidad para esta ciudad que impone a los conductores la obligación de dar preferencia de paso y no cortar la circulación cuando uno circula por una rúa secundaria y que llega a un cruce con una rúa principal, independientemente de cualquier señalamiento grafico o no; estos dispositivos establecen que siendo una rúa secundaria tiene la obligación de hacer alto y respetar la preferencia de paso que tiene la rúa principal; y de acuerdo al conocimiento factico que tiene este Juzgador, pues la calle ******* es una rúa principal y las arterias son rúas secundarias; al menos hasta este momento. De ahí que el sujeto activo violó este deber de cuidado previsto en la norma reglamentaria ya manifestada, al llevar a cabo una conducta que trajo como consecuencia daños en la propiedad del sujeto pasivo. Y además esa conducta era objetivamente previsible y razonablemente evitable, si el sujeto activo se acoge a guiar guiar su automotor con la debida pericia; cumpliendo y acatando las normas que regulan la conducción de vehículos, ya mencionados, por lo tanto, eso trae como consecuencia la acción imprudencial mencionada. Para tal efecto me hago cargo de la teoría del caso del señor defensor quien sustenta que este Juzgador no puede entrar al análisis de esta formulación de imputación, porque se alteraron los hechos, a ese respecto este Juzgador con todo respeto disiente del señor defensor, puesto que no hay alteración de los hechos y la circunstancia de que en la formulación de la imputación en el parte se haga mención a un vehículo ******* y en la formulación de la imputación se haga mención a un vehículo *******, y en los demás medios de convicción se menciona el *******, no incide dentro del aspecto central, esencial y neurálgico de la formulación de la imputación, ya que como atinadamente dijo la señorita Agente del Ministerio Público no se varió la serie, no se variaron las placas no se varió el modelo, ni la marca, tan solo que uno era ******* y otro ******* esos son errores al menos para este Juzgador, periféricos, que no dañan la entraña de la formulación de la imputación, y como bien dice el señor defensor, el articulo 316 en su párrafo Cuarto establece la obligación de emitir en su caso el auto de vinculación a proceso tan solo por aquellos hechos motivo de la formulación de imputación pero en esto no se cambiaron los hechos, los hechos son concebidos como las circunstancias de modo, tiempo y lugar y el sujeto activo y el sujeto pasivo, así como los medios comisivos y la evidencia que se hace mención en la formulación de la imputación y en este caso la identificación del automotor corresponde a un *******, independientemente de que se haya mencionado en un error por parte de *******, que era *******, cuando los peritos establecen que es un *******, y la tarjeta de circulación corresponde a un *******, la factura corresponde a un *******, entonces no tiene trascendencia al menos para este Juzgador en el sentido de que se hayan alterado o variado la substancia de los hechos, por eso no hay impedimento legal ni factico para que este Juzgador se pronuncie al respecto. La acción desplegada por parte del sujeto activo violento el bien jurídico o daño el bien jurídicamente tutelado que es el patrimonio de las personas y además actuó de manera imprudencial, pues como dijimos actuó con falta de pericia, pues no acató un deber de cuidado impuesto por parte del reglamento de tránsito de darle preferencia de paso a un automotor que circulaba por una vía principal y el sujeto activo en una vía secundaria ajustándose a lo que dispone el artículo 18 fracción II con un desarrollo de consumación instantánea con una forma de intervención de autoría material o directa pues realizó la acción en términos de lo que dispone también el artículo 18 fracción II y 17 fracción I y 21 fracción I, del Código Penal vigente en el estado. *******, también actuó de manera antijurídica al menos en términos materiales, pues siendo una persona mayor de edad tenía el conocimiento de la potencialidad de sus actos y omitió el deber de cuidado que legalmente le era exigible y condujo con falta de pericia al conducir su automotor y causarle daños al automotor del sujeto pasivo, y por estas conductas es de pensar ordinario de que son penadas por la ley, y debió reflexionar en ese sentido. Ahora bien la probabilidad de que *******, cometió el hecho que la ley señala como delito de DAÑOS IMPRUDENCIALES, previstos en el artículo 18 fracción II en relación con el articulo 236 primer párrafo y punibilizado por el artículo 73 del Código Penal vigente en el estado, cometido en contra de ******* deriva de la imputación precisamente de *******, quien dice que la persona que conducía el automotor que le causó daños al suyo, p era (sic) *******, así lo señalan los agentes de tránsito, la agente de vialidad *******, se impone de este evento y además afirma que efectivamente ******* era la que conducía dicho automotor, así se establecido el en croquis primario la pericial en materia de tránsito terrestre a cargo de *******, en la pericial en materia de fotografía forense, así como la pericial en materia de avalúos y en la pericial en materia de tránsito terrestre a cargo del *******, así con el parte de accidente a cargo *******, y adminiculados esta imputación personal, directa y sin lugar a reticencias que le hace *******, y la versión de ******* y los demás medios de convicción, nos lleva a establecer con alto grado de probabilidad que *******, cometió el hecho que la ley señala como delito de DAÑOS IMPRUDENCIALES, ya mencionados y al haber verificado que no exista una causa de extinción de la acción penal ni una que excluya el delito, da mérito para resolver le siguiente; . Por tanto, este Juzgado Federal comulga con la autoridad responsable, en el sentido de que los datos de prueba que narró el agente del Ministerio Público y que se tomaron en cuenta para la emisión del acto reclamado, permiten establecer que existe la probabilidad de que *******, cometió el hecho configurativo del delito de daños imprudenciales, y atento a los datos de prueba aportados con base en los cuales se determinó que la imputada fue la persona que el día trece de septiembre de dos mil diecinueve, a las dieciséis horas con treinta minutos en la confluencia de las calles *******, dañó un vehículo marca *******, línea *******, modelo *******, con número de serie *******, propiedad de *******, en virtud de la violación de un deber de cuidado que objetivamente era necesario observar; lo cual evidencia su participación en el hecho delictivo, al menos hasta la etapa procesal que nos ocupa. Además, el juez responsable consideró que sí existen datos de prueba suficientes, idóneos y pertinentes para tener por establecido que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito, en el particular el delito de daños imprudenciales, con base en el acta de aviso de hechos elaborada por *******; parte de accidente realizado por *******, perito en materia de tránsito terrestre; pericial en materia de tránsito terrestre a cargo del *******; pericial en materia de fotografía forense, a cargo de *******; pericial en materia de avalúos a cargo del *******; y la querella de *******, realizada ante el Ministerio Público. Datos de prueba de los que debidamente el juez responsable, consideró que revelaban que se cometió un hecho que la ley señala como daños imprudenciales, y que existía la probabilidad de que la imputada participó en su comisión. Asimismo, el Juez de origen atendiendo a lo argumentado por la defensa, en relación a que en la formulación de imputación se mencionó que el vehículo que conducía la activa era un ******* y no un *******, el juez responsable, acertadamente precisó que no había alteración de los hechos y que la circunstancia de que en la formulación de la imputación, se hiciera mención a un vehículo ******* y en la formulación de la imputación se hiciera mención a un vehículo *******, y en los demás medios de convicción se mencionara el *******, no incidía dentro del aspecto central, esencial y neurálgico de la formulación de la imputación; dado que la Agente del Ministerio Público no varió la serie, placas, modelo y marca; que ese error al menos para ese Juzgador, era periférico, y no dañaba la entraña de la formulación de la imputación. También, el juez de origen adicionó que dicha imprecisión no cambiaba los hechos concebidos como las circunstancias de modo, tiempo, lugar, y sujeto activo y pasivo, así como los medios comisivos y la evidencia que se hizo mención en la formulación de la imputación; y que en ese caso, como la identificación del automotor correspondía a un *******, independientemente de que se haya mencionado por error que era un *******, si los peritos establecieron que era un *******, y la tarjeta de circulación y la factura corresponde a un *******; no tenía trascendencia al menos para ese Juzgador; y que por esa razón, no había impedimento legal, ni factico, para que ese Juzgador se pronunciara al respecto. Por otra parte, la quejosa al esgrimir sus conceptos de violación refiere que el juez responsable al interpretar el artículo 314 del Código Nacional de Procedimientos Penales, y negarle el desahogo de los medios de prueba ofrecidos en la audiencia inicial dentro del plazo constitucional, vulneró en su perjuicio el contenido de los artículos 14, 19 y 20 Constitucionales. Sentado lo anterior, debe tenerse presente el artículo 14, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que se transcribe enseguida: Artículo 14. (.) Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho. El citado dispositivo constitucional prevé que se podrá imponer un acto privativo de derechos, sólo a través de un juicio en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento, lo que se conoce como derecho fundamental al debido proceso y se compone precisamente de esas formalidades, cuyo primer núcleo (o núcleo duro), se compone de: La notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias. La oportunidad de ofrecer y desahogar pruebas. La oportunidad de alegar. El dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas. Ese primer núcleo, se complementa además con las garantías mínimas del debido proceso -llamadas -garantías judiciales- en el artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos-, las cuales deben otorgarse a toda persona cuya esfera jurídica pretenda modificarse mediante la actividad punitiva del Estado, destacando, entre ellas, el derecho a la defensa adecuada, libremente escogida, consagrado en el artículo 20, apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; tal numeral, es del siguiente contenido: Artículo 20. El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. (.) B. De los derechos de toda persona imputada: I. A que se presuma su inocencia mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por el juez de la causa; II. A declarar o a guardar silencio. Desde el momento de su detención se le harán saber los motivos de la misma y su derecho a guardar silencio, el cual no podrá ser utilizado en su perjuicio. Queda prohibida y será sancionada por la ley penal, toda incomunicación, intimidación o tortura. La confesión rendida sin la asistencia del defensor carecerá de todo valor probatorio; III. A que se le informe, tanto en el momento de su detención como en su comparecencia ante el Ministerio Público o el juez, los hechos que se le imputan y los derechos que le asisten. Tratándose de delincuencia organizada, la autoridad judicial podrá autorizar que se mantenga en reserva el nombre y datos del acusador. La ley establecerá beneficios a favor del inculpado, procesado o sentenciado que preste ayuda eficaz para la investigación y persecución de delitos en materia de delincuencia organizada; IV. Se le recibirán los testigos y demás pruebas pertinentes que ofrezca, concediéndosele el tiempo que la ley estime necesario al efecto y auxiliándosele para obtener la comparecencia de las personas cuyo testimonio solicite, en los términos que señale la ley; V. Será juzgado en audiencia pública por un juez o tribunal. La publicidad sólo podrá restringirse en los casos de excepción que determine la ley, por razones de seguridad nacional, seguridad pública, protección de las víctimas, testigos y menores, cuando se ponga en riesgo la revelación de datos legalmente protegidos, o cuando el tribunal estime que existen razones fundadas para justificarlo. En delincuencia organizada, las actuaciones realizadas en la fase de investigación podrán tener valor probatorio, cuando no puedan ser reproducidas en juicio o exista riesgo para testigos o víctimas. Lo anterior sin perjuicio del derecho del inculpado de objetarlas o impugnarlas y aportar pruebas en contra; VI. Le serán facilitados todos los datos que solicite para su defensa y que consten en el proceso. El imputado y su defensor tendrán acceso a los registros de la investigación cuando el primero se encuentre detenido y cuando pretenda recibírsele declaración o entrevistarlo. Asimismo, antes de su primera comparecencia ante juez podrán consultar dichos registros, con la oportunidad debida para preparar la defensa. A partir de este momento no podrán mantenerse en reserva las actuaciones de la investigación, salvo los casos excepcionales expresamente señalados en la ley cuando ello sea imprescindible para salvaguardar el éxito de la investigación y siempre que sean oportunamente revelados para no afectar el derecho de defensa; VII. Será juzgado antes de cuatro meses si se tratare de delitos cuya pena máxima no exceda de dos años de prisión, y antes de un año si la pena excediere de ese tiempo, salvo que solicite mayor plazo para su defensa; VIII. Tendrá derecho a una defensa adecuada por abogado, al cual elegirá libremente incluso desde el momento de su detención. Si no quiere o no puede nombrar un abogado, después de haber sido requerido para hacerlo, el juez le designará un defensor público. También tendrá derecho a que su defensor comparezca en todos los actos del proceso y éste tendrá obligación de hacerlo cuantas veces se le requiera, y IX. En ningún caso podrá prolongarse la prisión o detención, por falta de pago de honorarios de defensores o por cualquiera otra prestación de dinero, por causa de responsabilidad civil o algún otro motivo análogo. La prisión preventiva no podrá exceder del tiempo que como máximo de pena fije la ley al delito que motivare el proceso y en ningún caso será superior a dos años, salvo que su prolongación se deba al ejercicio del derecho de defensa del imputado. Si cumplido este término no se ha pronunciado sentencia, el imputado será puesto en libertad de inmediato mientras se sigue el proceso, sin que ello obste para imponer otras medidas cautelares. En toda pena de prisión que imponga una sentencia, se computará el tiempo de la detención. Ese derecho fundamental (adecuada defensa), tutelado dentro del sistema de justicia penal acusatorio, en lo que aquí interesa, consiste en el derecho de toda persona imputada a que se le reciban los testigos y demás pruebas pertinentes que ofrezca, concediéndosele el tiempo que la ley estime necesario al efecto y auxiliándosele para obtener la comparecencia de las personas cuyo testimonio solicite, en los términos que señale la ley. Al respecto, es oportuno invocar que en el amparo en revisión 1070/2019 la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, precisamente al realizar un análisis del artículo 314 del Código Nacional de Procedimientos Penales, destacó que con la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de junio de dos mil ocho, el texto del artículo 19 de la Constitución Federal tuvo que adecuarse a la implementación del sistema de justicia penal acusatorio y oral, estableciendo el auto de vinculación a proceso, bajo el siguiente contenido: -Artículo 19. Ninguna detención ante autoridad judicial podrá exceder del plazo de setenta y dos horas, a partir de que el indiciado sea puesto a su disposición, sin que se justifique con un auto de vinculación a proceso en el que se expresará: el delito que se impute al acusado; el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución, así como los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. El Ministerio Público sólo podrá solicitar al juez la prisión preventiva cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad, así como cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso. El juez ordenará la prisión preventiva, oficiosamente, en los casos de delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestro, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, así como delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad y de la salud. La ley determinará los casos en los cuales el juez podrá revocar la libertad de los individuos vinculados a proceso. El plazo para dictar el auto de vinculación a proceso podrá prorrogarse únicamente a petición del indiciado, en la forma que señale la ley. La prolongación de la detención en su perjuicio será sancionada por la ley penal. La autoridad responsable del establecimiento en el que se encuentre internado el indiciado, que dentro del plazo antes señalado no reciba copia autorizada del auto de vinculación a proceso y del que decrete la prisión preventiva, o de la solicitud de prórroga del plazo constitucional, deberá llamar la atención del juez sobre dicho particular en el acto mismo de concluir el plazo y, si no recibe la constancia mencionada dentro de las tres horas siguientes, pondrá al indiciado en libertad. Todo proceso se seguirá forzosamente por el hecho o hechos delictivos señalados en el auto de vinculación a proceso. Si en la secuela de un proceso apareciere que se ha cometido un delito distinto del que se persigue, deberá ser objeto de investigación separada, sin perjuicio de que después pueda decretarse la acumulación, si fuere conducente. Si con posterioridad a la emisión del auto de vinculación a proceso por delincuencia organizada el inculpado evade la acción de la justicia o es puesto a disposición de otro juez que lo reclame en el extranjero, se suspenderá el proceso junto con los plazos para la prescripción de la acción penal. Todo mal tratamiento en la aprehensión o en las prisiones, toda molestia que se infiera sin motivo legal, toda gabela o contribución, en las cárceles, son abusos que serán corregidos por las leyes y reprimidos por las autoridades-. En congruencia con la reserva de ley que se hizo en el párrafo cuarto, de dicho numeral, en los artículos 313, 314, 315, 316, 317, 318 y 319 del Código Nacional de Procedimientos Penales, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el cinco de marzo de dos mil catorce, se estableció: -Artículo 313. Oportunidad para resolver la solicitud de vinculación a proceso Después de que el imputado haya emitido su declaración, o manifestado su deseo de no hacerlo, el agente del Ministerio Público solicitará al Juez de control la oportunidad para discutir medidas cautelares, en su caso, y posteriormente solicitar la vinculación a proceso. Antes de escuchar al agente del Ministerio Público, el Juez de control se dirigirá al imputado y le explicará los momentos en los cuales puede resolverse la solicitud que desea plantear el Ministerio Público. El Juez de control cuestionará al imputado si desea que se resuelva sobre su vinculación a proceso en esa audiencia dentro del plazo de setenta y dos horas o si solicita la ampliación de dicho plazo. En caso de que el imputado no se acoja al plazo constitucional ni solicite la duplicidad del mismo, el Ministerio Público deberá solicitar y motivar la vinculación del imputado a proceso, exponiendo en la misma audiencia los datos de prueba con los que considera que se establece un hecho que la ley señale como delito y la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. El Juez de control otorgará la oportunidad a la defensa para que conteste la solicitud y si considera necesario permitirá la réplica y contrarréplica. Hecho lo anterior, resolverá la situación jurídica del imputado. Si el imputado manifestó su deseo de que se resuelva sobre su vinculación a proceso dentro del plazo de setenta y dos horas o solicita la ampliación de dicho plazo, el Juez deberá señalar fecha para la celebración de la audiencia de vinculación a proceso dentro de dicho plazo o su prórroga. La audiencia de vinculación a proceso deberá celebrarse, según sea el caso, dentro de las setenta y dos o ciento cuarenta y cuatro horas siguientes a que el imputado detenido fue puesto a su disposición o que el imputado compareció a la audiencia de formulación de la imputación. Si el imputado requiere del auxilio judicial para citar testigos o peritos a la audiencia de vinculación a proceso, deberá solicitar dicho auxilio al menos con cuarenta y ocho horas de anticipación a la hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia. En caso contrario, deberá presentar sus medios de prueba a la audiencia de vinculación a proceso. El Juez de control deberá informar a la autoridad responsable del establecimiento en el que se encuentre internado el imputado si al resolverse su situación jurídica además se le impuso como medida cautelar la prisión preventiva o si se solicita la duplicidad del plazo constitucional. Si transcurrido el plazo constitucional el Juez de control no informa a la autoridad responsable, ésta deberá llamar su atención sobre dicho particular en el acto mismo de concluir el plazo y, si no recibe la constancia mencionada dentro de las tres horas siguientes, deberá poner al imputado en libertad. Artículo 314. Incorporación de medios de prueba en el plazo constitucional o su ampliación El imputado o su Defensor podrán, en el plazo constitucional o su ampliación, solicitar el desahogo de medios de prueba que consideren necesarios ante el Juez de control. Artículo 315. Continuación de la audiencia inicial La continuación de la audiencia inicial comenzará, en su caso, con el desahogo de los medios de prueba que el imputado hubiese ofrecido o presentado en la misma. Para tal efecto, se seguirán en lo conducente las reglas previstas para el desahogo de pruebas en la audiencia de debate de juicio oral. Desahogada la prueba, si la hubo, se le concederá la palabra en primer término al Ministerio Público y luego al imputado. Agotado el debate, el Juez resolverá sobre la vinculación o no del imputado a proceso. En casos de extrema complejidad, el Juez de control podrá decretar un receso que no podrá exceder de dos horas, antes de resolver sobre la situación jurídica del imputado. Artículo 316. Requisitos para dictar el auto de vinculación a proceso El Juez de control, a petición del agente del Ministerio Público, dictará el auto de vinculación del imputado a proceso, siempre que: I. Se haya formulado la imputación; II. Se haya otorgado al imputado la oportunidad para declarar; III. De los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público, se desprendan datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Se entenderá que obran datos que establecen que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito cuando existan indicios razonables que así permitan suponerlo, y IV. Que no se actualice una causa de extinción de la acción penal o excluyente del delito. El auto de vinculación a proceso deberá dictarse por el hecho o hechos que fueron motivo de la imputación, el Juez de control podrá otorgarles una clasificación jurídica distinta a la asignada por el Ministerio Público misma que deberá hacerse saber al imputado para los efectos de su defensa. El proceso se seguirá forzosamente por el hecho o hechos delictivos señalados en el auto de vinculación a proceso. Si en la secuela de un proceso apareciere que se ha cometido un hecho delictivo distinto del que se persigue, deberá ser objeto de investigación separada, sin perjuicio de que después pueda decretarse la acumulación si fuere conducente. Artículo 317. Contenido del auto de vinculación a proceso El auto de vinculación a proceso deberá contener: I. Los datos personales del imputado; II. Los fundamentos y motivos por los cuales se estiman satisfechos los requisitos mencionados en el artículo anterior, y III. El lugar, tiempo y circunstancias de ejecución del hecho que se imputa. Artículo 318. Efectos del auto de vinculación a proceso El auto de vinculación a proceso establecerá el hecho o los hechos delictivos sobre los que se continuará el proceso o se determinarán las formas anticipadas de terminación del proceso, la apertura a juicio o el sobreseimiento. Artículo 319. Auto de no vinculación a proceso En caso de que no se reúna alguno de los requisitos previstos en este Código, el Juez de control dictará un auto de no vinculación del imputado a proceso y, en su caso, ordenará la libertad inmediata del imputado, para lo cual revocará las providencias precautorias y las medidas cautelares anticipadas que se hubiesen decretado. El auto de no vinculación a proceso no impide que el Ministerio Público continúe con la investigación y posteriormente formule nueva imputación, salvo que en el mismo se decrete el sobreseimiento-. Con relación a la figura del auto de vinculación a proceso, cabe destacar que en la exposición de motivos que presentó la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, de treinta de abril de dos mil trece, y que dio origen a los numerales de referencia, en lo conducente, se precisó: -.Después de haber otorgado al imputado la oportunidad para declarar, el juez de control permitirá que el Ministerio Público solicite la vinculación a proceso. La resolución de plazo constitucional se debe emitir en la misma audiencia inicial, cuando el imputado renuncia al plazo de 72 horas, computadas a partir de que se encuentra a disposición del juez; en caso contrario, se deberá resolver la situación jurídica conforme al referido plazo o la prórroga solicitada por el imputado, con lo que, dicha prórroga podrá ser de hasta el duplo de aquéllas, pudiendo ser menor en tiempo, según lo solicite el imputado. El imputado o su defensor, podrán solicitar la práctica de medios de prueba dentro del plazo constitucional que se hubiere prorrogado y éstos deberán de ser desahogados en presencia judicial. Al formular la solicitud de vinculación a proceso, el Ministerio Público deberá proporcionar datos que establezcan un hecho que la ley señala como delito, y que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Al debatir, el imputado y su defensor podrán incorporar información contenida en datos de prueba de la investigación realizada por el Ministerio Público; o bien, de los medios de prueba que ofreció la defensa y que fueron desahogados en audiencia. El nuevo estándar que se exige para vincular a proceso es un concepto procesal y no de la teoría del delito. La determinación sobre la existencia de datos, no se desprende de la discusión dogmática sobre la existencia del delito, la cual tendrá lugar en la etapa de juicio, sino de la presentación de indicios que permitan razonablemente suponer la existencia del hecho y la probable participación del imputado en él. Se trata de una resolución sustentada en la probabilidad, no de decidir en definitiva sobre la responsabilidad penal del imputado que era lo que en la práctica ocurría en el procedimiento mixto, preponderantemente inquisitivo, en demérito de los derechos del imputado y de las condiciones para una persecución penal eficaz. Si bien es cierto, la vinculación a proceso es un auto dictado en el plazo constitucional, su naturaleza procesal no corresponde a la del auto de formal prisión que existió en el procedimiento anterior. Concluido el debate sobre la vinculación a proceso, el juez determinará la decisión que corresponda. Si dicta auto de vinculación a proceso, se abrirá debate sobre la necesidad de aplicar alguna medida cautelar, en aquellos casos en los que no proceda oficiosamente la prisión preventiva; sin embargo, si el juez determina no vincular a proceso, dispondrá la libertad inmediata del imputado en caso de que se encuentre detenido. El auto de no vinculación a proceso no impide que el Ministerio Público continúe con la investigación, y si encuentra elementos posteriores que lo justifiquen, formule otra imputación y una nueva solicitud de vinculación a proceso. Dictado el auto de vinculación a proceso, el juez de control abrirá debate sobre el plazo para el cierre de la investigación. Esta decisión se tomará sobre la base de los argumentos que viertan las partes en torno a las necesidades probatorias, así como a la complejidad del caso y siempre que no se rebasen los límites señalados para la duración de la investigación complementaria. Después de haber determinado el plazo judicial para el cierre de la investigación, los intervinientes podrán realizar nuevas solicitudes y una vez que el juez las ha atendido, cerrará la audiencia. Después de lo anterior, dará inicio la investigación complementaria.- Luego, en Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, el diecisiete de junio de dos mil dieciséis, se reformaron los artículos 314 y 315 del Código Nacional de Procedimientos Penales. En la exposición de motivos que presentó la Cámara de Senadores, de veinticinco de noviembre de dos mil catorce, se señaló: -Por otra parte, en las reformas propuestas a los artículos 314, 315 y 320, se determina que en el caso en que el imputado decida aportar medios de prueba durante el plazo constitucional, estos deberán ser aportados a la carpeta de investigación lo cual se hará a través del Ministerio Público, ello en razón de que se ha podido advertir que en los casos en que el imputado desahoga medios de prueba durante esta fase procedimental, se genera un importante desequilibrio entre las partes, atentando contra los principios de igualdad y de contradicción que caracterizan al sistema de justicia penal acusatorio, toda vez que, implica una seria desventaja para el Ministerio Público en el litigio al incorporar a su argumento de solicitud de vinculación a proceso únicamente datos de prueba mientras que la defensa lo haría con pruebas propiamente, y el juez al tener que valorar datos de prueba contra pruebas, en un ejercicio de imparcialidad; ya que el desahogo de medios de prueba tiene una influencia distinta frente a la exposición de los datos de prueba por parte del acusador, lo cual, en la mayoría de los casos genera inequidad en la apreciación objetiva e imparcial del juzgador. Cabe referir que el derecho que otorga la constitución al imputado de ampliar el plazo constitucional, para defenderse, puede ser ejercido aportando medios probatorios directamente a la investigación por conducto del Ministerio Público quien dirige e integra la misma. Lo anterior, atendiendo la propia dinámica del proceso penal acusatorio y particularmente el diseño constitucional de roles del Ministerio Público y el juez, pues el juez de control no desahoga pruebas de fondo salvo que sea anticipada, y el Ministerio Público objetivamente es quien debe encargarse de recabar los medios de convicción necesarios para integrar la investigación convirtiendo estos en datos de prueba. En ese sentido, es importante señalar que el plazo constitucional deviene de una tradición jurídica del sistema inquisitivo-mixto y que no tiene correspondencia en ninguno de los sistemas acusatorios a nivel internacional, por lo tanto el desahogo de medios de prueba ante el juez por parte de la defensa en esta etapa, corresponde a la lógica de que los elementos aportados por el Ministerio Público hacían las veces de prueba plena, por lo que era necesario que la defensa pudiera desvirtuarlos mediante el desahogo de pruebas, sin embargo, esta figura debe adecuarse a la luz del nuevo sistema de justicia penal acusatorio, es decir que, en virtud de que el Ministerio Público ya no expone prueba plena, sino datos de prueba que obran en la carpeta de investigación lo adecuado es que la defensa de igual forma exponga medios de prueba, mismos que previamente podrá esgrimir en la carpeta de investigación, a fin de con ello establecer parámetros claros de la esencia de la vinculación a proceso y sus efectos, así como evitar el desarrollo de 'mini juicios' que transgreden el principio de igualdad entre las partes. ARTÍCULO PRIMERO.- Se REFORMAN los artículos. todos del Código Nacional de Procedimientos Penales para quedar de la siguiente manera: Artículo 314. Incorporación de medios de prueba en el plazo constitucional o su ampliación. El imputado o su Defensor podrán, en el plazo constitucional o su ampliación, incorporar a los registros de la investigación los datos de prueba que consideren necesarios, con el fin de que puedan ser presentados ante el Juez de control en dichos plazos. El Ministerio Público deberá incorporar todos los datos de prueba aportados por el imputado o su defensor y en caso de que estos no sean incorporados, el imputado o su defensor, podrán solicitar audiencia, a fin de que el Juez de control, escuchando a las partes, pueda determinar la vista al superior jerárquico del Ministerio Público y ordenar que estos sean incorporados de inmediato. En este caso la audiencia deberá llevarse a cabo a más tardar dentro de las seis horas siguientes a su solicitud. Artículo 315. Continuación de la audiencia inicial. La continuación de la audiencia inicial comenzará con la presentación de los registros de la investigación de investigación aportados por las partes. Agotado el debate, el Juez resolverá sobre la vinculación o no del imputado a proceso.-. En el dictamen que presentó la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, de veintiocho de abril de dos mil dieciséis, con relación a los numerales en estudio, se destacó: -.O C T A V A: Ahora bien, para efectos de ordenar el estudio de la minuta, esta dictaminadora ha separado los ordenamientos jurídicos para una mejor explicación con el fin de tener una mayor claridad respecto de la reforma y la razón que motivó a realizarla, mismo que se comenta a continuación: Continuación de la audiencia inicial. Se reforma el artículo 315, para generar una lógica de desarrollo de la audiencia más adecuada a los propósitos del debido proceso legal y el ejercicio de la defensa, tomando en consideración que para este momento ya se formuló la imputación, y que tanto la defensa como la fiscalía conocen los medios de prueba contenidos en la carpeta de investigación, y asimismo se establece una secuencia de la intervención de la defensa, el fiscal y el asesor jurídico de la víctima que le permite al juzgador un conocimiento más amplio de las pretensiones de las partes. En la discusión de la propuesta de reforma y sus modificaciones, en la Cámara de Diputados, de veintiocho de abril de dos mil dieciséis, en lo conducente a los numerales en estudio, se estableció: -.Con la finalidad de fortalecer el código adjetivo en su carácter adversarial y contradictorio, se propone una serie de cambios al Código Nacional de Procedimientos Penales. Se trata, por ejemplo, de garantizar a la defensa el pleno acceso a las constancias de investigación que hoy padece por actitudes discrecionales del Ministerio Público. No queremos dejar de señalar que fuimos parte de los cambios que se generaron en el presente dictamen y en su proceso de elaboración fuimos insistentes en fortalecer los derechos de la defensa para que se encuentre en igualdad de circunstancias con el ministerio público. Las y los diputados integrantes de la Comisión de Justicia hicimos una revisión exhaustiva de la minuta procedente del Senado, denominada Miscelánea Penal. Destaco algunas de las virtudes de la misma. La armonización integral de diversos ordenamientos con el objeto de que los términos empleados, las funciones, competencias e incluso las conductas sancionables guarden correspondencia con las figuras procesales del sistema acusatorio. Garantiza también la igualdad del proceso entre las partes, respetando el derecho de defensa del imputado. Ahora el imputado podrá presentar medios probatorios durante el plazo constitucional para que se le resuelva su situación jurídica directamente ante el juez de control, ya que el objeto de presentar tales elementos probatorios es que el juez los conozca a fin de tomar la decisión más justa al momento de resolver la situación jurídica del imputado-. En el dictamen de las Comisiones Unidad de Justicia y Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, de catorce de junio de dos mil dieciséis, se precisó: -.Caso distinto, es de los artículos 174, 187, 311, 314, 315 y 320, en los que estas Comisiones Dictaminadoras consideran modificar el texto aprobado por la colegisladora a efecto de precisar los supuestos contenidos en ellos. De igual forma, los textos vigentes de los artículos, 314, 315 y 320, estas Comisiones Unidas estiman que debe de permitirse el desahogo de los medios de prueba en la audiencia inicial dentro del plazo constitucional o su ampliación, ello en virtud de que se estima que el artículo 19 constitucional en su cuarto párrafo dispone que la solicitud de prórroga para ampliar el plazo constitucional tiene como finalidad el que puedan desahogarse medios de prueba, pues de otro modo no tendría sentido la solicitud del imputado para prorrogar el término; en consecuencia de lo anterior, en el artículo 314 se adiciona un segundo párrafo en el que se establece que solo en los casos de delitos que ameriten la imposición de medida cautelar de prisión preventiva u otra personal, el juez de control podrá admitir el desahogo de medios de prueba por parte del imputado o su defensor cuando en la audiencia o su continuación justifique su pertinencia. En ese orden se estima que el artículo 315 debe ser modificado en su redacción, a fin de precisar que para el desahogo de los medios de prueba que hubiesen ofrecido y justificada el imputado o su defensa en términos del artículo 314 seguirán, en lo conducente las reglas para el desahogo de pruebas en la audiencia de juicio oral.-. Con motivo de lo anterior, se propuso también la reforma al cuarto párrafo, del artículo 313 del Código Nacional de Procedimientos Penales, para prescindir de su parte final, que era del tenor literal siguiente: -.Si el imputado requiere del auxilio judicial para citar testigos o peritos a la audiencia de vinculación a proceso, deberá solicitar dicho auxilio al menos con cuarenta y ocho horas de anticipación a la hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia. En caso contrario, deberá presentar sus medios de prueba a la audiencia de vinculación a proceso.-. -.Por otra parte, es de señalarse que estas Comisiones Dictaminadoras estiman correcta la modificación del cuarto párrafo del artículo 313, en el que se precisa, que la audiencia de vinculación deberá celebrarse según el caso, dentro de las setenta y dos horas o ciento cuarenta y cuatro horas siguientes a que el imputado o detenido fue pues a disposición del Juez de control o compareció a la audiencia de formulación de la imputación, lo que da mayor certeza jurídica no solo al imputado si no a las demás partes respecto al momento en que tendrá verificativo la audiencia de vinculación.-. Así, los preceptos en cita, quedaron redactados en los términos siguientes: -Artículo 313. Oportunidad para resolver la solicitud de vinculación a proceso . . . La audiencia de vinculación a proceso deberá celebrarse, según sea el caso, dentro de las setenta y dos o ciento cuarenta y cuatro horas siguientes a que el imputado detenido fue puesto a su disposición o que el imputado compareció a la audiencia de formulación de la imputación. Artículo 314. Incorporación de datos y medios de prueba en el plazo constitucional o su ampliación El imputado o su Defensor podrán, durante el plazo constitucional o su ampliación, presentar los datos de prueba que consideren necesarios ante el Juez de control. Exclusivamente en el caso de delitos que ameriten la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa u otra personal, de conformidad con lo previsto en este Código, el Juez de control podrá admitir el desahogo de medios de prueba ofrecidos por el imputado o su Defensor, cuando, al inicio de la audiencia o su continuación, justifiquen que ello resulta pertinente. Artículo 315. Continuación de la audiencia inicial La continuación de la audiencia inicial comenzará con la presentación de los datos de prueba aportados por las partes o, en su caso, con el desahogo de los medios de prueba que hubiese ofrecido y justificado el imputado o su defensor en términos del artículo 314 de este Código. Para tal efecto, se seguirán en lo conducente las reglas previstas para el desahogo de pruebas en la audiencia de debate de juicio oral. Desahogada la prueba, si la hubo, se le concederá la palabra en primer término al Ministerio Público, al asesor jurídico de la víctima y luego al imputado. Agotado el debate, el Juez resolverá sobre la vinculación o no del imputado a proceso. En casos de extrema complejidad, el Juez de control podrá decretar un receso que no podrá exceder de dos horas, antes de resolver sobre la situación jurídica del imputado-. Como puede advertirse de lo anterior, en la iniciativa de reforma que presentó la Cámara de Senadores, respecto de los artículos 314 y 315 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se pretendía condicionar que el aporte de datos o medios de prueba por parte del imputado o su defensa, se hiciera en la correspondiente carpeta de investigación, a efecto de que en su momento se sometieran a la ponderación del juez de control, dentro del plazo constitucional de setenta y dos horas o su duplicidad; y de esa manera existiera equilibrio procesal, igualdad y contradicción entre los datos de prueba que aportaba el Ministerio Público y los correspondientes a la defensa. Ello, bajo la idea que, de proceder de otra manera, ubicaría en desventaja al Ministerio Público en el litigio, quien acusaba únicamente con datos de prueba, mientras que la defensa incorporaba propiamente pruebas. Sin embargo, la propuesta al modificarse por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, dio prevalencia al fortalecimiento de los derechos de la defensa, a efecto de que se encontrara en igualdad de circunstancias con el Ministerio Público. Así se propuso que el imputado de delito que amerite la imposición de medida cautelar de prisión preventiva u otra personal pudiera presentar directamente ante el juez de control -medios probatorios- durante el inicio o continuación de la audiencia de vinculación a proceso, para que se resuelva su situación jurídica de la manera más justa posible. Dicha modificación fue posteriormente avalada por la Cámara de Senadores, a efecto de ser congruentes con lo dispuesto en el artículo 19 constitucional, que permitía el desahogo de medios de prueba en la audiencia inicial, dentro del plazo constitucional o su ampliación; pues de otra manera, la solicitud de prórroga del plazo por parte del imputado, no tendría ningún sentido. Lo expuesto, permite considerar que el legislador federal, en congruencia con el artículo 19 constitucional, ajustó el procedimiento relativo a la vinculación a proceso, a efecto de garantizar, dentro del mismo, el derecho de defensa del imputado, a través del reconocimiento expreso de su facultad para ofrecer datos de prueba como regla general y medios de prueba, para aquellos imputados cuya solicitud de vinculación a proceso sea por un delito que desde la Constitución Federal se ordena la imposición en automático o de oficio de la prisión preventiva como medida cautelar; datos y/o medios de prueba que deberán ser ponderados por el juez de control, al resolver la situación jurídica dentro del plazo constitucional de setenta y dos horas o su duplicidad, con apego a justicia. En efecto, el párrafo segundo, del artículo 314 del Código Nacional de Procedimientos Penales, establece que durante el plazo constitucional o su ampliación (audiencia inicial y su continuación), únicamente podrán presentar medios de prueba ante el juez de control, las personas a las que se les impute un delito que tenga como consecuencia la imposición de prisión preventiva oficiosa como medida cautelar, u otra de carácter personal, siempre y cuando justifique su pertinencia; mientras que el primer párrafo del aludido precepto (el cual no fue controvertido), establece que quienes no se encuentren en dicho supuesto, podrán a su vez, presentar datos de prueba. Como puede advertirse, lo que la norma aplicada por el juez de origen es una directiva aplicable a aquellas personas que pueden ser vinculadas a proceso, con motivo de la imputación de algún delito. En primer lugar, es claro que la finalidad del artículo 314 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en general, es garantizar que las personas a las que se les impute un delito y se solicite su vinculación a proceso, tengan la oportunidad de ofrecer datos y/o medios de pruebas dentro del plazo constitucional para garantizar su derecho de defensa; es decir, sea cual fuese las circunstancias particulares de cada individuo -o el actuar de las autoridades. Al respecto, debe tenerse en cuenta que un dato de prueba, es la referencia al contenido de un determinado medio de convicción aún no desahogado ante el Órgano jurisdiccional, pero es idóneo y pertinente para establecer razonablemente la existencia de un hecho delictivo y la probable participación del imputado; en tanto que un medio de prueba es toda fuente de información que permite reconstruir los hechos, los cuales deben ser desahogados ante el juez de control siguiendo las reglas previstas para el desahogo de pruebas en juicio oral. Debe señalarse que en términos del artículo 315 del Código Nacional en cita se indica que la continuación de la audiencia inicial comenzará con la presentación de los datos de prueba aportados por las partes o, en su caso, con el desahogo de los medios de prueba que hubiese ofrecido y justificado el imputado o su defensor en términos del artículo 314 de ese Código. Para tal efecto, señala, se seguirán en lo conducente las reglas previstas para el desahogo de pruebas en la audiencia de debate de juicio oral. Desahogada la prueba, si la hubo, se le concederá la palabra en primer término al Ministerio Público, al asesor jurídico de la víctima y luego al imputado. Agotado el debate, el Juez resolverá sobre la vinculación o no del imputado a proceso. Ahora, si bien existen diferencias entre personas imputadas que por el delito que se les puede vincular a proceso sólo podrán presentar datos de prueba y aquellas a quienes, por el tipo de delito, se les puede vincular a proceso permitiéndoles ofrecer -medios de prueba-, se considera que esta interpretación realizada por el juzgador del origen respecto al segundo párrafo del precepto en comento, se encuentra debidamente justificada, si se considera que este último grupo de personas se les vinculará a proceso por un delito que tiene como consecuencia la imposición de la prisión preventiva en forma automática como medida cautelar; es evidente que su libertad personal será restringida durante todo el proceso penal, de ahí la posibilidad de presentar directamente ante el juez de control medios de prueba (testimoniales, periciales, documentales, etc.) que deben desahogarse en su presencia, ello con el objeto de evitar la privación de su libertad personal por el tiempo que dure el proceso. En efecto, el derecho humano de libertad personal es reconocido como de primer rango y sólo puede ser limitado bajo determinados supuestos de excepcionalidad, en armonía con la Constitución Federal y los instrumentos internacionales en la materia, de manera que se salvaguarde su reconocimiento y protección de la manera más amplia, precisamente, bajo el establecido eje rector del primer precepto constitucional -principio pro persona-. En la contradicción de tesis 64/2017, la Primera Sala determinó que, lo que se prioriza en el sistema penal acusatorio, es tener en cuenta la exclusión de la calificación legislativa de la gravedad de un delito, para optar por un catálogo restrictivo de prisión preventiva oficiosa. Ello, con la finalidad de cambiar la idea de que el proceso penal se debe instruir necesariamente con la persona privada de su libertad preventivamente, lo que además es acorde con el derecho humano de presunción de inocencia, en relación con la excepcionalidad de la prisión preventiva frente al carácter de regla que derivaba de la calificación normativa de la gravedad del delito y el acceso a la jurisdicción del Estado para que se revise el estatus de restricción de libertad en que permanecen las personas sujetas a un proceso penal. En ese sentido, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación consideró que la referida norma parte de distinguir supuestos entre imputados de delito por el que una vez que se le vincula a proceso en automático o de oficio la medida cautelar a imponer es la prisión preventiva, respecto a imputados de delito por el que no se establece esa medida de forma oficiosa. Esta distinción establecida por el legislador federal se consideró objetiva y válida en la medida que encuentra justificación constitucional, si consideramos que las personas que sean vinculadas a proceso por delitos que desde la Constitución Federal ordena imponer prisión preventiva de manera oficiosa o cualquier otra medida cautelar que sea de carácter personal (como podría ser la restricción de libertad domiciliaria) perderán su libertad personal y llevarán su proceso en reclusión. De ahí que resulte adecuada la medida al establecer una excepción a la regla, sólo en aquéllos casos en qué esté en juego la pérdida de su libertad personal, se otorga la posibilidad de que la defensa presente -medios de prueba-, es decir, cualquier fuente de información que permita reconstruir los hechos ante el juez de control a efecto de que sean desahogados en su presencia, ello, con la finalidad de evitar su vinculación a proceso cuya consecuencia inmediata es la privación de la libertad como medida cautelar. Por lo que, dicha excepción no genera sobreinclusión ni subinclusión, pues sólo está dirigida a imputados por un tipo de delito que desde la Constitución Federal se ordena la restricción de libertad como medida cautelar. Debe recordarse que la citada norma es una excepción a la regla general, siendo ésta que todos los imputados de delito pueden aportar -datos de prueba- ante el juez de control, conforme a los lineamientos que el Código Nacional establece, con la evidente posibilidad de que una vez vinculados llevaran su proceso en libertad, bajo alguna otra medida que no implique restricción de su persona, como sí sucede con los imputados a que se refiere el segundo párrafo (la excepción), los que una vez vinculados a proceso se dictará de oficio, en su contra, la prisión preventiva como medida cautelar; por ello, se considera que para efecto de salvaguardar un bien tan preciado como es la libertad personal resulte proporcional se les otorgue la posibilidad de ofrecer medios de prueba, que deben desahogarse en presencia del juez de control para evitar su vinculación a proceso e inminente reclusión en forma preventiva. Por tanto, la excepción establecida por el legislador descansa en la base objetiva de que hay delitos que implican una vinculación aparejada a la pérdida de libertad personal. Ante ello, no asiste la razón al aquí quejosa, y sus argumentos devienen infundados, toda vez que este Juzgado Federal comulga con la autoridad responsable, en el sentido de que el segundo párrafo del artículo 314 del Código Nacional de Procedimientos Penales, establece que únicamente a quienes se les impute un delito que tenga como consecuencia la imposición de prisión preventiva como medida cautelar, u otra de carácter personal, puedan ofrecer medios de prueba ante el juez de control, cuando justifiquen su pertinencia. Corrobora lo antes expuesto, la tesis 1a. XX/2020 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación. Libro 77, Agosto de 2020, Tomo IV, página 3053, que establece lo siguiente: IGUALDAD. EL ARTÍCULO 314, PÁRRAFO SEGUNDO, DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES NO VIOLA ESTE PRINCIPIO. Hechos: La quejosa reclamó la inconstitucionalidad del artículo 314, párrafo segundo, del Código Nacional de Procedimientos Penales, por ser contrario al principio de igualdad, toda vez que su primer párrafo prevé que tratándose de la audiencia inicial y su ampliación en el sistema penal acusatorio y oral, el imputado o su defensor podrá presentar los datos de prueba que considere necesarios ante el Juez de Control; mientras que en términos del segundo párrafo, para el caso de delitos que ameriten la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa u otra personal, dicha autoridad podrá admitir el desahogo de medios de prueba ofrecidos por esa parte procesal cuando, al inicio de la audiencia o su continuación, justifique que ello resulta pertinente. Criterio jurídico: Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que el segundo párrafo del artículo 314 del ordenamiento en cita es constitucional, ya que no viola el principio de igualdad establecido en el artículo 1o. de la Constitución Federal. Justificación: Lo anterior, en virtud de que el hecho de que el segundo párrafo de dicho precepto legal establezca que únicamente a quienes se les impute un delito que tenga como consecuencia la imposición de prisión preventiva oficiosa como medida cautelar, u otra de carácter personal, pueden ofrecer medios de prueba ante el Juez de Control -cuando justifiquen su pertinencia-, no implica un trato desigual con las personas a quienes se les pretenda vincular a proceso por un delito que no tenga el juzgador la obligación de imponer dicha medida cautelar, pues la diferencia se fundamenta en que las personas que se encuentran en la excepción del segundo párrafo, serán privadas de su libertad durante todo su proceso penal. Además, porque el derecho humano a la libertad personal es reconocido como de primer rango y sólo puede ser limitado bajo determinados supuestos de excepcionalidad, en armonía con la Constitución Federal y los instrumentos internacionales en la materia, de manera que se salvaguarde su reconocimiento y protección de la manera más amplia. Máxime que la finalidad de dicho precepto, en general, es garantizar que las personas a las que se les impute un delito y se solicite su vinculación a proceso, tengan la oportunidad de ofrecer datos y/o medios de prueba dentro del plazo constitucional para garantizar su derecho de defensa; es decir, sean cuales fuesen las circunstancias particulares de cada individuo -o el actuar de las autoridades-, la norma en sí, no restringe ese derecho protegido por la Constitución Federal. Ahora, si bien existen diferencias entre las personas imputadas que por el delito que se les puede vincular a proceso sólo podrán presentar -datos de prueba- y aquellas a quienes, por el tipo de delito, se les puede vincular a proceso permitiéndoles ofrecer -medios de prueba-, se considera que esta distinción a la que alude el segundo párrafo del precepto controvertido, se encuentra debidamente justificada, si se toma en cuenta que a este último grupo de personas se le vinculará a proceso por un delito que tiene como consecuencia la imposición de la prisión preventiva en forma automática como medida cautelar, siendo evidente que su libertad personal será restringida durante todo el proceso penal, de ahí la posibilidad de presentar directamente ante el Juez de Control medios de prueba (testimoniales, periciales, documentales, etcétera) que deben desahogarse en su presencia, ello con el objeto de evitar la privación de su libertad personal por el tiempo que dure el proceso.IV. Que no se actualice una causa de extinción de la acción penal o excluyente del delito.Finalmente, en lo relativo a que para el libramiento del auto de vinculación a proceso es necesario que no se actualice una causa de extinción de la acción penal o excluyente del delito, conviene precisar que las partes no adujeron la actualización de alguna hipótesis que se configurara en el presente caso, la quejosa tampoco la hizo valer en sus conceptos de violación y este Juzgado Federal no advierte que se actualice en el presente caso; por tanto, resulta innecesario hacer mayor pronunciamiento sobre este aspecto. En tal orden de ideas, hasta ese estado procesal, con independencia de que durante la secuela del mismo se demuestre lo contrario, se encuentra acreditada la existencia de un hecho descrito por la ley penal como delito de daños imprudenciales, previsto y sancionado por los artículos 236, primer párrafo y 73, del Código Penal del Estado de Chihuahua, en perjuicio de *******, y la probabilidad de que la imputada, aquí quejosa, lo realizó, con lo que se cumple con los requisitos que exige para la emisión de la vinculación a proceso el artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales.Por tanto, al haber realizado un estudio oficioso de las constancias que conforman el presente juicio de amparo, de acuerdo a lo que consagra el artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, este Juzgado de Distrito advierte que se respetaron y garantizaron los derechos fundamentales de la quejosa y ante lo infundado de los conceptos de violación expresados, sin advertir deficiencia de la queja que suplir; por tanto, lo procedente es negar el amparo y protección de la justicia federal solicitados.En mérito de lo antes expuesto y con fundamento en los artículos 73, 74 y 217 de la Ley de Amparo, se resuelve:ÚNICO. La justicia de la unión no ampara ni protege a *******, contra el acto del Juez de Primera Instancia del Sistema Penal Acusatorio del Distrito Judicial Bravos, consistente en el auto de vinculación a proceso de veintiuno de octubre de dos mil veintidós, pronunciado en la causa penal *******, en los términos precisados en el último considerando de esta sentencia.Notifíquese por lista electrónica, personalmente a las partes y por oficio a las responsables.Lo resolvió y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******, hoy veintisiete de febrero de dos mil veintitrés, en que lo permitieron las labores del Juzgado. Doy fe.

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