María Graciela Paez Arreola
Expediente 593/2017 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 10 actuaciones registradas, la última del 13 de abril de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 593/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 13/04/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- María Graciela Paez Arreola
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Principal
Ciudad Juárez Chihuahua; trece de abril de dos mil dieciocho. Vista la certificación de cuenta se advierte que transcurrió el término de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes hayan recurrido la sentencia dictada en el juicio de garantías en que se actúa; por tanto, con fundamento en el artículo 81 fracción I inciso e) de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la legislación de la materia, por mandato expreso de su artículo 2, se declara que la citada sentencia ha causado ejecutoria. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y agréguese el cuadernillo original del incidente de suspensión. Ya que no existe actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia. Luego, atento a la cuenta secretarial, se califica el juicio de amparo como susceptible de destrucción según lo dispuesto por la fracción II del numeral vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Entonces, una vez que transcurran tres años transfiérase a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivo y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tal como lo dispone el numeral décimo octavo del Acuerdo General en comento. En atención a la certificación, este juzgador califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 43 y 47 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el artículo 110 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Además las partes no entregaron información con carácter de confidencial de la que se detalla en el numeral 113 de la legislación en comento. Además, el presente juicio de amparo constituye archivo reciente, carece de relevancia documental, no tiene valor jurídico y no obran documentos originales, en términos de los artículos noveno, décimo y décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 antes citado. Notifíquese. Lo proveyó y firma la licenciada *******, Secretaria en funciones de Juez, adscrita al Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, autorizada por el Consejo de la Judicatura Federal, de conformidad con el artículo 81, fracción XXII de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se expide el similar que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo; y reforma y deroga diversas disposiciones de otros acuerdos generales, quien actúa ante la Secretaria *******, que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
SENTENCIA Ciudad Juárez, Chihuahua; veintidós de marzo de dos mil dieciocho. Vistos, para resolver los autos del juicio de amparo 593/2017-I-2, y; RESULTANDO PRIMERO. Presentación de la demanda. El veintisiete de junio de dos mil diecisiete se recibió en la oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito con sede en esta ciudad la demanda promovida por ******* la cual fue turnada a este Juzgado de Distrito en la misma fecha. En el escrito inicial la parte quejosa solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal contra actos del Tribunal de Arbitraje Municipal y el Actuario adscrito en funciones al Tribunal de Arbitraje Municipal, a quienes les reclamó: IV.- ACTO DE AUTORIDAD QUE RECLAMO: Lo configura la omisión del Tribunal de Arbitraje Municipal, de actuar en apego a lo dispuesto por el artículo 873 de la Ley Federal de Trabajo, ya que con fecha 16 de diciembre del 2016 a las 11:12 horas, inicie la acción laboral en contra del ******* y *******, asimismo mediante auto de 02 de enero 2017 el Tribunal de Arbitraje Municipal, ordeno su emplazamiento a los demandados, el cual hasta la fecha NO se ha realizado a los demandados referidos con anterioridad, violentando así el derecho al suscrito, lo anterior con fundamento en los artículos 1, 8, 14, 16 y 17 de la Constitución. SEGUNDO. Derechos constitucionales que se estiman violados. Del análisis integral de la demanda se advierte que la parte quejosa señala como derechos vulnerados los contenidos en los artículos 1, 8, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Tramitación de la demanda. Mediante auto de veintiocho de junio de dos mil diecisiete la demanda se registró en el libro de gobierno correspondiente, se admitió a trámite, se solicitó el informe justificado a la autoridad responsable, se dio la intervención legal que le compete a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, se emplazó al tercero interesado y, se señaló hora y fecha para celebrar la audiencia constitucional, la que se llevó a cabo. Luego, la quejosa recurrió tal sentencia y el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Décima Región, con residencia en Saltillo, Coahuila de Zaragoza repuso el procedimiento para el efecto de que se solicitaran las constancias necesarias para determinar si efectivamente los demandados en el juicio laboral de origen quedaron emplazados, por lo que, en acuerdo de veinte de febrero de dos mil dieciocho se requirieron dichas constancias y se señaló fecha y hora para llevar a cabo la audiencia constitucional, la que se llevó a cabo al tenor del acta que antecede. CONSIDERANDO PRIMERO. PRIMERO. Competencia legal. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez, es competente por razón de materia, grado y territorio, para conocer y fallar el presente juicio de amparo en virtud que es un asunto en materia administrativo en el que se reclama una omisión de autoridad residente en esta ciudad, misma en la que tendrá ejecución. Tal competencia tiene su fundamento en lo dispuesto por los artículos 94, 103, fracción I y 107 fracciones I y VII, de la Constitución Federal, 33 fracción IV, 35 y 37, 107 fracción VI de la Ley de Amparo; 1, fracción V, 48, 144 y 145 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013 y los diversos que lo modifican y adicionan, todos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativos a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Fijación de la litis. Por cuestión de orden, a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 74 fracción I de la Ley de Amparo, es necesario precisar el acto reclamado que se desprende del contenido íntegro del escrito de demanda, armonizando en su conjunto los datos y elementos que lo conforman, incluso tomando en consideración la totalidad de la información del expediente del juicio y que resulten congruentes entre sí con el propósito de interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa. En tal sentido, de la lectura íntegra de la demanda y demás constancias que existen en el expediente, se desprende que la parte quejosa reclama del Presidente del Tribunal de Arbitraje Municipal y Secretario Auxiliar en Funciones de Actuario adscrito al Tribunal Municipal de Arbitraje, con residencia en esta ciudad, la omisión de emplazar a los demandados. Bajo este contexto, resulta procedente tener como acto reclamado el señalado en el párrafo precedente de lo que se procederá a su estudio. Para la fijación de los actos, se atiende el contenido de la tesis P. VI/2004, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XIX, abril de dos mil cuatro, página 255, registro 181810, que consta del rubro y texto siguientes: ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Al rendir su informe con justificación el Presidente del Tribunal de Arbitraje Municipal y Secretario Auxiliar en Funciones de Actuario adscrito al Tribunal Municipal de Arbitraje, con residencia en esta ciudad, indicaron que es cierta la omisión que se les reclama. De manera que, se tiene como cierta la omisión endilgada por la parte quejosa respecto de las autoridades mencionadas en este capítulo, para los efectos de este juicio de amparo. Cobra aplicación, por los motivos que informa, la jurisprudencia 278 sustentada por el Tribunal Pleno de la Honorable Suprema Corte de Justicia de la Nación consultable en la página 231, tomo VI, Común, Quinta Época, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 2000, con registro 917812, que establece: INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto. CUARTO. Improcedencia del amparo. Es pertinente señalar que la improcedencia del amparo es una institución por virtud de la cual existe un impedimento para establecer si el acto reclamado por el quejoso es constitucional o no. Es decir, la improcedencia va a motivar que el juzgador federal no dirima la controversia constitucional ante él planteada, por exigirlo así alguna de las causas que conforman a la misma institución, ya que ésta se encuentra constituida por una serie de hipótesis normativas debidamente descritas por la Constitución, la Ley de Amparo y la jurisprudencia emitida por nuestro Más Alto Tribunal, la que se analiza en forma profunda de acuerdo con el texto del último párrafo del artículo 62 de la ley en cita. Consecuentemente, este órgano jurisdiccional federal, previo estudio del fondo de la constitucionalidad del acto reclamado, se inclina, por ser una cuestión de orden público, a profundizar sobre la causa de improcedencia que se estima actualizada. Es aplicable la jurisprudencia 158, emitida por el Pleno del Máximo Tribunal del País visible en las página 262, parte VIII, Quinta Época, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, de mil novecientos ochenta y cinco, registro 395571, que establece: IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías. En el caso, el que suscribe determina que respecto de la omisión de las autoridades de emplazar a los demandados, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo, que estatuye: 61. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado [.] La cesación de efectos a que se refiere el supuesto transcrito, consiste en que el acto de autoridad reclamado deja de producir sus consecuencias y, por tanto, de afectar al gobernado en su esfera jurídica, ya sea que la propia autoridad responsable lo revoque; haga que cese; o bien, que haya transcurrido el tiempo durante el cual debió producir sus efectos legales y, por ello, ha dejado de lesionar los derechos del agraviado. En el caso, la parte impetrante reclama de las autoridades responsables Presidente del Tribunal de Arbitraje Municipal y Secretario Auxiliar en Funciones de Actuario adscrito al Tribunal Municipal de Arbitraje, con residencia en esta ciudad, la omisión de emplazar a los demandados. El Presidente del Tribunal de Arbitraje Municipal y Secretario Auxiliar en Funciones de Actuario adscrito al Tribunal Municipal de Arbitraje, con residencia en esta ciudad, al rendir su informe con justificación, remitieron copia certificada del auto de radicación de dos de enero de dos mil diecisiete, del cual se desprende en su parte superior, el sello de recibido de los demandados ******* y *******, de cuatro de julio de dos mil diecisiete. De igual manera, de las copias certificadas que remitieron mediante oficio de veintitrés de febrero de dos mil dieciocho se desprende que el tres de agosto de dos mil diecisiete comparecieron al juicio de origen los demandados por conducto de su apoderado, incluso, que se señalaron las nueve horas con treinta minutos del veintiuno de febrero de dos mil dieciocho para el desahogo de las pruebas ofrecidas por la parte demandada. A tales documentos se les reconoce valor probatorio pleno, en términos de lo que disponen los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2, al ser documentos certificados, expedidos por una autoridad con fe pública, en ejercicio de sus funciones. De las constancias en comento se deduce que la parte demandada en el juicio laboral de origen fue emplazada en términos del artículo 174 del Código Administrativo del Estado de Chihuahua y que comparecieron a juicio. En otras palabras, se actualiza la citada causal de improcedencia, puesto que, como se advierte de autos la parte quejosa reclamó la omisión de las responsables de actuar en apego a lo dispuesto por el artículo 873 de la Ley Federal del Trabajo, esto es, la falta de emplazamiento de los demandados al juicio *******, del índice del Tribunal de Arbitraje Municipal, desde el dos de enero de dos mil diecisiete, fecha en que se radicó dicho expediente; luego si los demandados fueron emplazados el cuatro de julio de la anualidad que transcurre, como se desprende de copia certificada del acuerdo de dos de enero de dos mil diecisiete en el que obra el sello de recibido de la Secretaria de Gobierno; es inconcuso que cesaron los efectos del acto reclamado al haber surgido una situación jurídica que definitivamente destruyó la que le dio motivo al amparo, reponiendo al hoy amparista en el goce del derecho violado. Sirve de apoyo a la anterior consideración, la jurisprudencia 59/99 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable a folio 38, tomo IX, junio de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, bajo el epígrafe: CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80, de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Asimismo, es aplicable la tesis 2ª. CV/2013 (10a.), aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, decima época, Libro 1, Diciembre de 2013, Tomo I, materia común, pagina 732, del siguiente tenor: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007). Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia citada, sostuvo que cuando se concede la protección constitucional por violación a la garantía de impartición de justicia pronta, contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los efectos de la sentencia de amparo deben comprender no sólo las omisiones y dilaciones de tramitar un juicio laboral dentro de los plazos y términos legales, señaladas en la demanda de amparo, sino también las subsecuentes. Sin embargo, una nueva reflexión conduce a abandonar el criterio referido, toda vez que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013. En mérito de lo antes expuesto y con fundamento en los artículos 61, fracción XXI, 62, 63, fracción V, 64, 65, 73, 74, 75 y demás relativos de la Ley de Amparo, se RESUELVE: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo 593/2017-I-2 promovido por *******, en relación con los actos reclamados del Tribunal de Arbitraje Municipal y Actuario adscrito en funciones al Tribunal de Arbitraje Municipal de Ciudad Juárez, por las razones expresadas en el considerando cuarto del presente fallo. Notifíquese. Lo resolvió y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua, veintisiete de febrero de dos mil dieciocho. Agréguese a los autos el oficio signado por el Secretario auxiliar en funciones del Tribunal de Arbitraje Municipal y Secretario Auxiliar en funciones de Actuario adscrito al Tribunal de Arbitraje Municipal de Ciudad Juárez, por medio del cual cumple con el requerimiento formulado el veinte de febrero de dos mil dieciocho y remite copia certificada de todo lo actuado en el expediente laboral ******* de su índice, de conformidad con el artículo 75 de la Ley de Amparo, con lo anterior, dese vista a las partes en términos del artículo 117 de la citada legislación. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado *******. Doy fe.ahn
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; veinte de febrero de dos mil dieciocho. Visto el oficio signado por el Secretario adscrito al Primer Tribunal Colegiado del Decimoséptimo Circuito, con residencia en esta ciudad, por el cual remite los autos originales del expediente 593/2017-I-2 y copia certificada de la resolución pronunciada por el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Décima Región el veinticuatro de enero de dos mil dieciocho, dentro del amparo en revisión 671/2017 del índice del Primer Tribunal Colegiado del Decimoséptimo Circuito, con residencia en Ciudad Juárez, Chihuahua que corresponde al expediente auxiliar 1084/2017, hágase del conocimiento de las partes que dicho Tribunal Colegiado, resolvió: PRIMERO. Se REVOCA la sentencia recurrida. SEGUNDO. Para los efectos precisados, se ordena reponer el procedimiento en el juicio de amparo 593/2017, promovido por *******, contra el acto reclamado al presidente del Tribunal de Arbitraje Municipal de Ciudad Juárez, Chihuahua, así como el actuario de la adscripción. Acúsese recibo de estilo, agréguese el cuadernillo de antecedentes y háganse las anotaciones en el libro de gobierno. En la resolución antes referida, se revocó la sentencia dictada en el presente asunto, y se ordenó reponer el procedimiento para que el Juez de Distrito realice lo siguiente: Recabe las constancias necesarias para determinar si efectivamente los demandados en el juicio laboral de origen han quedado emplazados. Por lo tanto, requiérase a las autoridades responsables a fin de que en un término de tres días, legalmente computado, remitan en copia certificada, completa y legible todo lo actuado en el juicio laboral ******* de su índice. Lo anterior, bajo apercibimiento, que de no ser exactamente observado dentro del plazo concedido, se les impondrá una multa de cien Unidades de Medida y Actualización de conformidad con el artículo 260 fracción II de la Ley de Amparo en relación con el numeral 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. A fin de dar margen a lo anterior se señalan las nueve horas con treinta minutos del veintidós de marzo de dos mil dieciocho para llevar a cabo la audiencia constitucional, de conformidad con el artículo 117 de la legislación en cita. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado *******. Doy fe.
Quedan 6 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua · 7,505 expedientes
- María Gabriela Contreras Puente727/2018
- María Gloria González Escobedo717/2018
- María Gloria Gutiérrez Sánchez y Otros.486/2016
- María Gloria Reyes López1065/2023
- Maria Graciela Moreno Robles816/2016
- María Graciela Moreno Robles7/2017
- María Guadalupe Aguilar Carranza998/2023
- María Guadalupe Arciniega Rodríguez1007/2022
- María Guadalupe Bedoy Prieto174/2023
- María Guadalupe Bedoy Prieto270/2018
- María Guadalupe Burciaga Chávez583/2015
- María Guadalupe Campos Yañez729/2018