María Guadalupe Álvarez Castillo
Expediente 493/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México. 8 actuaciones registradas, la última del 3 de agosto de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 493/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 03/08/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- María Guadalupe Álvarez Castillo
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, tres de agosto de dos mil veintitrés. En atención a la certificación que antecede, en la cual se hace constar que al día de hoy la parte quejosa no interpuso revisión, dentro del término legal, contra el auto que sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio, con apoyo en los numerales 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente, se declara que éste ha causado estado. En la inteligencia que dicho cómputo sólo se realiza respecto de la parte quejosa, ya que fue a ésta a quien únicamente afectó el sobreseimiento. Háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como concluido. Por otra parte, en observancia al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, aprobado en sesión ordinaria de diez de mayo de dos mil veintitrés, el presente expediente es destruible en el plazo de tres años, ya que se sobreseyó fuera de audiencia, de conformidad con el artículo 20, fracción II de esa normatividad. Notifíquese.
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, catorce de julio de dos mil veintitrés. Vista la certificación que antecede, en la cual se hace constar que ya feneció el plazo de quince días concedido a la parte quejosa en proveído de uno de junio del año en curso, para que manifestara sí era o no su deseo señalar como acto reclamado la respuesta otorgada por la autoridad responsable a la solicitud presentada por la quejosa el diez de enero de la anualidad; sin que hubiere realizado manifestación al respecto. En consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado en auto de uno de junio del año en curso, y se tiene únicamente como acto reclamado el señalado en la demanda de amparo. Por otra parte, del contenido integral del informe justificado rendido por la autoridad responsable Tesorera Municipal de Naucalpan de Juárez, Estado de México, se advierte que el veintiocho de abril del año en curso, a través del oficio TS/SI/SDI/781/2023, dio contestación a la solicitud que le formuló la quejosa María Guadalupe Álvarez..., mediante escrito presentado el diez de enero del año en curso, con número de folio 230110-193-UCP; determinación que se le notificó personalmente como se corrobora con las constancias que adjuntó como complemento a su informe justificado. Por otra parte, la quejosa señala de manera destacada como acto reclamado: - La omisión por parte de la Titular de la Tesorería Municipal de Naucalpan de Juárez, Estado de México, de dar respuesta a la petición presentada en la oficialía de partes de esa dependencia el diez de enero de dos mil veintitrés. De lo antes expuesto, se estima que se actualiza la causa de improcedencia previa en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, el cual establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado.". La cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa, al cesar su actuación, lo que debe entenderse no sólo como la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia del juicio es la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Así pues, la improcedencia de mérito se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, es decir, la restitución a los agraviados en el pleno goce de la garantía individual violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, como lo prevé, la fracción II, de ese numeral, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la garantía exija. De ahí que las constancias remitidas por la responsable en apoyo a su informe justificado que fuera agregado en proveído de veintitrés de mayo del año en curso, así como las que adjuntó al diverso de uno de junio de la anualidad; con fundamento en lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, debe otorgárseles eficacia probatoria plena. Ahora bien, mediante oficio número TS/SI/SDI/781/2023, de veintiocho de abril del año en curso, la Tesorera Municipal de Naucalpan de Juárez, Estado de México, dio contestación a la solicitud presentada por la quejosa el diez de enero del año en curso, la cual quedó registrada con número de folio 230110-193-UCP; en el que pidió se le informara porqué si en el inmueble ubicado en..., con clave catastral..., no se ha registrado ningún movimiento, en el formato aparece nombre diverso al de la propietaria. En ese contexto, es dable señalar que la autoridad responsable, restableció su esfera jurídica de modo tal, que se produjo el resultado que hubiera causado otorgarle el amparo, pues lo cierto es que emitió una respuesta congruente a su petición. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis 2a./J. 62/2022 (11a.), bajo el registro digital 2025580, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Undécima Época, Libro 20, Diciembre de 2022, Tomo II, página 1490, que a la letra dice: "DERECHO DE PETICIÓN. LA PERSONA JUZGADORA DEBE ANALIZAR SI LA RESPUESTA ES CONGRUENTE CON LO SOLICITADO CUANDO SE RECLAMA LA VIOLACIÓN A ESE DERECHO. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes adoptaron posturas discrepantes sobre un mismo punto de derecho, al analizar la violación al derecho de petición por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social, pues mientras uno de ellos sostuvo que en el juicio de amparo no procede analizar la congruencia de la contestación acaecida a la solicitud del quejoso, ello en aplicación de la jurisprudencia 2a./J. 66/2016 (10a.), el otro consideró que sí se debe analizar tal circunstancia, derivado del contenido de dicha jurisprudencia y de las diversas emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre el tema. Criterio jurídico: La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que cuando se reclama la violación al derecho de petición, la persona juzgadora debe analizar la congruencia de la respuesta con la petición formulada a la autoridad, como es el caso del Instituto Mexicano del Seguro Social o cualquier otra, toda vez que la jurisprudencia 2a./J. 66/2016 (10a.), al establecer en su texto: "... con la única finalidad de que el funcionario o servidor público del Instituto dé respuesta a la petición ...", implica que la respuesta debe ser congruente con lo peticionado y, como efecto de ello, que el operador jurídico lo determine, esto es, si lo que contesta la autoridad tiene una relación lógica con la solicitud planteada por la persona peticionaria, en estrictos términos del artículo 8 constitucional. Justificación: Lo anterior, por la necesidad de que se garantice la protección efectiva del derecho humano previsto en el artículo 8 constitucional y así resulta acorde con la doctrina jurisprudencial de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el sentido de que la respuesta se debe referir efectivamente a lo peticionado, de modo que guarde una consecuencia lógica al efecto. Incluso podría tratarse de algún requerimiento de datos que la autoridad precise para estar en condiciones de proceder en torno a la solicitud. Esto, sin que la persona juzgadora esté constreñida a analizar la regularidad o legalidad de la respuesta, es decir, si el contenido y sentido son jurídicamente correctos, según la normatividad aplicable, como tampoco si en el fondo favorece a las pretensiones de la persona peticionaria." De lo anterior, se concluye que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo, toda vez que cesaron los efectos del acto reclamado. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2ª./J.9/98, visible en la página 210, del Tomo VII, Febrero de 1998, Novena Época, Segunda Sala, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y tenor literal es: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." Lo procedente es sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, en cumplimiento del deber que impone la Ley de Amparo, de estudiar con un orden preferente las causales de improcedencia por ser las mismas de orden público. En tales condiciones, se deja sin efectos la citación para la celebración de la audiencia constitucional fijada para el día de hoy. Notifíquese.
- Principal
"...Naucalpan de Juárez, Estado de México, dieciséis de junio de dos mil veintitrés. Visto el estado de autos, se advierte que la audiencia constitucional está fijada para el día de hoy; sin embargo, de autos se advierte que se encuentra transcurriendo el término de quince días otorgado a la parte quejosa en proveído de uno de junio del presente año, para que manifieste sí amplía su demanda de amparo por lo que hace a la respuesta que le dio la autoridad responsable a su solicitud; por lo tanto, la audiencia constitucional fijada para el día de hoy, se difiere y en su lugar se señalan las diez horas con quince minutos del catorce de julio de dos mil veintitrés. Notifíquese..."
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, uno de junio de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio firmado por la delegada de la autoridad responsable Tesorera Municipal de Naucalpan de Juárez, Estado de México, por medio del cual, en atención al requerimiento formulado en proveído de veintitrés de mayo del año en curso, remite la notificación que se le hizo a la quejosa ********************a través del oficio ******************** de fecha veintiocho de abril del año en curso, respecto de la solicitud que le formuló mediante escrito presentado el diez de enero del año en curso. Ahora bien, respecto a la constancia que anexa a su oficio de cuenta, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dése vista a las partes por un término continuo de ocho días, para que manifiesten lo que a su interés convenga. De conformidad con el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene como prueba la documental que adjunta al oficio de cuenta, sin perjuicio de hacer nueva relación en la audiencia constitucional. En otro contexto, visto el estado de autos que guarda el presente juicio de amparo, y toda vez que de la lectura de la demanda se advierte que el acto aquí reclamado por la parte quejosa, consiste esencialmente en la omisión por parte de la Titular de la Tesorería Municipal de Naucalpan de Juárez, Estado de México, de dar respuesta a la petición presentada en la oficialía de partes de esa dependencia el diez de enero de dos mil veintitrés. Asimismo, que la autoridad responsable adjuntó a su informe justificado el oficio número ********************, de fecha veintiocho de abril del año en curso, por el que le dio contestación a la solicitud presentada por la quejosa el diez de enero del año en curso, la cual quedó registrada con número de folio ********************; en el sentido de que se le informara porque si en el inmueble ubicado en ********************, con clave catastral ********************, no se ha registrado ningún movimiento, porque en el formato aparece nombre diverso al de la propietaria; actuación que fue notificada a la quejosa ********************el veintiocho de abril de la presente anualidad como se advierte del citado oficio, en el que aparece su firma al margen. Ahora bien, a fin de entablar la litis constitucional en el presente juicio, con fundamento en los artículos 17, 108 fracción III y IV, así como 111, fracción II, todos de la Ley de Amparo, dése vista a la parte quejosa para el efecto de que en el supuesto de que así lo considere, amplíe su demanda por cuanto hace a la respuesta que le dio la autoridad responsable a su solicitud, esto es, deberá manifestar si es su deseo señalarlo como nuevo acto reclamado dentro del plazo de quince días legalmente computados de acuerdo al artículo 17 de la Ley de Amparo. Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia Tesis: 2a./J. 121/2016 (10a.), registro 2012990, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 36, Noviembre de 2016, Tomo II, página 1324, Décima Época, Materias(s): Común, de rubro y texto siguiente: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. PROCEDE SU AMPLIACIÓN PARA COMBATIR, MEDIANTE NUEVOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN, LOS VICIOS PROPIOS DE LOS ACTOS NOVEDOSOS VINCULADOS CON LOS RECLAMADOS INICIALMENTE. La ampliación de demanda de amparo indirecto constituye un medio para salvaguardar derechos fundamentales y resulta acorde con diversos principios. Aunado a ello, el artículo 111 de la Ley de Amparo condiciona su procedencia, por lo que hace a los actos novedosos vinculados con los reclamados inicialmente, a que se presente dentro de los plazos legales y a que no se haya celebrado la audiencia constitucional y, paralelamente, otorga al quejoso la prerrogativa de optar por promover una nueva demanda, en caso de no ampliarla. Por tanto, decretar la improcedencia de la ampliación de la demanda, con base en que esos nuevos actos se reclamen por vicios propios, a pesar de que no sea uno de los requisitos aludidos, equivale a imponer en su perjuicio una restricción y una obligación que ese ordenamiento jurídico no contempla. Además, el hecho de que dichos actos se combatan por vicios propios no justifica la inexistencia de la vinculación entre ellos, pues: a) ésta depende de los hechos del caso, y no de la manera en que se controviertan; b) una vez admitida la ampliación, nada impide que el análisis de constitucionalidad se realice respecto de cada uno de ellos de manera independiente; y, c) se trata de una cuestión que, en tanto influye en el estudio de fondo, no debe impactar en la fijación de la litis. Finalmente, como el artículo citado no establece restricción alguna para formular nuevos conceptos de violación en relación con los actos novedosos objeto de la ampliación, no existe impedimento legal alguno para hacerlo." En el entendido que de ampliar su demanda, deberá hacerlo en términos del artículo 108 de la Ley de Amparo, así como del diverso numeral 110 de la precitada legislación, relativo a las copias que se exhiben del escrito mediante el cual desahogue la presente vista, con el fin de correr traslado con el mismo a las demás partes. Apercibida que de no hacerlo, se tendrá como acto reclamado únicamente el señalado en su escrito inicial de demanda. Orienta a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 149/2006, de la Novena Época, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXIV, Octubre de 2006, visible en la página: 334, cuyo rubro y texto son los siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. EL QUEJOSO PUEDE AMPLIARLA PARA IMPUGNAR LA RESPUESTA DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE, DURANTE LA TRAMITACIÓN DE UN JUICIO DE GARANTÍAS PROMOVIDO POR VIOLACIÓN AL DERECHO DE PETICIÓN. Si durante la tramitación de un juicio de garantías promovido por violación al derecho de petición, contenido en el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la autoridad responsable emite respuesta expresa a solicitud del quejoso, éste puede promover otro amparo o ampliar su demanda inicial contra ese nuevo acto, porque si bien es cierto que la respuesta de la autoridad responsable extingue la omisión original en que se encontraba y que motivó el juicio de amparo, también lo es que tal respuesta constituye un acto nuevo relacionado con aquella omisión que, por tanto, puede analizarse en el mismo juicio, a más de que por razones de concentración y economía procesal y en estricto cumplimiento al artículo 17 constitucional, es conveniente que así sea. Lo anterior no quebranta el sistema dispuesto en la Ley de Amparo, por el contrario, el quejoso tiene expeditos sus derechos para impugnar la respuesta de la autoridad responsable como corresponda y estime conveniente, y si opta por ampliar su demanda porque considera que ésta es la vía adecuada, el Juez de Distrito debe analizarla." Notifíquese; personalmente a la parte quejosa.
Quedan 4 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México · 8,346 expedientes
- María Gozos Bravo Cortés11/2023
- María Gracia Miranda Alcántara1023/2023
- María Graciela Erceg Bravo1707/2018
- María Graciela Gabriela Beltrán Moreno1050/2021
- María Guadalpue Flores Campos1903/2018
- María Guadalupe Aguilar Alcántara1227/2023
- María Guadalupe Chávez Castruita28/2022
- María Guadalupe Domínguez Moreno1180/2016
- MARÍA GUADALUPE FIGUEROA MIRANDA y Otros.808/2019
- María Guadalupe Flores Mejía521/2020
- María Guadalupe Flores Vázquez66/2019
- María Guadalupe Gregorio Castañón1259/2015