María Gozos Bravo Cortés
Expediente 11/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México. 4 actuaciones registradas, la última del 10 de febrero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 11/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 10/02/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- María Gozos Bravo Cortés
Actuaciones
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, diez de febrero de dos mil veintitrés. Agréguese el oficio de la Secretaria de acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Segundo Circuito, mediante el cual acusa de recibo del diverso con el que se remitieron los autos originales del juicio de amparo 11/2023-VII (en el que obra entre otras constancias, la demanda de amparo que dio origen al presente sumario), y el expediente de origen, para la resolución de diverso acto reclamado; de lo que se toma conocimiento para los efectos legales conducentes. Notifíquese.
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, treinta de enero de dos mil veintitrés. Vista la certificación que antecede, en la cual se hace constar que al día de hoy no se interpuso queja contra el desechamiento de la demanda, en consecuencia, con fundamento en los artículos 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que el mismo ha causado estado. Háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como asunto concluido. Consecuentemente, en acatamiento al Acuerdo General sin número del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, aprobado en sesión ordinaria de diecinueve de febrero de dos mil veinte, el presente expediente carece de relevancia histórica y documental, por lo que es destruible en el plazo de tres años, ya que se desechó la demanda de amparo, de conformidad con el artículo 21, inciso d) de esa normatividad. Finalmente, como lo requirió la Superioridad, en la resolución de veintinueve de noviembre de dos mil veintidós emitida en el amparo directo 1369/2022 de su estadística, previo cuaderno de antecedentes que se integre, remítase al Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Segundo Circuito, los autos originales del juicio de amparo 11/2023-VII del índice de este Juzgado y el expediente ***, para que asuma la competencia y resuelva lo pertinente por cuanto hace al laudo de diecinueve de abril de dos mil veintidós. Solicitando, que de no tener inconveniente legal alguno, acuse de recibo de los autos originales que se envían. Notifíquese, por lista a la parte quejosa, en términos de lo ordenado en auto de dieciocho de enero del año en curso.
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, dieciocho de enero de dos mil veintitrés. Agréguese la razón suscrita por el Actuario Judicial adscrito, de la que se advierte que no le fue posible notificar a la promovente ***, el proveído de seis de enero de dos mil veintitrés, por los motivos que expone; por tanto, con fundamento en los artículos 26, fracción III y 27, fracción III, inciso a), ambos de la Ley de Amparo, notifíquese mediante la lista que se publica en los estrados de este juzgado la determinación en mención, así como el presente proveído. En el entendido que las subsecuentes notificaciones, aún las de carácter personal, se le realizarán a la parte quejosa por el mismo medio hasta en tanto señale domicilio para oír y recibir notificaciones dentro de la residencia de este órgano jurisdiccional (Naucalpan de Juárez, Estado de México) o en su zona conurbada (Atizapán de Zaragoza, Huixquilucan y Tlalnepantla), o bien, designe de manera expresa un usuario para recibir notificaciones electrónicas en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación (https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea). Notifíquese por lista a la parte quejosa la presente determinación, así como la diversa de seis de enero de dos mil veintitrés. SÍNTESIS DEL PROVEÍDO DE SEIS DE ENERO DE DOS MIL VEINTITRÉS: ".Naucalpan de Juárez, Estado de México; seis de enero de dos mil veintitrés. RECEPCIÓN Y ANOTACIONES Agréguese el oficio signado por la Secretaria de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Segundo Circuito, al que adjunta el juicio de amparo directo DT 1369/2022, así como el expediente laboral SAT 743/2013; lo anterior, en virtud que declaró carecer de competencia para conocer de la demanda de amparo, únicamente respecto del acto reclamado consistente en la notificación del laudo de diecinueve de abril de dos mil veintidós, dictado por la Sala Auxiliar de Tlalnepantla de Baz del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México; por las razones expresadas en el testimonio de veintinueve de noviembre de dos mil veintidós que adjunta. Acúsese recibo. Fórmese el expediente con el número 11/2023-VII que le correspondió en el libro de gobierno que se lleva en este órgano jurisdiccional. Atento a ello; con fundamento en el precepto 41 de la ley reglamentaria, este órgano jurisdiccional se avoca al conocimiento de la demanda de amparo promovida por...por derecho propio, únicamente respecto del acto reclamado precisado por la superioridad, consistente en la notificación del laudo de diecinueve de abril de dos mil veintidós, dictado por la Sala Auxiliar de Tlalnepantla de Baz del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México en el expediente laboral SAT 743/2013. DESECHAMIENTO. El artículo 113 de la Ley de Amparo dispone que el juzgado de amparo debe pronunciarse sobre el contenido de la demanda y considerar si se presenta o no una causa de improcedencia manifiesta y notoria, con el propósito de no entorpecer la administración de justicia, admitiendo demandas que, a la postre, resultan improcedentes. De acuerdo con la jurisprudencia I.13o.A. J/6, por manifiesto se entiende dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de amparo; y por indudable se entiende lo que no se puede poner en duda, al ser evidente. Hecha tal precisión, se estima que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo. Sobre esa base, los elementos con los que se integra la hipótesis de improcedencia de la acción constitucional respecto de las resoluciones judiciales o de tribunales administrativos o del trabajo (autoridades jurisdiccionales) establecidos en el numeral y fracción transcrita, son los siguientes: 1. Que el acto reclamado sea una resolución proveniente de Tribunales judiciales, administrativos o del trabajo; 2. Que la ley conceda contra ese acto algún recurso o medio ordinario de defensa; 3. Que ese recurso o medio ordinario de defensa se dé dentro del procedimiento en el que se emitió la actuación reclamada; y, 4. Que por virtud de dicho recurso o medio ordinario de defensa, la resolución judicial pueda ser modificada, revocada o nulificada. Cabe señalar que los casos de excepción, esto es, los supuestos en los que no resulta necesario agotar los recursos o medios de defensa ordinarios previstos en la ley que rige el acto, están anunciados en la propia fracción que se analiza y son los siguientes: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos en el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; y, c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Empero, no debe pasarse por alto que cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo. Lo anterior implica que, salvo las excepciones destacadas, de no agotarse los recursos o medios de defensa que procedan en contra del acto reclamado el juicio de amparo que en su caso se promueva, resultará improcedente. De manera que, previamente a la interposición del juicio de amparo, el quejoso debe agotar o substanciar todos los medios ordinarios de defensa que tenga al alcance para modificar o revocar la resolución judicial, administrativa o del trabajo, que le causa perjuicio, pues de lo contrario, la acción constitucional resultaría improcedente por no acatar el principio de definitividad, salvo los casos que establece el propio numeral. Sirve de apoyo la jurisprudencia, I.3o.C. J/39, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXVI, agosto de 2007, página 1214, registro 171803, cuyo rubro es el siguiente: "DEFINITIVIDAD. ESTE PRINCIPIO DEL JUICIO DE AMPARO DEBE CUMPLIRSE AUN ANTE LA RECLAMACIÓN DE ACTOS QUE REVISTAN UNA EJECUCIÓN IRREPARABLE." No obstante que esta fracción establece la obligación de acatar el principio de definitividad, de su contexto se advierten dos supuestos de excepción: el primero, alude a los terceros extraños quienes no están obligados a agotar recursos ordinarios, antes de acudir al juicio de amparo, según lo dispuesto por el artículo 107, fracción III, inciso c), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; el segundo supuesto, se refiere a aquellos casos en que los actos reclamados importen peligro de privación de la vida, deportación, destierro o cualquiera de los prohibidos por el artículo 22, Constitucional. Ahora bien, además de los supuestos de excepción antes referidos, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha considerado que se deben añadir otras hipótesis de excepción que derivan de la fracción XII del artículo 107 constitucional, relativos a la violación de las derechos humanos previstos en los numerales 16, 19 y 20 de la Carta Magna; es decir, no hay obligación de agotar el principio de definitividad cuando el acto reclamado sea restrictivo de libertad, ni en el supuesto de que el quejoso se ostente como tercero extraño al juicio o tercero equiparable, pues precisamente al no existir posibilidad de defenderse en el procedimiento ordinario, el gobernado queda en indefensión al desconocer la legislación aplicable. Un punto a destacar es que las excepciones al principio de definitividad no son aplicables de manera genérica, por el contrario, su aplicación es estricta, lo que pone de manifiesto que con excepción de los supuestos inmersos en la fracción XVIII, incisos a), b y c) de la Ley de Amparo, previo al ejercicio de la acción constitucional debe cumplirse con el principio de definitividad del juicio de amparo. Establecido lo anterior, para demostrar la aplicabilidad de la causal en estudio, es preciso traer a colación el contenido de los artículos 216, 217, fracción I, y 218 de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios; el cual dispone, en lo que interesa: "ARTÍCULO 216. Los incidentes se tramitarán dentro del expediente principal donde se promueve." "ARTÍCULO 217. Se tramitarán como incidentes de previo y especial pronunciamiento, las siguientes cuestiones: Nulidad;." "ARTICULO 218. Cuando se promueva un incidente dentro de una audiencia o diligencia, el Tribunal o a la Sala substanciará y resolverá de plano, oyendo a las partes las cuales podrán ofrecer las pruebas que a sus intereses convengan debiéndose desahogar las que así lo requieran, continuándose el procedimiento principal en el estado en que se encuentra. Cuando se trate de nulidad, competencia y en los casos de acumulación y excusa, dentro de las veinticuatro horas siguientes se señalará día y hora para la audiencia incidental, la cual deberá celebrarse dentro de los diez días siguientes en la que se resolverá. En los incidentes que no tengan señalada una tramitación especial en esta ley se resolverán de plano oyendo a las partes. El incidente de acumulación procede de oficio o a instancia de parte en los siguientes casos: I. Cuando se trate de procesos promovidos por el mismo actor en contra del mismo demandado, en las que se reclamen las mismas prestaciones. II. Cuando sean las mismas partes aunque las prestaciones sean distintas, pero derivadas de una misma acción. III. Cuando se trate de procesos promovidos por varios actores contra el mismo demandado, si el conflicto tuvo su origen en el mismo hecho derivado de la relación de trabajo. Si es procedente la acumulación, el proceso o procesos más recientes se acumularán al más antiguo. Cuando se declare procedente el incidente de acumulación producirá los siguientes efectos: En el caso de la fracción primera únicamente surtirá efectos en las actuaciones del juicio más antiguo. En los casos previstos en las fracciones II y III de este artículo, el tribunal o la sala resolverán en una sola resolución. Será competente el tribunal o la sala, que hubiere prevenido o que tenga el expediente más antiguo de acuerdo a la competencia de cada uno que menciona esta ley." De los artículos antes trascritos, se advierte la procedencia del incidente de nulidad, cuyo trámite se encuentra sujeto a lo que establecen los numerales citados, así como el diverso 218 de dicho ordenamiento. En ese tenor, en el presente asunto la parte quejosa reclama la notificación del laudo de diecinueve de abril de dos mil veintidós, dictado por la Sala Auxiliar de Tlalnepantla de Baz del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México en el expediente laboral SAT 743/2013. Luego, con la promoción del presente juicio de amparo, se pretende que esta autoridad de control constitucional analice si es o no ilegal la notificación realizada en el juicio laboral de origen; sin embargo, antes de acudir al juicio de amparo indirecto la parte quejosa debió agotar en los términos establecidos para tal efecto, el incidente de nulidad en contra de la notificación en cita; por tanto, es claro e indudable que, previo a la promoción del juicio de amparo, la impetrante debió interponer el recurso o medio de defensa legal, que pueda tener por efecto modificar, revocar o nulificar el acto reclamado; y, al no ser así, el presente sumario resulta improcedente. En efecto, sólo puede entablarse el amparo indirecto, una vez agotado dicho medio ordinario de defensa, o en su defecto, cuando el quejoso no es parte en el juicio de que se trate, pues en esas condiciones resulta claro que está impedido para hacer valer previamente los recursos ordinarios previstos por la Ley Burocrática Estatal respectiva. Luego, es inconcuso que respecto al acto reclamado en estudio, se actualiza la causal de improcedencia señalada en supra líneas, pues resulta indubitable que en contra de la notificación de la que se duele, se pone de manifiesto que se debe agotar un medio de defensa previo a recurrir al juicio constitucional. En ese sentido, se pronunció el entonces Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Segundo Circuito, en la tesis de rubro y texto siguiente: "NULIDAD. ES IMPROCEDENTE EL INCIDENTE QUE SE INTERPONE CON APOYO EN LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 217 DE LA LEY DEL TRABAJO DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO Y MUNICIPIOS EN CONTRA DE ACTUACIONES DISTINTAS A NOTIFICACIONES (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO). Es improcedente el incidente de nulidad interpuesto con apoyo en la fracción I del artículo 217 de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios, en contra de actuaciones distintas a las notificaciones efectuadas dentro del procedimiento laboral, pues aun cuando el citado precepto disponga que se tramitarán como incidentes de previo y especial pronunciamiento, entre otras cuestiones, la "nulidad", sin especificar a qué tipo se refiere, lo cierto es que relacionando dicho precepto con los numerales 216 y 218, y en especial con el diverso 249 de la citada legislación, se llega a la convicción de que el legislador únicamente se refiere a la nulidad de notificaciones, mas no respecto de cualquier actuación del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, ya que conforme al último de los preceptos invocados, que ordena que contra el laudo dictado por el tribunal no procede recurso alguno, ello significa que tampoco puede revocar sus propias resoluciones, pues crearía un medio de impugnación no contemplado expresamente en la ley." Asimismo, resulta aplicable, por las razones que la integran, la jurisprudencia 2a./J. 125/2016 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "AMPARO DIRECTO EN MATERIA DE TRABAJO. LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO, AL ESTUDIAR LA OPORTUNIDAD DE LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA, NO ESTÁN FACULTADOS PARA ANALIZAR LA LEGALIDAD DE LA NOTIFICACIÓN DEL LAUDO RECLAMADO. La notificación es un acto procesal a cargo del órgano jurisdiccional ordinario que se encuentra revestido de formalidades legales, por lo que su documentación constituye un instrumento público que tiene una presunción de validez, al ejecutarlo un funcionario público en ejercicio de sus facultades y, por ende, una vez realizado, genera los efectos y consecuencias jurídicas que implica, por lo menos hasta que se demuestre la falta de cumplimiento de esas formalidades en su diligenciación y, en ese sentido, su ineficacia para demostrar la comunicación de un acto o resolución, desde luego, a través del medio de impugnación que permita analizar ese tipo de vicios. Así, la parte que no esté conforme con la notificación efectuada por el órgano jurisdiccional respecto del laudo que pretende combatir, tiene la carga procesal de impugnar dicho acto a través del incidente de nulidad de notificaciones (regulado por la legislación laboral), pues de lo contrario, esa actuación debe entenderse consentida, además de subsistente y con plenos efectos legales. Luego, el juicio de amparo directo no es el medio pertinente para determinar la legalidad o ilegalidad de la notificación practicada por el órgano jurisdiccional emisor del laudo reclamado, ni siquiera al realizar el estudio de la oportunidad de la presentación de la demanda, por lo que cuando exista constancia de que se efectuó la notificación respectiva a determinada parte en el juicio laboral, los Tribunales Colegiados de Circuito deben atender a ella y a la fecha de su diligenciación para analizar la procedencia del juicio de amparo directo, específicamente para realizar el cómputo a efecto de determinar si se promovió oportunamente, sin que puedan hacer un análisis de las formalidades que en la práctica de dicha notificación se siguieron ni desconocer su existencia, pues ello implicaría someter a escrutinio un acto que no integra litis que, como se ha apuntado, se ciñe al análisis del laudo dictado en el juicio laboral y, en su caso, de las violaciones en el procedimiento que le dieron origen." Y en lo conducente, la Jurisprudencia 2ª/J.54/2017 (10a), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 43, Junio de 2017, Tomo II, Página 835, de rubro siguiente: "AMPARO DIRECTO EN MATERIA DE TRABAJO. LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO, AL ESTUDIAR EL CÓMPUTO DEL PLAZO PARA LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA, DEBEN TOMAR EN CONSIDERACIÓN LA NUEVA NOTIFICACIÓN DEL LAUDO PRACTICADA CUANDO RESULTE FUNDADO EL INCIDENTE DE NULIDAD DE ACTUACIONES." En este sentido, se insiste que al no haber agotado el recurso ordinario procedente, deviene improcedente el juicio de amparo que nos ocupa, trayendo como consecuencia que no se haya cumplido con el principio de definitividad que rige el juicio de amparo; máxime que como se dijo, no se ubica en alguna excepción que permita acudir inmediatamente al juicio constitucional sin necesidad de agotar los recursos procedentes, pues dicho principio que rige y caracteriza al juicio de amparo, en cualquiera de sus formas de instauración, es de observancia obligatoria y general, siendo únicamente mediante el reconocimiento de excepciones específicas que se pueden admitir supuestos en los que dicha observancia deja de ser obligatoria; por tanto, lo procedente es desechar la demanda de mérito por notoriamente improcedente. Reservando acordar al efecto, respecto al diverso acto reclamado precisado por la superioridad hasta en tanto adquiera firmeza esta determinación. Asimismo, fórmese el ANEXO I en relación al tomo de pruebas remitido por la citada superioridad derivado del expediente SAT743/2013, y toda vez que dado el volumen de dichas documentales, no es factible digitalizar las constancias para ser agregadas a la plataforma del Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación, dado que el número de fojas supera los 20 MB que aquél permite. Ello, de conformidad con lo establecido en los artículos 22 y 23 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencia en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, que establece: "Artículo 22. Al integrar los expedientes electrónicos, los órganos jurisdiccionales los registrarán dentro de la misma numeración consecutiva que la empleada para los expedientes derivados de promociones que se presenten de manera impresa, y en ambos casos se dará el trámite correspondiente. Las constancias firmadas electrónicamente tienen validez legal suficiente y no deberán agregarse al expediente físico, el cual contendrá únicamente las promociones recibidas físicamente y las constancias de notificación que se generen de la misma manera. Las constancias que integran el expediente electrónico, cuando incluyen la evidencia criptográfica, se considerarán como copias certificadas electrónicamente, ya que el proceso de firmado electrónico les da la característica de inalterables. En casos excepcionales que se requieran certificaciones de documentos electrónicos impresos, aplicará el proceso de certificación para documentos físicos, es decir, se deberá incorporar el texto de certificación y firma autógrafa correspondiente. Las y los servidores públicos autorizados para tal efecto, podrán emitir acuerdos mediante el uso de su FIREL para generar copias certificadas de lo que obra en un expediente y agregarlas en otro. Por su parte, las promociones recibidas físicamente deberán integrarse a un expediente electrónico mediante la utilización de la FIREL, atendiendo a lo dispuesto en el siguiente artículo. Todas las constancias y documentos del expediente físico deberán digitalizarse e incorporarse al expediente electrónico; en cambio, las constancias y documentos electrónicos no se incorporarán al expediente físico. Los documentos presentados en formato físico con los que se formen cuadernos auxiliares y que no se agreguen al expediente principal físico, tampoco deberán integrarse al expediente electrónico. Se trata de los siguientes: . III. Copias presentadas como "anexos" y que correspondan a actuaciones del propio órgano jurisdiccional. Los cuadernos auxiliares podrán consultarse físicamente por las partes en los órganos jurisdiccionales con las salvaguardas respectivas tratándose de la información reservada o confidencial. Asimismo, la digitalización de pruebas, poderes, valores y garantías diversas quedará al arbitrio de la juzgadora o juzgador, pudiéndose, en su caso, incluir una certificación en el expediente electrónico que dé cuenta de éstas e incluya una fotografía o imagen del objeto en cuestión. Los órganos jurisdiccionales deberán digitalizar los anexos. Las OCC, conforme lo permita su carga de trabajo, podrán auxiliar en la digitalización de anexos previo a su turno. En casos excepcionales, el personal de la mesa de trabajo a la que se haya turnado el asunto podrá solicitar el auxilio de la administración de cada edificio para contar con el apoyo de las jornadas de digitalización. Artículo 23. En caso de que exista imposibilidad material para la digitalización de determinadas constancias aportadas por las partes, las y los titulares de los órganos jurisdiccionales acordarán lo conducente y valorarán si hacen del conocimiento de las partes tal situación mediante proveído y si las constancias se integran únicamente al expediente físico, o bien, ordenarán la integración de cuadernos auxiliares previstos en el artículo 22, último párrafo de este Acuerdo." DOMICILIO Y AUTORIZADOS Se tiene como domicilio para oír citas y notificaciones únicamente de carácter personal, el señalado en su escrito inicial, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26, fracción I, de la Ley de Amparo; y las listas que se fijan en los estrados de este órgano jurisdiccional, para el resto de las determinaciones. Asimismo, con fundamento en el artículo 12 de la Ley de Amparo, se tiene únicamente para oír y recibir notificaciones a la persona que indica. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles. TRANSPARENCIA Conforme a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace del conocimiento de las partes que pueden manifestar por escrito su oposición a que se publiquen sus datos personales, con independencia de que este juzgado, por conducto de los Secretarios y Actuarios, al elaborarse la versión pública, suprima dicha información. SOLICITUD DE INFORMACIÓN Se solicita a las partes proporcionen, de ser su deseo, un número telefónico y una cuenta de correo electrónico para que, en caso de que sea necesario, se pueda entablar comunicación no procesal y así estar en posibilidad de lograr una mayor celeridad en la integración de este asunto, en aras de acatar lo estipulado en el artículo 17 Constitucional. Asimismo, se pone a disposición de las autoridades responsables el correo electrónico institucional 2jdo2cto@correo.cjf.gob.mx para el supuesto de que deseen presentar promociones relacionadas con el presente expediente, siempre y cuando tenga firma electrónica, o bien, las remitan de manera digitalizada con firma y sellos autógrafos, a través del referido correo electrónico oficial. También, se informa a las partes que el horario de atención al público es de lunes a viernes de las nueve horas con treinta minutos a las catorce horas con treinta minutos; de conformidad con el artículo 6 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales. EXHORTACIÓN A TRAMITAR ASUNTOS "EN LÍNEA" En términos del artículo 263, fracción II del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, se exhorta a las partes para que, cuando les sea posible, transiten hacia la actuación en el juicio en línea desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. TRAMITACIÓN ELECTRÓNICA EN EL JUICIO EN LÍNEA Se hace saber a las partes que, conforme al numeral 263 del acuerdo general mencionado en el párrafo que antecede, independientemente del esquema tradicional, híbrido o en línea con el que intervengan en este asunto, este órgano jurisdiccional adoptará como eje rector de su actividad la actuación desde las aplicaciones del Sistema Electrónico del Consejo de la Judicatura Federal, específicamente, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en los demás sistemas de gestión judicial, en atención a las siguientes bases: I. Todas las actuaciones judiciales que deban constar por escrito se plasmarán en documentos generados y firmados electrónicamente. II. Sólo se digitalizarán los documentos remitidos físicamente por las partes, testigos, peritos, otras personas intervinientes y autoridades ajenas al Poder Judicial de la Federación. III. La única excepción a lo dispuesto en las dos fracciones anteriores será la generación de constancias y documentos necesarios para la práctica de notificaciones que deban realizarse físicamente, así como digitalización de las razones, constancias y acuses que deriven de las mismas. IV. Las partes autorizadas para ello podrán consultar su expediente desde el Portal de Servicios en Línea. Quienes no tengan habilitada esta modalidad, podrán acudir físicamente para consultar el expediente electrónico en los equipos dispuestos para tal efecto dentro del horario de atención al público en este órgano jurisdiccional. Notifíquese personalmente a la parte quejosa y mediante oficio al Tribunal Colegiado declinante..."
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"...Naucalpan de Juárez, Estado de México; seis de enero de dos mil veintitrés. RECEPCIÓN Y ANOTACIONES Agréguese el oficio signado por la Secretaria de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Segundo Circuito, al que adjunta el juicio de amparo directo DT 1369/2022, así como el expediente laboral SAT 743/2013; lo anterior, en virtud que declaró carecer de competencia para conocer de la demanda de amparo, únicamente respecto del acto reclamado consistente en la notificación del laudo de diecinueve de abril de dos mil veintidós, dictado por la Sala Auxiliar de Tlalnepantla de Baz del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México; por las razones expresadas en el testimonio de veintinueve de noviembre de dos mil veintidós que adjunta. Acúsese recibo. Fórmese el expediente con el número 11/2023-VII que le correspondió en el libro de gobierno que se lleva en este órgano jurisdiccional. Atento a ello; con fundamento en el precepto 41 de la ley reglamentaria, este órgano jurisdiccional se avoca al conocimiento de la demanda de amparo promovida por...por derecho propio, únicamente respecto del acto reclamado precisado por la superioridad, consistente en la notificación del laudo de diecinueve de abril de dos mil veintidós, dictado por la Sala Auxiliar de Tlalnepantla de Baz del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México en el expediente laboral SAT 743/2013. DESECHAMIENTO. El artículo 113 de la Ley de Amparo dispone que el juzgado de amparo debe pronunciarse sobre el contenido de la demanda y considerar si se presenta o no una causa de improcedencia manifiesta y notoria, con el propósito de no entorpecer la administración de justicia, admitiendo demandas que, a la postre, resultan improcedentes. De acuerdo con la jurisprudencia I.13o.A. J/6, por manifiesto se entiende dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de amparo; y por indudable se entiende lo que no se puede poner en duda, al ser evidente. Hecha tal precisión, se estima que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo. Sobre esa base, los elementos con los que se integra la hipótesis de improcedencia de la acción constitucional respecto de las resoluciones judiciales o de tribunales administrativos o del trabajo (autoridades jurisdiccionales) establecidos en el numeral y fracción transcrita, son los siguientes: 1. Que el acto reclamado sea una resolución proveniente de Tribunales judiciales, administrativos o del trabajo; 2. Que la ley conceda contra ese acto algún recurso o medio ordinario de defensa; 3. Que ese recurso o medio ordinario de defensa se dé dentro del procedimiento en el que se emitió la actuación reclamada; y, 4. Que por virtud de dicho recurso o medio ordinario de defensa, la resolución judicial pueda ser modificada, revocada o nulificada. Cabe señalar que los casos de excepción, esto es, los supuestos en los que no resulta necesario agotar los recursos o medios de defensa ordinarios previstos en la ley que rige el acto, están anunciados en la propia fracción que se analiza y son los siguientes: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos en el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; y, c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Empero, no debe pasarse por alto que cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo. Lo anterior implica que, salvo las excepciones destacadas, de no agotarse los recursos o medios de defensa que procedan en contra del acto reclamado el juicio de amparo que en su caso se promueva, resultará improcedente. De manera que, previamente a la interposición del juicio de amparo, el quejoso debe agotar o substanciar todos los medios ordinarios de defensa que tenga al alcance para modificar o revocar la resolución judicial, administrativa o del trabajo, que le causa perjuicio, pues de lo contrario, la acción constitucional resultaría improcedente por no acatar el principio de definitividad, salvo los casos que establece el propio numeral. Sirve de apoyo la jurisprudencia, I.3o.C. J/39, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXVI, agosto de 2007, página 1214, registro 171803, cuyo rubro es el siguiente: "DEFINITIVIDAD. ESTE PRINCIPIO DEL JUICIO DE AMPARO DEBE CUMPLIRSE AUN ANTE LA RECLAMACIÓN DE ACTOS QUE REVISTAN UNA EJECUCIÓN IRREPARABLE." No obstante que esta fracción establece la obligación de acatar el principio de definitividad, de su contexto se advierten dos supuestos de excepción: el primero, alude a los terceros extraños quienes no están obligados a agotar recursos ordinarios, antes de acudir al juicio de amparo, según lo dispuesto por el artículo 107, fracción III, inciso c), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; el segundo supuesto, se refiere a aquellos casos en que los actos reclamados importen peligro de privación de la vida, deportación, destierro o cualquiera de los prohibidos por el artículo 22, Constitucional. Ahora bien, además de los supuestos de excepción antes referidos, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha considerado que se deben añadir otras hipótesis de excepción que derivan de la fracción XII del artículo 107 constitucional, relativos a la violación de las derechos humanos previstos en los numerales 16, 19 y 20 de la Carta Magna; es decir, no hay obligación de agotar el principio de definitividad cuando el acto reclamado sea restrictivo de libertad, ni en el supuesto de que el quejoso se ostente como tercero extraño al juicio o tercero equiparable, pues precisamente al no existir posibilidad de defenderse en el procedimiento ordinario, el gobernado queda en indefensión al desconocer la legislación aplicable. Un punto a destacar es que las excepciones al principio de definitividad no son aplicables de manera genérica, por el contrario, su aplicación es estricta, lo que pone de manifiesto que con excepción de los supuestos inmersos en la fracción XVIII, incisos a), b y c) de la Ley de Amparo, previo al ejercicio de la acción constitucional debe cumplirse con el principio de definitividad del juicio de amparo. Establecido lo anterior, para demostrar la aplicabilidad de la causal en estudio, es preciso traer a colación el contenido de los artículos 216, 217, fracción I, y 218 de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios; el cual dispone, en lo que interesa: "ARTÍCULO 216. Los incidentes se tramitarán dentro del expediente principal donde se promueve." "ARTÍCULO 217. Se tramitarán como incidentes de previo y especial pronunciamiento, las siguientes cuestiones: Nulidad;." "ARTICULO 218. Cuando se promueva un incidente dentro de una audiencia o diligencia, el Tribunal o a la Sala substanciará y resolverá de plano, oyendo a las partes las cuales podrán ofrecer las pruebas que a sus intereses convengan debiéndose desahogar las que así lo requieran, continuándose el procedimiento principal en el estado en que se encuentra. Cuando se trate de nulidad, competencia y en los casos de acumulación y excusa, dentro de las veinticuatro horas siguientes se señalará día y hora para la audiencia incidental, la cual deberá celebrarse dentro de los diez días siguientes en la que se resolverá. En los incidentes que no tengan señalada una tramitación especial en esta ley se resolverán de plano oyendo a las partes. El incidente de acumulación procede de oficio o a instancia de parte en los siguientes casos: I. Cuando se trate de procesos promovidos por el mismo actor en contra del mismo demandado, en las que se reclamen las mismas prestaciones. II. Cuando sean las mismas partes aunque las prestaciones sean distintas, pero derivadas de una misma acción. III. Cuando se trate de procesos promovidos por varios actores contra el mismo demandado, si el conflicto tuvo su origen en el mismo hecho derivado de la relación de trabajo. Si es procedente la acumulación, el proceso o procesos más recientes se acumularán al más antiguo. Cuando se declare procedente el incidente de acumulación producirá los siguientes efectos: En el caso de la fracción primera únicamente surtirá efectos en las actuaciones del juicio más antiguo. En los casos previstos en las fracciones II y III de este artículo, el tribunal o la sala resolverán en una sola resolución. Será competente el tribunal o la sala, que hubiere prevenido o que tenga el expediente más antiguo de acuerdo a la competencia de cada uno que menciona esta ley." De los artículos antes trascritos, se advierte la procedencia del incidente de nulidad, cuyo trámite se encuentra sujeto a lo que establecen los numerales citados, así como el diverso 218 de dicho ordenamiento. En ese tenor, en el presente asunto la parte quejosa reclama la notificación del laudo de diecinueve de abril de dos mil veintidós, dictado por la Sala Auxiliar de Tlalnepantla de Baz del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México en el expediente laboral SAT 743/2013. Luego, con la promoción del presente juicio de amparo, se pretende que esta autoridad de control constitucional analice si es o no ilegal la notificación realizada en el juicio laboral de origen; sin embargo, antes de acudir al juicio de amparo indirecto la parte quejosa debió agotar en los términos establecidos para tal efecto, el incidente de nulidad en contra de la notificación en cita; por tanto, es claro e indudable que, previo a la promoción del juicio de amparo, la impetrante debió interponer el recurso o medio de defensa legal, que pueda tener por efecto modificar, revocar o nulificar el acto reclamado; y, al no ser así, el presente sumario resulta improcedente. En efecto, sólo puede entablarse el amparo indirecto, una vez agotado dicho medio ordinario de defensa, o en su defecto, cuando el quejoso no es parte en el juicio de que se trate, pues en esas condiciones resulta claro que está impedido para hacer valer previamente los recursos ordinarios previstos por la Ley Burocrática Estatal respectiva. Luego, es inconcuso que respecto al acto reclamado en estudio, se actualiza la causal de improcedencia señalada en supra líneas, pues resulta indubitable que en contra de la notificación de la que se duele, se pone de manifiesto que se debe agotar un medio de defensa previo a recurrir al juicio constitucional. En ese sentido, se pronunció el entonces Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Segundo Circuito, en la tesis de rubro y texto siguiente: "NULIDAD. ES IMPROCEDENTE EL INCIDENTE QUE SE INTERPONE CON APOYO EN LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 217 DE LA LEY DEL TRABAJO DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO Y MUNICIPIOS EN CONTRA DE ACTUACIONES DISTINTAS A NOTIFICACIONES (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO). Es improcedente el incidente de nulidad interpuesto con apoyo en la fracción I del artículo 217 de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios, en contra de actuaciones distintas a las notificaciones efectuadas dentro del procedimiento laboral, pues aun cuando el citado precepto disponga que se tramitarán como incidentes de previo y especial pronunciamiento, entre otras cuestiones, la "nulidad", sin especificar a qué tipo se refiere, lo cierto es que relacionando dicho precepto con los numerales 216 y 218, y en especial con el diverso 249 de la citada legislación, se llega a la convicción de que el legislador únicamente se refiere a la nulidad de notificaciones, mas no respecto de cualquier actuación del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, ya que conforme al último de los preceptos invocados, que ordena que contra el laudo dictado por el tribunal no procede recurso alguno, ello significa que tampoco puede revocar sus propias resoluciones, pues crearía un medio de impugnación no contemplado expresamente en la ley." Asimismo, resulta aplicable, por las razones que la integran, la jurisprudencia 2a./J. 125/2016 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "AMPARO DIRECTO EN MATERIA DE TRABAJO. LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO, AL ESTUDIAR LA OPORTUNIDAD DE LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA, NO ESTÁN FACULTADOS PARA ANALIZAR LA LEGALIDAD DE LA NOTIFICACIÓN DEL LAUDO RECLAMADO. La notificación es un acto procesal a cargo del órgano jurisdiccional ordinario que se encuentra revestido de formalidades legales, por lo que su documentación constituye un instrumento público que tiene una presunción de validez, al ejecutarlo un funcionario público en ejercicio de sus facultades y, por ende, una vez realizado, genera los efectos y consecuencias jurídicas que implica, por lo menos hasta que se demuestre la falta de cumplimiento de esas formalidades en su diligenciación y, en ese sentido, su ineficacia para demostrar la comunicación de un acto o resolución, desde luego, a través del medio de impugnación que permita analizar ese tipo de vicios. Así, la parte que no esté conforme con la notificación efectuada por el órgano jurisdiccional respecto del laudo que pretende combatir, tiene la carga procesal de impugnar dicho acto a través del incidente de nulidad de notificaciones (regulado por la legislación laboral), pues de lo contrario, esa actuación debe entenderse consentida, además de subsistente y con plenos efectos legales. Luego, el juicio de amparo directo no es el medio pertinente para determinar la legalidad o ilegalidad de la notificación practicada por el órgano jurisdiccional emisor del laudo reclamado, ni siquiera al realizar el estudio de la oportunidad de la presentación de la demanda, por lo que cuando exista constancia de que se efectuó la notificación respectiva a determinada parte en el juicio laboral, los Tribunales Colegiados de Circuito deben atender a ella y a la fecha de su diligenciación para analizar la procedencia del juicio de amparo directo, específicamente para realizar el cómputo a efecto de determinar si se promovió oportunamente, sin que puedan hacer un análisis de las formalidades que en la práctica de dicha notificación se siguieron ni desconocer su existencia, pues ello implicaría someter a escrutinio un acto que no integra litis que, como se ha apuntado, se ciñe al análisis del laudo dictado en el juicio laboral y, en su caso, de las violaciones en el procedimiento que le dieron origen." Y en lo conducente, la Jurisprudencia 2ª/J.54/2017 (10a), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 43, Junio de 2017, Tomo II, Página 835, de rubro siguiente: "AMPARO DIRECTO EN MATERIA DE TRABAJO. LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO, AL ESTUDIAR EL CÓMPUTO DEL PLAZO PARA LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA, DEBEN TOMAR EN CONSIDERACIÓN LA NUEVA NOTIFICACIÓN DEL LAUDO PRACTICADA CUANDO RESULTE FUNDADO EL INCIDENTE DE NULIDAD DE ACTUACIONES." En este sentido, se insiste que al no haber agotado el recurso ordinario procedente, deviene improcedente el juicio de amparo que nos ocupa, trayendo como consecuencia que no se haya cumplido con el principio de definitividad que rige el juicio de amparo; máxime que como se dijo, no se ubica en alguna excepción que permita acudir inmediatamente al juicio constitucional sin necesidad de agotar los recursos procedentes, pues dicho principio que rige y caracteriza al juicio de amparo, en cualquiera de sus formas de instauración, es de observancia obligatoria y general, siendo únicamente mediante el reconocimiento de excepciones específicas que se pueden admitir supuestos en los que dicha observancia deja de ser obligatoria; por tanto, lo procedente es desechar la demanda de mérito por notoriamente improcedente. Reservando acordar al efecto, respecto al diverso acto reclamado precisado por la superioridad hasta en tanto adquiera firmeza esta determinación. Asimismo, fórmese el ANEXO I en relación al tomo de pruebas remitido por la citada superioridad derivado del expediente SAT743/2013, y toda vez que dado el volumen de dichas documentales, no es factible digitalizar las constancias para ser agregadas a la plataforma del Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación, dado que el número de fojas supera los 20 MB que aquél permite. Ello, de conformidad con lo establecido en los artículos 22 y 23 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencia en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, que establece: "Artículo 22. Al integrar los expedientes electrónicos, los órganos jurisdiccionales los registrarán dentro de la misma numeración consecutiva que la empleada para los expedientes derivados de promociones que se presenten de manera impresa, y en ambos casos se dará el trámite correspondiente. Las constancias firmadas electrónicamente tienen validez legal suficiente y no deberán agregarse al expediente físico, el cual contendrá únicamente las promociones recibidas físicamente y las constancias de notificación que se generen de la misma manera. Las constancias que integran el expediente electrónico, cuando incluyen la evidencia criptográfica, se considerarán como copias certificadas electrónicamente, ya que el proceso de firmado electrónico les da la característica de inalterables. En casos excepcionales que se requieran certificaciones de documentos electrónicos impresos, aplicará el proceso de certificación para documentos físicos, es decir, se deberá incorporar el texto de certificación y firma autógrafa correspondiente. Las y los servidores públicos autorizados para tal efecto, podrán emitir acuerdos mediante el uso de su FIREL para generar copias certificadas de lo que obra en un expediente y agregarlas en otro. Por su parte, las promociones recibidas físicamente deberán integrarse a un expediente electrónico mediante la utilización de la FIREL, atendiendo a lo dispuesto en el siguiente artículo. Todas las constancias y documentos del expediente físico deberán digitalizarse e incorporarse al expediente electrónico; en cambio, las constancias y documentos electrónicos no se incorporarán al expediente físico. Los documentos presentados en formato físico con los que se formen cuadernos auxiliares y que no se agreguen al expediente principal físico, tampoco deberán integrarse al expediente electrónico. Se trata de los siguientes: . III. Copias presentadas como "anexos" y que correspondan a actuaciones del propio órgano jurisdiccional. Los cuadernos auxiliares podrán consultarse físicamente por las partes en los órganos jurisdiccionales con las salvaguardas respectivas tratándose de la información reservada o confidencial. Asimismo, la digitalización de pruebas, poderes, valores y garantías diversas quedará al arbitrio de la juzgadora o juzgador, pudiéndose, en su caso, incluir una certificación en el expediente electrónico que dé cuenta de éstas e incluya una fotografía o imagen del objeto en cuestión. Los órganos jurisdiccionales deberán digitalizar los anexos. Las OCC, conforme lo permita su carga de trabajo, podrán auxiliar en la digitalización de anexos previo a su turno. En casos excepcionales, el personal de la mesa de trabajo a la que se haya turnado el asunto podrá solicitar el auxilio de la administración de cada edificio para contar con el apoyo de las jornadas de digitalización. Artículo 23. En caso de que exista imposibilidad material para la digitalización de determinadas constancias aportadas por las partes, las y los titulares de los órganos jurisdiccionales acordarán lo conducente y valorarán si hacen del conocimiento de las partes tal situación mediante proveído y si las constancias se integran únicamente al expediente físico, o bien, ordenarán la integración de cuadernos auxiliares previstos en el artículo 22, último párrafo de este Acuerdo." DOMICILIO Y AUTORIZADOS Se tiene como domicilio para oír citas y notificaciones únicamente de carácter personal, el señalado en su escrito inicial, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26, fracción I, de la Ley de Amparo; y las listas que se fijan en los estrados de este órgano jurisdiccional, para el resto de las determinaciones. Asimismo, con fundamento en el artículo 12 de la Ley de Amparo, se tiene únicamente para oír y recibir notificaciones a la persona que indica. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles. TRANSPARENCIA Conforme a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace del conocimiento de las partes que pueden manifestar por escrito su oposición a que se publiquen sus datos personales, con independencia de que este juzgado, por conducto de los Secretarios y Actuarios, al elaborarse la versión pública, suprima dicha información. SOLICITUD DE INFORMACIÓN Se solicita a las partes proporcionen, de ser su deseo, un número telefónico y una cuenta de correo electrónico para que, en caso de que sea necesario, se pueda entablar comunicación no procesal y así estar en posibilidad de lograr una mayor celeridad en la integración de este asunto, en aras de acatar lo estipulado en el artículo 17 Constitucional. Asimismo, se pone a disposición de las autoridades responsables el correo electrónico institucional 2jdo2cto@correo.cjf.gob.mx para el supuesto de que deseen presentar promociones relacionadas con el presente expediente, siempre y cuando tenga firma electrónica, o bien, las remitan de manera digitalizada con firma y sellos autógrafos, a través del referido correo electrónico oficial. También, se informa a las partes que el horario de atención al público es de lunes a viernes de las nueve horas con treinta minutos a las catorce horas con treinta minutos; de conformidad con el artículo 6 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales. EXHORTACIÓN A TRAMITAR ASUNTOS "EN LÍNEA" En términos del artículo 263, fracción II del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, se exhorta a las partes para que, cuando les sea posible, transiten hacia la actuación en el juicio en línea desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. TRAMITACIÓN ELECTRÓNICA EN EL JUICIO EN LÍNEA Se hace saber a las partes que, conforme al numeral 263 del acuerdo general mencionado en el párrafo que antecede, independientemente del esquema tradicional, híbrido o en línea con el que intervengan en este asunto, este órgano jurisdiccional adoptará como eje rector de su actividad la actuación desde las aplicaciones del Sistema Electrónico del Consejo de la Judicatura Federal, específicamente, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en los demás sistemas de gestión judicial, en atención a las siguientes bases: I. Todas las actuaciones judiciales que deban constar por escrito se plasmarán en documentos generados y firmados electrónicamente. II. Sólo se digitalizarán los documentos remitidos físicamente por las partes, testigos, peritos, otras personas intervinientes y autoridades ajenas al Poder Judicial de la Federación. III. La única excepción a lo dispuesto en las dos fracciones anteriores será la generación de constancias y documentos necesarios para la práctica de notificaciones que deban realizarse físicamente, así como digitalización de las razones, constancias y acuses que deriven de las mismas. IV. Las partes autorizadas para ello podrán consultar su expediente desde el Portal de Servicios en Línea. Quienes no tengan habilitada esta modalidad, podrán acudir físicamente para consultar el expediente electrónico en los equipos dispuestos para tal efecto dentro del horario de atención al público en este órgano jurisdiccional. Notifíquese personalmente a la parte quejosa y mediante oficio al Tribunal Colegiado declinante..."
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