María Griselda Mora Fernandez

Expediente 867/2018 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz. 2 actuaciones registradas, la última del 21 de septiembre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
867/2018
Año
2018
Actuaciones
2
Última actuación
21/09/2018

Partes del expediente

  • María Griselda Mora Fernandez
  • Javier Castillo Viveros

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación de cuenta, de la que se advierte que ha fenecido el término de cinco días que la ley prevé para la interposición del recurso de queja en contra del auto de cinco de septiembre del año en curso, en el cual se desechó de plano la demanda; en consecuencia con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente conforme al numeral 2º de la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado, para todos los efectos legales procedentes. En consecuencia, háganse las anotaciones pertinentes en el libro de gobierno respectivo y archívense las actuaciones como asunto concluido. Por otra parte, en cumplimiento al Capítulo Quinto, punto vigésimo primero, fracción I, del Acuerdo General Conjunto número 01/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, resulta procedente decretar que el presente expediente ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, al haberse desechado de plano la demanda, por lo que una vez transcurridos más de cinco años se procederá a la destrucción del mismo, con posterioridad al VEINTIUNO DE SEPTIMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS. De conformidad con lo establecido en el capítulo tercero, punto décimo, fracción I, del acuerdo 01/2009 en cita, una vez cumplido tres años de haberse ordenado el archivo del presente asunto, deberá transferirse al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; en el entendido de que se trasferirá con posterioridad al VEINTIUNO DE SEPTIMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO. El presente asunto no se considera de relevancia documental por no encuadrar en algún supuesto de los establecidos en el capítulo quinto, punto vigésimo primero, último párrafo del Acuerdo General Conjunto precitado.

  2. Principal

    Con fundamento en el artículo 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo, notifico por lista de acuerdos a la parte quejosa, la determinación que dice: Vista la demanda de amparo promovida por *******, en su calidad de Presidente Municipal, Síndico Único Municipal, Regidor Primero y Regidor Segundo, respectivamente, todos del Ayuntamiento Constitucional de Alto Lucero de Gutiérrez Barrios, Veracruz, personalidad que acreditan y se les reconoce en términos de las constancias de Mayoría y Validez de siete de junio de dos mil diecisiete y copia de las constancias de asignación de veintiséis de octubre del mismo año, contra actos del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Poder Judicial del Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad y otra autoridad. Al respecto, se acuerda: FÓRMESE JUICIO Y REGÍSTRESE bajo el número 867/2018. Ahora bien, el suscrito considera que es procedente tomar en consideración lo dispuesto por los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, establecen lo siguiente: "Artículo 112. Dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue presentada, o en su caso turnada, el órgano jurisdiccional deberá resolver si desecha, previene o admite. "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De los artículos transcritos se tiene que el suscrito dentro del término de veinticuatro horas, contado a partir del momento en que recibe la demanda, examinará si previene o admite la demanda; sin embargo, si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado, por lo que, en acatamiento a dicho precepto se procede a analizar el escrito que dio origen al presente juicio de amparo. Por otra parte, cabe precisar que de acuerdo con el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, Editorial Espasa, Vigésima Primera Edición, Tomo II, página 1309, por manifiesto debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; y por indudable, que se tiene la certeza y plena convicción de alguna idea o hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es, es decir, que aun y cuando se admitiera la demanda fuera posible desvirtuar con probanzas la causal de improcedencia advertida desde el auto de desechamiento. Apoya lo anterior los lineamientos indicados en la tesis I.3o.C.90 K, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, del tenor literal siguiente: "DEMANDA DE AMPARO EN LA VÍA INDIRECTA. LA RESOLUCIÓN INICIAL DEBE SUJETARSE A UNA ESTRUCTURA LÓGICA Y JURÍDICA DE ESTUDIO POR EL JUEZ DE DISTRITO." INTERPRETACIÓN DE LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA. En el caso, quien esto juzga estima, que se actualizan las causas de improcedencia previstas en el artículo 61, fracciones XII y XXIII, y ésta última ligada a los preceptos 5°, fracción I, primer párrafo, 6° y 7°, todos de la Ley de Amparo, y 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los cuales establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia. XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1 de la presente ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico." "Artículo 6. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5° de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley." "Artículo 7. La Federación, los estados, el Distrito Federal, los municipios o cualquier persona moral pública podrán solicitar amparo por conducto de los servidores públicos o representantes que señalen las disposiciones aplicables, cuando la norma general, un acto u omisión los afecten en su patrimonio respecto de relaciones jurídicas en las que se encuentren en un plano de igualdad con los particulares..." "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa (.)". De los preceptos transcritos, se colige que el juicio de amparo es un medio de control de la constitucionalidad de los actos de autoridad, que únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique el acto que se reclame; es decir, dichos preceptos establecen el principio de agravio personal y directo que rige en el juicio de amparo. En el caso, la demanda de amparo se encuentra promovida por el Presidente Municipal, Síndico Único Municipal, Regidor Primero y Regidor Segundo, respectivamente, todos del Ayuntamiento Constitucional de Alto Lucero de Gutiérrez Barrios, Veracruz, señalando como acto reclamado la multa de quince días de Unidad de Medida y Actualización, impuesta a cada uno de ellos como persona física, con motivo del proveído de dieciséis de agosto del año en curso, dictado en el expediente laboral número 1087/2008-III del índice del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad. En esas condiciones, si la demanda de amparo la promueve el Presidente Municipal, Síndico Único Municipal, Regidor Primero y Regidor Segundo, todos del Ayuntamiento Constitucional de Alto Lucero de Gutiérrez Barrios, Veracruz y no así las personas físicas a quienes les fueron impuestas las multicitadas multas, resulta inconcuso que los promoventes no tiene legitimación para promover el juicio de amparo. Es decir, los promoventes con las investiduras con las que se ostentan, estarían facultados para proteger en los casos que resultaran dentro de sus facultades legales, los actos inherentes a sus funciones públicas, más con el carácter de ente oficial no tiene la legitimación para promover el juicio de amparo a nombre de las personas físicas a las que se les impusieron las multas. Ello es así, en virtud de que si la multa reclamada fue impuesta a Javier Castillo Viveros, María Griselda Mora Fernández, Eustorgio Morales Durán y Cristina Viveros Montero, ningún agravio le causa al Presidente Municipal, Síndico Único Municipal, Regidor Primero y Regidor Segundo, todos del Ayuntamiento Constitucional de Alto Lucero de Gutiérrez Barrios, Veracruz; y por el contrario, quien en su caso, estaría legitimado para acudir a promover el presente juicio de amparo por su propio derecho, serían las personas físicas, o en su caso, a través de apoderado legal que lo represente directamente. Se afirma lo anterior, en virtud de que la perturbación que llegara a ocasionar la multa impuesta incidiría únicamente en las personas que detentan el cargo al momento de su imposición, pues dicha medida de apremio debe ser cubierta con el patrimonio propio del servidor público, para dotarla de efectividad, a efecto de que el sujeto al que va dirigida modifique su conducta que da lugar a la imposición de la citada multa, ya que de dirigirla al Presidente Municipal, Síndico Único Municipal, Regidor Primero y Regidor Segundo, todos del Ayuntamiento Constitucional de Alto Lucero de Gutiérrez Barrios, Veracruz, jamás causaría un perjuicio al sujeto al que está dirigida y, consecuentemente, éste no tendría motivo alguno para modificar esa conducta. Criterio que guarda concordancia con lo considerado, en ese sentido, por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al dirimir la contradicción de tesis 38/2015 entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Primero del Cuarto Circuito, Primero del Décimo Sexto Circuito y Tercero del Segundo Circuito, todos en Materia Administrativa, que, en la parte considerativa, es del tenor siguiente: ".Por tanto, independientemente de que la Sala del Tribunal Fiscal de la Federación, al imponer la multa por omisión total en el cumplimiento de la sentencia o por repetición de la resolución anulada, la imponga mencionando el nombre del funcionario responsable de la omisión total o de la repetición aludidas, o bien, refiriéndose al titular de la dirección o dependencia del Gobierno o del organismo descentralizado, se entiende que la multa se impone a la persona física o funcionario que en su actuar como autoridad omite totalmente cumplir con la sentencia o repite la resolución anulada en la sentencia, y no a la dirección, dependencia u organismo descentralizado. Tan es así que esa multa se impone en el equivalente a quince días del salario del funcionario responsable, quien debe cubrirla con su peculio y no con el presupuesto de la dirección o dependencia del Gobierno o con el patrimonio del organismo descentralizado. En consecuencia, si la multa por omisión total en el cumplimiento de la sentencia o por repetición de la resolución anulada, se dirige a la persona física que en su actuar como funcionario o autoridad resulta responsable de la omisión total o de la repetición, dicha multa es susceptible de violar los derechos fundamentales de la persona física mencionada, afectando su esfera jurídica, por lo que tal persona, por derecho propio, está legitimada para promover el juicio de amparo." Las anteriores consideraciones se encuentran contenidas en la jurisprudencia 2a./J. 65/2015 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto es: "JUICIO DE AMPARO. LA PERSONA FÍSICA O TITULAR DE UNA UNIDAD ADMINISTRATIVA QUE EN SU ACTUAR COMO AUTORIDAD FUE MULTADA POR UN TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO ESTATAL, POR CONTUMACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE UNA SENTENCIA, POR DERECHO PROPIO ESTÁ LEGITIMADA PARA PROMOVERLO CONTRA LA RESOLUCIÓN RESPECTIVA. Si un Tribunal Contencioso Administrativo estatal estima que la persona física o titular de una unidad administrativa demandada en el juicio contencioso administrativo incurrió en la omisión de cumplir la sentencia dictada en el juicio relativo y le impone una multa equivalente a ciertos días de su salario, con independencia de que la imposición se haga relacionando su nombre, o bien, refiriéndose al titular de la unidad administrativa (dirección, dependencia del Gobierno Estatal o del organismo descentralizado), se entiende que aquélla se impone a la persona física o funcionario que, en su actuación como autoridad, omite cumplir la sentencia y no así a la unidad administrativa; tan es así, que la multa se impone en el equivalente a cierto número de días de salario vigente del funcionario responsable, quien debe cubrirla de su propio peculio y no con el presupuesto de la unidad administrativa. En consecuencia, como la resolución que impone multa en los términos referidos es susceptible de violar los derechos fundamentales de la persona física mencionada, afectando su esfera jurídica, se concluye que, por su propio derecho, está legitimada para promover el juicio de amparo en su contra." De ahí que, se insista, si la multa es una sanción para la persona física que desempeña el cargo respectivo y, por tanto, ésta debe cubrirla con su propio peculio y no con cargo al presupuesto de la dependencia de que se trate, dado que le es impuesta al servidor público, éste es quien por derecho propio está legitimado para promover el juicio de amparo. De igual forma, apoya a lo antes expuesto, por sus consideraciones la tesis II.3o.A.9 K (10a.) emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, que se lee: "MULTAS IMPUESTAS POR LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES A LAS AUTORIDADES. DEBEN CUBRIRSE POR LA PERSONA FÍSICA QUE OCUPA EL CARGO AL QUE SE REFIEREN Y QUE COMETIÓ LA INFRACCIÓN. Cuando los órganos jurisdiccionales imponen una multa a una autoridad y hacen referencia a la denominación de un determinado puesto, debe entenderse que ésta va dirigida al servidor público que en su actuar incurrió en la infracción y no al organismo al que pertenece, pues no fue a éste al que propiamente se le aplicó la medida, sino a la persona física que ocupa el cargo, por lo que ésta debe cubrir el monto de aquélla con su peculio; sostener lo contrario implicaría despojar de toda efectividad a las multas, dado que jamás causarían un perjuicio al sujeto al que están dirigidas y, consecuentemente, éste no tendría motivo alguno para modificar la conducta que dio lugar a la imposición de esa sanción." De modo que, si los quejosos promovieron el amparo con el carácter del cargo que ocupan al momento de la imposición de la multa, lo que se corrobora con las copias certificadas de las constancias de Mayoría y Validez de siete de junio de dos mil diecisiete, donde se designan a Javier Castillo Viveros, María Griselda Mora Fernández, como Presidente Municipal y Síndica, así como con copia de las constancias de asignación de veintiséis de octubre del mismo año, en favor de Eustorgio Mora les Durán y Cristina Viveros Montero, donde se les otorga el cargo de regidores primero y segundo, con lo que pretenden acreditar el cargo con que se ostentaron, es evidente que no se encuentran legitimados para combatir el acto que esta vía se reclama. En consecuencia, se actualiza la referida causa de improcedencia, prevista en los artículos 61, fracciones XII y XXIII, 5°, fracción I, primer párrafo, 6° y 7°, de la Ley de Amparo vigente, 107, fracción I, de la Carta Magna; por lo que, con fundamento en el artículo 113 de la ley de la materia, lo que procede es desechar la demanda de amparo. COMO DOMICILIO DE LA PARTE QUEJOSA para oír y recibir todo tipo de notificaciones, se tiene el que señala en el escrito que se provee y por autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a Martín Augusto Hernández Hernández, José Lucio Castro González y María Carolina Vera Arcos, quienes acorde a los lineamientos trazados por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se expide el similar que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo; y reforma y deroga diversas disposiciones de otros acuerdos generales, que establece el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, cuentan con los registros número 145758, 145759 y 145757, y por autorizados con la restricción que impone el citado precepto, a Constantino Juárez Viveros, toda vez que dentro de la base de datos del referido sistema, no aparecen los registros correspondientes, ni tampoco acreditaron contar con dichos documentos. DIGITALIZACIÓN DE ACTUACIONES E INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO. Se comisiona al Secretario, así como a los Oficiales Administrativos correspondientes y demás encargados de la digitalización de constancias, y a los Actuarios Judiciales en lo conducente, a supervisar y/o realizar, la captura electrónica de los acuerdos emitidos en el presente asunto, así como la digitalización de las promociones, diligencias y documentos que obren en el mismo, de conformidad con lo previsto en el numeral 3 de la Ley de Amparo, así el Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal. DEPURACIÓN. En caso de que al concluirse este juicio existan documentos originales en términos del capítulo primero, punto segundo, fracción dieciocho del Acuerdo General Conjunto 1/2009, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se requiere a la parte oferente del mismo para que se presente a recogerlos dentro de los siguientes noventa días naturales a que cause estado la resolución que ponga fin el presente juicio. Con apercibimiento que de no hacerlo se destruirán en términos del Capítulo Quinto, último párrafo del punto Vigésimo del citado Acuerdo General. Para ello se instruye al Secretario del Juzgado para que certifique junto con la orden de archivo la existencia de tales documentos; sin que se consideren como documentos originales la carta poder manuscrita, por no ser insustituible por otro que hay sido ofrecido por las partes con excepción de la demanda; ni aquellos documentos de los que pueda obtenerse una copia certificada por alguna dependencia gubernamental, notaria o correduría públicas, sin que sea necesaria la autorización de las partes que hayan intervenido en el acto jurídico. TRANSPARENCIA. Suprímase en versión pública que se realice, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener las sentencias, resoluciones y demás constancias que obren en el expediente, con fundamento en los artículos 1°, 3, 11, fracción VI, 16, 67, fracción II, inciso c) y 68, este último en relación con los diversos 110, 113 y 118, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

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