María Griselda Artola Alderete

Expediente 659/2019 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz. 26 actuaciones registradas, la última del 27 de noviembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
659/2019
Año
2019
Actuaciones
26
Última actuación
27/11/2019

Partes del expediente

  • María Griselda Artola Alderete
  • Juez Primero del Juzgado de Primera Instancia Penal Distrito Judicial de Veracruz

Actuaciones

Las 4 más recientes de 26.

  1. Principal

    Téngase por recibido el escrito signado por Jorge Ortiz Torres, Verónica Ortiz Torres y Simón Mancilla Aguilar, mediante el cual renuncian al cargo de autorizados de la quejosa María Griselda Artola Alderete y solicitan que se revoque también el domicilio que ésta señaló para oír y recibir notificaciones. Al respecto, dígase a los promoventes que deberán estarse a lo ordenado por auto de trece de noviembre del año en curso, en el que se tuvo por revocado su nombramiento, así como el domicilio que indican, por así haberlo solicitado la aquí quejosa.

  2. Principal

    Vistos el escrito a través del cual la quejosa María Griselda Artola Alderete, se desiste expresamente de la demanda de amparo que dio origen al presente juicio, el cual fue ratificado mediante diligencia de doce de noviembre del presente año. Ahora, toda vez que uno de los principios fundamentales del juicio de amparo es que exista la voluntad de quien lo promueve, es decir, que se siga a instancia de parte agraviada, en sentido contrario se comprende que el gobernado, en cualquier etapa en la que se encuentre el juicio, hasta antes de que la sentencia que se llegara a emitir cause ejecutoria, puede renunciar a la actividad jurisdiccional que se generó sobre el conflicto planteado por éste, por lo que al haber ratificado la quejosa su voluntad de desistirse de la demanda que dio inicio al presente expediente, se le tiene por desistida de la demanda de amparo. Sustenta el razonamiento que antecede la Jurisprudencia 2a./J. 33/2000, postulada por la Segunda Sala del nuestro Máximo Tribunal, que a la letra dice: "DESISTIMIENTO DE LA DEMANDA DE AMPARO. PUEDE MANIFESTARSE EN CUALQUIERA DE LAS INSTANCIAS DEL JUICIO, MIENTRAS NO SE HAYA DICTADO LA SENTENCIA EJECUTORIA. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 107, fracción I, de la Constitución General de la República, la voluntad para promover el juicio de amparo es un principio fundamental, de modo que siempre debe seguirse a instancia de parte agraviada, de ahí que pueda, válidamente, desistir en cualquier momento con la sola declaración de su voluntad. Lo anterior se encuentra reconocido en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, que establece como una de las causas de sobreseimiento en el juicio el desistimiento de la demanda, que para la misma disposición constituye una abdicación o renuncia del sujeto a que el órgano de control constitucional ejerza su actividad jurisdiccional en un caso concreto y determinado, implicando el desistimiento de la demanda. Por consiguiente, el desistimiento ratificado por el quejoso, actualiza la hipótesis prevista por el mencionado artículo 74, fracción I, a pesar de que se haya externado ante el a quo y con posterioridad a la fecha en que éste dictó la resolución de primera instancia e incluso, a que en contra de tal fallo se haya interpuesto el recurso de revisión, porque el quejoso conserva su derecho para desistir de la demanda en el momento en que lo considere conveniente a sus intereses, y el órgano de control constitucional tiene el deber de aceptar esa renuncia". (Lo subrayado es propio). Así como la Jurisprudencia 2a./J. 82/2016, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto son: "DESISTIMIENTO DE LA ACCIÓN DE AMPARO. SUS CONSECUENCIAS. El desistimiento de la acción de amparo consiste en la declaración de voluntad del quejoso de no proseguir con el juicio, el cual, debidamente ratificado, conlleva emitir una resolución con la que finaliza la instancia de amparo, independientemente de la etapa en que se encuentre (desde el inicio del juicio hasta antes de que cause ejecutoria la sentencia que se dicte) y sin necesidad de examinar los conceptos de violación o, en su caso, los agravios." (Lo subrayado es propio). En tales condiciones, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 63, fracción I, de la Ley de Amparo, se sobresee fuera de audiencia constitucional en el presente juicio de amparo Para ello, es aplicable la Tesis Aislada sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, que a la letra dice: "DESISTIMIENTO EXPRESO DE LA DEMANDA DE AMPARO, ORIGINA EL SOBRESEIMIENTO.- Cuando el quejoso se desiste de la demanda de garantías y ratifica el desistimiento, se configura y acredita plenamente la causal de sobreseimiento prevista en el artículo 74 fracción I de la Ley de Amparo". En mérito de lo anterior, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las nueve horas con veinte minutos del veintiséis de noviembre de dos mil diecinueve. Asimismo, y atento al desistimiento expreso, se debe apuntar que el quejoso no puede retractarse del mismo, tal y como se estableció en la Jurisprudencia número 2ª/J.161/2010, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del tenor siguiente: "DESISTIMIENTO DE LA DEMANDA DE AMPARO. NO PROCEDE SU RETRACTACIÓN UNA VEZ RATIFICADO ANTE LA PRESENCIA JUDICIAL. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 2a./J. 119/2006, de rubro: "DESISTIMIENTO EN EL AMPARO. DEBE SER RATIFICADO POR EL QUEJOSO.", sostuvo que la ratificación del escrito de desistimiento de la demanda de amparo tiene como objeto verificar la identidad de quien desiste, esto es, cerciorarse de que no se trate de un ocurso en el que se haya suplantado al interesado o que obedezca a una causa ajena a su voluntad. Ahora bien, la retractación de dicho desistimiento debe hacerse dentro del plazo de tres días previsto para su ratificación o durante el desarrollo de la diligencia relativa, en términos de la fracción III del artículo 30 de la Ley de Amparo. De lo que se sigue que si el peticionario de garantías pretende abandonar su intención de desistir de la demanda de amparo después de ratificar el desistimiento ante la presencia judicial, no es posible que la retractación surta efectos a su favor, pues la sola ratificación actualiza la causal de sobreseimiento prevista en la fracción I del artículo 74 de la citada Ley; máxime que lo contrario atentaría contra la garantía de seguridad jurídica y el principio general de derecho consistente en que los actos jurídicos no pueden dejarse al arbitrio de una de las partes. Lo anterior es así, con independencia de que dicha retractación se presente antes del dictado de la sentencia definitiva correspondiente, en la medida en que la negativa a acordar favorablemente la abdicación emana de la naturaleza intrínseca que le inculca la ratificación previa del escrito de desistimiento, además de que, en todo caso, la sentencia que se emita al respecto y decrete el sobreseimiento tendrá carácter declarativo, al manifestar una causa legal que impide la continuación del juicio o que pueda resolverse la cuestión de fondo originalmente planteada." (Lo subrayado es propio). En ese orden de ideas, con apoyo en el artículo 356, fracción III, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que el presente auto ha quedado firme; por lo tanto, archívese el presente asunto como asunto concluido y háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno de este Juzgado; así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, asimismo, Por otra parte, en cumplimiento al Capítulo Quinto, punto vigésimo primero, fracciones I, del Acuerdo General Conjunto número 01/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, resulta procedente decretar que el presente expediente y el original del incidente suspensión son susceptibles de destrucción, al haberse sobreseído fuera de audiencia el presente juicio y negado a la parte quejosa la suspensión provisional y definitiva de los actos reclamados, por lo que una vez transcurridos más de cinco años se procederá para tales efectos con posterioridad al TRECE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTICUATRO. De conformidad con lo establecido en el Capítulo Tercero, punto décimo, fracción I, del Acuerdo 01/2009 en cita, una vez cumplido tres años de haberse ordenado el archivo del presente asunto, deberá transferirse al Centro de Documentación y Análisis; en el entendido de que se trasferirá con posterioridad al TRECE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS. El presente asunto no se considera de relevancia documental por no encuadrar en algún supuesto de los establecidos en el capítulo quinto, punto vigésimo primero, último párrafo del Acuerdo General Conjunto precitado. Asimismo, en cumplimiento al capítulo quinto, punto vigésimo, fracción III, del Acuerdo General Conjunto número 01/2009, resulta procedente decretar que el duplicado del incidente de suspensión relativo al presente juicio de amparo, ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN al existir el original del incidente de suspensión, por lo que una vez transcurridos seis meses se procederá a la destrucción del mismo, por tanto, agréguese copia certificada de este proveído a los cuadernos incidentales. Ahora bien, de autos se advierte que mediante proveídos de veinticinco de julio y dieciséis de agosto de la presente anualidad, se ordenó formar un tomo con las pruebas documentales que remitió la autoridad responsable Magistrados que integran la Sala de Guardia del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con residencia en esta ciudad, consistentes en los autos originales de su toca 777/2018-A, así como, un diverso tomo con las que envió el Secretario encargado del despacho del Juzgado Primero de Primera Instancia, con sede en Veracruz, Veracruz, consistentes en copia certificada de la causa penal 462/2018, de su índice; sin embargo, toda vez que resulta innecesaria la conservación de dichas constancias, devuélvansele a las citadas responsables, solicitándoles el acuse recibo correspondiente. Por otro lado, por así haberlo solicitado la quejosa de que se trata, se revoca el nombramiento de Jorge Ortiz Torres, Verónica Ortiz Torres y Simón Mansilla Aguilar y Vicente López Estrada, así como su domicilio actual para oír y recibir notificaciones y téngase como su nuevo domicilio el ubicado en calle Francisco Vázquez, número setecientos cinco, colonia Obrero Campesina, de esta ciudad y como sus autorizados con las restricciones que impone el párrafo segundo del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Tomás Cruz Hernández e Ivonne de Carmen Jiménez Ascencio, toda vez que en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, no aparecen sus registros y la quejosa no acreditó que éstos cuenten con la autorización oficial para ejercer la licenciatura en derecho. Asimismo, como lo solicita la quejosa y tomando en consideración que proporciona como usuario electrónico Lic. Ivonne, se le autoriza únicamente la consulta del expediente electrónico y no así la presentación de recursos y promociones electrónicas a través de ese usuario, esto último debido a que la designación del titular del referido usuario fue autorizado con las restricciones que impone el párrafo segundo, del artículo 12 de la Ley de Amparo, por los motivos que se expusieron en el párrafo precedente; por lo tanto, se instruye al Analista Jurídico para que realice las habilitaciones correspondientes a fin de que la quejosa esté en condiciones de consultar el expediente electrónico de los presentes autos, lo anterior en términos de lo dispuesto por el artículo 3, párrafo V, de la citada legislación.

  3. Principal

    Se notifica por lista de acuerdos a la parte quejosa, la determinación que dice: Vistos el escrito a través del cual la quejosa María Griselda Artola Alderete, se desiste expresamente de la demanda de amparo que dio origen al presente juicio, el cual fue ratificado mediante diligencia de doce de noviembre del presente año. Ahora, toda vez que uno de los principios fundamentales del juicio de amparo es que exista la voluntad de quien lo promueve, es decir, que se siga a instancia de parte agraviada, en sentido contrario se comprende que el gobernado, en cualquier etapa en la que se encuentre el juicio, hasta antes de que la sentencia que se llegara a emitir cause ejecutoria, puede renunciar a la actividad jurisdiccional que se generó sobre el conflicto planteado por éste, por lo que al haber ratificado la quejosa su voluntad de desistirse de la demanda que dio inicio al presente expediente, se le tiene por desistida de la demanda de amparo. Sustenta el razonamiento que antecede la Jurisprudencia 2a./J. 33/2000, postulada por la Segunda Sala del nuestro Máximo Tribunal, que a la letra dice: "DESISTIMIENTO DE LA DEMANDA DE AMPARO. PUEDE MANIFESTARSE EN CUALQUIERA DE LAS INSTANCIAS DEL JUICIO, MIENTRAS NO SE HAYA DICTADO LA SENTENCIA EJECUTORIA. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 107, fracción I, de la Constitución General de la República, la voluntad para promover el juicio de amparo es un principio fundamental, de modo que siempre debe seguirse a instancia de parte agraviada, de ahí que pueda, válidamente, desistir en cualquier momento con la sola declaración de su voluntad. Lo anterior se encuentra reconocido en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, que establece como una de las causas de sobreseimiento en el juicio el desistimiento de la demanda, que para la misma disposición constituye una abdicación o renuncia del sujeto a que el órgano de control constitucional ejerza su actividad jurisdiccional en un caso concreto y determinado, implicando el desistimiento de la demanda. Por consiguiente, el desistimiento ratificado por el quejoso, actualiza la hipótesis prevista por el mencionado artículo 74, fracción I, a pesar de que se haya externado ante el a quo y con posterioridad a la fecha en que éste dictó la resolución de primera instancia e incluso, a que en contra de tal fallo se haya interpuesto el recurso de revisión, porque el quejoso conserva su derecho para desistir de la demanda en el momento en que lo considere conveniente a sus intereses, y el órgano de control constitucional tiene el deber de aceptar esa renuncia". (Lo subrayado es propio). Así como la Jurisprudencia 2a./J. 82/2016, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto son: "DESISTIMIENTO DE LA ACCIÓN DE AMPARO. SUS CONSECUENCIAS. El desistimiento de la acción de amparo consiste en la declaración de voluntad del quejoso de no proseguir con el juicio, el cual, debidamente ratificado, conlleva emitir una resolución con la que finaliza la instancia de amparo, independientemente de la etapa en que se encuentre (desde el inicio del juicio hasta antes de que cause ejecutoria la sentencia que se dicte) y sin necesidad de examinar los conceptos de violación o, en su caso, los agravios." (Lo subrayado es propio). En tales condiciones, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 63, fracción I, de la Ley de Amparo, se sobresee fuera de audiencia constitucional en el presente juicio de amparo Para ello, es aplicable la Tesis Aislada sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, que a la letra dice: "DESISTIMIENTO EXPRESO DE LA DEMANDA DE AMPARO, ORIGINA EL SOBRESEIMIENTO.- Cuando el quejoso se desiste de la demanda de garantías y ratifica el desistimiento, se configura y acredita plenamente la causal de sobreseimiento prevista en el artículo 74 fracción I de la Ley de Amparo". En mérito de lo anterior, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las nueve horas con veinte minutos del veintiséis de noviembre de dos mil diecinueve. Asimismo, y atento al desistimiento expreso, se debe apuntar que el quejoso no puede retractarse del mismo, tal y como se estableció en la Jurisprudencia número 2ª/J.161/2010, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del tenor siguiente: "DESISTIMIENTO DE LA DEMANDA DE AMPARO. NO PROCEDE SU RETRACTACIÓN UNA VEZ RATIFICADO ANTE LA PRESENCIA JUDICIAL. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 2a./J. 119/2006, de rubro: "DESISTIMIENTO EN EL AMPARO. DEBE SER RATIFICADO POR EL QUEJOSO.", sostuvo que la ratificación del escrito de desistimiento de la demanda de amparo tiene como objeto verificar la identidad de quien desiste, esto es, cerciorarse de que no se trate de un ocurso en el que se haya suplantado al interesado o que obedezca a una causa ajena a su voluntad. Ahora bien, la retractación de dicho desistimiento debe hacerse dentro del plazo de tres días previsto para su ratificación o durante el desarrollo de la diligencia relativa, en términos de la fracción III del artículo 30 de la Ley de Amparo. De lo que se sigue que si el peticionario de garantías pretende abandonar su intención de desistir de la demanda de amparo después de ratificar el desistimiento ante la presencia judicial, no es posible que la retractación surta efectos a su favor, pues la sola ratificación actualiza la causal de sobreseimiento prevista en la fracción I del artículo 74 de la citada Ley; máxime que lo contrario atentaría contra la garantía de seguridad jurídica y el principio general de derecho consistente en que los actos jurídicos no pueden dejarse al arbitrio de una de las partes. Lo anterior es así, con independencia de que dicha retractación se presente antes del dictado de la sentencia definitiva correspondiente, en la medida en que la negativa a acordar favorablemente la abdicación emana de la naturaleza intrínseca que le inculca la ratificación previa del escrito de desistimiento, además de que, en todo caso, la sentencia que se emita al respecto y decrete el sobreseimiento tendrá carácter declarativo, al manifestar una causa legal que impide la continuación del juicio o que pueda resolverse la cuestión de fondo originalmente planteada." (Lo subrayado es propio). En ese orden de ideas, con apoyo en el artículo 356, fracción III, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que el presente auto ha quedado firme; por lo tanto, archívese el presente asunto como asunto concluido y háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno de este Juzgado; así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, asimismo, Por otra parte, en cumplimiento al Capítulo Quinto, punto vigésimo primero, fracciones I, del Acuerdo General Conjunto número 01/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, resulta procedente decretar que el presente expediente y el original del incidente suspensión son susceptibles de destrucción, al haberse sobreseído fuera de audiencia el presente juicio y negado a la parte quejosa la suspensión provisional y definitiva de los actos reclamados, por lo que una vez transcurridos más de cinco años se procederá para tales efectos con posterioridad al TRECE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTICUATRO. De conformidad con lo establecido en el Capítulo Tercero, punto décimo, fracción I, del Acuerdo 01/2009 en cita, una vez cumplido tres años de haberse ordenado el archivo del presente asunto, deberá transferirse al Centro de Documentación y Análisis; en el entendido de que se trasferirá con posterioridad al TRECE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS. El presente asunto no se considera de relevancia documental por no encuadrar en algún supuesto de los establecidos en el capítulo quinto, punto vigésimo primero, último párrafo del Acuerdo General Conjunto precitado. Asimismo, en cumplimiento al capítulo quinto, punto vigésimo, fracción III, del Acuerdo General Conjunto número 01/2009, resulta procedente decretar que el duplicado del incidente de suspensión relativo al presente juicio de amparo, ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN al existir el original del incidente de suspensión, por lo que una vez transcurridos seis meses se procederá a la destrucción del mismo, por tanto, agréguese copia certificada de este proveído a los cuadernos incidentales. Ahora bien, de autos se advierte que mediante proveídos de veinticinco de julio y dieciséis de agosto de la presente anualidad, se ordenó formar un tomo con las pruebas documentales que remitió la autoridad responsable Magistrados que integran la Sala de Guardia del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con residencia en esta ciudad, consistentes en los autos originales de su toca 777/2018-A, así como, un diverso tomo con las que envió el Secretario encargado del despacho del Juzgado Primero de Primera Instancia, con sede en Veracruz, Veracruz, consistentes en copia certificada de la causa penal 462/2018, de su índice; sin embargo, toda vez que resulta innecesaria la conservación de dichas constancias, devuélvansele a las citadas responsables, solicitándoles el acuse recibo correspondiente. Por otro lado, por así haberlo solicitado la quejosa de que se trata, se revoca el nombramiento de Jorge Ortiz Torres, Verónica Ortiz Torres y Simón Mansilla Aguilar y Vicente López Estrada, así como su domicilio actual para oír y recibir notificaciones y téngase como su nuevo domicilio el ubicado en calle Francisco Vázquez, número setecientos cinco, colonia Obrero Campesina, de esta ciudad y como sus autorizados con las restricciones que impone el párrafo segundo del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Tomás Cruz Hernández e Ivonne de Carmen Jiménez Ascencio, toda vez que en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, no aparecen sus registros y la quejosa no acreditó que éstos cuenten con la autorización oficial para ejercer la licenciatura en derecho. Asimismo, como lo solicita la quejosa y tomando en consideración que proporciona como usuario electrónico Lic. Ivonne, se le autoriza únicamente la consulta del expediente electrónico y no así la presentación de recursos y promociones electrónicas a través de ese usuario, esto último debido a que la designación del titular del referido usuario fue autorizado con las restricciones que impone el párrafo segundo, del artículo 12 de la Ley de Amparo, por los motivos que se expusieron en el párrafo precedente; por lo tanto, se instruye al Analista Jurídico para que realice las habilitaciones correspondientes a fin de que la quejosa esté en condiciones de consultar el expediente electrónico de los presentes autos, lo anterior en términos de lo dispuesto por el artículo 3, párrafo V, de la citada legislación.

  4. Principal

    Vista la certificación secretarial de cuenta, de la que se advierte que transcurrió el plazo de tres días concedido a los terceros interesados Luis Manuel Alatorre Pacheco y Evelyn Rueda Cárdenas y/o Lourdes Evelyn Rueda Cárdenas, a efecto de que señalaran domicilio en esta ciudad para oír y recibir notificaciones, sin que lo hayan hecho; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento con el que fueron conminados, por lo que en términos de lo dispuesto por el artículo 27, fracción II, de la Ley de Amparo, realíceseles la notificación del presente auto, así como las subsecuentes, aun las de carácter personal, por medio de lista de acuerdos que se fija en los estrados de este juzgado, hasta en tanto los nombrados terceros subsanen dicha omisión.

Quedan 22 actuaciones en este expediente

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