Maria Graciela Maya Torres

Expediente 799/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos. 10 actuaciones registradas, la última del 2 de mayo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
799/2020
Año
2020
Actuaciones
10
Última actuación
02/05/2022

Partes del expediente

  • Maria Graciela Maya Torres
  • Jesus Giles Santos

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, dos de mayo de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los autos y específicamente la certificación, de la que se advierte que ninguna de las partes interpuso recurso de revisión en contra de la sentencia definitiva dictada en el presente juicio de amparo, en la que se determinó sobreseer este asunto; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2°, SE DECLARA QUE DICHA SENTENCIA HA CAUSADO EJECUTORIA. Sin que pase desapercibido el hecho de que no se cuenta con el acuse de recibo dirigido a la autoridad responsable, mediante el cual se le comunicó la sentencia dictada en los presentes autos, toda vez que dicha situación no es obstáculo para que la resolución cause estado en términos del artículo 87 fracción segunda de la Ley de Amparo; no obstante lo anterior, remítase a la autoridad responsable copia de la sentencia dictada en autos. Lo anterior comuníquese a las partes y en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 214 de la Ley de Amparo, en su oportunidad archívese el presente juicio de amparo, previas anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, carátulas, así como la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y del expediente electrónico, esto último con fundamento en el artículo 35 del Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el diario oficial de la federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. En acatamiento a lo ordenado en dicho Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el diario oficial de la federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, el presente expediente ha sido debidamente valorado, en términos de lo establecido en el Capítulo Tercero, Cuarto, Quinto, Sexto, Séptimo y Octavo, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia y contra el ambiente y la gestión ambiental, además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni generados por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia, ni versa sobre materia agraria, ni relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito, ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial transcendencia jurídica, política, social o económica. Por otra parte, por encuadrar dentro de las hipótesis contempladas en el artículo 21, inciso a) del Acuerdo General en cita, el expediente en que se actúa es susceptible de destrucción, toda vez que, se sobreseyó en el juicio, lo que significa que dentro del plazo señalado por dicho artículo una vez que trascurra la temporalidad señalada, y en atención que dicho expediente carece de valor jurídico, valor histórico o de relevancia documental, por lo que pueden ser destruidos en términos de los dispuesto en la Ley General de Bienes Nacionales, y de Disposiciones Jurídicas Aplicables, además en observancia y cumpliendo a lo dispuesto por los artículos 22, 23 y 24 del Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Devolución documentos originales Infórmese a las partes que cuentan con el término de noventa días, contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la legal notificación de este proveído, para que se presenten debidamente identificados en día y hora hábiles, en las oficinas que ocupa este órgano de control constitucional, con el objeto de que se le haga entrega de los documentos originales exhibidos en la presente contienda constitucional; en la inteligencia de no hacerlo en dicho lapso, los mismos seguirán la suerte de éste. Cabe precisar que en el presente juicio de amparo no se tramitó incidente de suspensión. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos Óscar Alejandro López Cruz, quien actúa con la Secretaria Karina Vanessa Corona Alday, que autoriza. Doy fe.

  2. Principal

    VISTO, para resolver el juicio de amparo 799/2020, promovido por María Graciela Maya Torres y Jesús Giles Santos contra actos de la Junta Especial número Treinta y Uno de la Federal de Conciliación y Arbitraje con residencia en Cuernavaca, Morelos, y; R E S U L T A N D O. PRIMERO. Mediante escrito presentado el treinta de septiembre de dos mil veinte, ante la oficina de correspondencia común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, remitido al día hábil siguiente, que por razón de turno correspondió conocer a este juzgado federal, María Graciela Maya Torres y Jesús Giles Santos solicitaron el amparo y protección de la justicia federal, contra la autoridad y por el acto siguiente: Autoridad responsable Acto reclamado Junta Especial número Treinta y Uno de la Federal de Conciliación y Arbitraje con residencia en Cuernavaca, Morelos. "La denegación de justicia que incurre la H. JUNTA ESPECIAL NÚMERO TREINTA Y UNO DE LA FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE EN EL ESTADO DE MORELOS, permitiéndonos exponerlo a razón de lo siguiente: UNO. La omisión de desahogar la Audiencia de CONCILIACIÓN, DEMANDA, EXCEPCIONES, dentro del expediente laboral 484/2020, en los tiempos y plazos establecidos en la Ley Federal del Trabajo, ya que señala una fecha excesivamente lejana para que tenga verificativo el desahogo de la audiencia en comento." SEGUNDO. El dieciocho de febrero de dos mil veinte, esta autoridad radicó el asunto con el número de expediente 799/2020, admitió la demanda de amparo, requirió a la responsable su informe justificado, dio la intervención correspondiente al representante social adscrito en materia de amparo y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que inició en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, es competente para conocer y resolver el juicio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107 de la Ley de Amparo; 1°, fracción V y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de veintitrés de enero de dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; en razón de que los actos reclamados emanan de autoridades que radican dentro del ámbito territorial donde este juzgado federal ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Antes de establecer la certeza de los actos reclamados, es necesario precisar dichos actos, de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, que dispone: Conforme a dicho precepto, las sentencias dictadas en los juicios de amparo deben contener la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, así como de la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda, sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Además, se deben armonizar los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, por lo que debe atenderse preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, desentrañar lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo. Es aplicable al caso la tesis P. VI/2004, visible en la página 255, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de la Novena Época, que es del rubro siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto". En ese orden de ideas, del estudio integral que se efectúa a la demanda y el análisis de las constancias de autos, se desprende que el promovente del amparo reclama la omisión de desahogar la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, dentro del expediente laboral 484/2020. TERCERO. Es cierta la omisión reclamada a la autoridad responsable, ya que la autoridad responsable no la negó, ni tampoco remitió constancias con las cuales se desvirtúe esa circunstancia. CUARTO. Procedencia del juicio. Sobre el particular, esta autoridad de control constitucional advierte de oficio que se actualiza la causal de improcedencia y en consecuencia, el sobreseimiento a que se refiere el artículo 61 fracción XXII y 63 fracción V de la Ley de Amparo. En el primero de los numerales referidos, se prevé que el juicio biinstancial es improcedente cuando subsista el acto reclamado pero no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo. Por su parte, en el segundo de los artículos mencionados, se contempla que el sobreseimiento del juicio de amparo ocurre cuando durante su tramitación sobreviene alguna causal de improcedencia prevista en la Ley de Amparo. Lo anterior es así, pues los efectos de la omisión de autoridad impugnada no se han concretado en la esfera jurídica del quejoso, ni se concretarán, en virtud de la modificación del entorno en el cual éste se emitió. De esa forma, a pesar de que se determine que el acto reclamado es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce del derecho violado, o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria del amparo, debido a la situación jurídica que surgió con motivo del acto de autoridad. Así, aun y cuando el acto reclamado subsiste, el contexto en el que se emitió, fue modificado, y por tanto, esa omisión no dejó huella alguna en la esfera jurídica del gobernado, lo que impide que esa omisión y sus consecuencias lo afecten y que, por ende, el fallo protector cumpla con su finalidad. Ahora bien, en el presente caso se estima que se está en presencia de la causal de improcedencia, prevista en el artículo 61 fracción XXII de la Ley de Amparo, pues de las constancias que exhibió la autoridad responsable, se desprende que el nueve de diciembre de dos mil veinte, comparecieron las partes actora -ahora quejosa- y demandada, a efecto de dar cumplimiento al convenio celebrado ante esa autoridad. En ese mismo acto, se ordenó el archivo definitivo de ese expediente por carecer de materia para su continuación. Bajo esa óptica, es indudable que se actualiza la causal de improcedencia invocada por este juzgado de distrito, pues a pesar de la existencia de la omisión reclamada, lo cierto es que, derivado del convenio celebrado ante la autoridad responsable, se ordenó el archivo definitivo del expediente de origen. Esto se estima así, ya que el juicio del que derivó la omisión reclamada ha concluido. Por tanto, es evidente que el entorno en el cual se realizó el acto reclamado se vio modificado de forma tal que la omisión reclamada, a pesar de subsistir, no dejó huella alguna en la esfera jurídica del gobernado que amerite una reparación. Así, al dejar de existir la materia de la omisión referida, lo procedente es decretar el sobreseimiento en el presente juicio, pues a ningún fin práctico llevaría conceder el amparo solicitado. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 181/2006, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto es el siguiente: "ACTO RECLAMADO QUE FORMALMENTE SUBSISTE PERO CUYO OBJETO O MATERIA DEJÓ DE EXISTIR. LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA ESTABLECIDA EN LA FRACCIÓN XVII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO SE ACTUALIZA CUANDO LOS EFECTOS DE AQUÉL NO HAN AFECTADO LA ESFERA JURÍDICA DEL QUEJOSO Y SE MODIFICA EL ENTORNO EN EL CUAL FUE EMITIDO, DE MODO QUE LA PROTECCIÓN QUE EN SU CASO SE CONCEDIERA CARECERÍA DE EFECTOS. En virtud de que el juicio de amparo es un medio de control constitucional cuyo objeto es reparar las violaciones de garantías que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que lo promueva, con el fin de restituirlo en el pleno goce de sus derechos fundamentales que le hayan sido violados, el legislador ordinario ha establecido como principio que rige su procedencia la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegare a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del gobernado que lo haya promovido. En ese tenor, debe estimarse que la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVII, de la Ley de Amparo, conforme al cual tendrá lugar esa consecuencia jurídica cuando subsistiendo el acto reclamado no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo, se actualiza cuando el juzgador de garantías advierta que los efectos del acto de autoridad impugnado no se han concretado en la esfera jurídica del quejoso, ni se concretarán, en virtud de la modificación del entorno en el cual éste se emitió, por lo que en caso de concluirse que el mismo es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía que se estime violada, o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, lo que generalmente sucede cuando la situación jurídica que surgió con motivo del respectivo acto de autoridad, aun cuando éste subsiste, se modifica sin dejar alguna huella en la esfera jurídica del gobernado, susceptible de reparación, lo que impide que ese preciso acto y sus efectos trasciendan a este último y que, por ende, el fallo protector cumpla con su finalidad". Asimismo, sirve de apoyo la jurisprudencia 2a./J. 19/2004, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se cita a continuación: "AMPARO DIRECTO. DEBE SOBRESEERSE CUANDO LA JUNTA RESPONSABLE INFORMA QUE TUVO POR CUMPLIDO EL LAUDO IMPUGNADO, AUN CUANDO QUIEN SE HAYA OSTENTADO COMO REPRESENTANTE DE LA PARTE DEMANDADA EN EL JUICIO LABORAL DE ORIGEN PARA CUMPLIR TAL RESOLUCIÓN NO HAYA ACREDITADO SU PERSONALIDAD. Cuando durante la sustanciación del juicio de amparo directo promovido por la parte demandada en el juicio laboral de origen, la Junta responsable informa al Tribunal Colegiado de Circuito del conocimiento que tuvo a la demandada dando cumplimiento al laudo impugnado y a la actora conforme con él, y remite las constancias que así lo acreditan, la materia del referido laudo deja de existir y, en consecuencia, procede decretar el sobreseimiento del juicio de garantías al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XVII del artículo 73 de la Ley de Amparo, sin que sea obstáculo para lo anterior que la persona que se ostentó como representante de la parte demandada para cumplir con el referido laudo no haya acreditado su personalidad ante la Junta responsable, pues el tribunal de amparo no puede pronunciarse sobre la legalidad de actos que no fueron materia de impugnación a través del juicio de garantías y, por ende, las decisiones emitidas por la Junta responsable en ejecución del laudo reclamado deben estimarse válidas para los efectos legales conducentes, en tanto no exista resolución emitida por autoridad competente que decida lo contrario, máxime que el quejoso no queda en estado de indefensión ante el evento de que el tercero perjudicado pretendiera la ejecución de dicho laudo y se abriera a trámite el procedimiento respectivo, ya que los actos emitidos durante él son impugnables a través del recurso de revisión establecido en el artículo 849 de la Ley Federal del Trabajo". Por lo expuesto y fundado, se resuelve: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo. Notifíquese. Así lo resuelve y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el estado de Morelos, con la asistencia de Manuel Alejandro Peñafiel Salazar, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a doce de mayo de dos mil veintiuno. Vista la razón de cuenta de conformidad con los artículos 219 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de Amparo, se tiene por recibido el oficio con anexo signado por la autoridad responsable mediante el cual comunica la imposibilidad que tiene para remitir copias certificadas de las constancias requeridas, ello por los motivos que expone, además, en cumplimiento al artículo 64, de la Ley de Amparo, informa respecto de la actualización de una causa de sobreseimiento en el presente juicio, remitiendo las copias certificadas relativas; al respecto, dése vista a las partes para que se impongan de su contenido y manifiesten lo que a sus intereses legales convenga. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, ante Erik Calderón Ocampo, Secretario quien autoriza y da fe. Doy fe. CARLOS. C. O.

  4. Principal

    De conformidad con lo dispuesto por los artículo 27, fracción I, inciso C y 29 de la Ley de Amparo, se notifica a la parte quejosa por medio de lista el contenido del acuerdo de doce de mayo de dos mil veintiuno. Vista la razón de cuenta de conformidad con los artículos 219 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de Amparo, se tiene por recibido el oficio con anexo signado por la autoridad responsable mediante el cual comunica la imposibilidad que tiene para remitir copias certificadas de las constancias requeridas, ello por los motivos que expone, además, en cumplimiento al artículo 64, de la Ley de Amparo, informa respecto de la actualización de una causa de sobreseimiento en el presente juicio, remitiendo las copias certificadas relativas; al respecto, dése vista a las partes para que se impongan de su contenido y manifiesten lo que a sus intereses legales convenga. Notifíquese personalmente.

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